domingo, 1 de marzo de 2009

LAS MOROCHAS

Juan Páez Ávila

La invención de un grupo electoral para postular candidatos de un mismo partido, pero con otro nombre –las morochas- para burlar el texto de la Constitución Nacional y la Ley del Sufragio, no sólo es un fraude electoral y un desprecio a la inteligencia y al sentido común de los venezolanos, sino también una demostración de lo que son capaces de hacer los jerarcas del gobierno para preservar el poder, un poder hegemónico, no compartido proporcionalmente con otros sectores de la sociedad.
La violación de la Constitución Nacional la perpetra la mayoría del CNE con la anuencia del Poder Judicial, porque después que la Sala Constitucional decide que el Reglamento Electoral está agotado, es inconcebible que los miembros de ese CNE lo continúen aplicando sin exponerse a una sanción, si funcionara el Estado de Derecho.
Cuando el Presidente del CNE, Jorge Rodríguez, declara que no tiene otra alternativa que aplicar el Reglamento Electoral, porque la Ley del Sufragio es pre-constituyente, lo tiene que hacer de una forma absolutamente consciente en cuanto a que la Sala Constitucional no lo sancionará por violar una decisión de obligatorio cumplimiento por el ente comicial.
El más elemental análisis de la aprobación de la UVE días antes de las elecciones, para que el MVR pudiera postular candidatos distintos pero militantes suyos, en grupos electorales diferentes para liquidar la representación proporcional, lo estaba decidiendo en el ejercicio de una política ilegal para favorecer al gobierno.
Si la Sala Constitucional no hace cumplir sus propias decisiones para que se cumpla la Constitución Nacional y la Ley del Sufragio, para la realización de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, el MVR llevará al Parlamento un número de representantes muy superior a lo que realmente le corresponde. Los chavistas podrán celebrar su elevado número ilegal de diputados, pero no tendrán la confianza de la mayoría de los venezolanos y tendrán que profundizar la represión policial, porque los juicios amañados no convencerán al país ni al mundo, que representan un gobierno democrático. Un fraude más hace impredecible las consecuencias.

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