domingo, 1 de marzo de 2009

EL REGISTRO ELECTORAL

Juan Páez Ávila

La solicitud de un prestigioso grupo de Rectores de importantes universidades del país para que el CNE les permita revisar el Registro Electoral, puede ser aceptada como una valiosa colaboración en la búsqueda de un clima de entendimiento en torno a la necesidad de recuperar la confianza en el árbitro, de una abrumadora mayoría de electores que se abstuvo durante el pasado proceso electoral, pero no puede sustituir el derecho de todos los ciudadanos a conocer la composición total de dicho Registro.
La Constitución Bolivariana aprobada en 1999 establece claramente la obligación del CNE de publicar el Registro Electoral sin ocultar las direcciones de los electores. Uno de los motivos que llevó a más del 80% de los electores a abstenerse de concurrir a las urnas el 4 de diciembre del 2005, fue la sospecha de que existen centenares de miles de venezolanos o extranjeros inscritos varias veces en Registro Electoral, o lo que es más grave, que más de uno o dos millones de los inscritos no existen y por eso el CNE se niega a suministrar sus direcciones. Los que quieren elecciones transparentes, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley del Sufragio y Participación Política, no pueden ser manipulados con la información relativa a que se no se dan las direcciones para proteger la privacidad de los electores. Después de más de 40 años participando en procesos electorales, los venezolanos que creen en el voto como el más idóneo si no el único instrumento para elegir a sus representantes o autoridades, nunca han exigido que no se publiquen sus direcciones. Esa decisión ha sido tomada unilateralmente por un cenáculo constituido por la mayoría del CNE, sin consultar a los interesados y abrogándose el derecho a decidir por los demás, por ciudadanos conscientes de las condiciones que se requieren para que haya elecciones limpias.
Si el nuevo CNE que elija el Asamblea Nacional no permite que cualquier ciudadano pueda revisar el Registro Electoral, que elimine toda duda de que se prepara un fraude, no habrá llamado que tenga eco positivo en los electores. Quien lo haga tendrá iguales o peores resultados que los que tuvo el llamado del Presidente de República el día de elecciones el 4 de diciembre pasado, encadenado, pero sin poder de convocatoria.

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