Juan Páez Ávila
Confirmado por la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Benita Ferrero Waldner, un grupo de observadores del viejo continente llegará la próxima semana para participar en la vigilancia de las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre, sin que aún se conozcan las condiciones que regirán para su participación, con lo cual no se disipan las dudas acerca de la imparcialidad del CNE.
La poca credibilidad del CNE como árbitro en la realización de los comicios de diciembre se ha expresado con mucha contundencia en la última encuesta Keller, considerada una de las más rigurosas de las que operan en el país. Que el 80% de los consultados se incline por no concurrir a votar por la desconfianza que tiene en el papel que desempeña el CNE, es algo que obliga a los observadores internacionales, y a los venezolanos en general, a exigir que se cumpla lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley del Sufragio y Participación Política relacionado con las condiciones -legales- para que dichas elecciones sean transparentes.
La auditoría del Registro Electoral Permanente no se ha realizado y su constitución es un secreto, en particular las direcciones de los votantes, que sólo conocen la mayoría del CNE y los representantes del oficialismo. Y aunque este sólo hecho es motivo para despertar serias sospechas sobre la posibilidad de que estén preparando un fraude electoral, el manejo de las máquinas electrónicas a las cuales sólo tienen acceso técnicos de confianza de la mayoría oficialista del CNE, elimina la poca confianza que todavía se podido depositar en ese árbitro.
¿Qué hará la Misión de la Unión Europea frente a la negativa del CNE de contar todas las tarjetas depositadas en las urnas por los electores? Si acepta realizar una observación sin tener acceso al funcionamiento de las máquinas electrónicas y sin poder presenciar el conteo de las papeletas electoras, estaremos en presencia de la cohonestación de un posible fraude. Y frente a esta posible complicidad, la dirigencia política del país debe denunciar la inutilidad de su participación, lo mismo que con la delegación de la OEA, y asumir la responsabilidad de enfrentar la crisis con sus exclusivos recursos que le otorga la Constitución Nacional.
Confirmado por la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Benita Ferrero Waldner, un grupo de observadores del viejo continente llegará la próxima semana para participar en la vigilancia de las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre, sin que aún se conozcan las condiciones que regirán para su participación, con lo cual no se disipan las dudas acerca de la imparcialidad del CNE.
La poca credibilidad del CNE como árbitro en la realización de los comicios de diciembre se ha expresado con mucha contundencia en la última encuesta Keller, considerada una de las más rigurosas de las que operan en el país. Que el 80% de los consultados se incline por no concurrir a votar por la desconfianza que tiene en el papel que desempeña el CNE, es algo que obliga a los observadores internacionales, y a los venezolanos en general, a exigir que se cumpla lo establecido en la Constitución Nacional y en la Ley del Sufragio y Participación Política relacionado con las condiciones -legales- para que dichas elecciones sean transparentes.
La auditoría del Registro Electoral Permanente no se ha realizado y su constitución es un secreto, en particular las direcciones de los votantes, que sólo conocen la mayoría del CNE y los representantes del oficialismo. Y aunque este sólo hecho es motivo para despertar serias sospechas sobre la posibilidad de que estén preparando un fraude electoral, el manejo de las máquinas electrónicas a las cuales sólo tienen acceso técnicos de confianza de la mayoría oficialista del CNE, elimina la poca confianza que todavía se podido depositar en ese árbitro.
¿Qué hará la Misión de la Unión Europea frente a la negativa del CNE de contar todas las tarjetas depositadas en las urnas por los electores? Si acepta realizar una observación sin tener acceso al funcionamiento de las máquinas electrónicas y sin poder presenciar el conteo de las papeletas electoras, estaremos en presencia de la cohonestación de un posible fraude. Y frente a esta posible complicidad, la dirigencia política del país debe denunciar la inutilidad de su participación, lo mismo que con la delegación de la OEA, y asumir la responsabilidad de enfrentar la crisis con sus exclusivos recursos que le otorga la Constitución Nacional.
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