Juan Páez Ávila
La ocupación por parte del Ejército o de las fuerzas policiales de la hacienda La Marqueseña o de cualquier otra propiedad privada, sin una previa sentencia judicial por razones de utilidad pública, es una clara y flagrante violación del Estado de Derecho, que coloca al gobierno al margen de la ley. La Constitución Nacional vigente establece que debe cumplirse un procedimiento ante los tribunales de la República para que pueda expropiarse un bien de propiedad privada. El gobierno nacional no sólo ha incumplido su propia Constitución Bolivariana, sino que a través del discurso del Presidente ha estimulado y ordenado a gobernadores y alcaldes para que “apresuren el paso” y procedan en forma expedita a ocupar propiedades de particulares, que a juicio de dichos funcionarios no cumplan una función social.
De allí que el Estado de Derecho queda en el papel, como sucedía en tiempos del Benemérito General Juan Vicente Gómez que hizo aprobar varias constituciones sólo para dar apariencia de legalidad. Ahora existe el agravante de que el Jefe del Gobierno no sólo controla el Poder Judicial, sino que se declara intérprete y administrador de la justicia, le pide al señor Azpúrua que muestre sus documentos que comprueben que desde 1821, esas tierras fueron adjudicadas a alguno de los próceres de la independencia, en recompensa a sus luchas por forjar la patria que hoy disfrutamos, y que luego vendió. El señor Azpúrua manifiesta su voluntad de acudir a los tribunales, mientras su finca está ocupada por tropas del Ejército, cuando de acuerdo con la Ley ha debido citarlo un juez.
Y para que no haya lugar a dudas del poder que el Presidente está dispuesto a ejercer, le ofrece al señor Azpúrua 1.500 hectáreas sin que tribunal alguno haya dictaminado que las tierras son del Estado y que el Jefe del Gobierno puede repartirlas entre el señor Azpúrua y los lanceros de la misión Vuelvan Caras.
Pero lo más grave de todo es que Fedecámaras, la Federación de Ganaderos y la familia Azpúrua le solicitan al gobierno que permita que haya un debido proceso, que se acoja a la Constitución y demás leyes. La violencia oficial sólo puede emplearse cuando alguien se niega a cumplir una disposición legal, por lo que la ocupación militar de La Marqueseña se traduce en una ilegalidad, en un abuso de poder.
La ocupación por parte del Ejército o de las fuerzas policiales de la hacienda La Marqueseña o de cualquier otra propiedad privada, sin una previa sentencia judicial por razones de utilidad pública, es una clara y flagrante violación del Estado de Derecho, que coloca al gobierno al margen de la ley. La Constitución Nacional vigente establece que debe cumplirse un procedimiento ante los tribunales de la República para que pueda expropiarse un bien de propiedad privada. El gobierno nacional no sólo ha incumplido su propia Constitución Bolivariana, sino que a través del discurso del Presidente ha estimulado y ordenado a gobernadores y alcaldes para que “apresuren el paso” y procedan en forma expedita a ocupar propiedades de particulares, que a juicio de dichos funcionarios no cumplan una función social.
De allí que el Estado de Derecho queda en el papel, como sucedía en tiempos del Benemérito General Juan Vicente Gómez que hizo aprobar varias constituciones sólo para dar apariencia de legalidad. Ahora existe el agravante de que el Jefe del Gobierno no sólo controla el Poder Judicial, sino que se declara intérprete y administrador de la justicia, le pide al señor Azpúrua que muestre sus documentos que comprueben que desde 1821, esas tierras fueron adjudicadas a alguno de los próceres de la independencia, en recompensa a sus luchas por forjar la patria que hoy disfrutamos, y que luego vendió. El señor Azpúrua manifiesta su voluntad de acudir a los tribunales, mientras su finca está ocupada por tropas del Ejército, cuando de acuerdo con la Ley ha debido citarlo un juez.
Y para que no haya lugar a dudas del poder que el Presidente está dispuesto a ejercer, le ofrece al señor Azpúrua 1.500 hectáreas sin que tribunal alguno haya dictaminado que las tierras son del Estado y que el Jefe del Gobierno puede repartirlas entre el señor Azpúrua y los lanceros de la misión Vuelvan Caras.
Pero lo más grave de todo es que Fedecámaras, la Federación de Ganaderos y la familia Azpúrua le solicitan al gobierno que permita que haya un debido proceso, que se acoja a la Constitución y demás leyes. La violencia oficial sólo puede emplearse cuando alguien se niega a cumplir una disposición legal, por lo que la ocupación militar de La Marqueseña se traduce en una ilegalidad, en un abuso de poder.
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