Juan Páez Ávila
En el mundo occidental todas las manifestaciones de cambio político, social y económico parece encontrar como la vía fundamental y exclusiva de solución, la pacífica y electoral, con todo y las manipulaciones ventajistas y fraudulentas que algunos aspirantes a dictadores introducen y practican en los procesos electorales. De cada elección se extrae una experiencia y la alternativa democrática emerge con más fuerza y convicción entre los electores y la ciudadanía en general.
Los resultados electorales conocidos extraoficialmente de los comicios del domingo realizados en Uruguay y Honduras, apuntan hacia la consolidación de la democracia representativa en Latinoamérica, porque tanto José Pepe Mujica, como Porfirio Pepe Lobo, proclamados presidentes electos de ambos países, han llamado a la unidad de uruguayos y hondureños, a la formación de gobiernos que representen a toda la sociedad de dichos países, como mecanismo o fórmula política para superar las dificultades económicas y sociales del primero, y políticas, económicas y sociales del segundo.
Y aunque la situación más difícil es, sin duda alguna, la de Honduras, no sólo por el desconocimiento de las elecciones y sus resultados por parte del ex –Presidente Zelaya, refugiado en la Embajada de Brasil, sino también porque Zelaya todavía recibe apoyo de algunos presidentes como Hugo Chávez, Lula Da Silva y Tabaré Vásquez, y sobre todo por la inmensa pobreza que agobia a ese pequeño país, que depende de la ayuda internacional. El Presidente electo de Honduras tiene que superar la crisis que hereda después de ser derrocado de la Presidencia de República, Manuel Zelaya, quien en principio recibió respaldo de la OEA y de la ONU, pero que ante el hecho cumplido de las elecciones ha quedado profundamente debilitado y sometido a un juicio por el Tribunal Supremo de su país, acusado de diversos actos de corrupción e incluso de traición a la Patria.
El camino más expedito hacia la consolidación de la democracia en su país lo tiene el Presidente electo de Uruguay, quien además de llamar a su contendor a formar gobierno, ha manifestado que se inspirará o guiará por el ejemplo de Lula para alcanzar el progreso y bienestar de su pueblo, y no por el socialismo del siglo XXI de Chávez, a quien lo señala como creador de una gran burocracia y de ningún socialismo.
Si el Presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, logra superar la crisis política que debe enfrentar en los próximos días, con el apoyo ya expresado de los Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Perú, y el muy posible respaldo de países como México, Colombia y la Unión Europea, avanzará la democracia en América Latina, y el gran derrotado será Hugo Chávez y su Proyecto Político de la Asociación Bolivariana de las Américas ALBA. El freno al proyecto chavista de ganar las elecciones para desde el poder aplicar la política de un pensamiento único, mediante la represión y la utilización de los dineros públicos para comprar adhesiones y conciencias, surgió en un pequeño país, como Honduras, donde el Poder Judicial y el Legislativo impidieron que Manuel Zelaya, desde la Presidencia de la República violara la Constitución Nacional para imponer su reelección.
Una vez descubierto los objetivos del proyecto de Socialismo del siglo XXI, de utilizar el sistema democrático para ascender al poder por elecciones, y luego destruir las instituciones de esa democracia, Hugo Chávez camina hacia la derrota, tanto en lo interno en Venezuela, como en la América Latina, porque donde pudo avanzar, además de imponer la violación de los Derechos Humanos, ha resultado un rotundo fracaso al aumentar la inseguridad, el desempleo y la destrucción del aparato productivo de la economía nacional de esos cada día países más pobres, cuyos gobernantes parece que no se han enterado de la caída del Muro de Berlín y del desplome del socialismo estatista en la Unión Soviética y en Europa del Este..
Juan Páez Ávila
jueves, 10 de diciembre de 2009
CORRUPCIÓN Y COMPLICIDAD
Juan Páez Ávila
A través de nuestra historia republicana e incluso de América Latina y del mundo, la corrupción administrativa que permite el enriquecimiento ilícito de algún empresario o favorito del gobierno, siempre ha tenido en las altas esferas gubernamentales la complicidad de algún funcionario con capacidad de decisión para disponer de los dineros públicos.
Con la utilización y apropiación de los dineros de la nación, que son de los venezolanos, un grupo de favoritos del gobierno y testaferros de algunos altos funcionarios de la administración del Presidente Chávez, amasaron una gigantesca fortuna en los últimos 5 ó 6 años, que aunque fue denunciada por el diputado Ismael García ante la Fiscalía General de la República a principios del presente año, no fue investigada, ha sido corroborada por el Jefe del Estado, después de recibir un informe de la inteligencia cubana, G2, que actúa en nuestro país por instrucciones del propio Hugo Chávez.
Y aunque la acción del Presidente de la República haya encontrado respaldo en sectores de la oposición, porque se trata de aplicar la legislación vigente a quienes han traficado con los dineros del pueblo, se le censura que haya esperado que Fidel Castro le hiciera llegar el informe de la inteligencia cubana, y seguramente el consejo de que actuara contra los corruptos de su entorno, porque de no hacerlo lo llevarían al abismo de la derrota electoral en los próximos comicios, tanto para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional como para decidir si continuará en la Presidencia o será echado con los votos de la mayoría que se viene conformando en contra de sus políticas erráticas.
Sin embargo, para que el Presidente pueda obtener algún beneficio político de sus denuncias y actuaciones contra los banqueros enriquecidos ilícitamente, amparados por altos funcionarios de su gobierno, tiene que llegar hasta la madeja de complicidades que representan sus colabores más cercanos, porque es muy viejo el decir que donde hay un empresario corrupto también hay un político o alto funcionario cómplice. No se puede estafar el Tesoro Nacional sin alguien que lo facilite o lo permita desde posiciones que representan altas responsabilidades.
De allí que el país deberá esperar hasta dónde llega el Presidente, si es capaz de extirpar todas la células cancerígenas del tumor de la corrupción, o deja con vida a las más peligrosas, agazapadas tras un manto de protección oficial. Hay ejemplos de los dos tenores: con Lula cayeron desde un ministros hasta altos dirigentes de su partido, y en cierto modo el jefe del Estado salió ileso; pero Fujimori dejó que la corrupción continuara hasta que fue descubierta después de renunciar, ser enjuiciado y encarcelado. No es exagerado concluir que el futuro de Hugo Chávez dependerá de la sinceridad para combatir la corrupción, que se ha convertido en una de las lacras más abominables de su administración. Si no se desprende de los altos funcionarios que facilitaron y prohijaron el saqueo de los dineros de los venezolanos, su discurso se estrellará contra una opinión pública muy alerta y experimentada, que lo condenará como el mayor cómplice.
A través de nuestra historia republicana e incluso de América Latina y del mundo, la corrupción administrativa que permite el enriquecimiento ilícito de algún empresario o favorito del gobierno, siempre ha tenido en las altas esferas gubernamentales la complicidad de algún funcionario con capacidad de decisión para disponer de los dineros públicos.
Con la utilización y apropiación de los dineros de la nación, que son de los venezolanos, un grupo de favoritos del gobierno y testaferros de algunos altos funcionarios de la administración del Presidente Chávez, amasaron una gigantesca fortuna en los últimos 5 ó 6 años, que aunque fue denunciada por el diputado Ismael García ante la Fiscalía General de la República a principios del presente año, no fue investigada, ha sido corroborada por el Jefe del Estado, después de recibir un informe de la inteligencia cubana, G2, que actúa en nuestro país por instrucciones del propio Hugo Chávez.
Y aunque la acción del Presidente de la República haya encontrado respaldo en sectores de la oposición, porque se trata de aplicar la legislación vigente a quienes han traficado con los dineros del pueblo, se le censura que haya esperado que Fidel Castro le hiciera llegar el informe de la inteligencia cubana, y seguramente el consejo de que actuara contra los corruptos de su entorno, porque de no hacerlo lo llevarían al abismo de la derrota electoral en los próximos comicios, tanto para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional como para decidir si continuará en la Presidencia o será echado con los votos de la mayoría que se viene conformando en contra de sus políticas erráticas.
Sin embargo, para que el Presidente pueda obtener algún beneficio político de sus denuncias y actuaciones contra los banqueros enriquecidos ilícitamente, amparados por altos funcionarios de su gobierno, tiene que llegar hasta la madeja de complicidades que representan sus colabores más cercanos, porque es muy viejo el decir que donde hay un empresario corrupto también hay un político o alto funcionario cómplice. No se puede estafar el Tesoro Nacional sin alguien que lo facilite o lo permita desde posiciones que representan altas responsabilidades.
De allí que el país deberá esperar hasta dónde llega el Presidente, si es capaz de extirpar todas la células cancerígenas del tumor de la corrupción, o deja con vida a las más peligrosas, agazapadas tras un manto de protección oficial. Hay ejemplos de los dos tenores: con Lula cayeron desde un ministros hasta altos dirigentes de su partido, y en cierto modo el jefe del Estado salió ileso; pero Fujimori dejó que la corrupción continuara hasta que fue descubierta después de renunciar, ser enjuiciado y encarcelado. No es exagerado concluir que el futuro de Hugo Chávez dependerá de la sinceridad para combatir la corrupción, que se ha convertido en una de las lacras más abominables de su administración. Si no se desprende de los altos funcionarios que facilitaron y prohijaron el saqueo de los dineros de los venezolanos, su discurso se estrellará contra una opinión pública muy alerta y experimentada, que lo condenará como el mayor cómplice.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
GUERRA AL HAMBRE
Juan Páez Ávila
Las naciones desarrolladas hace más de medio siglo que le dijeron adiós a la guerra de los tanques, aviones, acorazados y fusiles, y colocaron en sus respectivas agendas la guerra al hambre, al desempleo y al subdesarrollo en general; sin embargo, algunos países atrasados del llamado Tercer Mundo, gobernados por ignaros, incapaces, dogmáticos y corruptos dictadorzuelos, permanecen estancados en los más pobres niveles de la calidad de vida, y hasta experimentan graves retrocesos cuando carecen de todo control administrativo y ético.
El Presidente Lula da Silva se presentó hace algunos días a la reunión de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con un informe que ha impresionado al mundo que lucha contra el hambre, porque registra 12, 6 millones de familias que reciben una Bolsa Familia complementaria de 55 dólares, con la condición de que preserven a sus hijos en las escuelas, trabajan en pequeñas propiedades rurales, han aumentado la producción de alimentos y eliminado el hambre de más un cuarto de la población, aproximadamente de 50 millones de personas.
En aproximadamente 7 años de gobierno y de ejecución del programa Hambre Cero, el Presidente Lula da un ejemplo al mundo subdesarrollado de cómo combatir el hambre, el desempleo y aumentar el nivel de vida de millones de hombres y mujeres que vivían en la pobreza, sin invadir fincas en producción, que por lo contrario recibieron créditos y apoyo técnico para aumentar la productividad, repartiendo tierras ociosas aumentando el área de cultivo y la producción de agrícola del Brasil.
Los resultados del programa Hambre Cero, para un experto en agricultura, incluso para un político con conocimiento elemental de la realidad agrícola de América Latina, no tiene nada de excepcional, sino mucho de sentido común: ayuda complementaria a la dieta de los más pobres, entrega de parcelas de tierra y pequeñas industrias, asistencia técnica para garantizar su funcionamiento y rentabilidad, para que cada familia coma completo, obtenga ciertos beneficios de su trabajo y contribuya al crecimiento económico del país, donde habita.
Y para que no queden dudas acerca del progreso alcanzado por el gobierno del Presidente Lula, ejemplo para otros países del continente y del mundo, el informe fue elaborado por técnicos de la FAO que visitaron Brasil, y no por ministros o empleados públicos que manipulan cifras para adularle a los jefes de Estado. El respeto a la propiedad privada y su aumento en grandes cantidades de pequeñas industrias agroalimentarias, más el desarrollo industrial, tecnológico y científico ha convertido a Brasil en la novena potencia del mundo y según estudios del Banco Mundial, la encamina a ser la quinta, en los próximos 10 años, superando a Francia, Italia y otras naciones que disfrutan altos niveles de vida.
El Presidente Chávez y cualquier otro jefe de estado futuro en Venezuela, tienen que estudiar y analizar cómo y qué hacer para competir con Brasil, mediante una declaración de guerra al hambre. No se puede ni se debe perder el tiempo inventado guerras entre naciones vecinas, que por desgracia forman parte de los más pobres del mundo, y que si no han podido salir del subdesarrollo sin mayores conflictos, después de una guerra los que les quedarán, serán chatarra y destrucción de las medianas economías que alcanzaron en otras épocas.
La experiencia y la inteligencia de los gobernantes de los países ricos, los indujeron a aprobar en las Naciones Unidas, no sólo la prohibición de las guerras entre naciones, sino también las amenazas de guerra de un país contra otro. El comandante Chávez debería leer o releer el texto de la Carta de las Naciones Unidas, incluso el de la Carta Democrática Interamericana, tanto para garantizarnos la paz a los venezolanos y colombianos, como para no convertirse en el hazmerreír del mundo civilizado y globalizado, por los progresos tecnológicos, científicos y humanísticos de nuestro tiempo,
Las naciones desarrolladas hace más de medio siglo que le dijeron adiós a la guerra de los tanques, aviones, acorazados y fusiles, y colocaron en sus respectivas agendas la guerra al hambre, al desempleo y al subdesarrollo en general; sin embargo, algunos países atrasados del llamado Tercer Mundo, gobernados por ignaros, incapaces, dogmáticos y corruptos dictadorzuelos, permanecen estancados en los más pobres niveles de la calidad de vida, y hasta experimentan graves retrocesos cuando carecen de todo control administrativo y ético.
El Presidente Lula da Silva se presentó hace algunos días a la reunión de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con un informe que ha impresionado al mundo que lucha contra el hambre, porque registra 12, 6 millones de familias que reciben una Bolsa Familia complementaria de 55 dólares, con la condición de que preserven a sus hijos en las escuelas, trabajan en pequeñas propiedades rurales, han aumentado la producción de alimentos y eliminado el hambre de más un cuarto de la población, aproximadamente de 50 millones de personas.
En aproximadamente 7 años de gobierno y de ejecución del programa Hambre Cero, el Presidente Lula da un ejemplo al mundo subdesarrollado de cómo combatir el hambre, el desempleo y aumentar el nivel de vida de millones de hombres y mujeres que vivían en la pobreza, sin invadir fincas en producción, que por lo contrario recibieron créditos y apoyo técnico para aumentar la productividad, repartiendo tierras ociosas aumentando el área de cultivo y la producción de agrícola del Brasil.
Los resultados del programa Hambre Cero, para un experto en agricultura, incluso para un político con conocimiento elemental de la realidad agrícola de América Latina, no tiene nada de excepcional, sino mucho de sentido común: ayuda complementaria a la dieta de los más pobres, entrega de parcelas de tierra y pequeñas industrias, asistencia técnica para garantizar su funcionamiento y rentabilidad, para que cada familia coma completo, obtenga ciertos beneficios de su trabajo y contribuya al crecimiento económico del país, donde habita.
Y para que no queden dudas acerca del progreso alcanzado por el gobierno del Presidente Lula, ejemplo para otros países del continente y del mundo, el informe fue elaborado por técnicos de la FAO que visitaron Brasil, y no por ministros o empleados públicos que manipulan cifras para adularle a los jefes de Estado. El respeto a la propiedad privada y su aumento en grandes cantidades de pequeñas industrias agroalimentarias, más el desarrollo industrial, tecnológico y científico ha convertido a Brasil en la novena potencia del mundo y según estudios del Banco Mundial, la encamina a ser la quinta, en los próximos 10 años, superando a Francia, Italia y otras naciones que disfrutan altos niveles de vida.
El Presidente Chávez y cualquier otro jefe de estado futuro en Venezuela, tienen que estudiar y analizar cómo y qué hacer para competir con Brasil, mediante una declaración de guerra al hambre. No se puede ni se debe perder el tiempo inventado guerras entre naciones vecinas, que por desgracia forman parte de los más pobres del mundo, y que si no han podido salir del subdesarrollo sin mayores conflictos, después de una guerra los que les quedarán, serán chatarra y destrucción de las medianas economías que alcanzaron en otras épocas.
La experiencia y la inteligencia de los gobernantes de los países ricos, los indujeron a aprobar en las Naciones Unidas, no sólo la prohibición de las guerras entre naciones, sino también las amenazas de guerra de un país contra otro. El comandante Chávez debería leer o releer el texto de la Carta de las Naciones Unidas, incluso el de la Carta Democrática Interamericana, tanto para garantizarnos la paz a los venezolanos y colombianos, como para no convertirse en el hazmerreír del mundo civilizado y globalizado, por los progresos tecnológicos, científicos y humanísticos de nuestro tiempo,
NO A LA GUERRA
Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios.
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios.
sábado, 14 de noviembre de 2009
PRESUPUESTO Y ELECCIONES
Juan Páez Ávila
En todas las elecciones que se realicen en un país, cuyo gobierno maneja el Presupuesto Nacional a discreción del Presidente de la República o que simplemente es utilizado parcialmente, como siempre ha sucedido, la oposición requiere de un mínimo de apoyo económico para poder competir con posibilidades de éxito, pero no es cierto, y en nuestro país sobran ejemplos para demostrarlo, que es imprescindible disponer de un Presupuesto del Estado para ganar las elecciones. En varios de los procesos electorales celebrados en la segunda mitad del siglo XX, en la época de la democracia representativa, muchos candidatos invirtieron miles de millones de bolívares y salieron con las tablas en la cabeza. Y otros candidatos ganaron desde la oposición, como Rafael Caldera I y II, Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Hugo Chávez I. No es nada difícil demostrar que se requiere también un liderazgo personal, una maquinaria electoral y un mensaje oportuno, adecuado a las exigencias fundamentales de los electores.
Antonio Ledezma, sin manejar ningún presupuesto e incluso con la opinión en contra de algunos dirigentes de la oposición que se apoyaban en algunas encuestas, en el año 2008 le ganó las elecciones para la Alcaldía Metropolitana de Caracas al mejor candidato del chavismo, Aristóbulo Istúriz, lo que para Hugo Chávez no sólo fue una derrota democrática, sino que lo vio como una amenaza a su liderazgo y ordenó estrangularlo económicamente para sacarlo del juego político, pero le resultó un boomerang.
Lo primero que hizo el Comandante Presidente fue ordenarle a sus correligionarios y subalternos de la Asamblea Nacional, que aprobaran una Ley para crear una autoridad ejecutiva, nombrada por él a dedo, y le quitaran más del 90% del Presupuesto al Alcalde electo, que le corresponde por disposición constitucional, para que pasara a ser administrado por su representante directa, la Ingeniera Farías. El Comandante Chávez se equivocó en dos aspectos fundamentales de la política. El primero, que olvidó su propia experiencia cuando ganó las elecciones para Presidente de la República en 1988, sin manejar prepuesto alguno, porque las condiciones políticas favorecían una candidatura que aparecía como la respuesta al descontento de millones de venezolanos que luego sufragaron por un militar, que no había pateado barrios, sino cuarteles. Y segundo, que no ha podido ni podrá quitarle a Antonio Ledezma, la autoridad que le otorga el ser electo por el voto popular, Alcalde Metropolitano, que le permite no sólo volver a patear los barrios, algo que ha hecho durante muchos años, sino también un escenario internacional como lo acaba de demostrar con su gira exitosa por América y Europa.
Y aunque se busque un Fiscal que lo impute falsamente y un Juez que lo condene inconstitucionalmente, lo cual sería un tercero y gravísimo error del Comandante Presidente, Antonio Ledezma seguirá siendo Alcalde Metropolitano en la cárcel o en el exilio, como Hugo Chávez no dejó de ser Presidente de la República cuando lo apresaron algunos militares y lo llevaron a la isla de La Orchila, camino al exilio. Y si Antonio Ledezma no tiene un General como Raúl Baduel, jefe de una Brigada o División militar que lo retorne victorioso a su cargo, tiene un bravo pueblo que sufragó mayoritariamente para que fuera y ejerciera, por un período constitucional, el cargo de Alcalde Metropolitano, con todo el derecho a exigir que se le respete.
En todas las elecciones que se realicen en un país, cuyo gobierno maneja el Presupuesto Nacional a discreción del Presidente de la República o que simplemente es utilizado parcialmente, como siempre ha sucedido, la oposición requiere de un mínimo de apoyo económico para poder competir con posibilidades de éxito, pero no es cierto, y en nuestro país sobran ejemplos para demostrarlo, que es imprescindible disponer de un Presupuesto del Estado para ganar las elecciones. En varios de los procesos electorales celebrados en la segunda mitad del siglo XX, en la época de la democracia representativa, muchos candidatos invirtieron miles de millones de bolívares y salieron con las tablas en la cabeza. Y otros candidatos ganaron desde la oposición, como Rafael Caldera I y II, Carlos Andrés Pérez I, Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Hugo Chávez I. No es nada difícil demostrar que se requiere también un liderazgo personal, una maquinaria electoral y un mensaje oportuno, adecuado a las exigencias fundamentales de los electores.
Antonio Ledezma, sin manejar ningún presupuesto e incluso con la opinión en contra de algunos dirigentes de la oposición que se apoyaban en algunas encuestas, en el año 2008 le ganó las elecciones para la Alcaldía Metropolitana de Caracas al mejor candidato del chavismo, Aristóbulo Istúriz, lo que para Hugo Chávez no sólo fue una derrota democrática, sino que lo vio como una amenaza a su liderazgo y ordenó estrangularlo económicamente para sacarlo del juego político, pero le resultó un boomerang.
Lo primero que hizo el Comandante Presidente fue ordenarle a sus correligionarios y subalternos de la Asamblea Nacional, que aprobaran una Ley para crear una autoridad ejecutiva, nombrada por él a dedo, y le quitaran más del 90% del Presupuesto al Alcalde electo, que le corresponde por disposición constitucional, para que pasara a ser administrado por su representante directa, la Ingeniera Farías. El Comandante Chávez se equivocó en dos aspectos fundamentales de la política. El primero, que olvidó su propia experiencia cuando ganó las elecciones para Presidente de la República en 1988, sin manejar prepuesto alguno, porque las condiciones políticas favorecían una candidatura que aparecía como la respuesta al descontento de millones de venezolanos que luego sufragaron por un militar, que no había pateado barrios, sino cuarteles. Y segundo, que no ha podido ni podrá quitarle a Antonio Ledezma, la autoridad que le otorga el ser electo por el voto popular, Alcalde Metropolitano, que le permite no sólo volver a patear los barrios, algo que ha hecho durante muchos años, sino también un escenario internacional como lo acaba de demostrar con su gira exitosa por América y Europa.
Y aunque se busque un Fiscal que lo impute falsamente y un Juez que lo condene inconstitucionalmente, lo cual sería un tercero y gravísimo error del Comandante Presidente, Antonio Ledezma seguirá siendo Alcalde Metropolitano en la cárcel o en el exilio, como Hugo Chávez no dejó de ser Presidente de la República cuando lo apresaron algunos militares y lo llevaron a la isla de La Orchila, camino al exilio. Y si Antonio Ledezma no tiene un General como Raúl Baduel, jefe de una Brigada o División militar que lo retorne victorioso a su cargo, tiene un bravo pueblo que sufragó mayoritariamente para que fuera y ejerciera, por un período constitucional, el cargo de Alcalde Metropolitano, con todo el derecho a exigir que se le respete.
LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS
EXIGE LA FUNDACIÓN
GUAL Y ESPAÑA
La Fundación Gual y España, ante la escalada represiva del gobierno, exige la libertad de los presos políticos y apoya la movilización que realizan los estudiantes, para demandar la presencia en nuestro país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la finalidad de que puedan constatar cómo se violan flagrantemente los Derechos Individuales y Sociales establecidos en la Constitución Nacional vigente.
Actualmente están en las cárceles venezolanos más de 40 ciudadanos a quienes no se les ha respetado el debido proceso garantizado en el Código Procesal Penal, a algunos se les ha negado el derecho a la defensa, a otros se les mantiene incomunicados y a la mayoría, sino a la totalidad, se les acusa de delitos comunes para cobrarles su disidencia política del régimen, también garantizada por la Constitución Nacional.
El control que ejerce el Ejecutivo sobre los demás Poderes Públicos, le ha permitido al Presidente de la República criminalizar la protesta política, pacífica y democrática, acusando a los opositores, sin prueba alguna, de desestabilizar el régimen y de instigar a delinquir. Para llevarlos a la cárcel dispone de un Fiscal que los imputa y de un Juez que decide de acuerdo al mandato autoritario y despótico del jefe del Estado.
Con la utilización de testigos falsos y la obediencia de fiscales y jueces nombrados a dedo por disposición del jefe del gobierno, en las cárceles están injusta e ilegalmente secuestrados decenas de venezolanos por pensar distinto a la concepción autocrática del Presidente de la República Y es evidente la persecución mediante la elaboración de expedientes amañados, de aquellos dirigentes políticos que han ganado en comicios libres y transparentes algunas gobernaciones y alcaldías, para no dejar que con sus labores honestas y eficientes puedan ser comparadas con la incapacidad y la corrupción de la mayoría de los funcionarios chavistas. Y sobre todo para que ninguno le pueda hacer sombra y derrotar al híper líder y a sus candidatos en las elecciones que se avecinan.
La mentira y la represión como políticas de Estado han sido los instrumentos reprobables del gobierno para secuestrar a decenas de venezolanos en la cárcel, por lo que exigimos en cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes vigentes, su inmediata libertad.
EXIGE LA FUNDACIÓN
GUAL Y ESPAÑA
La Fundación Gual y España, ante la escalada represiva del gobierno, exige la libertad de los presos políticos y apoya la movilización que realizan los estudiantes, para demandar la presencia en nuestro país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la finalidad de que puedan constatar cómo se violan flagrantemente los Derechos Individuales y Sociales establecidos en la Constitución Nacional vigente.
Actualmente están en las cárceles venezolanos más de 40 ciudadanos a quienes no se les ha respetado el debido proceso garantizado en el Código Procesal Penal, a algunos se les ha negado el derecho a la defensa, a otros se les mantiene incomunicados y a la mayoría, sino a la totalidad, se les acusa de delitos comunes para cobrarles su disidencia política del régimen, también garantizada por la Constitución Nacional.
El control que ejerce el Ejecutivo sobre los demás Poderes Públicos, le ha permitido al Presidente de la República criminalizar la protesta política, pacífica y democrática, acusando a los opositores, sin prueba alguna, de desestabilizar el régimen y de instigar a delinquir. Para llevarlos a la cárcel dispone de un Fiscal que los imputa y de un Juez que decide de acuerdo al mandato autoritario y despótico del jefe del Estado.
Con la utilización de testigos falsos y la obediencia de fiscales y jueces nombrados a dedo por disposición del jefe del gobierno, en las cárceles están injusta e ilegalmente secuestrados decenas de venezolanos por pensar distinto a la concepción autocrática del Presidente de la República Y es evidente la persecución mediante la elaboración de expedientes amañados, de aquellos dirigentes políticos que han ganado en comicios libres y transparentes algunas gobernaciones y alcaldías, para no dejar que con sus labores honestas y eficientes puedan ser comparadas con la incapacidad y la corrupción de la mayoría de los funcionarios chavistas. Y sobre todo para que ninguno le pueda hacer sombra y derrotar al híper líder y a sus candidatos en las elecciones que se avecinan.
La mentira y la represión como políticas de Estado han sido los instrumentos reprobables del gobierno para secuestrar a decenas de venezolanos en la cárcel, por lo que exigimos en cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes vigentes, su inmediata libertad.
HUELGA Y PRESOS POLÍTICOS
Juan Páez Ávila
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
NOBEL PARA OBAMA
Juan Páez Ávila
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
ESCUELAS IN PATRULLAS
Juan Páez Ávila
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
GUERRA A LOS TACHIRENSES
Juan Páez Ávila
La última declaración del Presidente de la República en la que afirma que no ha llamado a la guerra contra Colombia, sino que ha hecho uso de un viejo adagio que recomienda prepararse para la guerra para lograr la paz, satisfizo al Presidente Uribe, pero no a los tachirenses que han sido sometidos a toda clase a atropellos por la Guardia Nacional para impedir el comercio y la libre circulación en la frontera, además de tener que enfrentar la amenaza de destitución del Gobernador Pérez Vivas, electo por la mayoría de sus paisanos. La guerra será contra el Gobernador y los tachirenses, pero como Chávez se contradice en cada alocución, hay que estar atento a cualquier cambio.
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido algunas guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales entre latinoamericanos.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 7 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares; y Hugo Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y a otras naciones del subcontinente, los soldados venezolanos no pueden ni deben ser llevados a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población fronteriza en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia lleva desangrándose en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Sin embargo, mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio y apoyo los principales jefes de las FARC, estarán presentes, pero la alternativa civilizada para evitarla es la negociación diplomática. Para tratar de ocultar esta grave realidad, más los apagones que además de dejar en las tinieblas a millones de venezolanos casi todos los días, ha arruinado a muchos a quienes se les han quemado neveras, cocinas, televisores y otros utensilios hogareños; la falta de agua y de viviendas porque ya no puede culpar al gobierno anterior, porque ese gobierno es el que va desde 1999 hasta al 2005, que lo presidió el mismo, y lo dejó pasar insultando y hablando mal de todos sus adversarios, sin realizar una obra de cierta importancia.
Y como la época no le ayuda, porque las Naciones Unidas prohíben toda amenaza de guerra, la OEA llamó al diálogo, sus aliados como Lula y Rodríguez Zapatero se ofrecieron como mediadores; y aunque la mayoría no cree sus bravuconadas y rechazó en un 80% sus amenazas, no le quedó más alternativa que, como dicen los jóvenes, arrugar.
La última declaración del Presidente de la República en la que afirma que no ha llamado a la guerra contra Colombia, sino que ha hecho uso de un viejo adagio que recomienda prepararse para la guerra para lograr la paz, satisfizo al Presidente Uribe, pero no a los tachirenses que han sido sometidos a toda clase a atropellos por la Guardia Nacional para impedir el comercio y la libre circulación en la frontera, además de tener que enfrentar la amenaza de destitución del Gobernador Pérez Vivas, electo por la mayoría de sus paisanos. La guerra será contra el Gobernador y los tachirenses, pero como Chávez se contradice en cada alocución, hay que estar atento a cualquier cambio.
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido algunas guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales entre latinoamericanos.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 7 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares; y Hugo Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y a otras naciones del subcontinente, los soldados venezolanos no pueden ni deben ser llevados a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población fronteriza en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia lleva desangrándose en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Sin embargo, mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio y apoyo los principales jefes de las FARC, estarán presentes, pero la alternativa civilizada para evitarla es la negociación diplomática. Para tratar de ocultar esta grave realidad, más los apagones que además de dejar en las tinieblas a millones de venezolanos casi todos los días, ha arruinado a muchos a quienes se les han quemado neveras, cocinas, televisores y otros utensilios hogareños; la falta de agua y de viviendas porque ya no puede culpar al gobierno anterior, porque ese gobierno es el que va desde 1999 hasta al 2005, que lo presidió el mismo, y lo dejó pasar insultando y hablando mal de todos sus adversarios, sin realizar una obra de cierta importancia.
Y como la época no le ayuda, porque las Naciones Unidas prohíben toda amenaza de guerra, la OEA llamó al diálogo, sus aliados como Lula y Rodríguez Zapatero se ofrecieron como mediadores; y aunque la mayoría no cree sus bravuconadas y rechazó en un 80% sus amenazas, no le quedó más alternativa que, como dicen los jóvenes, arrugar.
SIN AGUA Y SIN LUZ
Juan Páez Ávila
Los gobernantes más inexpertos del mundo o que llegan por primera vez al poder lo primero que anuncian y deciden ejecutar como sus principales obras, son aquellas relativas a la dotación de agua potable a la población que los elige, y luz eléctrica para el consumo de esa misma población mediante alumbrado hogareño y funcionamiento de neveras, televisores y otros utensilios de vital importancia en las sociedades moderas, amén de estimular el desarrollo de la pequeña y mediana industria cuando no de la industria pesada y el desarrollo general de las naciones.
Aunque Venezuela es una país pequeño donde habitamos menos de 30 millones de personas, con una inmensa riqueza petrolera que maneja el gobierno, que con una mediana inversión podía resolver los problemas sociales y económicos que heredamos de más un siglo de guerras destructivas y administraciones caudillescas, resulta inconcebible e inaceptable, que después de la muerte del dictador Juan Vicente y de haber comenzado a construir un país moderno, volvamos a los apagones, para no decir a las tinieblas, y al baño con totuma.
No disponer de agua y electricidad suficiente para mantener el nivel de vida que habíamos alcanzado en la segunda mitad del siglo XX, califica a los gobernantes del siglo XXI como los más incapaces –la ineficiencia y la corrupción son nuestros graves problemas, ha dicho Hugo Chávez, en varios programas de Aló Presidente- para administrar los dineros públicos –de todos los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos estamos constatando y sufriendo los efectos de un retroceso de varias décadas, en el desarrollo o evolución de los niveles de vida a los que habíamos llegado a lo largo de muchos años. Después de disfrutar de luz eléctrica todo el día, sin dejar de reconocer que había algunas fallas, como sucede en todas las grandes ciudades del mundo, producto de una planificación y una inversión en grades represas como las construidas en el curso del río Caroní y algunas plantas termoeléctricas, no se puede culpar de despilfarradores de energía a los consumidores, cuando lo que todos sabemos, o debemos saber, es que en los últimos 10 años no se hicieron las inversiones que había que hacer, y que estaban programadas desde hace varias décadas.
La falta de agua en las principales ciudades del país, tiene la misma explicación. En los alrededores de Caracas no se ha construido ninguna otra represa para satisfacer el consumo humano de agua, y aunque el verano se haya prolongado algunos meses, durante los mismos 10 años de gobierno del Comandante Chávez, no se tomaron las previsiones necesarias para evitar el racionamiento en toda la ciudad.
Y algo tanto o más grave, fácil de comprobar, sin electricidad y sin agua ningún país del universo se ha podido desarrollar, algo que está escrito en los manuales del comunismo y del capitalismo, por donde lo prefieran releer los responsables de este colapso, y de lo que nos espera, posibles convulsiones sociales por las protestas que se radicalizarán en la medida en que la población no vea solucionados sus problemas, bien por que siga el racionamiento o se agrave.
La culpa de todo este desastre ya no la podrá ocultar el Comandante en Jefe, señalando al gobierno anterior, porque éste corresponde al período constitucional que va de 1999 a 2005, presidido precisamente por Hugo Chávez, el gran responsable por haber nombrado a varios altos funcionarios ineptos y corruptos, que le ríen los chistes y le han robado los dineros a la nación, es decir, a los venezolanos.
Los gobernantes más inexpertos del mundo o que llegan por primera vez al poder lo primero que anuncian y deciden ejecutar como sus principales obras, son aquellas relativas a la dotación de agua potable a la población que los elige, y luz eléctrica para el consumo de esa misma población mediante alumbrado hogareño y funcionamiento de neveras, televisores y otros utensilios de vital importancia en las sociedades moderas, amén de estimular el desarrollo de la pequeña y mediana industria cuando no de la industria pesada y el desarrollo general de las naciones.
Aunque Venezuela es una país pequeño donde habitamos menos de 30 millones de personas, con una inmensa riqueza petrolera que maneja el gobierno, que con una mediana inversión podía resolver los problemas sociales y económicos que heredamos de más un siglo de guerras destructivas y administraciones caudillescas, resulta inconcebible e inaceptable, que después de la muerte del dictador Juan Vicente y de haber comenzado a construir un país moderno, volvamos a los apagones, para no decir a las tinieblas, y al baño con totuma.
No disponer de agua y electricidad suficiente para mantener el nivel de vida que habíamos alcanzado en la segunda mitad del siglo XX, califica a los gobernantes del siglo XXI como los más incapaces –la ineficiencia y la corrupción son nuestros graves problemas, ha dicho Hugo Chávez, en varios programas de Aló Presidente- para administrar los dineros públicos –de todos los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos estamos constatando y sufriendo los efectos de un retroceso de varias décadas, en el desarrollo o evolución de los niveles de vida a los que habíamos llegado a lo largo de muchos años. Después de disfrutar de luz eléctrica todo el día, sin dejar de reconocer que había algunas fallas, como sucede en todas las grandes ciudades del mundo, producto de una planificación y una inversión en grades represas como las construidas en el curso del río Caroní y algunas plantas termoeléctricas, no se puede culpar de despilfarradores de energía a los consumidores, cuando lo que todos sabemos, o debemos saber, es que en los últimos 10 años no se hicieron las inversiones que había que hacer, y que estaban programadas desde hace varias décadas.
La falta de agua en las principales ciudades del país, tiene la misma explicación. En los alrededores de Caracas no se ha construido ninguna otra represa para satisfacer el consumo humano de agua, y aunque el verano se haya prolongado algunos meses, durante los mismos 10 años de gobierno del Comandante Chávez, no se tomaron las previsiones necesarias para evitar el racionamiento en toda la ciudad.
Y algo tanto o más grave, fácil de comprobar, sin electricidad y sin agua ningún país del universo se ha podido desarrollar, algo que está escrito en los manuales del comunismo y del capitalismo, por donde lo prefieran releer los responsables de este colapso, y de lo que nos espera, posibles convulsiones sociales por las protestas que se radicalizarán en la medida en que la población no vea solucionados sus problemas, bien por que siga el racionamiento o se agrave.
La culpa de todo este desastre ya no la podrá ocultar el Comandante en Jefe, señalando al gobierno anterior, porque éste corresponde al período constitucional que va de 1999 a 2005, presidido precisamente por Hugo Chávez, el gran responsable por haber nombrado a varios altos funcionarios ineptos y corruptos, que le ríen los chistes y le han robado los dineros a la nación, es decir, a los venezolanos.
PARTIDOS Y SOCIEDAD CIVIL
Juan Páez Ávila
Aunque falta aproximadamente un año para que se realicen las elecciones para los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, algunos gobernadores y alcaldes que no fueron electos en los anteriores comicios, y Concejos Municipales, la crispación que se observa en las relaciones de los Partidos Políticos y la Sociedad Civil, obliga a una seria reflexión de las direcciones de los Partidos, en torno a la responsabilidad que tienen de enviarle al país democrático un mensaje de amplitud, tal como lo hicieron en los tiempos del esplendor partidista.
La disputa que ha surgido en la oposición o en la alternativa democrática, entre los Partidos Políticos y la Sociedad Civil tiene su origen en la conducta sectaria, desde hace muchos años, de las direcciones las organizaciones políticas, y sólo puede ser solucionada por sus nuevos dirigentes, que sean capaces de comprender las nuevas realidades creadas no sólo por su derrota en las elecciones de 1998, sino también por el acceso al poder de un militar con la anuencia de quienes consideraban que había que liquidar a los Partidos Políticos y a muchos de sus dirigentes.
Los Partidos fueron feroz y equivocadamente atacados hasta debilitarlos a un extremo que 10 años después no han podido recuperarse a los niveles de volver a conducir la política fundamental del país, incluyendo al PSUV que en vez de dirigir es dirigido por su Comandante en Jefe.
Los Partidos Políticos marcharon durante décadas muy cerca de la sociedad civil, incluso exaltaron grandes figuras del mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura en general, muchos de los cuales fueron llevados al Parlamento y a los gabinetes que formaron los triunfadores. La sociedad civil se sintió representada en las organizaciones políticas, de allí que el enfrentamiento de hoy debe ser abordado con la amplitud e inteligencia con que lo hicieron los fundadores de los Partidos, de la democracia y el pluralismo que incluya a muchos representantes de la sociedad civil como candidatos a los Concejos Municipales y la Asamblea Nacional.
La Unidad Perfecta no puede ni debe ser producto de un política monopólica de los Partidos Políticos, que actuaría en contra ellos y contra la alternativa democrática, sino el fruto del reconocimiento de muchos valores democráticos, que no militan en las organizaciones políticas, pero que representan importantes manifestaciones de la Venezuela emergente, tales como estudiantes, empresarios, nuevos sindicalistas y hombres y mujeres que, con vocación de servicio, han permanecido, desde distintos espacios, al lado de los mejores intereses de país. La Sociedad Civil no debe lanzar candidatos ni siquiera por iniciativa propia. Los Partidos Políticos deben presentarlos en sus planchas y circuitos, porque antes y después de las elecciones la responsabilidad es y será de sus dirigentes.
Es necesario que las direcciones de los Partidos Políticos evalúen con amplitud el surgimiento en la Sociedad Civil de un nuevo liderazgo, vinculado a los movimientos estudiantiles, sindicales, gremiales y populares para presentárselos a los electores como la demostración de una política que busca unir a todos los venezolanos de la alternativa democrática y no exclusivamente a los miembros de los aparatos partidistas, que también deben formar parte de los cuerpos legislativos.
La dura experiencia venezolana de 10 años de brutal dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, llevó a los Partidos Políticos fundamentales a entenderse, primero para derrotar al tirano, y segundo para gobernar con la sociedad civil. El Congreso de la República representó, por muchos años, a todos los sectores de la sociedad venezolana. Conjuntamente con los dirigentes políticos, fueron electos dirigentes sindicales, empresariales, académicos y campesinos, que dirimían sus diferencias de enfoque sobre los problemas fundamentales del país, en un debate democrático, en el que funcionaba la mayoría, pero con respeto a la minoría. La sociedad civil se sintió representada, hasta que los Partidos devinieron en maquinarias electorales desvinculadas del soberano, tomó cuerpo la antipolítica y el país cayó en este marasmo de socialismo autoritario, del cual sólo saldremos si los demócratas nos volvemos a unir con la amplitud que el momento histórico nos exige
Aunque falta aproximadamente un año para que se realicen las elecciones para los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, algunos gobernadores y alcaldes que no fueron electos en los anteriores comicios, y Concejos Municipales, la crispación que se observa en las relaciones de los Partidos Políticos y la Sociedad Civil, obliga a una seria reflexión de las direcciones de los Partidos, en torno a la responsabilidad que tienen de enviarle al país democrático un mensaje de amplitud, tal como lo hicieron en los tiempos del esplendor partidista.
La disputa que ha surgido en la oposición o en la alternativa democrática, entre los Partidos Políticos y la Sociedad Civil tiene su origen en la conducta sectaria, desde hace muchos años, de las direcciones las organizaciones políticas, y sólo puede ser solucionada por sus nuevos dirigentes, que sean capaces de comprender las nuevas realidades creadas no sólo por su derrota en las elecciones de 1998, sino también por el acceso al poder de un militar con la anuencia de quienes consideraban que había que liquidar a los Partidos Políticos y a muchos de sus dirigentes.
Los Partidos fueron feroz y equivocadamente atacados hasta debilitarlos a un extremo que 10 años después no han podido recuperarse a los niveles de volver a conducir la política fundamental del país, incluyendo al PSUV que en vez de dirigir es dirigido por su Comandante en Jefe.
Los Partidos Políticos marcharon durante décadas muy cerca de la sociedad civil, incluso exaltaron grandes figuras del mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura en general, muchos de los cuales fueron llevados al Parlamento y a los gabinetes que formaron los triunfadores. La sociedad civil se sintió representada en las organizaciones políticas, de allí que el enfrentamiento de hoy debe ser abordado con la amplitud e inteligencia con que lo hicieron los fundadores de los Partidos, de la democracia y el pluralismo que incluya a muchos representantes de la sociedad civil como candidatos a los Concejos Municipales y la Asamblea Nacional.
La Unidad Perfecta no puede ni debe ser producto de un política monopólica de los Partidos Políticos, que actuaría en contra ellos y contra la alternativa democrática, sino el fruto del reconocimiento de muchos valores democráticos, que no militan en las organizaciones políticas, pero que representan importantes manifestaciones de la Venezuela emergente, tales como estudiantes, empresarios, nuevos sindicalistas y hombres y mujeres que, con vocación de servicio, han permanecido, desde distintos espacios, al lado de los mejores intereses de país. La Sociedad Civil no debe lanzar candidatos ni siquiera por iniciativa propia. Los Partidos Políticos deben presentarlos en sus planchas y circuitos, porque antes y después de las elecciones la responsabilidad es y será de sus dirigentes.
Es necesario que las direcciones de los Partidos Políticos evalúen con amplitud el surgimiento en la Sociedad Civil de un nuevo liderazgo, vinculado a los movimientos estudiantiles, sindicales, gremiales y populares para presentárselos a los electores como la demostración de una política que busca unir a todos los venezolanos de la alternativa democrática y no exclusivamente a los miembros de los aparatos partidistas, que también deben formar parte de los cuerpos legislativos.
La dura experiencia venezolana de 10 años de brutal dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, llevó a los Partidos Políticos fundamentales a entenderse, primero para derrotar al tirano, y segundo para gobernar con la sociedad civil. El Congreso de la República representó, por muchos años, a todos los sectores de la sociedad venezolana. Conjuntamente con los dirigentes políticos, fueron electos dirigentes sindicales, empresariales, académicos y campesinos, que dirimían sus diferencias de enfoque sobre los problemas fundamentales del país, en un debate democrático, en el que funcionaba la mayoría, pero con respeto a la minoría. La sociedad civil se sintió representada, hasta que los Partidos devinieron en maquinarias electorales desvinculadas del soberano, tomó cuerpo la antipolítica y el país cayó en este marasmo de socialismo autoritario, del cual sólo saldremos si los demócratas nos volvemos a unir con la amplitud que el momento histórico nos exige
miércoles, 14 de octubre de 2009
AGRESIONES A LA CULTURA
Juan Páez Ávila
La cultura ha sido siempre un blanco u objetivo militar hacia el cual apuntan las bayonetas de los regímenes de fuerza, aunque algunos comienzan segregando artistas, agrupaciones culturales e individualidades que actúen con independencia frente a la política cultural del Estado militarista, para terminar imponiendo de una manera vertical, sin discusión alguna, la voluntad del caudillo gobernante. De allí la oposición de la mayoría de los intelectuales a las dictaduras, y en algunos casos el rompimiento de otros, cuando han creído en principio que gobiernos electos como el de la Venezuela de hoy, desarrollarían programas de importancia cultural y respetarían la libre expresión del pensamiento y actividad de los artistas.
Después de despojar al Ateneo de Caracas de su espacio físico y de expulsar algunos científicos del Instituto Venezolanos de Investigaciones Científicas (IVIC), el Ministerio de la Cultura le ha eliminado el subsidio a cuatro grupos teatrales, aplicándoles el criterio subjetivo, seguramente expuesto por algún comisario político para hacer cumplir la línea del Partido, de que no se financiará a ningún colectivo o individualidades ¨cuyas conductas públicas perniciosas afecten la estabilidad psicológica y emocional de la población¨, lo que ya puede interpretarse como una amenaza a la cultura en general, para tratar de imponer un pensamiento único a los venezolanos del siglo XXI.
Estas acciones discriminatorias contra algunas manifestaciones de la cultura venezolana, aparentemente aisladas, de seguirse aplicando por parte de los más altos funcionarios del Ministerio de la Cultura, conformarían a corto o mediano plazo una política oficial orientada a coartar la libertad de pensar y expresarse los venezolanos creadores del hecho cultural, por ahora dependientes directa o indirectamente del Estado. Esa política de negarle subsidios a algunos grupos del teatro venezolano, que igualmente se ha aplicado a otras expresiones artísticas, si bien satisface la concepción ideológica y dogmática de los funcionarios que se creen en posesión de la única verdad que existe en ésta y otras materias del área del saber, no sólo perjudica a los sectores de la clase media, que hoy por hoy, han alcanzado altos niveles culturales, sino también a los movimientos populares que aspiran expresarse libremente, a través de sus creaciones humanas y humanísticas.
El juicio a la cultura no lo pueden ni lo deben realizar algunos burócratas que buscan congraciarse con el jefe del gobierno, para garantizar su estabilidad en altos cargos, sino el pueblo mismo que asiste a los actos culturales o lee los libros que circulan libremente en una sociedad democrática. Y si el Presidente de la República no lo sabe, como afirman algunos de sus correligionarios que todavía lo veneran, para denunciar el desastre y la corrupción en algunos despachos oficiales, hay que reafirmarle que en la era de la revolución de las tecnologías de la comunicación, no es posible encasillar ni encarcelar las ideas, para que sólo se oiga la voz de los adulantes dogmáticos, y se lea la palabra de los inoperantes mujiquitas del siglo XXI.
La mayoría de los venezolanos de distintos niveles intelectuales, quieren un teatro libre y una cultura plural, sin dogmas impuestos por la voluntad de los gobernantes. Después de varias décadas en las que se ha podido pensar libremente, no somos Irán donde los Ayatolas ordenan lo que hay que leer, lo hay que hacer, crear y recrear con el pensamiento. Somos y queremos seguir siendo un pueblo libre en la acción política y en la creación artística.
La cultura ha sido siempre un blanco u objetivo militar hacia el cual apuntan las bayonetas de los regímenes de fuerza, aunque algunos comienzan segregando artistas, agrupaciones culturales e individualidades que actúen con independencia frente a la política cultural del Estado militarista, para terminar imponiendo de una manera vertical, sin discusión alguna, la voluntad del caudillo gobernante. De allí la oposición de la mayoría de los intelectuales a las dictaduras, y en algunos casos el rompimiento de otros, cuando han creído en principio que gobiernos electos como el de la Venezuela de hoy, desarrollarían programas de importancia cultural y respetarían la libre expresión del pensamiento y actividad de los artistas.
Después de despojar al Ateneo de Caracas de su espacio físico y de expulsar algunos científicos del Instituto Venezolanos de Investigaciones Científicas (IVIC), el Ministerio de la Cultura le ha eliminado el subsidio a cuatro grupos teatrales, aplicándoles el criterio subjetivo, seguramente expuesto por algún comisario político para hacer cumplir la línea del Partido, de que no se financiará a ningún colectivo o individualidades ¨cuyas conductas públicas perniciosas afecten la estabilidad psicológica y emocional de la población¨, lo que ya puede interpretarse como una amenaza a la cultura en general, para tratar de imponer un pensamiento único a los venezolanos del siglo XXI.
Estas acciones discriminatorias contra algunas manifestaciones de la cultura venezolana, aparentemente aisladas, de seguirse aplicando por parte de los más altos funcionarios del Ministerio de la Cultura, conformarían a corto o mediano plazo una política oficial orientada a coartar la libertad de pensar y expresarse los venezolanos creadores del hecho cultural, por ahora dependientes directa o indirectamente del Estado. Esa política de negarle subsidios a algunos grupos del teatro venezolano, que igualmente se ha aplicado a otras expresiones artísticas, si bien satisface la concepción ideológica y dogmática de los funcionarios que se creen en posesión de la única verdad que existe en ésta y otras materias del área del saber, no sólo perjudica a los sectores de la clase media, que hoy por hoy, han alcanzado altos niveles culturales, sino también a los movimientos populares que aspiran expresarse libremente, a través de sus creaciones humanas y humanísticas.
El juicio a la cultura no lo pueden ni lo deben realizar algunos burócratas que buscan congraciarse con el jefe del gobierno, para garantizar su estabilidad en altos cargos, sino el pueblo mismo que asiste a los actos culturales o lee los libros que circulan libremente en una sociedad democrática. Y si el Presidente de la República no lo sabe, como afirman algunos de sus correligionarios que todavía lo veneran, para denunciar el desastre y la corrupción en algunos despachos oficiales, hay que reafirmarle que en la era de la revolución de las tecnologías de la comunicación, no es posible encasillar ni encarcelar las ideas, para que sólo se oiga la voz de los adulantes dogmáticos, y se lea la palabra de los inoperantes mujiquitas del siglo XXI.
La mayoría de los venezolanos de distintos niveles intelectuales, quieren un teatro libre y una cultura plural, sin dogmas impuestos por la voluntad de los gobernantes. Después de varias décadas en las que se ha podido pensar libremente, no somos Irán donde los Ayatolas ordenan lo que hay que leer, lo hay que hacer, crear y recrear con el pensamiento. Somos y queremos seguir siendo un pueblo libre en la acción política y en la creación artística.
EL NOBEL A OBAMA
Juan Páez Ávila
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
viernes, 2 de octubre de 2009
EL COLAPSO DEL CHAVISMO
Juan Páez Ávila
El Proyecto Político del Socialismo Siglo XXI de Hugo Chávez, que es el mismo de los partidos comunistas del Siglo XX, y que fracasó en gran parte de Europa Oriental y en particular en la Unión Soviética, no ha podido resolver ninguno de los problemas sociales y económicos que atraviesa la mayoría de los venezolanos de menores recursos, aunque ha dispuesto de los ingresos fiscales más elevados de nuestra historia republicana.
Diez años después de su administración pública el Presidente de la República descubre que más 2.000 módulos de Barrio Adentro no funcionan o lo hacen irregularmente, pero no dijo toda la verdad, porque al declarar la salud en emergencia queda en evidencia que no sólo ha fracasado la Misión Barrio Adentro, sino que también ha colapsado el sistema de salud en general y en todo el país.
El tema de la salud forma parte esencial de todos los discursos, declaraciones y planes de gobiernos de todos los dirigentes políticos que intervienen en la permanente confrontación por el poder, lo que lo ha convertido en una verdad de Perogrullo, y en un calamitoso momento del Presidente de la República que debe su permanencia en Miraflores a la implementación de la Misión Barrio Adentro con apoyo del gobierno cubano, que le dio los votos necesarios para ganar las últimas elecciones presidenciales.
Cuando el Presidente ha podido aprobar una política social y económica que genere empleo y bienestar de la población, como para que nadie o muy pocos se enfermen, repite la fórmula de traer otros miles de médicos cubanos, que aunque hagan maravillas recetando medicina genérica, cuando abandonen el país por Colombia, como parece que lo hicieron muchos de los traídos anteriormente, vía Estados Unidos, los pobres desnutridos de los barrios se volverán a enfermar, y el Presidente volverá a bajar en las encuestas.
Si las políticas del Presidente de la República no logran que en el país se genere un desarrollo económico sostenible y un empleo productivo de millones de venezolanos marginales, y en particular contener la corrupción que se desprende del Informe del Diputado Tirso Silva a la Asamblea Nacional, en muy poco tiempo la situación de malestar, de hambre y de miseria de miles de venezolanos, volverá a tocar las puertas de módulos cerrados y hospitales sin medicinas y sin médicos. Y lo más grave para un líder como Chávez que busca la reelección, es que los pobres piden dinero prestado a sus familiares, empeñan o venden sus modestos bienes para ir a las clínicas privadas, donde reciben mejor atención y esperanza de vida.
De allí que no es exagerado concluir que el colapso de la salud puede ser factor muy importante del colapso del Presidente como aspirante a la reelección, porque en educación, por ejemplo, aparte de la protesta contra la nueva Ley de Educación, han quedado fuera del sistema cerca de 4 millones de niños y adolescentes, según cifras oficiales. Otro colapso en marcha.
Y si habamos del desarrollo endógeno, una de sus banderas principales, después de 10 años de aplicación de su política económica, estamos importando el 70% de los alimentos, incluso importamos gasolina porque las refinerías han colapsado parcialmente. Y si pasamos revista al déficit de viviendas, en los 10 años de su mandato se han construido unas 300 mil, y hacen falta 2 millones.
El colapso de las Empresas Básicas de Guayana registrado en las cifras en rojo de todos sus balances, no lo pueden ocultar porque los trabajadores militantes del Socialismo del Siglo XXI, son sus más claros y contundentes denunciantes.
El Proyecto Político del Socialismo Siglo XXI de Hugo Chávez, que es el mismo de los partidos comunistas del Siglo XX, y que fracasó en gran parte de Europa Oriental y en particular en la Unión Soviética, no ha podido resolver ninguno de los problemas sociales y económicos que atraviesa la mayoría de los venezolanos de menores recursos, aunque ha dispuesto de los ingresos fiscales más elevados de nuestra historia republicana.
Diez años después de su administración pública el Presidente de la República descubre que más 2.000 módulos de Barrio Adentro no funcionan o lo hacen irregularmente, pero no dijo toda la verdad, porque al declarar la salud en emergencia queda en evidencia que no sólo ha fracasado la Misión Barrio Adentro, sino que también ha colapsado el sistema de salud en general y en todo el país.
El tema de la salud forma parte esencial de todos los discursos, declaraciones y planes de gobiernos de todos los dirigentes políticos que intervienen en la permanente confrontación por el poder, lo que lo ha convertido en una verdad de Perogrullo, y en un calamitoso momento del Presidente de la República que debe su permanencia en Miraflores a la implementación de la Misión Barrio Adentro con apoyo del gobierno cubano, que le dio los votos necesarios para ganar las últimas elecciones presidenciales.
Cuando el Presidente ha podido aprobar una política social y económica que genere empleo y bienestar de la población, como para que nadie o muy pocos se enfermen, repite la fórmula de traer otros miles de médicos cubanos, que aunque hagan maravillas recetando medicina genérica, cuando abandonen el país por Colombia, como parece que lo hicieron muchos de los traídos anteriormente, vía Estados Unidos, los pobres desnutridos de los barrios se volverán a enfermar, y el Presidente volverá a bajar en las encuestas.
Si las políticas del Presidente de la República no logran que en el país se genere un desarrollo económico sostenible y un empleo productivo de millones de venezolanos marginales, y en particular contener la corrupción que se desprende del Informe del Diputado Tirso Silva a la Asamblea Nacional, en muy poco tiempo la situación de malestar, de hambre y de miseria de miles de venezolanos, volverá a tocar las puertas de módulos cerrados y hospitales sin medicinas y sin médicos. Y lo más grave para un líder como Chávez que busca la reelección, es que los pobres piden dinero prestado a sus familiares, empeñan o venden sus modestos bienes para ir a las clínicas privadas, donde reciben mejor atención y esperanza de vida.
De allí que no es exagerado concluir que el colapso de la salud puede ser factor muy importante del colapso del Presidente como aspirante a la reelección, porque en educación, por ejemplo, aparte de la protesta contra la nueva Ley de Educación, han quedado fuera del sistema cerca de 4 millones de niños y adolescentes, según cifras oficiales. Otro colapso en marcha.
Y si habamos del desarrollo endógeno, una de sus banderas principales, después de 10 años de aplicación de su política económica, estamos importando el 70% de los alimentos, incluso importamos gasolina porque las refinerías han colapsado parcialmente. Y si pasamos revista al déficit de viviendas, en los 10 años de su mandato se han construido unas 300 mil, y hacen falta 2 millones.
El colapso de las Empresas Básicas de Guayana registrado en las cifras en rojo de todos sus balances, no lo pueden ocultar porque los trabajadores militantes del Socialismo del Siglo XXI, son sus más claros y contundentes denunciantes.
HUELGA Y PRESOS POLÍTICOS
Juan Páez Ávila
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
ESCUELAS SIN PATRULLAS
Juan Páez Ávila
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
viernes, 4 de septiembre de 2009
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA
Juan Páez Ávila
Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.
La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.
El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.
El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.
La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.
De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.
Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.
La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.
El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.
El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.
La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.
De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.
CHÁVEZ Y URIBE EN UNASUR
Juan Páez Ávila
Las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, cuya cooperación ha sido descubierta y denunciada por el gobierno de Álvaro Uribe, una vez decomisadas a ese grupo guerrillero algunas armas del Ejército venezolano compradas a un país europeo, cuyas autoridades han pedido explicaciones acerca de cómo fueron a parar a un tercero, si ello está expresamente prohibido en el texto del contrato de compra-venta, se le complican cada vez más al comandante venezolano para aparecer como neutral en el conflicto colombiano.
La última reunión de UNASUR realizada en Bariloche, Argentina, se puede considerar un éxito para preservar la paz en la región y consolidar su autonomía, su independencia frente a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en un clima de mutuo respeto y apuntalar el derecho de las naciones a la autodeterminación de sus pueblos.
¨Los vientos de guerra¨ señalados por el Presidente de la República, Hugo Cuávez, como una grave amenaza para la región por la presencia de personal militar y técnico de los Estados Unidos en las bases aéreas colombianas, fueron parcialmente anulados al dar seguridad el Presidente Álvaro Uribe de que el acuerdo con el país del norte se limitaba a una cooperación para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares de su país. El acuerdo fue respetado como un derecho que tiene Colombia y cualquier otro país del subcontinente latinoamericano a ejercer su soberanía, en términos que no excedan su jurisdicción.
El debate y la resolución final que terminarán de redactar los cancilleres, dentro de los lineamientos trazados por los presidentes, deja absolutamente despejado el camino para futuras reuniones en un marco de paz, para buscar solución a cualquier problema o impase que pueda presentarse entre los miembros de UNASUR.
Y aunque la Unión de Naciones de América del Sur es relativamente nueva, el papel de liderazgo conciliador desempeñado por el Presidente Lula da Silva, y la conducción de la Presidenta argentina, y del Ecuador Rafael Correa, revelaron que los intereses comunes de sus miembros son superiores a las discrepancias que inevitablemente se presentaron y se presentarán en el futuro.
Tanto Chávez como Uribe tienen que buscarle solución a sus problemas internos que confronta cada país que presiden, y no pretextos interamericanos o internacionales para desviar la atención de la población que reclama mayor atención a la educación, salud y seguridad personal y de sus bienes. Uribe no puede utilizar las bases aéreas con presencia militar de USA para agredir a Venezuela, sin el rechazo de América del Sur; y Chávez no podrá darle respaldo a la guerrilla, sin comprometerse con el terrorismo y el narcotráfico condenados como delitos de lesa humanidad, cuyas consecuencias conocen ambos muy bien. En tales circunstancias UNASUR no respaldará la agresión de uno contra el otro y los tribunales internacionales podrán funcionar con mayor fundamentación y contundencia si Chávez continúa involucrándose en el conflicto colombiano
Las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, cuya cooperación ha sido descubierta y denunciada por el gobierno de Álvaro Uribe, una vez decomisadas a ese grupo guerrillero algunas armas del Ejército venezolano compradas a un país europeo, cuyas autoridades han pedido explicaciones acerca de cómo fueron a parar a un tercero, si ello está expresamente prohibido en el texto del contrato de compra-venta, se le complican cada vez más al comandante venezolano para aparecer como neutral en el conflicto colombiano.
La última reunión de UNASUR realizada en Bariloche, Argentina, se puede considerar un éxito para preservar la paz en la región y consolidar su autonomía, su independencia frente a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en un clima de mutuo respeto y apuntalar el derecho de las naciones a la autodeterminación de sus pueblos.
¨Los vientos de guerra¨ señalados por el Presidente de la República, Hugo Cuávez, como una grave amenaza para la región por la presencia de personal militar y técnico de los Estados Unidos en las bases aéreas colombianas, fueron parcialmente anulados al dar seguridad el Presidente Álvaro Uribe de que el acuerdo con el país del norte se limitaba a una cooperación para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares de su país. El acuerdo fue respetado como un derecho que tiene Colombia y cualquier otro país del subcontinente latinoamericano a ejercer su soberanía, en términos que no excedan su jurisdicción.
El debate y la resolución final que terminarán de redactar los cancilleres, dentro de los lineamientos trazados por los presidentes, deja absolutamente despejado el camino para futuras reuniones en un marco de paz, para buscar solución a cualquier problema o impase que pueda presentarse entre los miembros de UNASUR.
Y aunque la Unión de Naciones de América del Sur es relativamente nueva, el papel de liderazgo conciliador desempeñado por el Presidente Lula da Silva, y la conducción de la Presidenta argentina, y del Ecuador Rafael Correa, revelaron que los intereses comunes de sus miembros son superiores a las discrepancias que inevitablemente se presentaron y se presentarán en el futuro.
Tanto Chávez como Uribe tienen que buscarle solución a sus problemas internos que confronta cada país que presiden, y no pretextos interamericanos o internacionales para desviar la atención de la población que reclama mayor atención a la educación, salud y seguridad personal y de sus bienes. Uribe no puede utilizar las bases aéreas con presencia militar de USA para agredir a Venezuela, sin el rechazo de América del Sur; y Chávez no podrá darle respaldo a la guerrilla, sin comprometerse con el terrorismo y el narcotráfico condenados como delitos de lesa humanidad, cuyas consecuencias conocen ambos muy bien. En tales circunstancias UNASUR no respaldará la agresión de uno contra el otro y los tribunales internacionales podrán funcionar con mayor fundamentación y contundencia si Chávez continúa involucrándose en el conflicto colombiano
sábado, 22 de agosto de 2009
REPRESIÓN CONTRA LOS MEDIOS
Juan Páez Ávila
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída del comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza, aparentemente frustrada, de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública ejerciendo un derecho establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa.
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída del comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza, aparentemente frustrada, de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública ejerciendo un derecho establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa.
LAS LEYES DEL MIEDO
Juan Páez Ávila
El declive de Hugo Chávez que registran las encuestas que se han realizado en el mes de julio y la proliferación de protestas sociales en la mayoría de las ciudades del país, ha provocado una reacción casi tóxica del Comandante en Jefe, que ha dispuesto pisar el acelerador al ritmo de su proceso revolucionario, ordenándole a sus diputados la aprobación de varias leyes, cuyo contenido tiene por objeto provocar miedo en la población y en particular pesimismo frente a la necesidad de concurrir a elecciones en el 2010 y en el 2012, cuando puede sufrir una derrota mortal para sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.
La aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Educación, sin el consenso del gobierno, la oposición y la sociedad civil, no sólo ha provocado el rechazo de la mitad o algo más de la población –si incluimos a un sector chavista que tampoco fue consultado- sino que también ha abierto un debate, una confrontación ideológica, conceptual y pragmática que hará imposible la aplicación de dicha Ley si es que llega a aprobarse en forma definitiva, con graves riesgos para la paz social que el país requiere para incorporarse al tren del progreso y bienestar de los venezolanos.
Por la importancia de la mencionada Ley, cuyo contenido y aplicación involucra directa o indirectamente a todas las familias venezolanas e incluso extranjeras que viven en nuestro territorio, la confrontación será por tiempo indeterminado, porque por ahora ha empezado en los medios de comunicación social y en las calles de las principales ciudades del país, cuando todavía no había sido aprobado el Proyecto de Ley. De llegarse a aprobar en medio de protestas por parte de quienes se sienten afectados por su contenido, la discusión continuará desde el aula del preescolar hasta la universidad, pasando por los hogares de aquellas familias que tienen conciencia de sus derechos constitucionales para que sus hijos reciban una educación plural, libre y democrática, que no responda a un pensamiento único.
La experiencia venezolana nos enseña que una Ley de Educación, para que sea acatada por la mayoría de la población, debe ser aprobada por consenso, y ello es posible sólo después de un debate en el que participen representantes de todos los sectores de la sociedad, y no únicamente los más cercanos partidarios del Comandante en Jefe.
En las condiciones impuestas por la cúpula de Miraflores en forma vertical, militar, a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que la presente a la plenaria antes de que termine el período de vacaciones escolares, dificulta discutir lo positivo y lo negativo de su contenido, y deja a quienes no han sido consultados, sin otra alternativa que el rechazo general. De allí que la confrontación también será general, y el intento de controlar la sociedad para imponer un pensamiento único a través de la educación no tiene posibilidades de éxito, Hugo Chávez será derrotado.
La estrategia militar de los gobiernos totalitarios para crear pánico en la población, aprobando leyes punitivas, autoritarias, se impuso en la Alemania de Hitler con consecuencias desastrosas para millones de alemanes que sufrieron los rigores de la violencia oficial, detenciones masivas, torturas y muerte en campos de concentración Pero los tiempos han cambiado, la democracia se ha convertido en la bandera de los países civilizados, y las amenazas del totalitarismo encuentran no sólo alertas, sino mejor preparados, tanto a la sociedad venezolana, por la conciencia democrática adquirida en las últimas décadas del siglo XX, como a la comunidad internacional que rechaza la violencia y trata de contribuir a buscar soluciones pacíficas y democráticas. Y lo que se observa hoy en las múltiples manifestaciones realizadas en todo el país, es que el miedo está siendo y será vencido por la firme conciencia democrática padres y representantes, estudiantes, maestros y profesores, militantes políticos y por la sociedad civil en general.
El declive de Hugo Chávez que registran las encuestas que se han realizado en el mes de julio y la proliferación de protestas sociales en la mayoría de las ciudades del país, ha provocado una reacción casi tóxica del Comandante en Jefe, que ha dispuesto pisar el acelerador al ritmo de su proceso revolucionario, ordenándole a sus diputados la aprobación de varias leyes, cuyo contenido tiene por objeto provocar miedo en la población y en particular pesimismo frente a la necesidad de concurrir a elecciones en el 2010 y en el 2012, cuando puede sufrir una derrota mortal para sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.
La aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Educación, sin el consenso del gobierno, la oposición y la sociedad civil, no sólo ha provocado el rechazo de la mitad o algo más de la población –si incluimos a un sector chavista que tampoco fue consultado- sino que también ha abierto un debate, una confrontación ideológica, conceptual y pragmática que hará imposible la aplicación de dicha Ley si es que llega a aprobarse en forma definitiva, con graves riesgos para la paz social que el país requiere para incorporarse al tren del progreso y bienestar de los venezolanos.
Por la importancia de la mencionada Ley, cuyo contenido y aplicación involucra directa o indirectamente a todas las familias venezolanas e incluso extranjeras que viven en nuestro territorio, la confrontación será por tiempo indeterminado, porque por ahora ha empezado en los medios de comunicación social y en las calles de las principales ciudades del país, cuando todavía no había sido aprobado el Proyecto de Ley. De llegarse a aprobar en medio de protestas por parte de quienes se sienten afectados por su contenido, la discusión continuará desde el aula del preescolar hasta la universidad, pasando por los hogares de aquellas familias que tienen conciencia de sus derechos constitucionales para que sus hijos reciban una educación plural, libre y democrática, que no responda a un pensamiento único.
La experiencia venezolana nos enseña que una Ley de Educación, para que sea acatada por la mayoría de la población, debe ser aprobada por consenso, y ello es posible sólo después de un debate en el que participen representantes de todos los sectores de la sociedad, y no únicamente los más cercanos partidarios del Comandante en Jefe.
En las condiciones impuestas por la cúpula de Miraflores en forma vertical, militar, a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que la presente a la plenaria antes de que termine el período de vacaciones escolares, dificulta discutir lo positivo y lo negativo de su contenido, y deja a quienes no han sido consultados, sin otra alternativa que el rechazo general. De allí que la confrontación también será general, y el intento de controlar la sociedad para imponer un pensamiento único a través de la educación no tiene posibilidades de éxito, Hugo Chávez será derrotado.
La estrategia militar de los gobiernos totalitarios para crear pánico en la población, aprobando leyes punitivas, autoritarias, se impuso en la Alemania de Hitler con consecuencias desastrosas para millones de alemanes que sufrieron los rigores de la violencia oficial, detenciones masivas, torturas y muerte en campos de concentración Pero los tiempos han cambiado, la democracia se ha convertido en la bandera de los países civilizados, y las amenazas del totalitarismo encuentran no sólo alertas, sino mejor preparados, tanto a la sociedad venezolana, por la conciencia democrática adquirida en las últimas décadas del siglo XX, como a la comunidad internacional que rechaza la violencia y trata de contribuir a buscar soluciones pacíficas y democráticas. Y lo que se observa hoy en las múltiples manifestaciones realizadas en todo el país, es que el miedo está siendo y será vencido por la firme conciencia democrática padres y representantes, estudiantes, maestros y profesores, militantes políticos y por la sociedad civil en general.
NO A LA GUERRA
Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios
lunes, 3 de agosto de 2009
CHÁVEZ ENTRE HONDURAS Y COLOMBIA
Juan Páez Ávila
Sin que haya superado el golpe que frenó en Honduras el avance del proyecto chavista, llamado bolivariano y del siglo XXI, el Comandante Chávez tiene que enfrentar la grave denuncia del gobierno colombiano, cuyo ejército decomisó a las FARC un lote de armas de gran potencia, que habían sido compradas por el ejército venezolano al gobierno Sueco. La gravedad de la denuncia colombiana se fundamenta en la posibilidad de que dichas armas le hayan sido entregadas a las FARC por orden de Hugo Chávez, porque lo colocaría entre los cooperadores con el terrorismo y el narcotráfico, penados por la legislación internacional.
Después de un evidente éxito de su política exterior en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el Hugo Chávez ha sufrido su primera derrota en Honduras, donde su pupilo el Presidente Manuel Zelaya fue derrocado por el Ejército, siguiendo instrucciones del Poder Judicial, con anuencia del Poder Legislativo, la Fiscalía General y hasta del Partido Liberal que lo postuló e hizo elegir, para frustrar su intento de modificar la Constitución Nacional de ese país y hacerse reelegir por tiempo indefinido, según el guión o estrategia política que aplican o tratan de aplicar los partidarios del ALBA que motoriza el Comandante en Jefe venezolano.
Consumado el derrocamiento del Presidente Zelaya, con clara violación de sus derechos humanos al ser apresado por la fuerza, sacado en pijama de la Casa Presidencial y enviado en un avión a Costa Rica, el mundo democrático levantó la voz protesta e hizo aprobar por la OEA un acuerdo mediante el cual se desconoce el gobierno de facto y pide el regreso incondicional del Presidente derrocado. Y aquí comienza otra batalla que también la pierde, hasta ahora, el Comandante Chávez, quien llama a la intervención militar, incluyendo a los Estados Unidos, si no renuncia de inmediato el Presidente Micheletti, nombrado por el Congreso de la República de su país, en lo que consideran una sucesión presidencial ajustada a la Constitución en vista a la ausencia del Presidente electo.
Mientras hasta el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se suma al coro de Hugo Chávez, de retorno de Zelaya sin condiciones, con lo cual pierde su autoridad de mediador, el Presidente Barak Obama juega su primera carta de su nueva política hacia América Latina e instruye a su Secretaria de Estado para que explore la mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Aria, Premio Nobel de la Paz, para buscar una solución pacífica y concertada de la crisis política de Honduras.
Pero la audacia de Hugo Chávez no se detiene, llama al pueblo y al ejército hondureños a sublevarse. Hace acompañar a Zelaya, con su canciller Maduro, a la frontera de Nicaragua con Honduras, a la espera de que el Ejército, al estilo del General Raúl Baduel, lo rescate y lo conduzca al Palacio de Gobierno, hecho histórico que al cierre de este artículo no se había producido, lo que podría ser indicador de otra derrota de nuestro Comandante en Jefe.
El momento político que tiene que enfrentar el Presidente Chávez en los próximos días y meses, es tal vez el más difícil que se le ha presentado en el área interamericana e internacional, con alguna proyección en la crisis interna política, social y económica que atraviesa nuestro país y para la cual no ha encontrado solución. El descubrimiento de la intervención del Presidente de la República en los asuntos internos de Honduras y de Colombia, podría meter o conducir a Venezuela en un conflicto internacional, que los venezolanos democráticos chavistas y no chavistas no buscamos, ni queremos, ni somos responsables cualesquiera sean las consecuencias.
Sin que haya superado el golpe que frenó en Honduras el avance del proyecto chavista, llamado bolivariano y del siglo XXI, el Comandante Chávez tiene que enfrentar la grave denuncia del gobierno colombiano, cuyo ejército decomisó a las FARC un lote de armas de gran potencia, que habían sido compradas por el ejército venezolano al gobierno Sueco. La gravedad de la denuncia colombiana se fundamenta en la posibilidad de que dichas armas le hayan sido entregadas a las FARC por orden de Hugo Chávez, porque lo colocaría entre los cooperadores con el terrorismo y el narcotráfico, penados por la legislación internacional.
Después de un evidente éxito de su política exterior en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el Hugo Chávez ha sufrido su primera derrota en Honduras, donde su pupilo el Presidente Manuel Zelaya fue derrocado por el Ejército, siguiendo instrucciones del Poder Judicial, con anuencia del Poder Legislativo, la Fiscalía General y hasta del Partido Liberal que lo postuló e hizo elegir, para frustrar su intento de modificar la Constitución Nacional de ese país y hacerse reelegir por tiempo indefinido, según el guión o estrategia política que aplican o tratan de aplicar los partidarios del ALBA que motoriza el Comandante en Jefe venezolano.
Consumado el derrocamiento del Presidente Zelaya, con clara violación de sus derechos humanos al ser apresado por la fuerza, sacado en pijama de la Casa Presidencial y enviado en un avión a Costa Rica, el mundo democrático levantó la voz protesta e hizo aprobar por la OEA un acuerdo mediante el cual se desconoce el gobierno de facto y pide el regreso incondicional del Presidente derrocado. Y aquí comienza otra batalla que también la pierde, hasta ahora, el Comandante Chávez, quien llama a la intervención militar, incluyendo a los Estados Unidos, si no renuncia de inmediato el Presidente Micheletti, nombrado por el Congreso de la República de su país, en lo que consideran una sucesión presidencial ajustada a la Constitución en vista a la ausencia del Presidente electo.
Mientras hasta el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se suma al coro de Hugo Chávez, de retorno de Zelaya sin condiciones, con lo cual pierde su autoridad de mediador, el Presidente Barak Obama juega su primera carta de su nueva política hacia América Latina e instruye a su Secretaria de Estado para que explore la mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Aria, Premio Nobel de la Paz, para buscar una solución pacífica y concertada de la crisis política de Honduras.
Pero la audacia de Hugo Chávez no se detiene, llama al pueblo y al ejército hondureños a sublevarse. Hace acompañar a Zelaya, con su canciller Maduro, a la frontera de Nicaragua con Honduras, a la espera de que el Ejército, al estilo del General Raúl Baduel, lo rescate y lo conduzca al Palacio de Gobierno, hecho histórico que al cierre de este artículo no se había producido, lo que podría ser indicador de otra derrota de nuestro Comandante en Jefe.
El momento político que tiene que enfrentar el Presidente Chávez en los próximos días y meses, es tal vez el más difícil que se le ha presentado en el área interamericana e internacional, con alguna proyección en la crisis interna política, social y económica que atraviesa nuestro país y para la cual no ha encontrado solución. El descubrimiento de la intervención del Presidente de la República en los asuntos internos de Honduras y de Colombia, podría meter o conducir a Venezuela en un conflicto internacional, que los venezolanos democráticos chavistas y no chavistas no buscamos, ni queremos, ni somos responsables cualesquiera sean las consecuencias.
LOS DOS GOLPES
Juan Páez Ávila
Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
ALBA EN CENTROAMÉRICA
Juan Páez Ávila
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
LEDEZMA EN LA OEA
Juan Páez Ávila
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
DELITOS MEDIÁTICOS
Juan Páez Ávila
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
domingo, 28 de junio de 2009
PELIGROS DE GUERRA
Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Después que el Grupo de Río logró un sorprendente y exitoso acuerdo para frenar la escalada de violencia que amenazaba con desatar una guerra, aunque fuera de opereta, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, y retornar la normalidad en las relaciones fraternas de mutuo interés que han existido y deben seguir existiendo entre países vecinos, hermanados por lazos más que históricos, humanos en general, lo pueden convertir en el mejor escenario para contribuir con el gobierno colombiano y la guerrilla a buscar una solución pacífica a la guerra estéril que los enfrenta desde hace varias décadas.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones del Grupo de Río se encuentren ya agotadas o con poca credibilidad, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Las promesas del Presidente Uribe de no repetir una acción militar que viole la soberanía de Ecuador, para perseguir a los grupos guerrilleros, y las del Presidente Correa, apoyado por el Presidente Chávez, de no permitir en el territorio de ambos países las operaciones de la guerrilla, podrían ser anuladas no sólo por incumplimiento de alguna de las partes, sino también -y ello sería lo más probable e incontenible- si la lucha armada en Colombia continúa y toma otras dimensiones en las que la política sea desbordada por lo militar.
De allí que el Grupo de Río, aunque ha logrado apaciguar los ánimos y el continente democrático se lo agradece y ha celebrado sus buenos oficios, debería asumir, con el beneplácito de los demócratas, las más trascendental e histórica labor: invitar a una reunión extraordinaria y sentar en una mesa de discusión a los más altos representantes del gobierno de Colombia y de las FARC. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado su intervención para buscar un acuerdo de paz. Y el Presidente Uribe en una de sus últimas declaraciones, con el sesgo propio de quien aspira un triunfo unilateral, llamó a los guerrilleros a desertar, pero también solicitó un diálogo para buscar la paz definitiva. Si el Grupo de Río interviene, Colombia podría ahorrarse más dolorosos sacrificios humanos y alcanzar la paz, vital para su pueblo y necesaria para sus vecinos.
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Después que el Grupo de Río logró un sorprendente y exitoso acuerdo para frenar la escalada de violencia que amenazaba con desatar una guerra, aunque fuera de opereta, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, y retornar la normalidad en las relaciones fraternas de mutuo interés que han existido y deben seguir existiendo entre países vecinos, hermanados por lazos más que históricos, humanos en general, lo pueden convertir en el mejor escenario para contribuir con el gobierno colombiano y la guerrilla a buscar una solución pacífica a la guerra estéril que los enfrenta desde hace varias décadas.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones del Grupo de Río se encuentren ya agotadas o con poca credibilidad, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Las promesas del Presidente Uribe de no repetir una acción militar que viole la soberanía de Ecuador, para perseguir a los grupos guerrilleros, y las del Presidente Correa, apoyado por el Presidente Chávez, de no permitir en el territorio de ambos países las operaciones de la guerrilla, podrían ser anuladas no sólo por incumplimiento de alguna de las partes, sino también -y ello sería lo más probable e incontenible- si la lucha armada en Colombia continúa y toma otras dimensiones en las que la política sea desbordada por lo militar.
De allí que el Grupo de Río, aunque ha logrado apaciguar los ánimos y el continente democrático se lo agradece y ha celebrado sus buenos oficios, debería asumir, con el beneplácito de los demócratas, las más trascendental e histórica labor: invitar a una reunión extraordinaria y sentar en una mesa de discusión a los más altos representantes del gobierno de Colombia y de las FARC. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado su intervención para buscar un acuerdo de paz. Y el Presidente Uribe en una de sus últimas declaraciones, con el sesgo propio de quien aspira un triunfo unilateral, llamó a los guerrilleros a desertar, pero también solicitó un diálogo para buscar la paz definitiva. Si el Grupo de Río interviene, Colombia podría ahorrarse más dolorosos sacrificios humanos y alcanzar la paz, vital para su pueblo y necesaria para sus vecinos.
NO A LA VIOLENCIA
Juan Páez Ávila
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
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