Juan Páez Ávila
Las denuncias que se han hecho de las múltiples irregularidades encontradas en la confección del Registro Electoral Permanente, dejan tantas interrogantes o dudas, que cualquiera sea la respuesta de la mayoría de los rectores, parece imposible devolverle al elector la confianza en el funcionamiento y actuación del árbitro nombrado por la Asamblea Nacional para dirigir las próximas elecciones. Si no se produce un acuerdo entre los actores políticos interesados en realizar elecciones presidenciales el 3 de diciembre, muy poca gente acudirá a votar. Las irregularidades son tantas y tan graves que colocan en poder de la mayoría del CNE el manejo electrónico de más de 1.800.000 electores que residenciaron en la quinta Margabel, a la hora de inscribirlos en el Registro Electoral. Y esto es un solo caso, porque continúa la investigación del REP por sectores de la oposición y de las universidades autónomas al margen de la auditoría que realizan las universidades dependientes del Ministerio de Educación Superior, que seguramente arrojarán nuevos desaguisados.
Ahora se explican las razones que han llevado a la mayoría del CNE a no entregar copia del Registro Electoral a los Partidos Políticos y a los candidatos de la oposición. La excusa de que la defensa de la privacidad de los electores para no hacer conocer dónde viven, ha quedado al descubierto en la quinta Margabel, en la que ubicaron casi dos millones de nuevos inscritos.
Y si a estos ilícitos se agregan las denuncias hechas por Teodoro Petkoff acerca de la tendencia autoritaria del gobierno para controlar toda la sociedad, desde el deporte, la educación, las universidades autónomas hasta la Fuerza Armada mediante un legislación dictada desde Miraflores a la Asamblea Nacional, el país marcha hacia la dictadura perfecta o una represión sin precedentes, según la reacción de la oposición, de amoldarse a la política oficial o enfrentarla. El descubrimiento de la contaminación del REP puede obligar al gobierno a negociar un nuevo registro y realizar elecciones pacíficas, o imponer por la violencia su proyecto bolivariano militarista. En un país civilizado se requeriría un nuevo Registro Electoral.
Las denuncias que se han hecho de las múltiples irregularidades encontradas en la confección del Registro Electoral Permanente, dejan tantas interrogantes o dudas, que cualquiera sea la respuesta de la mayoría de los rectores, parece imposible devolverle al elector la confianza en el funcionamiento y actuación del árbitro nombrado por la Asamblea Nacional para dirigir las próximas elecciones. Si no se produce un acuerdo entre los actores políticos interesados en realizar elecciones presidenciales el 3 de diciembre, muy poca gente acudirá a votar. Las irregularidades son tantas y tan graves que colocan en poder de la mayoría del CNE el manejo electrónico de más de 1.800.000 electores que residenciaron en la quinta Margabel, a la hora de inscribirlos en el Registro Electoral. Y esto es un solo caso, porque continúa la investigación del REP por sectores de la oposición y de las universidades autónomas al margen de la auditoría que realizan las universidades dependientes del Ministerio de Educación Superior, que seguramente arrojarán nuevos desaguisados.
Ahora se explican las razones que han llevado a la mayoría del CNE a no entregar copia del Registro Electoral a los Partidos Políticos y a los candidatos de la oposición. La excusa de que la defensa de la privacidad de los electores para no hacer conocer dónde viven, ha quedado al descubierto en la quinta Margabel, en la que ubicaron casi dos millones de nuevos inscritos.
Y si a estos ilícitos se agregan las denuncias hechas por Teodoro Petkoff acerca de la tendencia autoritaria del gobierno para controlar toda la sociedad, desde el deporte, la educación, las universidades autónomas hasta la Fuerza Armada mediante un legislación dictada desde Miraflores a la Asamblea Nacional, el país marcha hacia la dictadura perfecta o una represión sin precedentes, según la reacción de la oposición, de amoldarse a la política oficial o enfrentarla. El descubrimiento de la contaminación del REP puede obligar al gobierno a negociar un nuevo registro y realizar elecciones pacíficas, o imponer por la violencia su proyecto bolivariano militarista. En un país civilizado se requeriría un nuevo Registro Electoral.
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