Juan Páez Ávila
El estado de crispación política, de discriminación y de odio entre los venezolanos, impulsado por el lenguaje violento y `procaz de Hugo Chávez, cada vez que se encadena, utilizando abusivamente los medios de comunicación bajo presión y amenaza de sanciones, requiere un cambio en la conducción del país, que desde la jefatura del Estado detenga la ola de violencia, generalmente ejecutada por grupos radicales antidemocráticos armados ilegalmente, y mafias del narcotráfico que compran policías, militares y jueces para delinquir.
El peligro de un posible recrudecimiento de la violencia se ha puesto de manifiesto después de la enfermedad del Presidente Hugo Chávez, porque lo que debería ser una legítima lucha democrática por la sucesión, entre quienes se consideran con credenciales políticas para aspirar a continuar la obra del actual jefe de Estado, se ha convertido en una pelea a cuchillo, que ha llevado a algunos como es el caso del Gobernador de Barinas a plantear públicamente la utilización de la guerra como alternativa para preservar el poder. Otros como el Ministro de la Defensa, General Rangel Silva ha declarado varias veces que la Fuerza Armada Bolivariana, Antiimperialista y sobre todo la Chavista, no reconocerá a otro Comandante en Jefe que a Hugo Chávez, lo cual hay que interpretarlo como una amenaza de golpe de Estado si el Presidente no es reelecto.
Y aunque hasta ahora, a 5 meses de las elecciones para elegir un nuevo Presidente, la guerra de Adam Chávez y el golpe de Estado de Rangel Silva no han pasado de ser simples amenazas, para tratar de intimidar a la población votante, en unas elecciones primarias en las que sufragaron más de 3 millones de venezolanos, fue electo el actual Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, candidato a la Presidencia de la República por la Alternativa Democrática, candidato de la paz, levantando las banderas del progreso y de la unidad de todos los ciudadanos .
El respaldo que ha recibido Henrique Capriles a lo largo de todo el país, en visitas casa por casa, son ya una demostración de que los venezolanos queremos vivir en paz, no sólo como condición de vida de una nación civilizada, sino también como única alternativa para reconstruir un país destruido en su infraestructura material y en sus valores éticos, por la violencia utilizada por el gobierno del Presidente Comandante contra la propiedad privada y contra el manejo transparente de los dineros del Fisco Nacional que son de todos los venezolanos, y no de una camarilla gobernante.
La reacción nacional e internacional del mundo democrático contra el terrorismo y el narcotráfico como delitos de lesa humanidad, es una señal de que el ser humano y en particular los gobernantes democráticos, han tomado la decisión de realizar todos los esfuerzos requeridos para frenar las guerras civiles y entre naciones, la producción y el tráfico de drogas. Para combatir estos flagelos del crimen organizado, los venezolanos tenemos la alternativa de elegir a Henrique Capriles Radonski, el 7 de octubre, Presidente de la República para la paz, el progreso y la reconciliación.
Hay que derrotar la mentira, el cinismo de Hugo Chávez y quienes temen perder el poder en las elecciones del 7 de octubre, y acusan a la oposición de estar preparando actos de violencia y hasta un posible golpe de Estado para derrocarlo. Los únicos que dan golpes de Estado son los militares, que como el propio Chávez traicionan el juramento de lealtad y defensa de la Constitución Nacional, y utilizan las armas que les confía la República para tratar de satisfacer sus ambiciones personales. Fue lo que sucedió el 4 de Febrero de 1992, cuyo intento golpista lo derrotó Carlos Andrés Pérez, quien llamó a las Fuerzas Armadas, como Presidente constitucional. a defender las instituciones democráticas. Y en cuanto a los posibles actos de violencia en las calles, los que portan armas ilegales son los grupos irregulares y terroristas del chavismo, conocidos por los desafueros que han cometido contra venezolanos pacíficos y democráticos.
Juan Páez Ávila
jueves, 5 de julio de 2012
CRISIS EN PARAGUAY
Juan Páez Ávila
La destitución del Presidente Fernando Lugo por el Congreso de su país, según lo establecido en la Constitución Nacional de Paraguay, aceptaba por él bajo protesta, porque considera que se ha afectado la democracia paraguaya, ha provocado la reacción violenta de varios presidentes latinoamericanos, particularmente de Hugo Chávez, cuyos voceros denuncian un golpe de Estado, en nombre del golpista del 4 de Febrero de 1992. Algunos más comedidos señalan que no se respetó el debido proceso y se realizó un juicio en pocas horas, que no le dio oportunidad al mandatario destituido de reflexionar en profanidad acerca de su defensa, protesta que los coloca a casi todos como verdaderos campeones del Estado de Derecho, especialmente a quienes tienen presos políticos y hasta comunes a los que se les ha violado, precisamente, el debido proceso.
Y aunque la situación política que atraviesan los paraguayos es difícil, sobre todo para el nuevo Presidente, la mayoría de los protestatarios ha actuado con cinismo y han quedado en el ridículo cuando la Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza una acción de inconstitucionalidad, intentada por los abogados del Presidente destituido.
Mientras el ex –Presidente Lugo llama a sus partidarios a manifestar pacíficamente en defensa de sus derechos ciudadanos, algunos gobernantes hispanoamericanos o sus voceros se movilizan por el continente para sancionar al gobierno interino nombrado por el Congreso de Paraguay, y por la iracundia de sus acusaciones, pareciera estarse preparando para sancionar a ese pequeño país decretando un bloqueo económico. Los más virulentos como Chávez ordena a su Ministro de Petróleo no enviarle más este producto, violando el protocolo del Convenio Energético con Paraguay que establece que la comunicación, en caso de rompimiento de dicho convenio, debe ser por escrito y que entraría en vigencia a los 90 días. Seguramente, el bloqueo que aspira Hugo Chávez, es más severo que el que el Imperio mantiene contra Cuba, y contra el que protestan a gritos estos mismos gobernantes que cuestionan una decisión tomada por un Congreso Democrático. En el caso paraguayo lo que ven es el peligro que corren ellos en sus países, si funcionara la independencia de los Poderes Públicos.
Afortunadamente para el pueblo paraguayo que sin duda alguna sería el castigado por los posibles gobernantes bloqueadores de su pequeña economía, el Imperio y la Unión Europea llaman al diálogo y a buscar soluciones pacíficas en el marco de la Constitución del Paraguay. Someter al sufrimiento sin límites, al hambre y a la mendicidad, como dicen que pasa en Cuba, a un pueblo porque su Congreso electo democráticamente, en el que están representados todas las tendencias políticas, incluyendo la del ex –Presidente Fernando Lugo, tomaron una decisión en pocas horas de destituir constitucionalmente al primer Magistrado, no tiene otra explicación lógica y elemental que los presidentes que defienden a Lugo, se defienden a sí mismo, y no a la democracia y menos a la población paraguaya.
Hoy, Paraguay atraviesa un momento crítico y requiere la colaboración pacífica de sus vecinos, que deberían actuar pensando, primero en el diálogo y luego en estimular a que los propios paraguayos encuentren la solución.
Que el ex –Presidente Lugo nombre un gabinete de sombra para vigilar la actuación del nuevo gobierno, es un derecho legítimo, que tiene todo ciudadano, no sólo para monitorear el desempeño de una administración pública dirigida por un Presidente adverso, sino también comandada por un Jefe de Estado por quien haya votado en las elecciones respectivas. Incluso en el mundo democrático globalizado, los gobiernos se vigilan unos a otros porque todos están obligados a cumplir tratados y acuerdos internacionales, que han aprobado y ratificado, como la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ningún Presidente democrático puede cometer o permitir que funcionarios suyos consuman delitos de lesa humanidad, sin tener que responder ante la justicia tanto nacional como internacional.
De allí que lo sucedido en Paraguay incumbe, primero y en lo fundamental a los paraguayos, pero el mundo democrático tiene derecho a opinar y actuar democráticamente para ayudar a buscar una solución. Las amenazas de Hugo Chávez y otros experimentados golpistas, que han alzado batallones contra gobiernos civiles, no tienen ninguna pertinencia en la sociedad democrática contemporánea.
La destitución del Presidente Fernando Lugo por el Congreso de su país, según lo establecido en la Constitución Nacional de Paraguay, aceptaba por él bajo protesta, porque considera que se ha afectado la democracia paraguaya, ha provocado la reacción violenta de varios presidentes latinoamericanos, particularmente de Hugo Chávez, cuyos voceros denuncian un golpe de Estado, en nombre del golpista del 4 de Febrero de 1992. Algunos más comedidos señalan que no se respetó el debido proceso y se realizó un juicio en pocas horas, que no le dio oportunidad al mandatario destituido de reflexionar en profanidad acerca de su defensa, protesta que los coloca a casi todos como verdaderos campeones del Estado de Derecho, especialmente a quienes tienen presos políticos y hasta comunes a los que se les ha violado, precisamente, el debido proceso.
Y aunque la situación política que atraviesan los paraguayos es difícil, sobre todo para el nuevo Presidente, la mayoría de los protestatarios ha actuado con cinismo y han quedado en el ridículo cuando la Corte Suprema de Justicia de ese país rechaza una acción de inconstitucionalidad, intentada por los abogados del Presidente destituido.
Mientras el ex –Presidente Lugo llama a sus partidarios a manifestar pacíficamente en defensa de sus derechos ciudadanos, algunos gobernantes hispanoamericanos o sus voceros se movilizan por el continente para sancionar al gobierno interino nombrado por el Congreso de Paraguay, y por la iracundia de sus acusaciones, pareciera estarse preparando para sancionar a ese pequeño país decretando un bloqueo económico. Los más virulentos como Chávez ordena a su Ministro de Petróleo no enviarle más este producto, violando el protocolo del Convenio Energético con Paraguay que establece que la comunicación, en caso de rompimiento de dicho convenio, debe ser por escrito y que entraría en vigencia a los 90 días. Seguramente, el bloqueo que aspira Hugo Chávez, es más severo que el que el Imperio mantiene contra Cuba, y contra el que protestan a gritos estos mismos gobernantes que cuestionan una decisión tomada por un Congreso Democrático. En el caso paraguayo lo que ven es el peligro que corren ellos en sus países, si funcionara la independencia de los Poderes Públicos.
Afortunadamente para el pueblo paraguayo que sin duda alguna sería el castigado por los posibles gobernantes bloqueadores de su pequeña economía, el Imperio y la Unión Europea llaman al diálogo y a buscar soluciones pacíficas en el marco de la Constitución del Paraguay. Someter al sufrimiento sin límites, al hambre y a la mendicidad, como dicen que pasa en Cuba, a un pueblo porque su Congreso electo democráticamente, en el que están representados todas las tendencias políticas, incluyendo la del ex –Presidente Fernando Lugo, tomaron una decisión en pocas horas de destituir constitucionalmente al primer Magistrado, no tiene otra explicación lógica y elemental que los presidentes que defienden a Lugo, se defienden a sí mismo, y no a la democracia y menos a la población paraguaya.
Hoy, Paraguay atraviesa un momento crítico y requiere la colaboración pacífica de sus vecinos, que deberían actuar pensando, primero en el diálogo y luego en estimular a que los propios paraguayos encuentren la solución.
Que el ex –Presidente Lugo nombre un gabinete de sombra para vigilar la actuación del nuevo gobierno, es un derecho legítimo, que tiene todo ciudadano, no sólo para monitorear el desempeño de una administración pública dirigida por un Presidente adverso, sino también comandada por un Jefe de Estado por quien haya votado en las elecciones respectivas. Incluso en el mundo democrático globalizado, los gobiernos se vigilan unos a otros porque todos están obligados a cumplir tratados y acuerdos internacionales, que han aprobado y ratificado, como la defensa de los Derechos Humanos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ningún Presidente democrático puede cometer o permitir que funcionarios suyos consuman delitos de lesa humanidad, sin tener que responder ante la justicia tanto nacional como internacional.
De allí que lo sucedido en Paraguay incumbe, primero y en lo fundamental a los paraguayos, pero el mundo democrático tiene derecho a opinar y actuar democráticamente para ayudar a buscar una solución. Las amenazas de Hugo Chávez y otros experimentados golpistas, que han alzado batallones contra gobiernos civiles, no tienen ninguna pertinencia en la sociedad democrática contemporánea.
GLOBOVISIÓN
Juan Páez Ávila
El terror que le causa a Hugo Chávez y en especial a los chavistas acusados de cometer delitos lesa humanidad, la pérdida de las elecciones presidenciales el próximo 7 de octubre, los puede llevar no sólo a la desesperación y a la arbitrariedad a través de los Poderes Públicos que controlan, como utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para que dictara un embargo contra los bienes de Globovisión y profundizar la hegemonía comunicacional, sino también a cualquier disparate represivo, sin descartar los ataques a la oposición y en particular al candidato de la Alternativa Democrática, Henrique Capriles, por parte de los grupos paramilitares dispuestos a cumplir órdenes superiores.
El Presidente Hugo Chávez no se atrevió a intervenir y sacar del aire a Globovisión, porque el costo político a pagar sería muy elevado, cuando apenas faltan unos 3 meses para las elecciones presidenciales, pero instruyó al Tribunal Supremo de Justicia para que embargara sus bienes por una cantidad superior a los 24 millones de bolívares, con lo cual pensaba cerrar la planta televisora que enseña las dimensiones de las marchas y concentraciones de Henrique Capriles, quien aspira a derrotarlo el 7 de octubre.
La burda maniobra contra planta televisora deja al desnudo la política de hegemonía comunicacional que viene imponiendo su régimen autoritario,, personalista y militarista, restringiendo cada vez más la libertad de expresión y de empresa, utilizando los resortes políticos y económicos que posee el Estado para limitar y violar derechos constitucionales.
Conociendo las características y condiciones de toda empresa creada para obtener dividendos, mediante la prestación de un servicio público, informando a los teleaudientes de los hechos más importantes que se producen en el país y en el extranjero, pero que por diversas razones afectan el prestigio del gobierno y sobre todo de su comandante en jefe, éste utiliza el control que tiene de todos los Poderes Públicos para tratar de darle una apariencia de legalidad a la liquidación de uno de los medios de comunicación social, que no se ha sometido a su política autoritaria.
Y aunque el país democrático ha protestado por lo que constituye una flagrante violación del derecho a estar plenamente informado a través del canal de televisión que decida escoger, debe estar consciente de que el miedo a la derrota puede llevar a Chávez a cometer todo tipo de abusos y violaciones a la Constitución Nacional y otras leyes vigentes.
El gobierno ya no puede engañar por más tiempo a millones de venezolanos que creyeron que Hugo Chávez era el hombre necesario para cambiar el país hacia una etapa de mayor desarrollo económico y profundización de la democracia, cuando después de más de 13 años no ha podido siquiera garantizar la seguridad de las personas, la salud y la vivienda, la calidad de vida del ciudadano y un empleo digno que le permita enfrentar la inflación que se come lo pequeños aumentos recibidos por decreto oficial.
Las protestas sociales vienen creciendo cada año y cada mes, en las que participan centenares y a veces miles de trabajadores reclamando sus derechos, como aumentos de sueldos, muchos de los cuales no alcanzar para cubrir la cesta básica, las prestaciones sociales retenidas por años, que en algunos casos ya los beneficiarios han muerto esperando el cumplimiento de promesas del Comandante Candidato, que en este nuevo proceso electoral las repite, pensando que todavía puede tener alguna credibilidad.
Hoy, a pesar de todos los intentos violentos y leguleyescos, Chávez no ha podido cerrar a Globovisión, porque después de la experiencia de RCTV, el mundo democrático, dentro y fuera de nuestras fronteras, ha dado demostraciones de estar dispuesto a movilizarse en las calles y en los organismos internacionales para defender el derecho universal a expresar libremente sus opiniones. El nuevo tiempo que vivimos, en el que crece la democracia política, cuyo contenido circula por las redes sociales, ha contribuido a concientizar a los pueblos, por lo que Chávez tiene perdida la mayoría de los electores, que irán por él, democrática y pacíficamente, el 7 de octubre, y elegirá a Capriles el nuevo Presidente de la República.
El terror que le causa a Hugo Chávez y en especial a los chavistas acusados de cometer delitos lesa humanidad, la pérdida de las elecciones presidenciales el próximo 7 de octubre, los puede llevar no sólo a la desesperación y a la arbitrariedad a través de los Poderes Públicos que controlan, como utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para que dictara un embargo contra los bienes de Globovisión y profundizar la hegemonía comunicacional, sino también a cualquier disparate represivo, sin descartar los ataques a la oposición y en particular al candidato de la Alternativa Democrática, Henrique Capriles, por parte de los grupos paramilitares dispuestos a cumplir órdenes superiores.
El Presidente Hugo Chávez no se atrevió a intervenir y sacar del aire a Globovisión, porque el costo político a pagar sería muy elevado, cuando apenas faltan unos 3 meses para las elecciones presidenciales, pero instruyó al Tribunal Supremo de Justicia para que embargara sus bienes por una cantidad superior a los 24 millones de bolívares, con lo cual pensaba cerrar la planta televisora que enseña las dimensiones de las marchas y concentraciones de Henrique Capriles, quien aspira a derrotarlo el 7 de octubre.
La burda maniobra contra planta televisora deja al desnudo la política de hegemonía comunicacional que viene imponiendo su régimen autoritario,, personalista y militarista, restringiendo cada vez más la libertad de expresión y de empresa, utilizando los resortes políticos y económicos que posee el Estado para limitar y violar derechos constitucionales.
Conociendo las características y condiciones de toda empresa creada para obtener dividendos, mediante la prestación de un servicio público, informando a los teleaudientes de los hechos más importantes que se producen en el país y en el extranjero, pero que por diversas razones afectan el prestigio del gobierno y sobre todo de su comandante en jefe, éste utiliza el control que tiene de todos los Poderes Públicos para tratar de darle una apariencia de legalidad a la liquidación de uno de los medios de comunicación social, que no se ha sometido a su política autoritaria.
Y aunque el país democrático ha protestado por lo que constituye una flagrante violación del derecho a estar plenamente informado a través del canal de televisión que decida escoger, debe estar consciente de que el miedo a la derrota puede llevar a Chávez a cometer todo tipo de abusos y violaciones a la Constitución Nacional y otras leyes vigentes.
El gobierno ya no puede engañar por más tiempo a millones de venezolanos que creyeron que Hugo Chávez era el hombre necesario para cambiar el país hacia una etapa de mayor desarrollo económico y profundización de la democracia, cuando después de más de 13 años no ha podido siquiera garantizar la seguridad de las personas, la salud y la vivienda, la calidad de vida del ciudadano y un empleo digno que le permita enfrentar la inflación que se come lo pequeños aumentos recibidos por decreto oficial.
Las protestas sociales vienen creciendo cada año y cada mes, en las que participan centenares y a veces miles de trabajadores reclamando sus derechos, como aumentos de sueldos, muchos de los cuales no alcanzar para cubrir la cesta básica, las prestaciones sociales retenidas por años, que en algunos casos ya los beneficiarios han muerto esperando el cumplimiento de promesas del Comandante Candidato, que en este nuevo proceso electoral las repite, pensando que todavía puede tener alguna credibilidad.
Hoy, a pesar de todos los intentos violentos y leguleyescos, Chávez no ha podido cerrar a Globovisión, porque después de la experiencia de RCTV, el mundo democrático, dentro y fuera de nuestras fronteras, ha dado demostraciones de estar dispuesto a movilizarse en las calles y en los organismos internacionales para defender el derecho universal a expresar libremente sus opiniones. El nuevo tiempo que vivimos, en el que crece la democracia política, cuyo contenido circula por las redes sociales, ha contribuido a concientizar a los pueblos, por lo que Chávez tiene perdida la mayoría de los electores, que irán por él, democrática y pacíficamente, el 7 de octubre, y elegirá a Capriles el nuevo Presidente de la República.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)