Juan Páez Ávila
Con la derrota de la mayoría de los actuales diputados del PSUV en la Asamblea Nacional, en las elecciones primarias el domingo 1º de mayo, quedó patente el descontento de la base de ese Partido con la actuación de unos parlamentarios que se han limitado a levantar la mano o a pronunciar un breve discurso para aprobar las leyes enviadas desde Miraflores, con la impronta o el sello de los asesores cubanos
Sin testigos en las mesas ni en el Centro de Totalización del CNE, la mayoría de los candidatos electos en lo que para ellos debería ser un ejercicio democrático, las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no sólo se redujeron a un 20% de los militantes, sino que no fue posible evitar la intervención de las máximas autoridades de la Administración Pública –según denuncia de algunos militantes que defendían el Reglamento Interno que lo prohibía- sino que también deben admitir los resultados finales que les anuncie la cúpula de un CNE controlado por el Comandante en Jefe, quien tiene la potestad o el poder para seleccionar los candidatos por lista.
Cualquiera sean los resultados finales, a muchos militantes y observadores no les quedarán dudas de que el gran elector sigue siendo su Comandante en Jefe, quien utilizará la lupa para garantizarse aquellos candidatos, hayan obtenido o no mayoría en las primarias, que considere leales hasta el final, en un momento en que el gobierno atraviesa serias dificultades, que como la inflación, la inseguridad, la importación de más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, que produce empleos en otros países y no en el nuestro, más la incapacidad para poner a producir las empresas estatizadas, la corrupción desenfrenada y la liquidación del aparato productivos nacional, pueden agravarse.
De allí que no es una exageración deducir que el descontento se pueda extender también a sectores de la militancia y dirigencia del PSUV a escala nacional, que puedan sentirse discriminados y sobre todo burlados al ser sustituidos por los amigos más cercanos del Presidente, como sucedió con el superministro Diosdado Cabello, que quedó como suplente en las elecciones para dirección del partido, y posteriormente fue colocado como Vicepresidente por el Comandante en Jefe.
Pero tal vez lo más grave –para el hiperlíder- que puede sobrevenirle en los próximos meses, sea la mayor desconfianza de los militantes del PSUV, acerca de la capacidad del gobierno para superar la crisis económica y social, no obstante los altos precios del petróleo, que puede generar una crisis política, por el aumento de las deserciones, muchas de las cuales irían al PPT, pero otras podrían coger las calles para protestar por el incumplimiento de las promesas y hasta del Reglamento Interno para las primarias. Otros callarán y se retirarán a sus casas a disfrutar los dividendos que hayan podido obtener del tráfico del influencia, de un negociado conocido por el Comandante en Jefe, cuyos expedientes ocupan un lugar adecuado, en Miraflores, para utilizarlos también en el momento adecuado, si a alguno se le ocurre saltar la talanquera.
Listos los contendores de ambos bandos, el gobierno y la alternativa democrática, nos acercamos a un combate desigual por el ventajismo de los candidatos del oficialismo, aunque con plomo en el ala, buscando la representación del gobierno y no del pueblo soberano, frente a unos candidatos que buscan un alternativa democrática para frenar la tendencia autoritaria de Hugo Chávez, e impedir que en el país se instaure una dictadura. Si la opinión de los electores expresada hoy en las últimas encuestas, se mantiene en los próximos meses, asistiremos a la primera gran derrota del proyecto totalitario de Chávez, el 26 de septiembre.
Juan Páez Ávila
viernes, 28 de mayo de 2010
LA DEVALUACIÓN DEL S, E.
LA DEVALUACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Juan Páez Ávila
Durante algo más de una década de gobierno del Presidente Hugo Chávez, la educación concebida constitucionalmente como democrática, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento universal, con la finalidad de formar un ciudadano capaz de desarrollar en libertad todo su potencial creativo, científico, humanístico y tecnológico, no sólo se ha venido devaluando en su esencia humana, ética y solidaria con los procesos de transformación social, sino que también ha desvinculado todo el sistema educativo de los avances alcanzados por las sociedades modernas, que duplican cada dos años el conocimiento universal.
El sistema educativo y la educación como derecho humano y deber social, han sido sometidos a profundas y peligrosas deformaciones, por los intentos tanto legislativos como ejecutivos, de ponerlos al servicio de una política parcializada y dogmática que le permita al gobierno imponer un pensamiento único que obedezca a las directrices del Jefe del Estado, convertido en un autócrata, con clara tendencia totalitaria y militarista. Para que la educación cumpla con el mandato constitucional de ser un derecho humano, y por lo tanto fundamentalmente democrático, tiene que desarrollarse en un sistema educativo que incluya a todos los sectores de la sociedad en un esfuerzo colectivo, nacional, para impartir un conocimiento universal, que oriente libremente al educando y no lo obligue a ser receptor de verdades elaboradas para justificar un determinado sistema de gobierno.
Para cumplir con este objetivo antidemocrático, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica una política de recursos humanos, tendiente a nombrar maestros mediante contratos, para obligarlos a seguir lineamientos supuestamente revolucionarios, deslizando amenazas de destitución, manu militari, o sea sin previo expediente que justifique la remoción, con lo cual también viola la Ley de Trabajo y la propia Ley de Educación que garantizan estabilidad en el ejercicio del cargo, excepto que el educador cometa faltas o delitos tipificados como causales de destitución, demostradas en un juicio laboral. Al negarle a los maestros el derecho a concursar, para que puedan demostrar sus méritos y competencia, no solo lo mantienen a disposición de supervisores, que realizan funciones de comisarios políticos, sino que también degradan la función magisterial y todo el sistema educativo, con graves consecuencias para los educandos y para el país que no logra formar profesionales y técnicos capaces de contribuir al desarrollo y bienestar de la población.
El currículo es otro instrumento empleado por el Ministerio de Educación para tratar de controlar la mente de los educandos, con lo cual también violan expresas disposiciones de la Ley de Educación, aprobada como para exhibir una teoría que no están dispuestos a cumplir, aunque en algunos casos han actuado con absoluta brutalidad y prepotencia para intimidar especialmente a los educadores. Y sino han avanzado más es porque el gremio de maestros y profesores formados en una larga lucha democrática a través de varias décadas anteriores al autoritarismo chavista, han resistido cívica y valientemente; y en particular las asociaciones de padres y representantes, que han dado demostraciones de firmes decisiones para que su hijos no sean arrastrados tras consignas y dogmas anacrónicos.
Otro aspecto que revela la devaluación del sistema educativo es lo relacionado con la calidad de la enseñanza. Hoy el Ministerio de Educación improvisa maestros y profesores que respondan a la ideología del Jefe del Estado, y el Ministerio de Educación Universitaria ha creado universidades dependientes de ese Despacho, nombrando igualmente miles de profesores sin previo concurso, entre quienes posiblemente se encuentran muchos de grandes méritos profesionales, pero la mayoría confiesa su apoyo al llamado socialismo del siglo XXI, o no ingresa. El cerco económico y las agresiones a través de bandas paramilitares a las Universidades Autónomas, es algo nunca ocurrido en nuestro país, desde la caída del último dictador militar, General Marcos Pérez Jiménez. La autonomía con la que han actuado en el mundo, universidades públicas y privadas, no sólo ha permitido desarrollar una educación de calidad, sino que también importantes laboratorios donde se crean nuevos conocimientos. De allí que en la Venezuela de hoy, ante el fracaso en gran parte de la educación pública a niveles de primaria y secundaria, muchos padres y representantes hacen grandes esfuerzos para enviar sus hijos a los colegios privados, incluso en el nivel universitario, si exceptuamos las universidades autónomas.
Y si todo lo expuesto no fuera suficiente para concluir que el sistema educativo atraviesa un grave proceso de devaluación, las cifras del Ministerio de Educación indican que desde el año escolar 2004-2005, cuando se atendieron 11.618.747 en todos los niveles de la educación, el descenso en la matrícula es alarmante, en el 2009 apenas se mantienen en el aparato educativo 6.899.197 niños y jóvenes. Y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra que hay un total de 5.251.837 niños en edad comprendida entre 0 y 8 años, de los cuales 2.236.928 están fuera del sistema educativo. Unos 100.000 niños emigran hacia los colegios privados, a donde también envían sus hijos los altos funcionarios gubernamentales, en la búsqueda, sin lugar a dudas, de una mejor educación. De allí que el fracaso del sistema educativo en los últimos 10 años es tanto en calidad como en cantidad.
Especialistas en investigación de la marcha del sistema educativo, como el Profesor Robert Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) revelan que aproximadamente un millón de jóvenes queda fuera de la transición escolar del sexto al séptimo grado, por falta de cupos. Calcula que hay déficit de 5.000 planteles para atender la demanda, no obstante que a través del Plan Excepcional Simón Bolívar, entre los años 2006 y 2008, el Ejecutivo erogó 5.5 millardos de bolívares para construir y reparar 3 planteles, cuyos resultados no se conocen en toda su magnitud, sin que la Contraloría Social ni la Contraloría General de la República informen acerca de la transparencia y efectividad de esa inversión.
Para revertir el proceso de devaluación del sistema educativo en nuestro país, se requiere un cambio en la política educativa que ha venido ejecutando el gobierno del Presidente Hugo Chávez, lo cual parece inviable antes de las elecciones legislativas y para Presidente de la República, y ello sólo estaría garantizado si después de un cambio en la conducción del Estado, se logra el concurso de todos los sectores interesados e involucrados en el proceso educativo, para diseñar un nuevo sistema educativo, que comprenda, entre otras políticas:
1) Respetar y ejecutar todo lo establecido en la Constitución vigente, en lo tocante a la educación como derecho humano, en un contexto democrático y plural, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal.
2) Delinear un sistema de selección y formación de maestros y profesores, idóneos tanto para el ejercicio del magisterio, como para la dirección de escuelas y liceos mediante concursos, a quienes debe facilitárseles su actualización de conocimientos y realización de postgrados en el país y en el exterior. Todo el sistema debe ser evaluado periódicamente, con sentido pedagógico, científico, tecnológico y humanístico.
3) Recuperar y ampliar la planta física de escuelas, liceos y universidades, y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes, empleados y obreros, incluyendo mejores sueldos y beneficios sociales, acordes con la alta misión que desempeñan.
4) Reestablecer la descentralización de competencias, recursos y servicios educativos a gobernaciones y alcaldías.
5) Recuperar el Instituto de Cooperación Educativa (INCE) para garantizar capacitación para el trabajo a centenas de miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo o lo han abandonado, dándole facilidades para que culminen sus estudios de primaria o secundaria, según el caso.
6) Elevar el Presupuesto de Educación a los niveles recomendados por la UNESCO, 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
7) Estimular y apoyar la meritocracia entre los alumnos, con un sistema de becas acorde con el costo de la vida.
8) Respetar estrictamente la autonomía universitaria y establecer un cronograma para que todas las universidades experimentales dependientes del Ministerio de Educación se conviertan en autónomas.
9) Respaldar toda iniciativa tendiente a la consolidación de la educación privada, en las mismas condiciones de la educación pública.
10) Realizar todas las inversiones y crear todas las condiciones para impulsar una educación de altísima calidad.
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Juan Páez Ávila
Durante algo más de una década de gobierno del Presidente Hugo Chávez, la educación concebida constitucionalmente como democrática, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento universal, con la finalidad de formar un ciudadano capaz de desarrollar en libertad todo su potencial creativo, científico, humanístico y tecnológico, no sólo se ha venido devaluando en su esencia humana, ética y solidaria con los procesos de transformación social, sino que también ha desvinculado todo el sistema educativo de los avances alcanzados por las sociedades modernas, que duplican cada dos años el conocimiento universal.
El sistema educativo y la educación como derecho humano y deber social, han sido sometidos a profundas y peligrosas deformaciones, por los intentos tanto legislativos como ejecutivos, de ponerlos al servicio de una política parcializada y dogmática que le permita al gobierno imponer un pensamiento único que obedezca a las directrices del Jefe del Estado, convertido en un autócrata, con clara tendencia totalitaria y militarista. Para que la educación cumpla con el mandato constitucional de ser un derecho humano, y por lo tanto fundamentalmente democrático, tiene que desarrollarse en un sistema educativo que incluya a todos los sectores de la sociedad en un esfuerzo colectivo, nacional, para impartir un conocimiento universal, que oriente libremente al educando y no lo obligue a ser receptor de verdades elaboradas para justificar un determinado sistema de gobierno.
Para cumplir con este objetivo antidemocrático, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica una política de recursos humanos, tendiente a nombrar maestros mediante contratos, para obligarlos a seguir lineamientos supuestamente revolucionarios, deslizando amenazas de destitución, manu militari, o sea sin previo expediente que justifique la remoción, con lo cual también viola la Ley de Trabajo y la propia Ley de Educación que garantizan estabilidad en el ejercicio del cargo, excepto que el educador cometa faltas o delitos tipificados como causales de destitución, demostradas en un juicio laboral. Al negarle a los maestros el derecho a concursar, para que puedan demostrar sus méritos y competencia, no solo lo mantienen a disposición de supervisores, que realizan funciones de comisarios políticos, sino que también degradan la función magisterial y todo el sistema educativo, con graves consecuencias para los educandos y para el país que no logra formar profesionales y técnicos capaces de contribuir al desarrollo y bienestar de la población.
El currículo es otro instrumento empleado por el Ministerio de Educación para tratar de controlar la mente de los educandos, con lo cual también violan expresas disposiciones de la Ley de Educación, aprobada como para exhibir una teoría que no están dispuestos a cumplir, aunque en algunos casos han actuado con absoluta brutalidad y prepotencia para intimidar especialmente a los educadores. Y sino han avanzado más es porque el gremio de maestros y profesores formados en una larga lucha democrática a través de varias décadas anteriores al autoritarismo chavista, han resistido cívica y valientemente; y en particular las asociaciones de padres y representantes, que han dado demostraciones de firmes decisiones para que su hijos no sean arrastrados tras consignas y dogmas anacrónicos.
Otro aspecto que revela la devaluación del sistema educativo es lo relacionado con la calidad de la enseñanza. Hoy el Ministerio de Educación improvisa maestros y profesores que respondan a la ideología del Jefe del Estado, y el Ministerio de Educación Universitaria ha creado universidades dependientes de ese Despacho, nombrando igualmente miles de profesores sin previo concurso, entre quienes posiblemente se encuentran muchos de grandes méritos profesionales, pero la mayoría confiesa su apoyo al llamado socialismo del siglo XXI, o no ingresa. El cerco económico y las agresiones a través de bandas paramilitares a las Universidades Autónomas, es algo nunca ocurrido en nuestro país, desde la caída del último dictador militar, General Marcos Pérez Jiménez. La autonomía con la que han actuado en el mundo, universidades públicas y privadas, no sólo ha permitido desarrollar una educación de calidad, sino que también importantes laboratorios donde se crean nuevos conocimientos. De allí que en la Venezuela de hoy, ante el fracaso en gran parte de la educación pública a niveles de primaria y secundaria, muchos padres y representantes hacen grandes esfuerzos para enviar sus hijos a los colegios privados, incluso en el nivel universitario, si exceptuamos las universidades autónomas.
Y si todo lo expuesto no fuera suficiente para concluir que el sistema educativo atraviesa un grave proceso de devaluación, las cifras del Ministerio de Educación indican que desde el año escolar 2004-2005, cuando se atendieron 11.618.747 en todos los niveles de la educación, el descenso en la matrícula es alarmante, en el 2009 apenas se mantienen en el aparato educativo 6.899.197 niños y jóvenes. Y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra que hay un total de 5.251.837 niños en edad comprendida entre 0 y 8 años, de los cuales 2.236.928 están fuera del sistema educativo. Unos 100.000 niños emigran hacia los colegios privados, a donde también envían sus hijos los altos funcionarios gubernamentales, en la búsqueda, sin lugar a dudas, de una mejor educación. De allí que el fracaso del sistema educativo en los últimos 10 años es tanto en calidad como en cantidad.
Especialistas en investigación de la marcha del sistema educativo, como el Profesor Robert Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) revelan que aproximadamente un millón de jóvenes queda fuera de la transición escolar del sexto al séptimo grado, por falta de cupos. Calcula que hay déficit de 5.000 planteles para atender la demanda, no obstante que a través del Plan Excepcional Simón Bolívar, entre los años 2006 y 2008, el Ejecutivo erogó 5.5 millardos de bolívares para construir y reparar 3 planteles, cuyos resultados no se conocen en toda su magnitud, sin que la Contraloría Social ni la Contraloría General de la República informen acerca de la transparencia y efectividad de esa inversión.
Para revertir el proceso de devaluación del sistema educativo en nuestro país, se requiere un cambio en la política educativa que ha venido ejecutando el gobierno del Presidente Hugo Chávez, lo cual parece inviable antes de las elecciones legislativas y para Presidente de la República, y ello sólo estaría garantizado si después de un cambio en la conducción del Estado, se logra el concurso de todos los sectores interesados e involucrados en el proceso educativo, para diseñar un nuevo sistema educativo, que comprenda, entre otras políticas:
1) Respetar y ejecutar todo lo establecido en la Constitución vigente, en lo tocante a la educación como derecho humano, en un contexto democrático y plural, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal.
2) Delinear un sistema de selección y formación de maestros y profesores, idóneos tanto para el ejercicio del magisterio, como para la dirección de escuelas y liceos mediante concursos, a quienes debe facilitárseles su actualización de conocimientos y realización de postgrados en el país y en el exterior. Todo el sistema debe ser evaluado periódicamente, con sentido pedagógico, científico, tecnológico y humanístico.
3) Recuperar y ampliar la planta física de escuelas, liceos y universidades, y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes, empleados y obreros, incluyendo mejores sueldos y beneficios sociales, acordes con la alta misión que desempeñan.
4) Reestablecer la descentralización de competencias, recursos y servicios educativos a gobernaciones y alcaldías.
5) Recuperar el Instituto de Cooperación Educativa (INCE) para garantizar capacitación para el trabajo a centenas de miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo o lo han abandonado, dándole facilidades para que culminen sus estudios de primaria o secundaria, según el caso.
6) Elevar el Presupuesto de Educación a los niveles recomendados por la UNESCO, 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
7) Estimular y apoyar la meritocracia entre los alumnos, con un sistema de becas acorde con el costo de la vida.
8) Respetar estrictamente la autonomía universitaria y establecer un cronograma para que todas las universidades experimentales dependientes del Ministerio de Educación se conviertan en autónomas.
9) Respaldar toda iniciativa tendiente a la consolidación de la educación privada, en las mismas condiciones de la educación pública.
10) Realizar todas las inversiones y crear todas las condiciones para impulsar una educación de altísima calidad.
DEMOCRACIA O BARBARIE
Juan Páez Ávila
El debilitamiento, y en algunos casos la liquidación, de las instituciones fundamentales de la democracia, la violación frecuente, y en algunos países permanentemente, de las leyes, es decir, la inobservancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por la mayoría de los países del universo, colocan a varias naciones en la vía hacia el totalitarismo.
Como un alerta sobre los peligros que corre la democracia en el mundo de hoy, especialmente en Latinoamérica, Fernando Mires acaba de entregar a sus lectores, el último o uno de sus últimos libros, Democracia o Barbarie, en el que examina las variantes y modalidades políticas que los partidarios de las dictaduras del caudillismo decimonónico y del capitalismo de Estado del siglo XX, utilizan para intentar liquidar la democracia e imponer la barbarie personalista, militarista y dictatorial.
Sin que sea algo nuevo, porque durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, emergieron a través de una fachada electoral y un lenguaje democrático, para establecer feroces dictaduras, derrotadas sólo por los Aliados al final de la Guerra Mundial. En América Latina y en el Tercer Mundo se corre el riesgo de una regresión a la barbarie, si las fuerzas democráticas no son capaces de unirse en la defensa del imperio de la Ley nacional y de todos lo convenios internacionales que tienen como mandato el respeto a los Derechos Humanos y en general a la preservación de la democracia.
Y aunque Mires destaca la derrota del fascismo, del nazismo y del comunismo y su difícil retorno con crímenes masivos y campos de concentración, observa y analiza con la perspicacia del investigador social y del filósofo y pensador político, los intentos de destrucción de las libertades públicas y de la propiedad privada para dar paso a un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en la Europa comunista, sino que también llenó de pobreza y miseria a millones de personas, que si no quedaron desempleados, ganaban salarios de hambre.
En este aspecto no hay dudas que nuestro país queda claramente reflejado. El Presidente de la República, Hugo Chávez, cree que sus políticas económicas y sociales pueden resucitar el socialismo soviético del siglo XX, con el nombre de socialismo del siglo XXI, pero empuja a la sociedad venezolana hacia la eliminación de la independencia de los poderes públicos, concentrándolos todos sus manos, la conformación del capitalismo de Estado, a la cubana, con su secuela de improductividad y pobreza, bajo la égida de una dictadura con más de cincuenta años de persecución, cárcel y exilio.
La judicialización de la política, con el enjuiciamiento, persecución, exilio forzoso o la inhabilitación para postularse a algún cargo de elección popular, de los adversarios políticos del régimen, sobre todo cuando tienen posibilidades de derrotar a los candidatos del oficialismo, son indicadores muy evidentes de la tendencia totalitaria del gobierno de Hugo Chávez, que además de ser denunciados, deben enfrentarse con coraje y firme decisión democrática.
La alerta de Mires llama a los venezolanos a actuar unidos alrededor de una Alternativa Democrática en las elecciones para la Asamblea Nacional, el 26 de Septiembre. Su libro Democracia o Barbarie merece la más amplia recomendación para los demócratas del país, especialmente para quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la política nacional, regional y local, en estos tiempos turbulentos y decisivos para el futuro de la democracia venezolana, e incluso Latinoamericana..
El debilitamiento, y en algunos casos la liquidación, de las instituciones fundamentales de la democracia, la violación frecuente, y en algunos países permanentemente, de las leyes, es decir, la inobservancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por la mayoría de los países del universo, colocan a varias naciones en la vía hacia el totalitarismo.
Como un alerta sobre los peligros que corre la democracia en el mundo de hoy, especialmente en Latinoamérica, Fernando Mires acaba de entregar a sus lectores, el último o uno de sus últimos libros, Democracia o Barbarie, en el que examina las variantes y modalidades políticas que los partidarios de las dictaduras del caudillismo decimonónico y del capitalismo de Estado del siglo XX, utilizan para intentar liquidar la democracia e imponer la barbarie personalista, militarista y dictatorial.
Sin que sea algo nuevo, porque durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, emergieron a través de una fachada electoral y un lenguaje democrático, para establecer feroces dictaduras, derrotadas sólo por los Aliados al final de la Guerra Mundial. En América Latina y en el Tercer Mundo se corre el riesgo de una regresión a la barbarie, si las fuerzas democráticas no son capaces de unirse en la defensa del imperio de la Ley nacional y de todos lo convenios internacionales que tienen como mandato el respeto a los Derechos Humanos y en general a la preservación de la democracia.
Y aunque Mires destaca la derrota del fascismo, del nazismo y del comunismo y su difícil retorno con crímenes masivos y campos de concentración, observa y analiza con la perspicacia del investigador social y del filósofo y pensador político, los intentos de destrucción de las libertades públicas y de la propiedad privada para dar paso a un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en la Europa comunista, sino que también llenó de pobreza y miseria a millones de personas, que si no quedaron desempleados, ganaban salarios de hambre.
En este aspecto no hay dudas que nuestro país queda claramente reflejado. El Presidente de la República, Hugo Chávez, cree que sus políticas económicas y sociales pueden resucitar el socialismo soviético del siglo XX, con el nombre de socialismo del siglo XXI, pero empuja a la sociedad venezolana hacia la eliminación de la independencia de los poderes públicos, concentrándolos todos sus manos, la conformación del capitalismo de Estado, a la cubana, con su secuela de improductividad y pobreza, bajo la égida de una dictadura con más de cincuenta años de persecución, cárcel y exilio.
La judicialización de la política, con el enjuiciamiento, persecución, exilio forzoso o la inhabilitación para postularse a algún cargo de elección popular, de los adversarios políticos del régimen, sobre todo cuando tienen posibilidades de derrotar a los candidatos del oficialismo, son indicadores muy evidentes de la tendencia totalitaria del gobierno de Hugo Chávez, que además de ser denunciados, deben enfrentarse con coraje y firme decisión democrática.
La alerta de Mires llama a los venezolanos a actuar unidos alrededor de una Alternativa Democrática en las elecciones para la Asamblea Nacional, el 26 de Septiembre. Su libro Democracia o Barbarie merece la más amplia recomendación para los demócratas del país, especialmente para quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la política nacional, regional y local, en estos tiempos turbulentos y decisivos para el futuro de la democracia venezolana, e incluso Latinoamericana..
sábado, 1 de mayo de 2010
EL BICENTENARIO
EL BICENTENARIO
Juan Páez Ávila
La confiscación del Bicentenario del 19 de Abril de 1810, por parte del gobierno de Hugo Chávez, para darle un sentido fundamentalmente militar al primer gran momento que señalaría el rumbo de lo que sería nuestra Historia Republicana, no cambia el verdadero carácter cívico de una fecha gloriosa de los patricios caraqueños y de los pardos, incluidos para reflejar la unión de todos los habitantes de la ciudad que decidieron comenzar a ejercer los derechos universales de hombre y del ciudadano, que en otras partes del mundo lo había logrado mediante la lucha contra las monarquías y la tiranías de la época.
La celebración de los 200 años de la primera manifestación cívica los caraqueños, encabezados por el Cabildo de la ciudad, para solicitarle la renuncia al Capitán General Vicente Emparan, la cual aceptó, y se embarcó para España, el 19 de abril de 1810, nos encuentra a los venezolanos profundamente divididos. Por un lado, el Presidente de la República convoca a un desfile militar, mientras gran parte de la ciudadanía y en particular nuestros más importantes historiadores invitan a celebrar dicho bicentenario, como una gesta de los principales representantes de la sociedad civil de la época, que un año más tarde, una vez proclamada la independencia de la Corona de España, asumieron su defensa en los campos de batalla.
La acción militar se hizo presente y necesaria, en la mayoría de los casos heroica, no sólo después del 19 de Abril de 1810, sino y sobre todo después del 5 de Julio de 1811, cuando los mismos ciudadanos del año anterior, incluyendo algunos militares, como Francisco de Miranda, de reconocida actuación en diferentes batallas internacionales, dieron el paso definitivo de proclamarse independientes y desafiar el poderío militar que habían recuperado los Reyes españoles. Y aunque la improvisación de la mayoría de los militares que se alistaban con una gran voluntad y espíritu patriótico, pero sin conocimiento de las técnicas y estrategias de la guerra, condujo al General Francisco de Miranda a capitular y por lo tanto a la pérdida de la Primera República, esa mayoría de civiles volvió a la guerra conducidos por Simón Bolívar, se entrenaron y se formaron como jefes militares en los campos de batalla, hasta derrotar a los caudillos y generales españoles al servicio de la Monarquía de esa potencia de ese tiempo.
Todo lo dicho tiene como finalidad reconocer la preponderancia del poder civil sobre el militar durante los pronunciamientos independentistas de 1810 y 1811, sin negar el rol fundamental de nuestros libertadores en los campos de batalla, con posterioridad a la decisión política de constituir una república soberana, cuyas bases doctrinarias están establecidas en la Constitución Nacional de 1811, en cuyo texto también nos legaron los patricios y los pardos, algunos indios y algunos esclavos reclutados e incorporados al Ejército Libertador de esa época, un régimen de profundo contenido democrático, igualitario y libertario.
Para resumir, nuestros fundadores de la República de Venezuela se inspiraron en las constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Francia revolucionaria, no bonapartista, no militarista. Y aunque nadie puede negar el papel de los militares en la guerra para consolidar la independencia, que fue una consecuencia de la Declaración y la decisión de ser libres, pronunciada y firmada por los miembros del Congreso de 1811, no se puede admitir impunemente que se tergiverse la historia para satisfacer las ambiciones personalistas, autocráticas y militarista del Presidente de la República, cuyo mandato debe finalizar en el 2012, constitucionalmente, sin ningún acto heroico. Y algo más que demuestra la firme decisión de alcanzar la libertad, por parte de los dirigentes de los mantuanos y de los pardos, es que la mayoría de ellos, civiles, se convirtieron en militares para garantizar la obra independentista. De allí que en la actuación definitiva de la División de Caballería para ganar la Batalla de Carabobo, estuviera comandada por el General José Antonio Páez, antiguo peón de hacienda que ganó sus laureles en los campos de guerra, después de abandonar la escardilla con la que labraba la tierra, para tomar en sus manos y sobre un caballo, una lanza, con la que dio muerte a muchos de los representantes de la Monarquía y de la tiranía, hasta su triunfo final.
Juan Páez Ávila
La confiscación del Bicentenario del 19 de Abril de 1810, por parte del gobierno de Hugo Chávez, para darle un sentido fundamentalmente militar al primer gran momento que señalaría el rumbo de lo que sería nuestra Historia Republicana, no cambia el verdadero carácter cívico de una fecha gloriosa de los patricios caraqueños y de los pardos, incluidos para reflejar la unión de todos los habitantes de la ciudad que decidieron comenzar a ejercer los derechos universales de hombre y del ciudadano, que en otras partes del mundo lo había logrado mediante la lucha contra las monarquías y la tiranías de la época.
La celebración de los 200 años de la primera manifestación cívica los caraqueños, encabezados por el Cabildo de la ciudad, para solicitarle la renuncia al Capitán General Vicente Emparan, la cual aceptó, y se embarcó para España, el 19 de abril de 1810, nos encuentra a los venezolanos profundamente divididos. Por un lado, el Presidente de la República convoca a un desfile militar, mientras gran parte de la ciudadanía y en particular nuestros más importantes historiadores invitan a celebrar dicho bicentenario, como una gesta de los principales representantes de la sociedad civil de la época, que un año más tarde, una vez proclamada la independencia de la Corona de España, asumieron su defensa en los campos de batalla.
La acción militar se hizo presente y necesaria, en la mayoría de los casos heroica, no sólo después del 19 de Abril de 1810, sino y sobre todo después del 5 de Julio de 1811, cuando los mismos ciudadanos del año anterior, incluyendo algunos militares, como Francisco de Miranda, de reconocida actuación en diferentes batallas internacionales, dieron el paso definitivo de proclamarse independientes y desafiar el poderío militar que habían recuperado los Reyes españoles. Y aunque la improvisación de la mayoría de los militares que se alistaban con una gran voluntad y espíritu patriótico, pero sin conocimiento de las técnicas y estrategias de la guerra, condujo al General Francisco de Miranda a capitular y por lo tanto a la pérdida de la Primera República, esa mayoría de civiles volvió a la guerra conducidos por Simón Bolívar, se entrenaron y se formaron como jefes militares en los campos de batalla, hasta derrotar a los caudillos y generales españoles al servicio de la Monarquía de esa potencia de ese tiempo.
Todo lo dicho tiene como finalidad reconocer la preponderancia del poder civil sobre el militar durante los pronunciamientos independentistas de 1810 y 1811, sin negar el rol fundamental de nuestros libertadores en los campos de batalla, con posterioridad a la decisión política de constituir una república soberana, cuyas bases doctrinarias están establecidas en la Constitución Nacional de 1811, en cuyo texto también nos legaron los patricios y los pardos, algunos indios y algunos esclavos reclutados e incorporados al Ejército Libertador de esa época, un régimen de profundo contenido democrático, igualitario y libertario.
Para resumir, nuestros fundadores de la República de Venezuela se inspiraron en las constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Francia revolucionaria, no bonapartista, no militarista. Y aunque nadie puede negar el papel de los militares en la guerra para consolidar la independencia, que fue una consecuencia de la Declaración y la decisión de ser libres, pronunciada y firmada por los miembros del Congreso de 1811, no se puede admitir impunemente que se tergiverse la historia para satisfacer las ambiciones personalistas, autocráticas y militarista del Presidente de la República, cuyo mandato debe finalizar en el 2012, constitucionalmente, sin ningún acto heroico. Y algo más que demuestra la firme decisión de alcanzar la libertad, por parte de los dirigentes de los mantuanos y de los pardos, es que la mayoría de ellos, civiles, se convirtieron en militares para garantizar la obra independentista. De allí que en la actuación definitiva de la División de Caballería para ganar la Batalla de Carabobo, estuviera comandada por el General José Antonio Páez, antiguo peón de hacienda que ganó sus laureles en los campos de guerra, después de abandonar la escardilla con la que labraba la tierra, para tomar en sus manos y sobre un caballo, una lanza, con la que dio muerte a muchos de los representantes de la Monarquía y de la tiranía, hasta su triunfo final.
PRIMARIAS Y CONSENSO
Juan Páez Ávila
Al completar 163 candidatos unitarios, con la realización de la elecciones primarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para políticos y analistas de gran experiencia, alcanzó o produjo el hecho político más importante del momento crítico que atraviesa el país, y le abre un claro camino a la victoria de la Alternativa Democrática en las elecciones del 26 de septiembre.
El éxito de las elecciones primarias para escoger 22 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, de la Alternativa Democrática, se puede considerar no sólo como el primer paso importante para que el electorado participe directamente en la selección de sus candidatos, sino también como un ejemplo de que la Mesa de la UNIDAD DEMOCRÁTICA acertó al aprobar unas regalas en las que se contemplan varios métodos o formas de elección, para consolidar la unidad de decenas de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gremios estudiantiles y profesionales.
Las reservas de muchos observadores e incluso veteranos de otrora frustraciones en contiendas internas, para escoger candidatos por el método de las primarias, no sólo por el costo de las mismas, sino también, y esto era lo más grave, por la descalificaciones de los candidatos entre sí, que al final los resultados dejaban más heridas y resentimientos políticos, que ponían en peligro la Unidad de los partidos, fueron disipadas. Y aunque es posible que las primarias celebradas el domingo pasado, deje alguna estela de disgustos en aquellos que no resultaron ganadores, el objetivo de la Unidad para concurrir a las elecciones convocadas por el CNE para el 26 de septiembre, obligará a superar los mementos difíciles que conlleva toda derrota.
Este importante eslabón en lo que debe ser una cadena de éxitos en el futuro inmediato, hasta la elección del Presidente de la República en el 2012, requiere de una profundización de la conciencia democrática, que se extienda a otros sectores de la sociedad que históricamente se han negado a votar, y que convenza a importantes grupos e individualidades del chavismo, acerca de la sinceridad y firmeza para defender una política de reconciliación nacional, de respeto a los derechos del adversario y de búsqueda de un clima político para trabajar juntos por el bienestar de la mayoría de la población, golpeada por la inflación, la inseguridad, el desempleo y la falta de vivienda, y de todos los derechos individuales y sociales que establece la Constitución de 1999.
Y como la democracia se construye todos los días, con el ejemplo y el actuar políticos, la mesa parece servida, pero el mandado no está hecho todavía, se requiere consolidar la unidad, en un sistema de relación civilizada, como el que ha imperado en la oposición, que la ha convertido en Alternativa Democrática. Los inevitables descontentos individuales porque perdieron en las primarias o no fueron seleccionados por consenso, deben incorporarse a la campaña por el triunfo de los candidatos ya elegidos mediante las reglas aprobadas por unanimidad de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Si alguien se postula por iniciativa propia, por ambición personal, será duramente castigado por los electores.
Al completar 163 candidatos unitarios, con la realización de la elecciones primarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para políticos y analistas de gran experiencia, alcanzó o produjo el hecho político más importante del momento crítico que atraviesa el país, y le abre un claro camino a la victoria de la Alternativa Democrática en las elecciones del 26 de septiembre.
El éxito de las elecciones primarias para escoger 22 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, de la Alternativa Democrática, se puede considerar no sólo como el primer paso importante para que el electorado participe directamente en la selección de sus candidatos, sino también como un ejemplo de que la Mesa de la UNIDAD DEMOCRÁTICA acertó al aprobar unas regalas en las que se contemplan varios métodos o formas de elección, para consolidar la unidad de decenas de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gremios estudiantiles y profesionales.
Las reservas de muchos observadores e incluso veteranos de otrora frustraciones en contiendas internas, para escoger candidatos por el método de las primarias, no sólo por el costo de las mismas, sino también, y esto era lo más grave, por la descalificaciones de los candidatos entre sí, que al final los resultados dejaban más heridas y resentimientos políticos, que ponían en peligro la Unidad de los partidos, fueron disipadas. Y aunque es posible que las primarias celebradas el domingo pasado, deje alguna estela de disgustos en aquellos que no resultaron ganadores, el objetivo de la Unidad para concurrir a las elecciones convocadas por el CNE para el 26 de septiembre, obligará a superar los mementos difíciles que conlleva toda derrota.
Este importante eslabón en lo que debe ser una cadena de éxitos en el futuro inmediato, hasta la elección del Presidente de la República en el 2012, requiere de una profundización de la conciencia democrática, que se extienda a otros sectores de la sociedad que históricamente se han negado a votar, y que convenza a importantes grupos e individualidades del chavismo, acerca de la sinceridad y firmeza para defender una política de reconciliación nacional, de respeto a los derechos del adversario y de búsqueda de un clima político para trabajar juntos por el bienestar de la mayoría de la población, golpeada por la inflación, la inseguridad, el desempleo y la falta de vivienda, y de todos los derechos individuales y sociales que establece la Constitución de 1999.
Y como la democracia se construye todos los días, con el ejemplo y el actuar políticos, la mesa parece servida, pero el mandado no está hecho todavía, se requiere consolidar la unidad, en un sistema de relación civilizada, como el que ha imperado en la oposición, que la ha convertido en Alternativa Democrática. Los inevitables descontentos individuales porque perdieron en las primarias o no fueron seleccionados por consenso, deben incorporarse a la campaña por el triunfo de los candidatos ya elegidos mediante las reglas aprobadas por unanimidad de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Si alguien se postula por iniciativa propia, por ambición personal, será duramente castigado por los electores.
ELECCIONES EN LA UCLA
Juan Páez Ávila
La presión del Ministro de Educación Universitaria, para que las autoridades de la UCLA suspendan el proceso electoral, convocado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades vigente, tiene como finalidad, además de obligarlos a cometer un delito de usurpación de funciones, porque una medida de esta naturaleza le corresponde tomarla a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, crear un vacío poder para intervenirla y nombrar a dedo las nuevas autoridades.
Las autoridades cuyo período finaliza el 14 de mayo del presente año, encabezadas por el Rector Francesco Leone, y la Comisión Electoral respectiva, han procedido ajustados estrictamente a la legislación vigente, al convocar las elecciones en el plazo fijado por la Ley de Universidades, respetando la representación proporcional de los estudiantes. Pretender que se suspendan dichas elecciones, para aplicar una proporcionalidad de estudiantes establecida en términos generales, en la Ley Orgánica de Educación, no procede legalmente, tal como lo ha expuesto el Consultor Jurídico de la UCLA, porque la Asamblea Nacional no ha derogado la Ley de Universidades.
De allí que a la comunidad universitaria no sólo la asiste la legalidad vigente, sino también la condición autónoma de la Universidad, que es lo que en el fondo quiere eliminar el gobierno a través del Ministro de Educación Universitaria, procediendo de una manera, primero, demagógica de ofrecerle a los estudiantes una paridad de 1 voto estudiantil por uno de los profesores, cuando los propios estudiantes saben que el número de docentes es mucho menor que el del alumnado, y la universidad perdería su carácter académico. Y aunque la experiencia de las últimas elecciones estudiantiles demuestra que la mayoría de los estudiantes repudia el régimen autoritario, personalista y militarista que Hugo Chávez pretende imponerle a los venezolanos, y en unas elecciones para escoger las autoridades de la Universidad no votarían por los candidatos del oficialismo, deben acompañar a las autoridades actuales en su decisión de no violar la Ley.
El proceso electoral debe continuar y no sólo la comunidad universitaria debe apoyarlo, sino también la comunidad larense y centrooccidental, a la que ha servido la UCLA con esmero y capacidad científica y tecnológica, para graduar profesionales altamente preparados para el ejercicio de diferentes disciplinas del saber humano, actualizado, que les ha garantizado su éxito y progreso personal y familiar. Y si el Ministro de Educación Universitaria decide intervenir la UCLA, todos los larenses que conocemos la excelente labor cumplida por sus profesores y autoridades, debemos denunciar la arbitrariedad y resistir pacíficamente la brutalidad de la fuerza militar o policial que puedan utilizar. Cualquier elección, en las condiciones en que las convoquen en el futuro inmediato, de consumarse la intervención, debe encontrar unida a la sociedad larense, para participar en apoyo a los auténticos académicos que hoy han dirigido la Universidad y aspiran continuar al frente de la misma, para mejorarla, actualizarla de acuerdo al ritmo de la producción de nuevos conocimientos que se generan en el mundo civilizado.
La conciencia crítica y la cultura universitarias no podrán ser sometidas por las amenazas del Ministro de presentarse el día de las elecciones a paralizar el proceso electoral, aunque la tome con una patota de paramilitares. El país democrático, los larenses democráticos no claudicarán ante la violencia oficialista. Pacífica y electoralmente el autoritarismo será derrotado. Por más demagogia que han hecho para manipular a los estudiantes, la mayoría de éstos no han apoyado ni apoyarán a los violentos, que quieren imponer por la fuerza un pensamiento único. La Universidad democrática, plural y autónoma seguirá siendo el ideal de los venezolanos.
La presión del Ministro de Educación Universitaria, para que las autoridades de la UCLA suspendan el proceso electoral, convocado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades vigente, tiene como finalidad, además de obligarlos a cometer un delito de usurpación de funciones, porque una medida de esta naturaleza le corresponde tomarla a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, crear un vacío poder para intervenirla y nombrar a dedo las nuevas autoridades.
Las autoridades cuyo período finaliza el 14 de mayo del presente año, encabezadas por el Rector Francesco Leone, y la Comisión Electoral respectiva, han procedido ajustados estrictamente a la legislación vigente, al convocar las elecciones en el plazo fijado por la Ley de Universidades, respetando la representación proporcional de los estudiantes. Pretender que se suspendan dichas elecciones, para aplicar una proporcionalidad de estudiantes establecida en términos generales, en la Ley Orgánica de Educación, no procede legalmente, tal como lo ha expuesto el Consultor Jurídico de la UCLA, porque la Asamblea Nacional no ha derogado la Ley de Universidades.
De allí que a la comunidad universitaria no sólo la asiste la legalidad vigente, sino también la condición autónoma de la Universidad, que es lo que en el fondo quiere eliminar el gobierno a través del Ministro de Educación Universitaria, procediendo de una manera, primero, demagógica de ofrecerle a los estudiantes una paridad de 1 voto estudiantil por uno de los profesores, cuando los propios estudiantes saben que el número de docentes es mucho menor que el del alumnado, y la universidad perdería su carácter académico. Y aunque la experiencia de las últimas elecciones estudiantiles demuestra que la mayoría de los estudiantes repudia el régimen autoritario, personalista y militarista que Hugo Chávez pretende imponerle a los venezolanos, y en unas elecciones para escoger las autoridades de la Universidad no votarían por los candidatos del oficialismo, deben acompañar a las autoridades actuales en su decisión de no violar la Ley.
El proceso electoral debe continuar y no sólo la comunidad universitaria debe apoyarlo, sino también la comunidad larense y centrooccidental, a la que ha servido la UCLA con esmero y capacidad científica y tecnológica, para graduar profesionales altamente preparados para el ejercicio de diferentes disciplinas del saber humano, actualizado, que les ha garantizado su éxito y progreso personal y familiar. Y si el Ministro de Educación Universitaria decide intervenir la UCLA, todos los larenses que conocemos la excelente labor cumplida por sus profesores y autoridades, debemos denunciar la arbitrariedad y resistir pacíficamente la brutalidad de la fuerza militar o policial que puedan utilizar. Cualquier elección, en las condiciones en que las convoquen en el futuro inmediato, de consumarse la intervención, debe encontrar unida a la sociedad larense, para participar en apoyo a los auténticos académicos que hoy han dirigido la Universidad y aspiran continuar al frente de la misma, para mejorarla, actualizarla de acuerdo al ritmo de la producción de nuevos conocimientos que se generan en el mundo civilizado.
La conciencia crítica y la cultura universitarias no podrán ser sometidas por las amenazas del Ministro de presentarse el día de las elecciones a paralizar el proceso electoral, aunque la tome con una patota de paramilitares. El país democrático, los larenses democráticos no claudicarán ante la violencia oficialista. Pacífica y electoralmente el autoritarismo será derrotado. Por más demagogia que han hecho para manipular a los estudiantes, la mayoría de éstos no han apoyado ni apoyarán a los violentos, que quieren imponer por la fuerza un pensamiento único. La Universidad democrática, plural y autónoma seguirá siendo el ideal de los venezolanos.
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