PREGUNTA SESGADA

Juan Páez Ávila

Formularle al elector una pregunta acerca de si quiere ampliar los derechos civiles que contempla la Constitución Bolivariana, sin decirle cuáles son esos derechos, cuando lo que se pretende es elegir por tiempo indefinido a los actuales gobernantes y en especial al Presidente de la República, es un claro signo de que los más altos funcionarios gubernamentales tienen la información del rechazo mayoritario de la población a la reelección perpetua del Comandante Chávez.
Esa pregunta elaborada deliberadamente para confundir a los electores es el producto de la lectura que ha hecho el propio Presidente de la República, de la mayoría de las encuestas que se han realizado en los últimos días. Ni los chavistas, en un buen porcentaje, quieren que Chávez se convierta en un monarca disfrazado de jefe de estado y del gobierno mediante una elección universal, directa y secreta. De allí el subterfugio y la manipulación que los diputados de la Asamblea Nacional encontraron para complacer al jefe único y para tratar de asegurarse unas cuantas curules en las elecciones del 2010, en la creencia de que de esa manera pueden ganar el referendo para reformar la Constitución.
Pero es tan burda la maniobra que en el supuesto negado de que ganaran el referendo, los únicos beneficiados son los que ya están electos, liquidando toda aspiración de decenas o centenares de dirigentes que esperan por su ascenso a gobernador, alcalde, diputado o concejal. Chavista y no chavistas que hacen carrera política y luchan por sus derechos a ser electos, serán los primeros en rechazar una enmienda para eternizar en los cargos a los actuales funcionarios.
Estamos en presencia de un acto de desesperación política del Comandante en Jefe y sobre todo de quienes se han beneficiado de su condición de portaviones electoral en comicios pasados, pero que observan, sin lugar a muchas dudas, que el barco ha perdido la brújula y no podrán avanzar más allá del 2012. Por su incapacidad para administrar la más fabulosa hacienda pública conocida en la historia del país, algo más de 800 mil millones de dólares en 10 años, para combatir la corrupción y resolver los problemas sociales más ingentes de la población, deberán entregar el gobierno a una nueva generación de luchadores sociales.