DEL 11 AL 13 DE ABRIL

Juan Páez Ávila Transcurrida una década de los sucesos violentos del 11 de Abril del 2002, todavía el país político discute si el Presidente renunció, si hubo un vacío de poder y luego un golpe de Estado, lo único que resulta indiscutible es que Hugo Chávez fue repuesto en el cargo por un movimiento militar que encabezó el General Raúl Isaías Baduel, que éste está preso y que el Comandante Presidente expurgó a la FAN de oficiales disidentes y la puso a su servicio, que hizo llevar a la cárcel a los Comisarios Simonovis, Rivas y Forero, más 8 policías metropolitanos. Después de la emboscada que grupos paramilitares le tendieran a la manifestación pacífica que se dirigía al Palacio de Miraflores a solicitar la renuncia del Presidente Hugo Chávez, se desarrollaron acontecimientos violentos que paralizaron al país, porque se sucedían uno tras otro con saldo de muertos y heridos, golpe y contragolpe que a su vez generaron más incertidumbre y terror, hasta que fue restituido en su cargo el Jefe del Estado. Aunque todavía se especula acerca de lo que pasó entre el 11 y el 13 de abril de 2002, porque no funcionó la Comisión de la Verdad, nombrada para investigar a fondo lo sucedido, la opinión pública sigue manejando los hechos más conocidos, unos por evidentes, como la manifestación de centenares de miles de personas que pedían la renuncia del Presidente, el enfrentamiento con francotiradores filmados por los medios de comunicación, que desde muy temprano esperaban a los manifestantes para evitar su paso hacia Miraflores, con un saldo de 18 muertos y numerosos heridos. La decisión del Presidente Chávez de aplicar el Plan Ávila, la negativa del General Rosendo a ejecutarlo, el desconocimiento de la autoridad del Jefe del Estado por parte del Comandante del Ejército, General Vásquez Velasco, el anuncio del General en Jefe Lucas Rincón de que el Alto Mando le solicitó la renuncia al Presidente, la cual fue aceptada, la entrega de Chávez, quien se hizo acompañar del Arzobispo Velasco, a los militares alzados en el Fuerte Tiuna, la auto juramentación del Presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga como Presidente Provisional de la República, y el regreso a Miraflores del Presidente Hugo Chávez, con un Cristo en sus manos llamando a la conciliación de los venezolanos. De estos acontecimientos se puede deducir que la renuncia del Presidente produjo un vacío de poder, que éste provocó un golpe de estado encabezado por el Alto Mando Militar que nombró Presidente Provisional de la República al Presidente de Fedecámaras, y luego un contragolpe dirigido por el General Raúl Baduel, que restituyó a Hugo Chávez en la Jefatura del Estado. Pero de cómo se produjo la muerte de 18 venezolanos no se sabe nada, excepto el dolor de los familiares que han solicitado una exhaustiva investigación, que no se ha hecho. metropolitanos, sentenciados a 30 años de presidio, que la defensa los considera chivos expiatorios, presos políticos, por haber protegido la marcha, sin que en ningún momento se les haya comprobado que dispararon contra las personas que murieron o fueron heridas en los acontecimientos señalados. La conclusión final es que la manifestación de aproximadamente un millón de personas, fue utilizada por los golpistas para tratar de asaltar el poder; que el único beneficiario ha sido Hugo Chávez quien ha utilizado el golpe de Estado para acusar a la oposición en general de golpista, a sabiendas de que sólo un pequeño grupo de militares y civiles encabezados por algunos generales y coroneles que nombraron arbitrariamente a Carmona fueron los responsables, y hasta para que mucha gente se olvide de que el 4 de Febrero de 1992 también se produjo un golpe encabezado precisamente por el actual Presidente, que fue derrotado por Carlos Andrés Pérez; que los únicos presos han resultado verdaderos chivos expiatorios, y que los responsables fueron absueltos unos, y premiados otros. Pero como los delitos de lesa humanidad no prescriben, en algún momento una investigación imparcial nos dirá la verdad, y los responsables de los muertos y heridos serán juzgados por tribunales nacionales o internacionales, porque se trata de civiles desarmados, que marchaban pacíficamente de acuerdo a un derecho constitucional vigente.