Juan Páez Ávila
domingo, 22 de marzo de 2009
LA DESCENTRALIZACIÓN CONTRA CHÁVEZ
Juan Páez Ávila
El cambio de la política de descentralización establecida en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por una centralista impuesta por el Presidente Chávez para ejercer un mayor control de las decisiones fundamentales que deben tomar los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus funciones, ha provocado la disidencia de muchos de sus seguidores que aspiran a que se les respete su manera autónoma de pensar y actuar. Es lo que ha sucedido con varios dirigentes regionales aspirantes a esos cargos, que reaccionaron contra la imposición de otros candidatos del Comandante en Jefe, y han desafiado el centralismo político que pretende anular sus capacidades para tomar importantes iniciativas a la hora de escoger sus propios candidatos.
A la prohibición del PSUV a todos sus dirigentes y militantes de lanzarse como candidatos, antes de que la fecha fuera fijada por la dirección nacional de ese partido, seguramente señalada por el Presidente del Partido y de la República, en Barquisimeto, Henry Falcón expresó: No, mi Comandante, quienes sabemos cuándo nos conviene presentar mi candidatura a la gobernación, somos nosotros, aquí en la región los que conocemos la realidad inmediata, social y política; y convocó a un acto público en el Domo de la ciudad, cuya asistencia al parecer no le dijo nada al Vicepresidente del PSUV, General Muller Rojas, quien procedió a expulsarlo de las filas de esa organización. El Comandante Chávez, que ha podido recibir la información de sus servicios de inteligencia, arrugó, y llamó a Falcón para comunicarle que la expulsión era “un mal entendido” que continuara adelante y contara con su respaldo.
Realizadas las elecciones primarias, Lenny Manuit, hija del gobernador del Estado Guárico, pero también líder de su partido y de esa región, ganadora de esa consulta interna, fue sustituida por un representante incondicional del Presidente, y aquella reaccionó: No mi Comandante, aquí gané yo, y ese señor a quien usted pretende imponer, no conoce el Estado, aunque nació en su territorio, puede confundir a Tucupido con Tucupita.
Luego el Presidente impuso candidatos en Carabobo, Portuguesa, Barinas, Trujillo, y obtuvo la misma respuesta: No mi Comandante, regrese sus candidatos a Caracas, que nuestros electores están con sus propios y más cercanos dirigentes.
Y aunque la disidencia del mandato único del Comandante en Jefe no triunfe en todos los estado en los cuales insurgió contra el centralismo, la realidad política de las regiones indica que sumados a los candidatos de la oposición, la defensa en la teoría y en la práctica de la descentralización le propinará una rotunda derrota a las pretensiones hegemónicas y personalistas del Presidente de la República.
En conclusión, la descentralización es una conquista que le otorga el derecho a los dirigentes regionales a escoger sus candidatos y a disputarse entre ellos el gobierno respectivo. Las fallas que hayan podido presentarse –y desde luego que existen todavía- en el ejercicio de los gobernadores y alcaldes electos, después de la escogencia en escrutinios internos de cada organización o coalición de partidos políticos, deben ser corregidas con la participación de la sociedad civil en los estados, y no por la intervención inconsulta y arbitraria del poder central. Los sufragios del 23N deben ser una extraordinaria oportunidad para consolidar el pensamiento democrático y plural de los venezolanos; los electores pueden escoger a quienes consideren con mayores méritos, capacidad y vocación de servicio, de acuerdo a los intereses de los diversos sectores de la sociedad, y no por ser obsecuentes con el poder central, personalista y militarista del Comandante Chávez.
El cambio de la política de descentralización establecida en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por una centralista impuesta por el Presidente Chávez para ejercer un mayor control de las decisiones fundamentales que deben tomar los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus funciones, ha provocado la disidencia de muchos de sus seguidores que aspiran a que se les respete su manera autónoma de pensar y actuar. Es lo que ha sucedido con varios dirigentes regionales aspirantes a esos cargos, que reaccionaron contra la imposición de otros candidatos del Comandante en Jefe, y han desafiado el centralismo político que pretende anular sus capacidades para tomar importantes iniciativas a la hora de escoger sus propios candidatos.
A la prohibición del PSUV a todos sus dirigentes y militantes de lanzarse como candidatos, antes de que la fecha fuera fijada por la dirección nacional de ese partido, seguramente señalada por el Presidente del Partido y de la República, en Barquisimeto, Henry Falcón expresó: No, mi Comandante, quienes sabemos cuándo nos conviene presentar mi candidatura a la gobernación, somos nosotros, aquí en la región los que conocemos la realidad inmediata, social y política; y convocó a un acto público en el Domo de la ciudad, cuya asistencia al parecer no le dijo nada al Vicepresidente del PSUV, General Muller Rojas, quien procedió a expulsarlo de las filas de esa organización. El Comandante Chávez, que ha podido recibir la información de sus servicios de inteligencia, arrugó, y llamó a Falcón para comunicarle que la expulsión era “un mal entendido” que continuara adelante y contara con su respaldo.
Realizadas las elecciones primarias, Lenny Manuit, hija del gobernador del Estado Guárico, pero también líder de su partido y de esa región, ganadora de esa consulta interna, fue sustituida por un representante incondicional del Presidente, y aquella reaccionó: No mi Comandante, aquí gané yo, y ese señor a quien usted pretende imponer, no conoce el Estado, aunque nació en su territorio, puede confundir a Tucupido con Tucupita.
Luego el Presidente impuso candidatos en Carabobo, Portuguesa, Barinas, Trujillo, y obtuvo la misma respuesta: No mi Comandante, regrese sus candidatos a Caracas, que nuestros electores están con sus propios y más cercanos dirigentes.
Y aunque la disidencia del mandato único del Comandante en Jefe no triunfe en todos los estado en los cuales insurgió contra el centralismo, la realidad política de las regiones indica que sumados a los candidatos de la oposición, la defensa en la teoría y en la práctica de la descentralización le propinará una rotunda derrota a las pretensiones hegemónicas y personalistas del Presidente de la República.
En conclusión, la descentralización es una conquista que le otorga el derecho a los dirigentes regionales a escoger sus candidatos y a disputarse entre ellos el gobierno respectivo. Las fallas que hayan podido presentarse –y desde luego que existen todavía- en el ejercicio de los gobernadores y alcaldes electos, después de la escogencia en escrutinios internos de cada organización o coalición de partidos políticos, deben ser corregidas con la participación de la sociedad civil en los estados, y no por la intervención inconsulta y arbitraria del poder central. Los sufragios del 23N deben ser una extraordinaria oportunidad para consolidar el pensamiento democrático y plural de los venezolanos; los electores pueden escoger a quienes consideren con mayores méritos, capacidad y vocación de servicio, de acuerdo a los intereses de los diversos sectores de la sociedad, y no por ser obsecuentes con el poder central, personalista y militarista del Comandante Chávez.
LA DERROTA DEL CHAVISMO
Juan Páez Ávila
La división del chavismo, la ineficiencia y la corrupción de gobernadores y alcaldes en la mayoría de los estados y municipios del país, le abre a la oposición una objetiva oportunidad de propinarle una segunda derrota a la política autocrática y centralista del Comandante Chávez, que además de violar la Constitución de 1999, ahoga a las regiones en el atraso al no llegarles los presupuestos requeridos. Pero la derrota del chavismo no está decretada a cualquier precio, depende de los candidatos verdaderamente unitarios y que tengan una real conexión con los sectores populares, que se identificaron con las propuestas y promesas de Chávez y que hoy al ver frustradas sus esperanzas les han dado la espalda a gobernadores y alcaldes corresponsables del fracaso de esas políticas.
El ultimátum del Presidente de la República contra el PPT y el PCV lanzado el domingo pasado, puede ser leído como el rompimiento definitivo con sus aliados, a quienes pretende someter a sus dictámenes autocráticos, sin el menor respeto no sólo por sus derechos constitucionales a expresar discrepancias o críticas a algunas de sus políticas electorales, sino también por su dignidad como dirigentes forjados a lo largo de muchos años, algunos anteriores a la presencia de Chávez en el escenario político nacional, con quienes se pueden tener diferencias, pero nunca negarles el papel desempeñado en la política contemporánea del país.
Pasar de la discusión a la ofensa al adversario ha sido una conducta del Presidente Chávez cuando se ha referido a la oposición o a quienes expresan diferencias con su política e escala internacional, a quienes abandonan las filas de su partido, pero la agresión a los aliados los empuja a la confrontación o a la humillación si no obedecen sus órdenes típicamente militares. Al reclamarles que no se disolvieran e inscribieran en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tal como se los planteó al momento de decretar la fundación del parido único, y luego darles un plazo para que la tomen o la dejen al referirse al ofrecimiento de una participación decidida por él, sin lugar a discusión, coloca a sus aliados al borde de la ruptura.
Y como para que no queden dudas, el Comandante en Jefe denuncia a los dirigentes de esos partidos como posibles aprovechadores de su prestigio al promover un chavismo sin Chávez, para cuando él desaparezca no del escenario político sino cuando no exista físicamente.
Lo que suceda entre Chávez y sus aliados depende únicamente de la conducta que asuman estos últimos, frente a los desmesurados ataques de su hasta ahora jefe único e indiscutible. Y aunque nadie ajeno al debate entre ellos tiene porque tomar partido, lo que es evidente es que si el PPT y el PCV conservan su independencia, el pluralismo y la democracia pueden tender a afianzarse. Si por el contrario renuncian a todo tipo de autonomía política y organizativa, cuando el Presidente tiene el sol por la espalda, pueden enterrarse con su comandante en jefe. De allí que en los próximos días el país será testigo de un hecho de una importante trascendencia política, cuyo escenario fundamental será el 23 de noviembre.
En estas circunstancias la derrota del chavismo, aunque no esté decretada, puede ser una realidad si la oposición acierta a la hora de escoger candidatos que no sólo representen a los partidos políticos que firmaron el pacto el 23 de enero pasado, sino también a importantes sectores independientes que constituyen una evidente mayoría y que aspiran verse representados tanto en los candidatos como en sus programas de gobierno, para lo cual deben privar la sensatez, el verdadero interés por un cambio y no los deseos o proyectos personales, por muy legítimos que estos sean.
La división del chavismo, la ineficiencia y la corrupción de gobernadores y alcaldes en la mayoría de los estados y municipios del país, le abre a la oposición una objetiva oportunidad de propinarle una segunda derrota a la política autocrática y centralista del Comandante Chávez, que además de violar la Constitución de 1999, ahoga a las regiones en el atraso al no llegarles los presupuestos requeridos. Pero la derrota del chavismo no está decretada a cualquier precio, depende de los candidatos verdaderamente unitarios y que tengan una real conexión con los sectores populares, que se identificaron con las propuestas y promesas de Chávez y que hoy al ver frustradas sus esperanzas les han dado la espalda a gobernadores y alcaldes corresponsables del fracaso de esas políticas.
El ultimátum del Presidente de la República contra el PPT y el PCV lanzado el domingo pasado, puede ser leído como el rompimiento definitivo con sus aliados, a quienes pretende someter a sus dictámenes autocráticos, sin el menor respeto no sólo por sus derechos constitucionales a expresar discrepancias o críticas a algunas de sus políticas electorales, sino también por su dignidad como dirigentes forjados a lo largo de muchos años, algunos anteriores a la presencia de Chávez en el escenario político nacional, con quienes se pueden tener diferencias, pero nunca negarles el papel desempeñado en la política contemporánea del país.
Pasar de la discusión a la ofensa al adversario ha sido una conducta del Presidente Chávez cuando se ha referido a la oposición o a quienes expresan diferencias con su política e escala internacional, a quienes abandonan las filas de su partido, pero la agresión a los aliados los empuja a la confrontación o a la humillación si no obedecen sus órdenes típicamente militares. Al reclamarles que no se disolvieran e inscribieran en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tal como se los planteó al momento de decretar la fundación del parido único, y luego darles un plazo para que la tomen o la dejen al referirse al ofrecimiento de una participación decidida por él, sin lugar a discusión, coloca a sus aliados al borde de la ruptura.
Y como para que no queden dudas, el Comandante en Jefe denuncia a los dirigentes de esos partidos como posibles aprovechadores de su prestigio al promover un chavismo sin Chávez, para cuando él desaparezca no del escenario político sino cuando no exista físicamente.
Lo que suceda entre Chávez y sus aliados depende únicamente de la conducta que asuman estos últimos, frente a los desmesurados ataques de su hasta ahora jefe único e indiscutible. Y aunque nadie ajeno al debate entre ellos tiene porque tomar partido, lo que es evidente es que si el PPT y el PCV conservan su independencia, el pluralismo y la democracia pueden tender a afianzarse. Si por el contrario renuncian a todo tipo de autonomía política y organizativa, cuando el Presidente tiene el sol por la espalda, pueden enterrarse con su comandante en jefe. De allí que en los próximos días el país será testigo de un hecho de una importante trascendencia política, cuyo escenario fundamental será el 23 de noviembre.
En estas circunstancias la derrota del chavismo, aunque no esté decretada, puede ser una realidad si la oposición acierta a la hora de escoger candidatos que no sólo representen a los partidos políticos que firmaron el pacto el 23 de enero pasado, sino también a importantes sectores independientes que constituyen una evidente mayoría y que aspiran verse representados tanto en los candidatos como en sus programas de gobierno, para lo cual deben privar la sensatez, el verdadero interés por un cambio y no los deseos o proyectos personales, por muy legítimos que estos sean.
ENMIENDA Y REPRESIÓN
Juan Páez Ávila
La orden del Presidente de la República a la Asamblea Nacional de aprobar una enmienda a la Constitución Bolivariana, violando varios artículos de la misma, y la orden a los ministros de Defensa e Interior y Justicia de lanzarle ¨gas del bueno¨ a los manifestantes que protesten contra esa flagrante transgresión a la Carta Magna, forman parte de un mismo plan para tratar de imponerle a los venezolanos su voluntad personalista y militarista de permanecer indefinidamente en el poder.
Ambas decisiones del Comandante Chávez, además de obedecer al objetivo fundamental de perpetuarse en el ejercicio del poder, tenían que ser decretadas con horas de diferencia en el tiempo, porque ya eran conocidos por la sala situacional de Miraflores los resultados de las últimas encuestas de mayor credibilidad y acierto en sus diagnósticos, que registran rechazo mayoritario de la población a esa ambición demencial de permanecer al frente del gobierno hasta la muerte.
De allí la violencia que han desatado los cuerpos policiales contra los estudiantes y jóvenes en general que han salido a la calle a expresar sus opiniones contra le reforma a la Constitución Nacional disfrazada de enmienda, y a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la convocatoria al referendo, por no permitirle a centenares de miles de venezolanos que cumplieron 18 años desde el momento en que se cerró el Registro Electoral para realizar las elecciones del 23 de noviembre de 2008, hasta el 15 febrero, fecha dispuesta, por orden del jefe único, para ejecutar la consulta.
En la creencia de que pueden cambiar la opinión mayoritaria de los electores a votar por el NO, reprimiendo brutalmente a los estudiantes con ¨gas del bueno¨ lanzado por la policía y la Guardia Nacional, deteniendo, torturando y desapareciendo a decenas de jóvenes, han permitido la presencia agresiva de grupos parapoliciales o paramilitares que se identifican con los intereses de la perpetuación en el poder de todos los funcionarios electos en comicios pasados, incluso de ellos como bandas irregulares pagadas con los dineros de alguna alcaldía o ministerio gubernamental.
A la violación de los derechos políticos relacionados con la protesta pacífica de los estudiantes, le agregan la violación de los derechos humanos de los manifestantes, en una peligrosa carrera hacia dictadura.
De nada valdrá la represión contra la juventud que reclama le permitan ejercer el derecho al voto porque ya cumplieron 18 años. Los jóvenes han demostrado una gran madurez y una verdadera vocación pacífica para luchar, y la sociedad venezolana ha alcanzado ciertos niveles de conciencia política democrática, que no dejarán amedrentar por la represión y acudirán masivamente a votar en las elecciones del 15 de febrero, y a continuar sus combates por la democracia cualquiera sea el resultado de esas elecciones..
La orden del Presidente de la República a la Asamblea Nacional de aprobar una enmienda a la Constitución Bolivariana, violando varios artículos de la misma, y la orden a los ministros de Defensa e Interior y Justicia de lanzarle ¨gas del bueno¨ a los manifestantes que protesten contra esa flagrante transgresión a la Carta Magna, forman parte de un mismo plan para tratar de imponerle a los venezolanos su voluntad personalista y militarista de permanecer indefinidamente en el poder.
Ambas decisiones del Comandante Chávez, además de obedecer al objetivo fundamental de perpetuarse en el ejercicio del poder, tenían que ser decretadas con horas de diferencia en el tiempo, porque ya eran conocidos por la sala situacional de Miraflores los resultados de las últimas encuestas de mayor credibilidad y acierto en sus diagnósticos, que registran rechazo mayoritario de la población a esa ambición demencial de permanecer al frente del gobierno hasta la muerte.
De allí la violencia que han desatado los cuerpos policiales contra los estudiantes y jóvenes en general que han salido a la calle a expresar sus opiniones contra le reforma a la Constitución Nacional disfrazada de enmienda, y a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la convocatoria al referendo, por no permitirle a centenares de miles de venezolanos que cumplieron 18 años desde el momento en que se cerró el Registro Electoral para realizar las elecciones del 23 de noviembre de 2008, hasta el 15 febrero, fecha dispuesta, por orden del jefe único, para ejecutar la consulta.
En la creencia de que pueden cambiar la opinión mayoritaria de los electores a votar por el NO, reprimiendo brutalmente a los estudiantes con ¨gas del bueno¨ lanzado por la policía y la Guardia Nacional, deteniendo, torturando y desapareciendo a decenas de jóvenes, han permitido la presencia agresiva de grupos parapoliciales o paramilitares que se identifican con los intereses de la perpetuación en el poder de todos los funcionarios electos en comicios pasados, incluso de ellos como bandas irregulares pagadas con los dineros de alguna alcaldía o ministerio gubernamental.
A la violación de los derechos políticos relacionados con la protesta pacífica de los estudiantes, le agregan la violación de los derechos humanos de los manifestantes, en una peligrosa carrera hacia dictadura.
De nada valdrá la represión contra la juventud que reclama le permitan ejercer el derecho al voto porque ya cumplieron 18 años. Los jóvenes han demostrado una gran madurez y una verdadera vocación pacífica para luchar, y la sociedad venezolana ha alcanzado ciertos niveles de conciencia política democrática, que no dejarán amedrentar por la represión y acudirán masivamente a votar en las elecciones del 15 de febrero, y a continuar sus combates por la democracia cualquiera sea el resultado de esas elecciones..
LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ
Juan Páez Ávila
El triunfo del sí en el referendo del domingo pasado le abre el camino al Presidente Hugo Chávez para presentarte nuevamente como candidato a la reelección en el 2012, lo que le da la ventaja de disponer de 4 años para realizar una campaña permanente utilizando el peso del Poder Ejecutivo que ejerce a sus anchas y el control que ejecuta sobre los demás Poderes Públicos, frente a una oposición que arranca lanzándose algunos dardos que la pueden dividir en vez de unirla, sino no traza políticas claras del juego democrático para llegar a un nuevo acuerdo en todas las elecciones que debe enfrenar hasta el 2012.
Sin embargo, Chávez deberá preservar las condiciones de vida que hoy disfrutan esos 6 millones de venezolanos que sufragaron por la reelección indefinida, o mejorarlas. No me refiero a las condiciones políticas porque seguirá ejerciendo todo el poder que le otorga el cargo de comandante en jefe, del cual dependen los demás poderes públicos y las empresas del Estado que le dieron los recursos para movilizar y entusiasmar a esa mayoría que le acompaña.Durante los 4 años que le faltan para completar el período constitucional que todavía ejerce, deberá enfrentar las consecuencias de una difícil crisis económica mundial, que los principales estadistas del mundo desarrollado intentan solucionar uniendo no sólo a todos los sectores políticos, económicos y sociales de sus respectivos países, sino también a todas las naciones democráticas que sufren el impacto de la crisis. El momento político y económico que viven los países en este espinoso momento histórico, los ha llamado a la unidad para buscar la solución definitiva o para detener una catástrofe universal.
El Presidente Chávez no parece proclive a un entendimiento con el 45% de la población que le adversa, y todo parece indicar que tratará de profundizar las políticas, sobre todo económicas, que viene empleando desde hace algunos años, en la creencia de que los resultados electorales del 15 de febrero ratifican que anda en la vía correcta. Si persiste esa visión, esa concepción del momento que atraviesa nuestra economía, puede conducirlo, como apuntan las estadísticas, a una mayor inflación y a un mayor estancamiento de la economía, a lo que los economistas llaman la estanflación, y el panorama político, incluso económico y social que le permitió la victoria, puede cambiar para peor. Y no sólo para su gobierno y sus cálculos para conseguir otra reelección, sino para todos los venezolanos, especialmente para los más pobres.
Pensar que los laureles de hoy estarán presentes en 2012, puede ser no sólo una ilusión, sino también un error de proporciones gigantescas, que de no cambiar la óptica y las políticas económicas y sociales, aumenten la pobreza y el atraso económico del país. Y sobre todo, si desde la Alcaldía Metropolitana, las gobernaciones de Miranda, Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, más las otras alcaldías que ganó la oposición, sus titulares dan un ejemplo de eficacia administrativa y honestidad en los manejos de los dineros público.
El triunfo del sí en el referendo del domingo pasado le abre el camino al Presidente Hugo Chávez para presentarte nuevamente como candidato a la reelección en el 2012, lo que le da la ventaja de disponer de 4 años para realizar una campaña permanente utilizando el peso del Poder Ejecutivo que ejerce a sus anchas y el control que ejecuta sobre los demás Poderes Públicos, frente a una oposición que arranca lanzándose algunos dardos que la pueden dividir en vez de unirla, sino no traza políticas claras del juego democrático para llegar a un nuevo acuerdo en todas las elecciones que debe enfrenar hasta el 2012.
Sin embargo, Chávez deberá preservar las condiciones de vida que hoy disfrutan esos 6 millones de venezolanos que sufragaron por la reelección indefinida, o mejorarlas. No me refiero a las condiciones políticas porque seguirá ejerciendo todo el poder que le otorga el cargo de comandante en jefe, del cual dependen los demás poderes públicos y las empresas del Estado que le dieron los recursos para movilizar y entusiasmar a esa mayoría que le acompaña.Durante los 4 años que le faltan para completar el período constitucional que todavía ejerce, deberá enfrentar las consecuencias de una difícil crisis económica mundial, que los principales estadistas del mundo desarrollado intentan solucionar uniendo no sólo a todos los sectores políticos, económicos y sociales de sus respectivos países, sino también a todas las naciones democráticas que sufren el impacto de la crisis. El momento político y económico que viven los países en este espinoso momento histórico, los ha llamado a la unidad para buscar la solución definitiva o para detener una catástrofe universal.
El Presidente Chávez no parece proclive a un entendimiento con el 45% de la población que le adversa, y todo parece indicar que tratará de profundizar las políticas, sobre todo económicas, que viene empleando desde hace algunos años, en la creencia de que los resultados electorales del 15 de febrero ratifican que anda en la vía correcta. Si persiste esa visión, esa concepción del momento que atraviesa nuestra economía, puede conducirlo, como apuntan las estadísticas, a una mayor inflación y a un mayor estancamiento de la economía, a lo que los economistas llaman la estanflación, y el panorama político, incluso económico y social que le permitió la victoria, puede cambiar para peor. Y no sólo para su gobierno y sus cálculos para conseguir otra reelección, sino para todos los venezolanos, especialmente para los más pobres.
Pensar que los laureles de hoy estarán presentes en 2012, puede ser no sólo una ilusión, sino también un error de proporciones gigantescas, que de no cambiar la óptica y las políticas económicas y sociales, aumenten la pobreza y el atraso económico del país. Y sobre todo, si desde la Alcaldía Metropolitana, las gobernaciones de Miranda, Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, más las otras alcaldías que ganó la oposición, sus titulares dan un ejemplo de eficacia administrativa y honestidad en los manejos de los dineros público.
REIVINDICACIONES SINDICALES
Juan Páez Ávila
Después de 10 años de la revolución bolivariana, cuando del Presidente Chávez pretende acelerar la marcha hacia el Socialismo del siglo XXI, sin atender las reivindicaciones de los trabajadores que laboran en las empresas del Estado y en diferentes dependencias oficiales, se ha encontrado con una masa laboral cansada de esperar los beneficios de los cambios sociales y económicos que el gobierno revolucionario ha planteado como política fundamental de su razón de ser, de su condición de gobierno de los pobres, de la clase obrera. Alertas ante la posibilidad y sobre todo necesidad de esos cambios, perciben 10 años después que no se ha aprobado una nueva Ley de Protección Social que garantice el ingreso salarial requerido para el bienestar de sus familias, y por lo contrario su Comandante en Jefe les exige un mayor sacrificio al desconocer, hasta ahora, el derecho a la contratación colectiva, al negarles un aumento sustancial de sueldos y salarios e incluso amenazarlos con la militarización del Metro de Caracas y el despido de miles de trabajadores de las empresas básicas de Guayana, tal como lo hizo con los empleados y obreros petroleros, si paralizan sus actividades.
10 años después de gobierno enrumbado hacia el ¨Socialismo del siglo XXI¨, le muestra a los trabajadores públicos y de las empresas fundamentales del país, el rostro autoritario y militarista, que la oposición ha venido denunciando a lo largo de ese período como violatorio de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tiene como objetivo consolidar el poder personal del Comandante en Jefe y no de la clase obrera.
10 años después de contemplar el accionar del gobierno contra los productores del campo, denunciando la existencia de un latifundio que significaría el atraso del país y el despojo de los campesinos de sus tierras, observan que ni esos trabajadores han recibido parcelas en propiedad, ni ha aumentado la producción de alimentos, que ahora hay que importar. Y todo parece indicar a ahora les toca a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y del petróleo, manejadas por una burocracia militar y civil incompetente y corrupta que las han conducido a la quiebra y se niegan a una nueva contratación colectiva que recoja las reivindicaciones más sentidas y urgentes en momentos de inflación, de un incontenible aumentos de los precios de la comida, que los afecta a ellos y sus familiares con mayor rigor, que los puede llevar a la miseria.
Después de 10 años de la revolución bolivariana, cuando del Presidente Chávez pretende acelerar la marcha hacia el Socialismo del siglo XXI, sin atender las reivindicaciones de los trabajadores que laboran en las empresas del Estado y en diferentes dependencias oficiales, se ha encontrado con una masa laboral cansada de esperar los beneficios de los cambios sociales y económicos que el gobierno revolucionario ha planteado como política fundamental de su razón de ser, de su condición de gobierno de los pobres, de la clase obrera. Alertas ante la posibilidad y sobre todo necesidad de esos cambios, perciben 10 años después que no se ha aprobado una nueva Ley de Protección Social que garantice el ingreso salarial requerido para el bienestar de sus familias, y por lo contrario su Comandante en Jefe les exige un mayor sacrificio al desconocer, hasta ahora, el derecho a la contratación colectiva, al negarles un aumento sustancial de sueldos y salarios e incluso amenazarlos con la militarización del Metro de Caracas y el despido de miles de trabajadores de las empresas básicas de Guayana, tal como lo hizo con los empleados y obreros petroleros, si paralizan sus actividades.
10 años después de gobierno enrumbado hacia el ¨Socialismo del siglo XXI¨, le muestra a los trabajadores públicos y de las empresas fundamentales del país, el rostro autoritario y militarista, que la oposición ha venido denunciando a lo largo de ese período como violatorio de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tiene como objetivo consolidar el poder personal del Comandante en Jefe y no de la clase obrera.
10 años después de contemplar el accionar del gobierno contra los productores del campo, denunciando la existencia de un latifundio que significaría el atraso del país y el despojo de los campesinos de sus tierras, observan que ni esos trabajadores han recibido parcelas en propiedad, ni ha aumentado la producción de alimentos, que ahora hay que importar. Y todo parece indicar a ahora les toca a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y del petróleo, manejadas por una burocracia militar y civil incompetente y corrupta que las han conducido a la quiebra y se niegan a una nueva contratación colectiva que recoja las reivindicaciones más sentidas y urgentes en momentos de inflación, de un incontenible aumentos de los precios de la comida, que los afecta a ellos y sus familiares con mayor rigor, que los puede llevar a la miseria.
CONCIENCIA CIUDADANA
Juan Páez Ávila
El Plan Vía Libre, que el Alcalde Metropolitano, con el apoyo de los alcaldes de Chacao, Baruta y Sucre, ha ideado para sacar de circulación más de un centenar de miles de vehículos que transportan a una sola persona, ha comenzado a beneficiar a millones de habitantes de la gran Caracas, que lo hacen en autobuses y otros colectivos, que en horas pico sufren graves retrasos por el congestionamiento del tránsito automotor, que a su vez los afecta en el cumplimiento de la llegada a la hora fijada para ingresar a sus respectivos trabajos.
Y aunque el ministro Diosdado Cabello encuentre un juez que obstaculice la labor de los alcaldes recién electos como alternativa democrática, la conciencia ciudadana ha comenzado a imponerse, tal como ha sucedido y puede observarse en la carretera panamericana que une Los Teques con Caracas, y particularmente en la bajada de Tazón, seguramente porque un alto porcentaje de personas que circulan por esas vías, atendió al llamado de conciencia que hizo el Gobernador Capriles Radonsky.
Resulta injustificable que el Ministro Diosdado Cabello se oponga a un plan de vialidad que tiende a mejorar el tránsito en la ciudad, aduciendo que esas atribuciones le corresponden a su Despacho, que durante 10 años de gobierno no ha construido una nueva avenida importante en Caracas, y ni siquiera ha podio terminar la Cota Mil o Avenida Boyacá, para aliviar el tránsito hacia el litoral guaireño.
La ineficacia del gabinete ejecutivo que el propio Presidente de la República ha denunciado como uno de los males que caracterizan a sus altos funcionarios y que los llevó a perder las elecciones en la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación de Miranda y la Alcaldía del Municipio Sucre, para sólo mencionar las instituciones involucradas en el caso, sigue presente y agravada, porque en vez de prestar la colaboración que solicitan los alcaldes y el gobernador, lo que hacen es obstaculizar las labores positivas de los nuevos gobernantes regionales.
Si en los próximos días la conciencia ciudadana ratifica su decisión voluntaria y responde al llamado del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, de abstenerse de circular, una sola persona en un vehículo, por las 36 avenidas señaladas, el 13% de la red vial, Caracas comenzará a cambiar para bien de todos sus habitantes, sobre todo para la mayoría que usa transporte colectivo.
Esta medida que funciona en varias importantes ciudades del mundo afectadas por el congestionamiento de vehículos, puede servir de ejemplo para las gobernaciones y alcaldías de las principales ciudades de nuestro país, para contribuir a resolver uno de los graves problemas que comienzan a crear serias dificultades en la psique de miles de ciudadanos que no pueden cumplir con los horarios acordados con las empresas en las que laboran, e incluso a muchos empresarios y profesionales que necesitan llegar a sus oficinas a una hora determinada.
Los que se oponen a esta medida orientada a acabar con el caos en el tránsito en el Área Metropolitana y en el Estado Miranda, son los anteriores funcionarios que fracasaron en sus gestiones y fueron derrotados, pero como todavía tienen vida política que les otorga el Comandante en Jefe, no quieren que los ciudadanos establezcan comparaciones entre lo que no hicieron en sus funciones y el éxito de los nuevos gobernantes electos por la mayoría de los votantes. ¨Ni lavan ni prestan la batea” afirma un dicho popular, que bien se les puede aplicar a quienes por ineficaces e incapaces no supieron siquiera buscar algunas medidas para mejorar el tránsito en la gran Caracas y darles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.
No hay lugar a dudas que la próxima batalla electoral estará signada por el grado conciencia ciudadana de la mayoría de los electores, porque si los fracasados de ayer impiden que las nuevas autoridades regionales y locales pongan en práctica políticas públicas para mejorar el nivel de vida de sus gobernados, quedarán al descubierto de que lo único que saben es obstaculizar el progreso violando leyes y la Constitución Nacional, para satisfacer intereses personales y no de la sociedad en general.
El Plan Vía Libre, que el Alcalde Metropolitano, con el apoyo de los alcaldes de Chacao, Baruta y Sucre, ha ideado para sacar de circulación más de un centenar de miles de vehículos que transportan a una sola persona, ha comenzado a beneficiar a millones de habitantes de la gran Caracas, que lo hacen en autobuses y otros colectivos, que en horas pico sufren graves retrasos por el congestionamiento del tránsito automotor, que a su vez los afecta en el cumplimiento de la llegada a la hora fijada para ingresar a sus respectivos trabajos.
Y aunque el ministro Diosdado Cabello encuentre un juez que obstaculice la labor de los alcaldes recién electos como alternativa democrática, la conciencia ciudadana ha comenzado a imponerse, tal como ha sucedido y puede observarse en la carretera panamericana que une Los Teques con Caracas, y particularmente en la bajada de Tazón, seguramente porque un alto porcentaje de personas que circulan por esas vías, atendió al llamado de conciencia que hizo el Gobernador Capriles Radonsky.
Resulta injustificable que el Ministro Diosdado Cabello se oponga a un plan de vialidad que tiende a mejorar el tránsito en la ciudad, aduciendo que esas atribuciones le corresponden a su Despacho, que durante 10 años de gobierno no ha construido una nueva avenida importante en Caracas, y ni siquiera ha podio terminar la Cota Mil o Avenida Boyacá, para aliviar el tránsito hacia el litoral guaireño.
La ineficacia del gabinete ejecutivo que el propio Presidente de la República ha denunciado como uno de los males que caracterizan a sus altos funcionarios y que los llevó a perder las elecciones en la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación de Miranda y la Alcaldía del Municipio Sucre, para sólo mencionar las instituciones involucradas en el caso, sigue presente y agravada, porque en vez de prestar la colaboración que solicitan los alcaldes y el gobernador, lo que hacen es obstaculizar las labores positivas de los nuevos gobernantes regionales.
Si en los próximos días la conciencia ciudadana ratifica su decisión voluntaria y responde al llamado del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, de abstenerse de circular, una sola persona en un vehículo, por las 36 avenidas señaladas, el 13% de la red vial, Caracas comenzará a cambiar para bien de todos sus habitantes, sobre todo para la mayoría que usa transporte colectivo.
Esta medida que funciona en varias importantes ciudades del mundo afectadas por el congestionamiento de vehículos, puede servir de ejemplo para las gobernaciones y alcaldías de las principales ciudades de nuestro país, para contribuir a resolver uno de los graves problemas que comienzan a crear serias dificultades en la psique de miles de ciudadanos que no pueden cumplir con los horarios acordados con las empresas en las que laboran, e incluso a muchos empresarios y profesionales que necesitan llegar a sus oficinas a una hora determinada.
Los que se oponen a esta medida orientada a acabar con el caos en el tránsito en el Área Metropolitana y en el Estado Miranda, son los anteriores funcionarios que fracasaron en sus gestiones y fueron derrotados, pero como todavía tienen vida política que les otorga el Comandante en Jefe, no quieren que los ciudadanos establezcan comparaciones entre lo que no hicieron en sus funciones y el éxito de los nuevos gobernantes electos por la mayoría de los votantes. ¨Ni lavan ni prestan la batea” afirma un dicho popular, que bien se les puede aplicar a quienes por ineficaces e incapaces no supieron siquiera buscar algunas medidas para mejorar el tránsito en la gran Caracas y darles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.
No hay lugar a dudas que la próxima batalla electoral estará signada por el grado conciencia ciudadana de la mayoría de los electores, porque si los fracasados de ayer impiden que las nuevas autoridades regionales y locales pongan en práctica políticas públicas para mejorar el nivel de vida de sus gobernados, quedarán al descubierto de que lo único que saben es obstaculizar el progreso violando leyes y la Constitución Nacional, para satisfacer intereses personales y no de la sociedad en general.
10 AÑOS DE DESPILFARRO
Juan Páez Ávila
En 10 años Hugo Chávez no sólo ha despilfarrado más de 800 mil millones de dólares en una gasto improductivo y una regaladora a otros países cuyos gobiernos le apoyan incondicionalmente, sino que también ha generado un estado de mayor inflación en América Latina, que ha hecho más pobre a los pobres y desmantelado a la clase media. Los hospitales no tienen insumos para los enfermos y la mayoría de las escuelas están en ruinas, médicos y docentes mal pagados y sin planes para perfeccionar sus estudios, indican que en la era del conocimiento el país ha sido conducido hacia un mayor subdesarrollo.
Hace 10 años el Comandante Chávez asumió la Presidencia de la República con las promesas de cambiar la democracia representativa por una participativa y protagónica que acabaría con la corrupción administrativa, la violación de los derechos humanos y el control de los demás poderes públicos por parte del Ejecutivo Nacional, la injusticia social, la entrega de nuestra soberanía a una potencia extranjera y hasta con los niños de la calle. En síntesis, un verdadero cambio político, social y económico inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, que 10 años después ha cambiado por lo que llama el socialismo del siglo XXI, con banderas del socialismo soviético del siglo XX, ruidosamente fracasado; y de un cheguevarismo y fidelismo cubanos que ha sobrevivido por el anterior auxilio de la Unión Soviética y por el apoyo que ha recibido de los excedentes del petróleo venezolano, que el propio Chávez le ha suministrado.
La corrupción ha alcanzado límites tan extravagantes, que algunos beneficiarios, como los empresarios detenidos en los Estados Unidos, no sólo han echado el cuento de cómo se enriquecieron de la noche a la mañana, al recibir jugosos contratos por parte de ministros y otros altos funcionarios, sin licitación, sino que también contaron el reparto de comisiones mil millonarias a los más cercanos colaboradores del Comandante en Jefe. Y para los que pudieran dudar de la palabra de los ¨niños cantores¨ de Miami, algunos altos burócratas que forman parte del entorno presidencial, que antes de su arribo al poder vivían modestamente, hoy hacen ostentación, sin rubor alguno, de su reciente enriquecimiento ilícito.
La violencia social se ha apoderado de los barrios populares, y afecta a toda la sociedad, que ve morir mediante asesinatos impunes a más de un millar de venezolanos cada mes, con el agravante de que esa violencia estimulada por un discurso virulento del Presidente comienza a extenderse al mundo de la política. Grupos armados irregularmente, con el argumento de defender al gobierno de una supuesta invasión extranjera o de un alzamiento militar interno, según la palabra oficial al condenar el saqueo a la Sinagoga de la grey judía, estarían actuando por su cuenta y riesgo, sin que ni la policía ni la Fuerza Armada sean capaces de desarmarlos. La inseguridad, después de 10 años de gobierno del Comandante en Jefe, es mayor.
En 10 años Hugo Chávez no sólo ha despilfarrado más de 800 mil millones de dólares en una gasto improductivo y una regaladora a otros países cuyos gobiernos le apoyan incondicionalmente, sino que también ha generado un estado de mayor inflación en América Latina, que ha hecho más pobre a los pobres y desmantelado a la clase media. Los hospitales no tienen insumos para los enfermos y la mayoría de las escuelas están en ruinas, médicos y docentes mal pagados y sin planes para perfeccionar sus estudios, indican que en la era del conocimiento el país ha sido conducido hacia un mayor subdesarrollo.
Hace 10 años el Comandante Chávez asumió la Presidencia de la República con las promesas de cambiar la democracia representativa por una participativa y protagónica que acabaría con la corrupción administrativa, la violación de los derechos humanos y el control de los demás poderes públicos por parte del Ejecutivo Nacional, la injusticia social, la entrega de nuestra soberanía a una potencia extranjera y hasta con los niños de la calle. En síntesis, un verdadero cambio político, social y económico inspirado en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, que 10 años después ha cambiado por lo que llama el socialismo del siglo XXI, con banderas del socialismo soviético del siglo XX, ruidosamente fracasado; y de un cheguevarismo y fidelismo cubanos que ha sobrevivido por el anterior auxilio de la Unión Soviética y por el apoyo que ha recibido de los excedentes del petróleo venezolano, que el propio Chávez le ha suministrado.
La corrupción ha alcanzado límites tan extravagantes, que algunos beneficiarios, como los empresarios detenidos en los Estados Unidos, no sólo han echado el cuento de cómo se enriquecieron de la noche a la mañana, al recibir jugosos contratos por parte de ministros y otros altos funcionarios, sin licitación, sino que también contaron el reparto de comisiones mil millonarias a los más cercanos colaboradores del Comandante en Jefe. Y para los que pudieran dudar de la palabra de los ¨niños cantores¨ de Miami, algunos altos burócratas que forman parte del entorno presidencial, que antes de su arribo al poder vivían modestamente, hoy hacen ostentación, sin rubor alguno, de su reciente enriquecimiento ilícito.
La violencia social se ha apoderado de los barrios populares, y afecta a toda la sociedad, que ve morir mediante asesinatos impunes a más de un millar de venezolanos cada mes, con el agravante de que esa violencia estimulada por un discurso virulento del Presidente comienza a extenderse al mundo de la política. Grupos armados irregularmente, con el argumento de defender al gobierno de una supuesta invasión extranjera o de un alzamiento militar interno, según la palabra oficial al condenar el saqueo a la Sinagoga de la grey judía, estarían actuando por su cuenta y riesgo, sin que ni la policía ni la Fuerza Armada sean capaces de desarmarlos. La inseguridad, después de 10 años de gobierno del Comandante en Jefe, es mayor.
LIDERAZGO FUTURO
Juan Páez Ávila
La dimensión humanista que le dieron los jóvenes estudiantes a sus luchas contra la Enmienda a la Constitución, no sólo trasciende el momento de bochorno y subdesarrollo que Hugo Chávez y el autoritarismo le han impuesto a la sociedad venezolana, sino que también, por su coraje y su discurso sorprendente y coherente, por su profundidad de ideas y valores democráticos, garantiza que no se dejarán quitar el futuro de libertades en el cual aspiran vivir, aunque el ventajismo obsceno le haya dado la victoria al Presidente de la República el 15 de febrero pasado.
Los jóvenes que también quieren ser, con legítimos derechos, presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores en un futuro inmediato o de corto plazo, revelan que conocen los valores de la democracia y se preparan para constituir un nuevo liderazgo, que la rescaten definitivamente del personalismo, del militarismo y de la tendencia autoritaria del Presidente Chávez.
El significado de las luchas pacíficas impulsadas por los estudiantes apunta hacia un futuro de convivencia democrática. La anterior crítica del Comandante en Jefe a la actuación de grupos violentos que le apoyan e incluso se consideran chavistas hasta la muerte, debe ir acompañada de una actuación inmediata contra esas organizaciones para policiales y paramilitares, y a su vez rectificar el grave error de haber armado una especie de tropas de choque para defender su revolución, de una agresión que no llega ni desde el exterior ni del interior del país.
La participación masiva de millones de venezolanos en la contienda electoral del 15 de febrero, indica contundentemente que la amenaza de otro golpe de estado que obligue al Presidente otra vez a renunciar, como el famoso y trágico 11 de abril del 2001, se convierte cada día que pasa en un fantasma que, sin dejar de preocuparle, merece también una seria reflexión. El país político aprendió que ese no es el camino correcto para cambiar de gobierno, que la mayoría busca el rumbo que señalan los estudiantes con sus combates pacíficos y democráticos, no sólo porque el 11 de abril fue un retroceso para el país democrático, sino también porque el 4 de febrero del 1992 fue otro ejemplo de aventurerismo antidemocrático y de regresión histórica, que tampoco debe repetirse.
La participación de millones de electores y en particular de los jóvenes que también aspiran ser candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes en el futuro, tiene como lectura inmediata que los venezolanos debemos erradicar la violencia como forma de lucha política, y disputarse el ejercicio del poder mediante elecciones transparentes y universales, para lo cual es fundamental y el Presidente Chávez desarme a sus grupos violentos, antes de que sea demasiado tarde, porque puede perder su control.
La democracia requiere, como sucede en el mundo civilizado, un desarme total de la población civil, si se quiere evitar que la espiral de la violencia continúe la matanza de miles de jóvenes en los barrios populares y liquide lo que nos queda de convivencia ciudadana.
La convocatoria del Referendo sobre la elección indefinida fue realizada violando el derecho a votar, de centenares de jóvenes que cumplieron 18 años entre una y otra elección, para evitar que el país conociera, como lo va a conocer en los próximos meses, las graves consecuencias que tendrá en nuestra economía la crisis que se extiende por todo el mundo. Chávez no podrá continuar con el gasto público desmesurado que le ha permitido dar ayudas a los más pobres del país, y regalarle a otros gobiernos del continente los excedentes de los altos precios del petróleo y dejar sin medicinas a nuestros hospitales y sin viviendas a millones de venezolanos. Seguramente la realidad lo obligará a atender las más ingentes necesidades de quienes sufrirán el impacto del alto costo de la vida, que siempre son los más pobres, pero ahora no tendrá el dinero para hacerlo, ni podrá recuperar los miles de millones de dólares que ha regalado a los países cuyos gobernantes se aprovechan de su vanidad personal al vitorearlo como líder de América Latina.
Sí hay futuro para la juventud, que en las próximas contiendas electorales demostrará que el país puede ser gobernado por una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes preparados para rescatar la democracia, promover el bienestar y el progreso de nuestro país. El combate cívico de los jóvenes y su disposición a continuar a la vanguardia en el escenario político del país, es el prólogo y el epílogo de una gran jornada que todos los venezolanos democráticos debemos apoyar realizar permanentemente para consolidar el sistema de libertadas públicas.
La dimensión humanista que le dieron los jóvenes estudiantes a sus luchas contra la Enmienda a la Constitución, no sólo trasciende el momento de bochorno y subdesarrollo que Hugo Chávez y el autoritarismo le han impuesto a la sociedad venezolana, sino que también, por su coraje y su discurso sorprendente y coherente, por su profundidad de ideas y valores democráticos, garantiza que no se dejarán quitar el futuro de libertades en el cual aspiran vivir, aunque el ventajismo obsceno le haya dado la victoria al Presidente de la República el 15 de febrero pasado.
Los jóvenes que también quieren ser, con legítimos derechos, presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores en un futuro inmediato o de corto plazo, revelan que conocen los valores de la democracia y se preparan para constituir un nuevo liderazgo, que la rescaten definitivamente del personalismo, del militarismo y de la tendencia autoritaria del Presidente Chávez.
El significado de las luchas pacíficas impulsadas por los estudiantes apunta hacia un futuro de convivencia democrática. La anterior crítica del Comandante en Jefe a la actuación de grupos violentos que le apoyan e incluso se consideran chavistas hasta la muerte, debe ir acompañada de una actuación inmediata contra esas organizaciones para policiales y paramilitares, y a su vez rectificar el grave error de haber armado una especie de tropas de choque para defender su revolución, de una agresión que no llega ni desde el exterior ni del interior del país.
La participación masiva de millones de venezolanos en la contienda electoral del 15 de febrero, indica contundentemente que la amenaza de otro golpe de estado que obligue al Presidente otra vez a renunciar, como el famoso y trágico 11 de abril del 2001, se convierte cada día que pasa en un fantasma que, sin dejar de preocuparle, merece también una seria reflexión. El país político aprendió que ese no es el camino correcto para cambiar de gobierno, que la mayoría busca el rumbo que señalan los estudiantes con sus combates pacíficos y democráticos, no sólo porque el 11 de abril fue un retroceso para el país democrático, sino también porque el 4 de febrero del 1992 fue otro ejemplo de aventurerismo antidemocrático y de regresión histórica, que tampoco debe repetirse.
La participación de millones de electores y en particular de los jóvenes que también aspiran ser candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes en el futuro, tiene como lectura inmediata que los venezolanos debemos erradicar la violencia como forma de lucha política, y disputarse el ejercicio del poder mediante elecciones transparentes y universales, para lo cual es fundamental y el Presidente Chávez desarme a sus grupos violentos, antes de que sea demasiado tarde, porque puede perder su control.
La democracia requiere, como sucede en el mundo civilizado, un desarme total de la población civil, si se quiere evitar que la espiral de la violencia continúe la matanza de miles de jóvenes en los barrios populares y liquide lo que nos queda de convivencia ciudadana.
La convocatoria del Referendo sobre la elección indefinida fue realizada violando el derecho a votar, de centenares de jóvenes que cumplieron 18 años entre una y otra elección, para evitar que el país conociera, como lo va a conocer en los próximos meses, las graves consecuencias que tendrá en nuestra economía la crisis que se extiende por todo el mundo. Chávez no podrá continuar con el gasto público desmesurado que le ha permitido dar ayudas a los más pobres del país, y regalarle a otros gobiernos del continente los excedentes de los altos precios del petróleo y dejar sin medicinas a nuestros hospitales y sin viviendas a millones de venezolanos. Seguramente la realidad lo obligará a atender las más ingentes necesidades de quienes sufrirán el impacto del alto costo de la vida, que siempre son los más pobres, pero ahora no tendrá el dinero para hacerlo, ni podrá recuperar los miles de millones de dólares que ha regalado a los países cuyos gobernantes se aprovechan de su vanidad personal al vitorearlo como líder de América Latina.
Sí hay futuro para la juventud, que en las próximas contiendas electorales demostrará que el país puede ser gobernado por una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes preparados para rescatar la democracia, promover el bienestar y el progreso de nuestro país. El combate cívico de los jóvenes y su disposición a continuar a la vanguardia en el escenario político del país, es el prólogo y el epílogo de una gran jornada que todos los venezolanos democráticos debemos apoyar realizar permanentemente para consolidar el sistema de libertadas públicas.
LA MEGAMARACHA
Juan Páez Ávila
La dimensión humanista que le dan los jóvenes estudiantes a sus luchas contra la Enmienda a la Constitución, no sólo trasciende el momento de bochorno y subdesarrollo que Hugo Chávez y el autoritarismo le han impuesto a la sociedad venezolana, sino que también, por su coraje y su discurso sorprendente y coherente por su profundidad de ideas y valores democráticos, garantiza que no se dejarán quitar el futuro de libertades en el cual aspiran vivir.
Los jóvenes que también quieren ser, con legítimos derechos, presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores en un futuro inmediato o de corto plazo, revelan que conocen los valores de la democracia y se preparan para constituir un nuevo liderazgo, que la rescaten definitivamente del personalismo, del militarismo y de la tendencia autoritaria del Presidente de la República.
El significado de la mega marcha convocada por los estudiantes apunta hacia un futuro de convivencia democrática y constituye un alerta que ha debido llegar a los oídos y ojos del Presidente Hugo Chávez, seguramente después de observar las fotos que tomaron sus funcionarios desde el helicóptero de la Disip, que le han debido revelar el poder de convocatoria de los jóvenes y lo acertado de los partidos políticos y de la sociedad civil al colocar en sus manos la movilización para demostrar que una mayoría de venezolanos no quieren la reelección indefinida de ningún ciudadano en su respectivo cargo.
La crítica del Comandante en Jefe a la actuación de grupos violentos que le apoyan e incluso se consideran chavistas hasta la muerte, debe ir acompañada de una autocrítica interna, que a su vez le debe indicar el grave error de haber armado una especie de tropas de choque para defender su revolución, de una agresión que no llega ni desde el exterior ni del interior del país.
La amenaza de otro golpe de estado que lo obligue otra vez a renunciar, como el famoso y trágico 11 de abril del 2001, se convierte cada día que pasa en un fantasma que, sin dejar de preocuparle, merece también una seria reflexión. El país político aprendió que ese no es el camino correcto para cambiar de gobierno, que la mayoría busca el rumbo que señalan los estudiantes con su mega marcha pacífica y democrática, no sólo porque el 11 de abril fue un retroceso para el país democrático, sino también porque el 4 de febrero del 1992 fue otro ejemplo de aventurerismo antidemocrático y de regresión histórica, que tampoco debe repetirse.
La mega marcha convocada por los jóvenes que también quieren ser candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes en el futuro, tiene como lectura inmediata que los venezolanos debemos erradicar la violencia como forma de lucha política, y disputarse el ejercicio del poder mediante elecciones transparentes y universales, que NO haya elección indefinida y que el Presidente Chávez debe desarmar a sus grupos violentos, antes de que sea demasiado tarde, porque puede perder su control.
La democracia requiere, como sucede en el mundo civilizado, un desarme total de la población civil, si se quiere evitar que la espiral de la violencia continúe la matanza de miles de jóvenes en los barrios populares y liquide lo que nos queda de convivencia ciudadana.
La dimensión humanista que le dan los jóvenes estudiantes a sus luchas contra la Enmienda a la Constitución, no sólo trasciende el momento de bochorno y subdesarrollo que Hugo Chávez y el autoritarismo le han impuesto a la sociedad venezolana, sino que también, por su coraje y su discurso sorprendente y coherente por su profundidad de ideas y valores democráticos, garantiza que no se dejarán quitar el futuro de libertades en el cual aspiran vivir.
Los jóvenes que también quieren ser, con legítimos derechos, presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores en un futuro inmediato o de corto plazo, revelan que conocen los valores de la democracia y se preparan para constituir un nuevo liderazgo, que la rescaten definitivamente del personalismo, del militarismo y de la tendencia autoritaria del Presidente de la República.
El significado de la mega marcha convocada por los estudiantes apunta hacia un futuro de convivencia democrática y constituye un alerta que ha debido llegar a los oídos y ojos del Presidente Hugo Chávez, seguramente después de observar las fotos que tomaron sus funcionarios desde el helicóptero de la Disip, que le han debido revelar el poder de convocatoria de los jóvenes y lo acertado de los partidos políticos y de la sociedad civil al colocar en sus manos la movilización para demostrar que una mayoría de venezolanos no quieren la reelección indefinida de ningún ciudadano en su respectivo cargo.
La crítica del Comandante en Jefe a la actuación de grupos violentos que le apoyan e incluso se consideran chavistas hasta la muerte, debe ir acompañada de una autocrítica interna, que a su vez le debe indicar el grave error de haber armado una especie de tropas de choque para defender su revolución, de una agresión que no llega ni desde el exterior ni del interior del país.
La amenaza de otro golpe de estado que lo obligue otra vez a renunciar, como el famoso y trágico 11 de abril del 2001, se convierte cada día que pasa en un fantasma que, sin dejar de preocuparle, merece también una seria reflexión. El país político aprendió que ese no es el camino correcto para cambiar de gobierno, que la mayoría busca el rumbo que señalan los estudiantes con su mega marcha pacífica y democrática, no sólo porque el 11 de abril fue un retroceso para el país democrático, sino también porque el 4 de febrero del 1992 fue otro ejemplo de aventurerismo antidemocrático y de regresión histórica, que tampoco debe repetirse.
La mega marcha convocada por los jóvenes que también quieren ser candidatos a la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes en el futuro, tiene como lectura inmediata que los venezolanos debemos erradicar la violencia como forma de lucha política, y disputarse el ejercicio del poder mediante elecciones transparentes y universales, que NO haya elección indefinida y que el Presidente Chávez debe desarmar a sus grupos violentos, antes de que sea demasiado tarde, porque puede perder su control.
La democracia requiere, como sucede en el mundo civilizado, un desarme total de la población civil, si se quiere evitar que la espiral de la violencia continúe la matanza de miles de jóvenes en los barrios populares y liquide lo que nos queda de convivencia ciudadana.
DISPARATE ELECTORAL
Juan Páez Ávila
La aparentemente habilidosa propuesta del Presidente de la República de extender la elección por tiempo indefinido a gobernadores, alcaldes y legisladores, no sólo es una manipulación política para entusiasmar a sus seguidores que actualmente ocupan esos cargos, sino también un disparate electoral y el reconocimiento de su pérdida de prestigio entre la mayoría de los electores, que según algunas encuestas le aseguran una tercera derrota en el próximo referendo.
De allí que la violación de la Constitución Bolivariana que se hizo aprobar en 1999, no tenga límites en la mente del Comandante Chávez, quien procede no apegado al derecho sino al poder que cree concentrar en su persona por el sólo hecho de haber ordenado su sanción, para modificarla de acuerdo a sus intereses del momento. Así ha venido procediendo en todas las elecciones que ha convocado para tratar de legitimar su mandato en el tiempo; siempre encuentra o le buscan una manera legal o ilegal de adecuar la legislación venezolana a sus intereses de presidente casi providencial, escogido para gobernar hasta que crea que ha superado todos los males heredados de una historia de antipatriotas o antibolivarianos.
Pero después de 10 años de gobierno, administrando la hacienda pública más cuantiosa de es misma historia, aunque no se le haya agotado su capacidad des maniobra, el fracaso de su gestión frente a la corrupción administrativa, la inseguridad de las personas y los bienes, la vivienda, la salud y la educación, sumados al despilfarro de parte de esos dineros de todos los venezolanos, tratando de arreglarles los problemas a otros países, las mayorías que creyeron en sus promesas le han dado la espalda, y por los indicadores conocidos todo indica que será de una manera definitiva.
La próxima derrota es indetenible y sólo le quedará la alternativa de aceptarla o llevar el país a una crisis más profunda, en la creencia de que saldrá triunfador por el respaldo militar que ha demostrado poseer hasta ahora, tal como lo tenían los generales Marcos Pérez Jiménez y Augusto Pinochet al momento de desconocer los resultados del plebiscito convocado, por el primero, o tratar de desconocerlo, el segundo.
En las circunstancias actuales, le corresponde a la alternativa democrática lograr la unidad de la mayoría de los venezolanos, derrotar la presidencia vitalicia y preservar la democracia.
La aparentemente habilidosa propuesta del Presidente de la República de extender la elección por tiempo indefinido a gobernadores, alcaldes y legisladores, no sólo es una manipulación política para entusiasmar a sus seguidores que actualmente ocupan esos cargos, sino también un disparate electoral y el reconocimiento de su pérdida de prestigio entre la mayoría de los electores, que según algunas encuestas le aseguran una tercera derrota en el próximo referendo.
De allí que la violación de la Constitución Bolivariana que se hizo aprobar en 1999, no tenga límites en la mente del Comandante Chávez, quien procede no apegado al derecho sino al poder que cree concentrar en su persona por el sólo hecho de haber ordenado su sanción, para modificarla de acuerdo a sus intereses del momento. Así ha venido procediendo en todas las elecciones que ha convocado para tratar de legitimar su mandato en el tiempo; siempre encuentra o le buscan una manera legal o ilegal de adecuar la legislación venezolana a sus intereses de presidente casi providencial, escogido para gobernar hasta que crea que ha superado todos los males heredados de una historia de antipatriotas o antibolivarianos.
Pero después de 10 años de gobierno, administrando la hacienda pública más cuantiosa de es misma historia, aunque no se le haya agotado su capacidad des maniobra, el fracaso de su gestión frente a la corrupción administrativa, la inseguridad de las personas y los bienes, la vivienda, la salud y la educación, sumados al despilfarro de parte de esos dineros de todos los venezolanos, tratando de arreglarles los problemas a otros países, las mayorías que creyeron en sus promesas le han dado la espalda, y por los indicadores conocidos todo indica que será de una manera definitiva.
La próxima derrota es indetenible y sólo le quedará la alternativa de aceptarla o llevar el país a una crisis más profunda, en la creencia de que saldrá triunfador por el respaldo militar que ha demostrado poseer hasta ahora, tal como lo tenían los generales Marcos Pérez Jiménez y Augusto Pinochet al momento de desconocer los resultados del plebiscito convocado, por el primero, o tratar de desconocerlo, el segundo.
En las circunstancias actuales, le corresponde a la alternativa democrática lograr la unidad de la mayoría de los venezolanos, derrotar la presidencia vitalicia y preservar la democracia.
PREGUNTA SESGADA
Juan Páez Ávila
Formularle al elector una pregunta acerca de si quiere ampliar los derechos civiles que contempla la Constitución Bolivariana, sin decirle cuáles son esos derechos, cuando lo que se pretende es elegir por tiempo indefinido a los actuales gobernantes y en especial al Presidente de la República, es un claro signo de que los más altos funcionarios gubernamentales tienen la información del rechazo mayoritario de la población a la reelección perpetua del Comandante Chávez.
Esa pregunta elaborada deliberadamente para confundir a los electores es el producto de la lectura que ha hecho el propio Presidente de la República, de la mayoría de las encuestas que se han realizado en los últimos días. Ni los chavistas, en un buen porcentaje, quieren que Chávez se convierta en un monarca disfrazado de jefe de estado y del gobierno mediante una elección universal, directa y secreta. De allí el subterfugio y la manipulación que los diputados de la Asamblea Nacional encontraron para complacer al jefe único y para tratar de asegurarse unas cuantas curules en las elecciones del 2010, en la creencia de que de esa manera pueden ganar el referendo para reformar la Constitución.
Pero es tan burda la maniobra que en el supuesto negado de que ganaran el referendo, los únicos beneficiados son los que ya están electos, liquidando toda aspiración de decenas o centenares de dirigentes que esperan por su ascenso a gobernador, alcalde, diputado o concejal. Chavista y no chavistas que hacen carrera política y luchan por sus derechos a ser electos, serán los primeros en rechazar una enmienda para eternizar en los cargos a los actuales funcionarios.
Estamos en presencia de un acto de desesperación política del Comandante en Jefe y sobre todo de quienes se han beneficiado de su condición de portaviones electoral en comicios pasados, pero que observan, sin lugar a muchas dudas, que el barco ha perdido la brújula y no podrán avanzar más allá del 2012. Por su incapacidad para administrar la más fabulosa hacienda pública conocida en la historia del país, algo más de 800 mil millones de dólares en 10 años, para combatir la corrupción y resolver los problemas sociales más ingentes de la población, deberán entregar el gobierno a una nueva generación de luchadores sociales.
Formularle al elector una pregunta acerca de si quiere ampliar los derechos civiles que contempla la Constitución Bolivariana, sin decirle cuáles son esos derechos, cuando lo que se pretende es elegir por tiempo indefinido a los actuales gobernantes y en especial al Presidente de la República, es un claro signo de que los más altos funcionarios gubernamentales tienen la información del rechazo mayoritario de la población a la reelección perpetua del Comandante Chávez.
Esa pregunta elaborada deliberadamente para confundir a los electores es el producto de la lectura que ha hecho el propio Presidente de la República, de la mayoría de las encuestas que se han realizado en los últimos días. Ni los chavistas, en un buen porcentaje, quieren que Chávez se convierta en un monarca disfrazado de jefe de estado y del gobierno mediante una elección universal, directa y secreta. De allí el subterfugio y la manipulación que los diputados de la Asamblea Nacional encontraron para complacer al jefe único y para tratar de asegurarse unas cuantas curules en las elecciones del 2010, en la creencia de que de esa manera pueden ganar el referendo para reformar la Constitución.
Pero es tan burda la maniobra que en el supuesto negado de que ganaran el referendo, los únicos beneficiados son los que ya están electos, liquidando toda aspiración de decenas o centenares de dirigentes que esperan por su ascenso a gobernador, alcalde, diputado o concejal. Chavista y no chavistas que hacen carrera política y luchan por sus derechos a ser electos, serán los primeros en rechazar una enmienda para eternizar en los cargos a los actuales funcionarios.
Estamos en presencia de un acto de desesperación política del Comandante en Jefe y sobre todo de quienes se han beneficiado de su condición de portaviones electoral en comicios pasados, pero que observan, sin lugar a muchas dudas, que el barco ha perdido la brújula y no podrán avanzar más allá del 2012. Por su incapacidad para administrar la más fabulosa hacienda pública conocida en la historia del país, algo más de 800 mil millones de dólares en 10 años, para combatir la corrupción y resolver los problemas sociales más ingentes de la población, deberán entregar el gobierno a una nueva generación de luchadores sociales.
MILITARIZACIÓN
Juan Páez Ávila
La aceleración de las medidas que Chávez ha decidido ejecutar después del referendo del 15 de febrero, para avanzar hacia lo que él llama el Socialismo del siglo XXI, como la militarización del país, sustituyendo los tribunales por la ocupación militar de fincas en producción, pareciera que será impuesta a toda la sociedad, tal como lo anunció con la amenaza de militarizar el Metro de Caracas.
Cuando los trabajadores del Metro de Caracas esperaban que las autoridades del Ministerio de Trabajo atendieran sus solicitudes de hacer cumplir el contrato colectivo y la apertura de un nueva contratación para los próximos años, el Presidente de la República amenaza con militarizarlo, si sus obreros y empleados hacen uso de un derecho constitucional de huelga como instrumento de presión laboral, violando la Carta Magna y demostrando que el Socialismo del Siglo XXI no tiene nada que ver con la clase obrera.
La actuación del comandante en jefe en los últimos días calificando de contrarrevolucionarios a los obreros de las plantas de Guayana, negándoles derechos adquiridos como producto de sus labores durante varios años, le agrega la amenaza a los trabajadores del Metro de sustituirlos por batallones de militares, que no sólo no están preparados para cumplir esas funciones, sino que deberían estar en la larga frontera de nuestro país protegiéndonos de los paramilitares, la guerrilla y el hampa que secuestra a centenares de venezolanos.
De allí que para los trabajadores del Metro de Caracas y de las empresas básicas de Guayana, el Socialismo del siglo XXI les ha resultado, tal como lo están viviendo y sufriendo, con consecuencias graves en sus salarios y en la manutención de sus familias, un régimen típicamente militarista y personalista, que atiende a los intereses del Estado y de la concentración de poder en manos del Presidente de la República, lo cual indica que los conflictos sociales se pueden agravar en los próximos días o meses.
La conflictividad se extiende por todo el país a diversos sectores sociales que esperaban del Socialismo del siglo XXI, no sólo una mejoría en sus ingresos salariales, sino también, y esto es lo más importante, que las empresas que dieran pérdidas por mala administración de sus gerentes, pasaran a ser administradas por los trabajadores, estos han comenzado a recibir el impacto de la violencia que el Estado está dispuesto a ejercer para controlar las principales instituciones del país.
La militarización está más cerca del fascismo que del socialismo, y aunque también existe un socialismo autoritario, que en nombre del Estado vulnera y reprime los derechos de lo trabajadores, cualquiera les resulta represivo a los obreros y empleados del Metro de Caracas, que requieren diálogo y no violencia.
La sociedad democrática del país tendrá que enfrentar la más grave crisis política y social provocada desde el poder, que al lado de la crisis económica que comienza a tener efectos en el bolsillo de los más pobres y de la clase media, puede generar una descomposición y un caos político nunca vivido en Venezuela, pero sí en otros países de América Latina, que después de muchos años de opresión, han unificado todos los sectores democráticos para superarlos.
La aceleración de las medidas que Chávez ha decidido ejecutar después del referendo del 15 de febrero, para avanzar hacia lo que él llama el Socialismo del siglo XXI, como la militarización del país, sustituyendo los tribunales por la ocupación militar de fincas en producción, pareciera que será impuesta a toda la sociedad, tal como lo anunció con la amenaza de militarizar el Metro de Caracas.
Cuando los trabajadores del Metro de Caracas esperaban que las autoridades del Ministerio de Trabajo atendieran sus solicitudes de hacer cumplir el contrato colectivo y la apertura de un nueva contratación para los próximos años, el Presidente de la República amenaza con militarizarlo, si sus obreros y empleados hacen uso de un derecho constitucional de huelga como instrumento de presión laboral, violando la Carta Magna y demostrando que el Socialismo del Siglo XXI no tiene nada que ver con la clase obrera.
La actuación del comandante en jefe en los últimos días calificando de contrarrevolucionarios a los obreros de las plantas de Guayana, negándoles derechos adquiridos como producto de sus labores durante varios años, le agrega la amenaza a los trabajadores del Metro de sustituirlos por batallones de militares, que no sólo no están preparados para cumplir esas funciones, sino que deberían estar en la larga frontera de nuestro país protegiéndonos de los paramilitares, la guerrilla y el hampa que secuestra a centenares de venezolanos.
De allí que para los trabajadores del Metro de Caracas y de las empresas básicas de Guayana, el Socialismo del siglo XXI les ha resultado, tal como lo están viviendo y sufriendo, con consecuencias graves en sus salarios y en la manutención de sus familias, un régimen típicamente militarista y personalista, que atiende a los intereses del Estado y de la concentración de poder en manos del Presidente de la República, lo cual indica que los conflictos sociales se pueden agravar en los próximos días o meses.
La conflictividad se extiende por todo el país a diversos sectores sociales que esperaban del Socialismo del siglo XXI, no sólo una mejoría en sus ingresos salariales, sino también, y esto es lo más importante, que las empresas que dieran pérdidas por mala administración de sus gerentes, pasaran a ser administradas por los trabajadores, estos han comenzado a recibir el impacto de la violencia que el Estado está dispuesto a ejercer para controlar las principales instituciones del país.
La militarización está más cerca del fascismo que del socialismo, y aunque también existe un socialismo autoritario, que en nombre del Estado vulnera y reprime los derechos de lo trabajadores, cualquiera les resulta represivo a los obreros y empleados del Metro de Caracas, que requieren diálogo y no violencia.
La sociedad democrática del país tendrá que enfrentar la más grave crisis política y social provocada desde el poder, que al lado de la crisis económica que comienza a tener efectos en el bolsillo de los más pobres y de la clase media, puede generar una descomposición y un caos político nunca vivido en Venezuela, pero sí en otros países de América Latina, que después de muchos años de opresión, han unificado todos los sectores democráticos para superarlos.
viernes, 6 de marzo de 2009
LA DERROTA DEL CENTRALISMO
Juan Páez Ávila
El secuestro de los Poderes Públicos por parte del Presidente de la República se lo facilitó la hegemonía que alcanzó en la Asamblea Nacional, cuyos diputados electos por el peso del portaviones que significó durante 8 años. Fue el manejo de una cúpula lo que le permitió imponer un régimen personalista y militarista, pero cuando su proyecto comenzó a agotarse y tuvo que consultar a la opinión nacional, como en el caso de la reforma de la Constitución para reelegirse indefinidamente, fue derrotado; y ahora para liquidar la descentralización con la elección de gobernadores y alcaldes obsecuentes, va camino de una segunda derrota.
Y aunque es de Perogrullo que en una campaña electoral para la escogencia de gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos legislativos, la banderas fundamentales de los candidatos del gobierno es la defensa de sus obras realizadas, y la oposición concentra sus baterías contra la ineficacia y la corrupción de esos mismos funcionarios, en las próximas elecciones del 23 de noviembre el Presidente de la República ha colocado en el escenario de discusión los efectos perversos o favorables de los 26 decretos leyes que aprobó horas antes de que feneciera el mandato Habilitante que recibió de la Asamblea Nacional.
El Comandante en Jefe pretende instalarse en el centro del debate y convertir las elecciones en un nuevo plebiscito, en el que se vota por él o en contra de su mandato. Y aunque algunos ingenuos puedan caer en la trampa plebiscitaria, la oposición ha aumentado sus banderas democráticas al salir en defensa de la descentralización amenazada por el autoritarismo del Presidente, mientras los candidatos oficialistas reciben la “papa caliente” de defender el centralismo que el jefe único introdujo en el contenido del decreto ley correspondiente.
No hay dudas que en esta confrontación en las regiones y municipios cuyos habitantes han adquirido un mayor nivel conciencia democrática, expresada en querer participar de verdad en los procesos administrativos y hasta en la elaboración de los presupuestos para sus jurisdicciones respectivas, pueden enfrentar con éxito a unos candidatos oficialistas que se enteraron por los medios de comunicación del contenido centralista de los decretos leyes. Estos candidatos del gobierno no sólo no fueron consultados, sino que igualmente han sido llamados a defender el nombramiento de autoridades ejecutivas, nombradas a dedo por el Comandante en Jefe, paralelas a los gobernadores.
De allí que entre defender obras inconclusas y en cuyas contrataciones prolifera el cobro de comisiones ilícitas, y una legislación centralista, inconsulta, autoritaria e inflacionaria, los candidatos del oficialismo tienen más cerca la derrota que la posibilidad de permanecer en los cargos que detentan. El portaviones del Comandante luce seriamente averiado y puede comenzar a hundirse el 23 de noviembre, por culpa suya, y sin tripulación de relevo.
El secuestro de los Poderes Públicos por parte del Presidente de la República se lo facilitó la hegemonía que alcanzó en la Asamblea Nacional, cuyos diputados electos por el peso del portaviones que significó durante 8 años. Fue el manejo de una cúpula lo que le permitió imponer un régimen personalista y militarista, pero cuando su proyecto comenzó a agotarse y tuvo que consultar a la opinión nacional, como en el caso de la reforma de la Constitución para reelegirse indefinidamente, fue derrotado; y ahora para liquidar la descentralización con la elección de gobernadores y alcaldes obsecuentes, va camino de una segunda derrota.
Y aunque es de Perogrullo que en una campaña electoral para la escogencia de gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos legislativos, la banderas fundamentales de los candidatos del gobierno es la defensa de sus obras realizadas, y la oposición concentra sus baterías contra la ineficacia y la corrupción de esos mismos funcionarios, en las próximas elecciones del 23 de noviembre el Presidente de la República ha colocado en el escenario de discusión los efectos perversos o favorables de los 26 decretos leyes que aprobó horas antes de que feneciera el mandato Habilitante que recibió de la Asamblea Nacional.
El Comandante en Jefe pretende instalarse en el centro del debate y convertir las elecciones en un nuevo plebiscito, en el que se vota por él o en contra de su mandato. Y aunque algunos ingenuos puedan caer en la trampa plebiscitaria, la oposición ha aumentado sus banderas democráticas al salir en defensa de la descentralización amenazada por el autoritarismo del Presidente, mientras los candidatos oficialistas reciben la “papa caliente” de defender el centralismo que el jefe único introdujo en el contenido del decreto ley correspondiente.
No hay dudas que en esta confrontación en las regiones y municipios cuyos habitantes han adquirido un mayor nivel conciencia democrática, expresada en querer participar de verdad en los procesos administrativos y hasta en la elaboración de los presupuestos para sus jurisdicciones respectivas, pueden enfrentar con éxito a unos candidatos oficialistas que se enteraron por los medios de comunicación del contenido centralista de los decretos leyes. Estos candidatos del gobierno no sólo no fueron consultados, sino que igualmente han sido llamados a defender el nombramiento de autoridades ejecutivas, nombradas a dedo por el Comandante en Jefe, paralelas a los gobernadores.
De allí que entre defender obras inconclusas y en cuyas contrataciones prolifera el cobro de comisiones ilícitas, y una legislación centralista, inconsulta, autoritaria e inflacionaria, los candidatos del oficialismo tienen más cerca la derrota que la posibilidad de permanecer en los cargos que detentan. El portaviones del Comandante luce seriamente averiado y puede comenzar a hundirse el 23 de noviembre, por culpa suya, y sin tripulación de relevo.
LA CARTA SOCIAL
Juan Páez Ávila
La proposición del gobierno venezolano de aprobar una Carta Social Americana que establezca las normas para superar la pobreza, el analfabetismo, la incultura, la miseria humana y otros males sociales que afectan a importantes sectores de la sociedad en nuestro continente, ha sido acogida favorablemente por todos los países que forman la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente se discute su contenido general en una Comisión Especial que preside nuestro representante en ese organismo.
La iniciativa del gobierno del Presidente Chávez no sólo resulta plausible sino también digna de apoyo, porque los problemas sociales en nuestra América son espeluznantes y tienen que ser atendidos lo más pronto posible en la búsqueda de una solución favorable para el bienestar de millones de hombres, mujeres y niños marginados del bienestar que la ciencia y la tecnología moderna ha impulsado en otras naciones.
Las dudas acerca de su efectividad surgen cuando observamos el retroceso que en materia social ha experimentado Venezuela en los últimos 6 años, según estadísticas oficiales venezolanas y de organismos latinoamericanos y mundiales especializados. Muchas de las propuestas gubernamentales, teóricamente correctas, han fracasado rotundamente porque las políticas públicas implementadas no han tenido éxito en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, se llama a combatir el latifundio y se invaden fincas en plena producción, con lo cual disminuye la generación de alimentos, se desestimula la inversión, aumentan las importaciones y la dependencia de nuestra economía del exterior. El latifundio, donde existe, continúa igual; el campesino sin propiedad de la tierra, sin créditos, sin asistencia técnica, sin escuelas, sin viviendas, abandona las fincas invadidas dejando una estela de desolación y muerte, tierras ociosas e improductivas propias del latifundio.
El error en las políticas agrarias se repite en otras áreas sociales y económicas que han aumentado la pobreza en 10% en los últimos 5 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al pasar de 43% de familias en la pobreza a 53%. De allí que si no cambian las políticas sociales, la Carta que apruebe la OEA sólo servirá para denunciar la incompetencia de algunos gobiernos.
La proposición del gobierno venezolano de aprobar una Carta Social Americana que establezca las normas para superar la pobreza, el analfabetismo, la incultura, la miseria humana y otros males sociales que afectan a importantes sectores de la sociedad en nuestro continente, ha sido acogida favorablemente por todos los países que forman la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente se discute su contenido general en una Comisión Especial que preside nuestro representante en ese organismo.
La iniciativa del gobierno del Presidente Chávez no sólo resulta plausible sino también digna de apoyo, porque los problemas sociales en nuestra América son espeluznantes y tienen que ser atendidos lo más pronto posible en la búsqueda de una solución favorable para el bienestar de millones de hombres, mujeres y niños marginados del bienestar que la ciencia y la tecnología moderna ha impulsado en otras naciones.
Las dudas acerca de su efectividad surgen cuando observamos el retroceso que en materia social ha experimentado Venezuela en los últimos 6 años, según estadísticas oficiales venezolanas y de organismos latinoamericanos y mundiales especializados. Muchas de las propuestas gubernamentales, teóricamente correctas, han fracasado rotundamente porque las políticas públicas implementadas no han tenido éxito en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, se llama a combatir el latifundio y se invaden fincas en plena producción, con lo cual disminuye la generación de alimentos, se desestimula la inversión, aumentan las importaciones y la dependencia de nuestra economía del exterior. El latifundio, donde existe, continúa igual; el campesino sin propiedad de la tierra, sin créditos, sin asistencia técnica, sin escuelas, sin viviendas, abandona las fincas invadidas dejando una estela de desolación y muerte, tierras ociosas e improductivas propias del latifundio.
El error en las políticas agrarias se repite en otras áreas sociales y económicas que han aumentado la pobreza en 10% en los últimos 5 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al pasar de 43% de familias en la pobreza a 53%. De allí que si no cambian las políticas sociales, la Carta que apruebe la OEA sólo servirá para denunciar la incompetencia de algunos gobiernos.
LA CANTV
Juan Páez Ávila
La estatificación de la CANTV ha sido presentada como una acción revolucionaria por parte del gobierno nacional, formando parte de un conjunto de medidas que serán aprobadas a través de la Ley Habilitante que el Presidente Chávez solicitó a la Asamblea Nacional. Pero el hecho cierto es que se trata de una vuelta a la llamada IV República, cuando el Estado tenía la propiedad del cien por ciento de las acciones de dicha empresa considerada estratégica para el funcionamiento del gobierno.
Lo que nos espera a los venezolanos con esta decisión del Presidente de la República es un nuevo fracaso en la administración de una empresa que por sus características tecnológicas, requiere de una gerencia de alta eficiencia, porque las comunicaciones de hoy no se realizan solamente entre Caracas y el interior de Venezuela, sino con todos los países del globo. Con las propias denuncias que ha hecho el Presidente Chávez contra una burocracia que no es capaz de recoger los niños de la calle, talvez porque no hay una comisión que cobrar para ampliar y perfeccionar cada día más la corrupción administrativa que es la otra lacra -denunciada también por el Jefe del Estado -que corroe la administración pública, se puede concluir que la nacionalización de la CANTV agravará las fallas en las comunicaciones de nuestro tiempo.
Si no se han corregido la incapacidad para gobernar y la corrupción denunciadas por el Presidente de la República, poner la CANTV en manos de la misma burocracia ineficiente y corrupta, es echarle gasolina al fuego que amenaza con destruir la economía y la vida política civilizada de los venezolanos.
Y lo más grave es que la estatificación de la CANTV aumentará el poder comunicacional del gobierno y en especial del Consejo Nacional Electoral, para controlar procesos electorales, vigilar y aterrorizar a los ciudadanos que disientan de las políticas oficiales. De allí que lo que es presentado como una medida nacionalista y revolucionaria, en el fondo es una amenaza contra la democracia.
Finalmente, nacionalizar una empresa que viene funcionando entre las mejor administradas del país, prestando un servicio aceptable por la mayoría de los venezolanos, y para lo cual hay que erogar varios miles de millones de dólares, en vez de invertirlos en viviendas, construcción de escuelas, laboratorios científicos, buenos hospitales y créditos para la industria y la agricultura, es una política equivocada, que en vez de producir bienestar y riqueza para los más necesitados, llevará nuestra nación hacia la ruina o por lo menos a un mayor atraso económico y social. Por esta vía el socialismo del siglo XXI lo que hará será repetir errores que destruyeron la economía de muchos países de la Europa Oriental durante la segunda mitad del siglo XX, que hoy tratan de recuperarse estimulando y apoyando la iniciativa privada, otorgándole al Estado un papel rector y no capitalista en la vida de esas naciones..
La estatificación de la CANTV ha sido presentada como una acción revolucionaria por parte del gobierno nacional, formando parte de un conjunto de medidas que serán aprobadas a través de la Ley Habilitante que el Presidente Chávez solicitó a la Asamblea Nacional. Pero el hecho cierto es que se trata de una vuelta a la llamada IV República, cuando el Estado tenía la propiedad del cien por ciento de las acciones de dicha empresa considerada estratégica para el funcionamiento del gobierno.
Lo que nos espera a los venezolanos con esta decisión del Presidente de la República es un nuevo fracaso en la administración de una empresa que por sus características tecnológicas, requiere de una gerencia de alta eficiencia, porque las comunicaciones de hoy no se realizan solamente entre Caracas y el interior de Venezuela, sino con todos los países del globo. Con las propias denuncias que ha hecho el Presidente Chávez contra una burocracia que no es capaz de recoger los niños de la calle, talvez porque no hay una comisión que cobrar para ampliar y perfeccionar cada día más la corrupción administrativa que es la otra lacra -denunciada también por el Jefe del Estado -que corroe la administración pública, se puede concluir que la nacionalización de la CANTV agravará las fallas en las comunicaciones de nuestro tiempo.
Si no se han corregido la incapacidad para gobernar y la corrupción denunciadas por el Presidente de la República, poner la CANTV en manos de la misma burocracia ineficiente y corrupta, es echarle gasolina al fuego que amenaza con destruir la economía y la vida política civilizada de los venezolanos.
Y lo más grave es que la estatificación de la CANTV aumentará el poder comunicacional del gobierno y en especial del Consejo Nacional Electoral, para controlar procesos electorales, vigilar y aterrorizar a los ciudadanos que disientan de las políticas oficiales. De allí que lo que es presentado como una medida nacionalista y revolucionaria, en el fondo es una amenaza contra la democracia.
Finalmente, nacionalizar una empresa que viene funcionando entre las mejor administradas del país, prestando un servicio aceptable por la mayoría de los venezolanos, y para lo cual hay que erogar varios miles de millones de dólares, en vez de invertirlos en viviendas, construcción de escuelas, laboratorios científicos, buenos hospitales y créditos para la industria y la agricultura, es una política equivocada, que en vez de producir bienestar y riqueza para los más necesitados, llevará nuestra nación hacia la ruina o por lo menos a un mayor atraso económico y social. Por esta vía el socialismo del siglo XXI lo que hará será repetir errores que destruyeron la economía de muchos países de la Europa Oriental durante la segunda mitad del siglo XX, que hoy tratan de recuperarse estimulando y apoyando la iniciativa privada, otorgándole al Estado un papel rector y no capitalista en la vida de esas naciones..
LA BRUJULA DEL COMANDANTE
Juan Páez Ávila
Después de varias victorias electorales a lo largo de sus primeros 8 años de gobierno, al sufrir su primera derrota el 2 de diciembre del 2007 el Presidente de la República perdió el norte de la brújula que mantuvo en sus manos exitosamente con la ayuda de su carisma, de su discurso populista y la cooperación de algunos veteranos operadores políticos que lo abandonaron o los echó de su entorno, cuando creyó que su proyecto de revolución del socialismo del siglo XXI, sólo lo podía dirigir y ejecutar él, en Venezuela y en toda América Latina.
Todas sus decisiones orientadas a recuperar el terreno perdido y avanzar en la materialización de su revolución, lo alejan cada día más de la realidad nacional e internacional, donde había logrado un importante apoyo con los aportes de su chequera de petrodólares. Son tantas las resoluciones que ha tomado el Comandante en Jefe que lo han colocado en las encuestas en una estrepitosa caída, que es imposible referirse a todas en un breve artículo. Pero 3 ó 4 son suficientes para determinar el rumbo de su proyecto, que resulta indetenible hacia una derrota definitiva.
El cambio de gabinete, primera y gran oportunidad para dar señales de cambio en las políticas públicas que el momento le exigía para tratar de superar la inflación que agrava los niveles de vida de los más pobres, la inseguridad que azota a toda la sociedad, el desabastecimiento que llena angustias a la mayoría de los venezolanos que no consiguen alimentos de primera necesidad, la falta de viviendas que ya produce visibles protestas de los propios chavistas engañados. Nada de eso lo podrá lograr con el enroque o el ascenso que hizo de algunos de sus amigos y subalternos, la mayoría militares educados para obedecer lo que se les ordene.
La rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, otro momento importante para explicarle al país que lo oía en cadena, los logros de su proyecto político, dedicó a increpar a sus ministros y otros colaboradores, por qué después de 8 años de revolución no había leche, pollos, ni carne; por qué la inseguridad, la falta de control de la inflación, la poca construcción de viviendas, como si las políticas públicas no las hubiese ordenado él.
La celebración de 4 de febrero en una guarnición militar, cuyo discurso estuvo orientado a comprometer a todos los militares con las sinrazones de su intento de golpe de Estado, y a señalarles a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes, cuyos territorios ocupados limitan con Venezuela. Lo primero es un peligroso ejemplo para golpistas, y lo segundo una exaltación del terrorismo que expone a nuestro país a enfrentamientos militares internacionales.
Después de varias victorias electorales a lo largo de sus primeros 8 años de gobierno, al sufrir su primera derrota el 2 de diciembre del 2007 el Presidente de la República perdió el norte de la brújula que mantuvo en sus manos exitosamente con la ayuda de su carisma, de su discurso populista y la cooperación de algunos veteranos operadores políticos que lo abandonaron o los echó de su entorno, cuando creyó que su proyecto de revolución del socialismo del siglo XXI, sólo lo podía dirigir y ejecutar él, en Venezuela y en toda América Latina.
Todas sus decisiones orientadas a recuperar el terreno perdido y avanzar en la materialización de su revolución, lo alejan cada día más de la realidad nacional e internacional, donde había logrado un importante apoyo con los aportes de su chequera de petrodólares. Son tantas las resoluciones que ha tomado el Comandante en Jefe que lo han colocado en las encuestas en una estrepitosa caída, que es imposible referirse a todas en un breve artículo. Pero 3 ó 4 son suficientes para determinar el rumbo de su proyecto, que resulta indetenible hacia una derrota definitiva.
El cambio de gabinete, primera y gran oportunidad para dar señales de cambio en las políticas públicas que el momento le exigía para tratar de superar la inflación que agrava los niveles de vida de los más pobres, la inseguridad que azota a toda la sociedad, el desabastecimiento que llena angustias a la mayoría de los venezolanos que no consiguen alimentos de primera necesidad, la falta de viviendas que ya produce visibles protestas de los propios chavistas engañados. Nada de eso lo podrá lograr con el enroque o el ascenso que hizo de algunos de sus amigos y subalternos, la mayoría militares educados para obedecer lo que se les ordene.
La rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, otro momento importante para explicarle al país que lo oía en cadena, los logros de su proyecto político, dedicó a increpar a sus ministros y otros colaboradores, por qué después de 8 años de revolución no había leche, pollos, ni carne; por qué la inseguridad, la falta de control de la inflación, la poca construcción de viviendas, como si las políticas públicas no las hubiese ordenado él.
La celebración de 4 de febrero en una guarnición militar, cuyo discurso estuvo orientado a comprometer a todos los militares con las sinrazones de su intento de golpe de Estado, y a señalarles a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes, cuyos territorios ocupados limitan con Venezuela. Lo primero es un peligroso ejemplo para golpistas, y lo segundo una exaltación del terrorismo que expone a nuestro país a enfrentamientos militares internacionales.
LA AUTONOMIA INIVERSITARIA II
Juan Páez Ávila
La creencia de que el Comandante Chávez posee la solución de todos los problemas del país, del continente y del mundo, por parte de sus más cercanos colaboradores, inclina cada día más la disposición del Jefe del Estado a controlar las actividades fundamentales de la sociedad, especialmente aquellas que todavía escapan a su manejo discrecional. De allí las amenazas a la autonomía universitaria por parte del Ministro de Educación Superior, a partir de la eliminación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el que se venían discutiendo los aspectos fundamentales de la vida de las principales casas de estudio del país.
Y aunque la conciencia crítica que se estimula y crea en todas las universidades autónomas, frente a toda tendencia a imponer un pensamiento único, hará frente a cualquier subterfugio o maniobra política propiciados por las altas esferas gubernamentales para eliminar la pluralidad de ideas y la libertad para exponerlas en el aula y en el recinto universitario, la amenaza seguirá latente, aunque posiblemente pospuesta para después de las elecciones presidenciales.
La política de no concederle autonomía a las universidades experimentales, que por su desarrollo institucional la han venido solicitando desde antes de que el Presidente Chávez asumiera el poder, demuestra la convicción gubernamental de que todo el poder debe residir en la rama Ejecutiva, más concretamente en las manos del Jefe del Estado. Esa política antiautonómica se complementa con la creación de varias universidades, entre las más connotada la Bolivariana, orientadas a cumplir objetivos de un Estado o de una “revolución” totalitaria, en las que desde luego, se nombran a dedo las autoridades y no se permite ningún tipo de discusión. Todo, planes curriculares y hasta metodología de la enseñanza les llega elaborados por el Ministerio de Educación Superior.
Y como se trata de una política de pensamiento único, si no se produce un cambio de gobierno el 3 de diciembre, las universidades autónomas serán uno de los blancos hacia los cuales disparará, sin contemplaciones, el militarismo gubernamental, que es el mecanismo expedito para someterlas, porque habrá resistencia democrática.
La suspensión de las elecciones estudiantiles en la Universidad de los Andes, por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, es otro indicador de la política oficial orientada al control de las universidades autónomas, para convertirlas en recintos donde sólo circule la supuesta verdad de una revolución del socialismo del siglo XXI. Y también es una clara demostración de la utilización de algunos jueces para impedir el triunfo de la oposición, pues, en la ULA era evidente la derrota del candidato del chavismo. Por eso se suspendieron las elecciones estudiantiles y le dictaron auto de detención al principal líder de la oposición, Nixon Moreno.
Y aunque la arremetida contra las universidades autónomas puede ser soslayada por ahora, en la creencia de que el candidato del gobierno pueda reelegirse, profesores y estudiantes democráticos deben formar frente común con el candidato de unidad nacional, Manuel Rosales, quien ha tomado las calles y penetrado en los barrios populares, abandonados por el candidato presidente. La defensa de la autonomía universitaria, de la pluralidad ideológica y la convivencia democrática, pasa hoy por la derrota de la tendencia autoritaria de Hugo Chávez.
La creencia de que el Comandante Chávez posee la solución de todos los problemas del país, del continente y del mundo, por parte de sus más cercanos colaboradores, inclina cada día más la disposición del Jefe del Estado a controlar las actividades fundamentales de la sociedad, especialmente aquellas que todavía escapan a su manejo discrecional. De allí las amenazas a la autonomía universitaria por parte del Ministro de Educación Superior, a partir de la eliminación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el que se venían discutiendo los aspectos fundamentales de la vida de las principales casas de estudio del país.
Y aunque la conciencia crítica que se estimula y crea en todas las universidades autónomas, frente a toda tendencia a imponer un pensamiento único, hará frente a cualquier subterfugio o maniobra política propiciados por las altas esferas gubernamentales para eliminar la pluralidad de ideas y la libertad para exponerlas en el aula y en el recinto universitario, la amenaza seguirá latente, aunque posiblemente pospuesta para después de las elecciones presidenciales.
La política de no concederle autonomía a las universidades experimentales, que por su desarrollo institucional la han venido solicitando desde antes de que el Presidente Chávez asumiera el poder, demuestra la convicción gubernamental de que todo el poder debe residir en la rama Ejecutiva, más concretamente en las manos del Jefe del Estado. Esa política antiautonómica se complementa con la creación de varias universidades, entre las más connotada la Bolivariana, orientadas a cumplir objetivos de un Estado o de una “revolución” totalitaria, en las que desde luego, se nombran a dedo las autoridades y no se permite ningún tipo de discusión. Todo, planes curriculares y hasta metodología de la enseñanza les llega elaborados por el Ministerio de Educación Superior.
Y como se trata de una política de pensamiento único, si no se produce un cambio de gobierno el 3 de diciembre, las universidades autónomas serán uno de los blancos hacia los cuales disparará, sin contemplaciones, el militarismo gubernamental, que es el mecanismo expedito para someterlas, porque habrá resistencia democrática.
La suspensión de las elecciones estudiantiles en la Universidad de los Andes, por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, es otro indicador de la política oficial orientada al control de las universidades autónomas, para convertirlas en recintos donde sólo circule la supuesta verdad de una revolución del socialismo del siglo XXI. Y también es una clara demostración de la utilización de algunos jueces para impedir el triunfo de la oposición, pues, en la ULA era evidente la derrota del candidato del chavismo. Por eso se suspendieron las elecciones estudiantiles y le dictaron auto de detención al principal líder de la oposición, Nixon Moreno.
Y aunque la arremetida contra las universidades autónomas puede ser soslayada por ahora, en la creencia de que el candidato del gobierno pueda reelegirse, profesores y estudiantes democráticos deben formar frente común con el candidato de unidad nacional, Manuel Rosales, quien ha tomado las calles y penetrado en los barrios populares, abandonados por el candidato presidente. La defensa de la autonomía universitaria, de la pluralidad ideológica y la convivencia democrática, pasa hoy por la derrota de la tendencia autoritaria de Hugo Chávez.
LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
Juan Páez Ávila
En la historia de la educación superior la universidad autónoma y democrática siempre ha sido incompatible con todo régimen autoritario. De allí la decisión del Presidente de la República de reformar la Constitución de 1999 para, entre otras modificaciones de su contenido que le permitan la reelección indefinida o continua que es lo fundamental de lo propuesto, se revise el carácter constitucional de la autonomía universitaria. De allí también, y seguramente por órdenes del Jefe del Estado, la solicitud del Ministro de Educación Superior a la Asamblea Nacional de la reformar de la Ley de Universidades.
La tendencia autoritaria del gobierno del Presidente Chávez, después de poner bajo su mando unipersonal el funcionamiento de los demás poderes públicos, no podría soslayar el avance hacia el control de las universidades autónomas, en las que se ejerce la libertad de cátedra, circulan todas las corrientes del pensamiento universal y se investiga sin recibir órdenes de Miraflores. El Ministro de Educación Superior, Profesor Luis Acuña, ha sido encargado de exponer el objetivo inmediato de reformar la Ley de Universidades para adaptar estas casas de estudio “al ritmo que lleva el país, que apunta hacia el socialismo”. Y como ya sabemos de cuál socialismo se trata, que no es el democrático de los países de Europa y de la mayoría de las naciones de América, es evidente que intentarán utilizar la mayoría de diputados que obedecen al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, para anular por vía de la ley la autonomía universitaria, aunque ello viole la Constitución Bolivariana, cuyo texto se les ha convertido en un obstáculo para imponer impunemente su proyecto político autocrático.
Sin embargo, si a la protesta masiva y pacífica de los estudiantes por la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos, se une las de los profesores y empleados universitarios por la autonomía y la democracia, es posible contener la tendencia autoritaria del gobierno. Para una educación de calidad científica, tecnológica y humanística lo que se requiere, entre otras medidas que habría que tomar, es aplicar la Constitución y la Ley de Universidades vigentes. La reforma constitucional y legal persigue instaurar la “dictadura perfecta” que el PRI mexicano impuso al país del norte durante décadas.
En la historia de la educación superior la universidad autónoma y democrática siempre ha sido incompatible con todo régimen autoritario. De allí la decisión del Presidente de la República de reformar la Constitución de 1999 para, entre otras modificaciones de su contenido que le permitan la reelección indefinida o continua que es lo fundamental de lo propuesto, se revise el carácter constitucional de la autonomía universitaria. De allí también, y seguramente por órdenes del Jefe del Estado, la solicitud del Ministro de Educación Superior a la Asamblea Nacional de la reformar de la Ley de Universidades.
La tendencia autoritaria del gobierno del Presidente Chávez, después de poner bajo su mando unipersonal el funcionamiento de los demás poderes públicos, no podría soslayar el avance hacia el control de las universidades autónomas, en las que se ejerce la libertad de cátedra, circulan todas las corrientes del pensamiento universal y se investiga sin recibir órdenes de Miraflores. El Ministro de Educación Superior, Profesor Luis Acuña, ha sido encargado de exponer el objetivo inmediato de reformar la Ley de Universidades para adaptar estas casas de estudio “al ritmo que lleva el país, que apunta hacia el socialismo”. Y como ya sabemos de cuál socialismo se trata, que no es el democrático de los países de Europa y de la mayoría de las naciones de América, es evidente que intentarán utilizar la mayoría de diputados que obedecen al Presidente de la República en la Asamblea Nacional, para anular por vía de la ley la autonomía universitaria, aunque ello viole la Constitución Bolivariana, cuyo texto se les ha convertido en un obstáculo para imponer impunemente su proyecto político autocrático.
Sin embargo, si a la protesta masiva y pacífica de los estudiantes por la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos, se une las de los profesores y empleados universitarios por la autonomía y la democracia, es posible contener la tendencia autoritaria del gobierno. Para una educación de calidad científica, tecnológica y humanística lo que se requiere, entre otras medidas que habría que tomar, es aplicar la Constitución y la Ley de Universidades vigentes. La reforma constitucional y legal persigue instaurar la “dictadura perfecta” que el PRI mexicano impuso al país del norte durante décadas.
LA ABSTENCION CHAVISTA
Juan Páez Ávila
La abstención de más del 95% de los electores que deberían concurrir a expresar su opinión favorable o no, acerca del revocatorio del mandato de gobernadores, alcaldes y diputados regionales, solicitado por sectores del chavismo, seguramente atendiendo al llamado del Presidente de la República en varias de sus alocuciones dominicales, es una evidente manifestación de indiferencia y rechazo a la voluntad del Comandante en Jefe. El indiscutible fracaso de la decisión del Presidente Chávez de salir de algunos gobernadores y alcaldes que ya no le resultan claramente obsecuentes, sólo fue publicitaria y virtualmente opacado por la insurgencia estudiantil contra la tendencia autoritaria del régimen, que sorprendió a la mayoría de los venezolanos, especialmente al alto gobierno.
En cualquier país democrático una abstención electoral que supere el 95% de los sufragantes, provocaría un profundo debate en torno a las causas que la generan. En nuestro país es indudable que el uso abusivo del poder a través de las listas Tascón, se ha convertido en una amenaza contra todo venezolano que pretenda expresar libremente su opinión contra algún alto funcionario público, que lo puede destituir de algún cargo oficial o cerrarle toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos constitucionales. De allí que la indiferencia y el rechazo a participar en un proceso electoral se pueda interpretar también como una expresión de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, que por su falta de equidad, termine entregándole al gobierno la lista de los firmantes para la discriminación y el chantaje políticos.
Ni el llamado del Presidente Chávez ni el despilfarro de aproximadamente 40 mil millones de bolívares por parte del CNE, fueron suficientes para movilizar siquiera un 10% de los electores chavistas. Y si a esto agregamos que según las últimas encuestas más del 80% de los venezolanos manifiesta que no está interesado ni dispuesto a votar por la Reforma Constitucional, el fracaso del gobierno puede ser peligrosamente catastrófico, si persiste en su política de agresión contra todo el que disienta de su orientación hacia un pensamiento único.
La abstención de más del 95% de los electores que deberían concurrir a expresar su opinión favorable o no, acerca del revocatorio del mandato de gobernadores, alcaldes y diputados regionales, solicitado por sectores del chavismo, seguramente atendiendo al llamado del Presidente de la República en varias de sus alocuciones dominicales, es una evidente manifestación de indiferencia y rechazo a la voluntad del Comandante en Jefe. El indiscutible fracaso de la decisión del Presidente Chávez de salir de algunos gobernadores y alcaldes que ya no le resultan claramente obsecuentes, sólo fue publicitaria y virtualmente opacado por la insurgencia estudiantil contra la tendencia autoritaria del régimen, que sorprendió a la mayoría de los venezolanos, especialmente al alto gobierno.
En cualquier país democrático una abstención electoral que supere el 95% de los sufragantes, provocaría un profundo debate en torno a las causas que la generan. En nuestro país es indudable que el uso abusivo del poder a través de las listas Tascón, se ha convertido en una amenaza contra todo venezolano que pretenda expresar libremente su opinión contra algún alto funcionario público, que lo puede destituir de algún cargo oficial o cerrarle toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos constitucionales. De allí que la indiferencia y el rechazo a participar en un proceso electoral se pueda interpretar también como una expresión de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, que por su falta de equidad, termine entregándole al gobierno la lista de los firmantes para la discriminación y el chantaje políticos.
Ni el llamado del Presidente Chávez ni el despilfarro de aproximadamente 40 mil millones de bolívares por parte del CNE, fueron suficientes para movilizar siquiera un 10% de los electores chavistas. Y si a esto agregamos que según las últimas encuestas más del 80% de los venezolanos manifiesta que no está interesado ni dispuesto a votar por la Reforma Constitucional, el fracaso del gobierno puede ser peligrosamente catastrófico, si persiste en su política de agresión contra todo el que disienta de su orientación hacia un pensamiento único.
LA ABSTENCION
Juan Páez Ávila
La tendencia de un elevado porcentaje del electorado a no concurrir a votar por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, es fácil de explicar por la abierta parcialización de la mayoría de ese organismo con el gobierno, pero hasta ahora sólo ha servido para facilitarle el triunfo al oficialismo. Quedarse en la casa el día de las elecciones no demuestra una actitud de conciencia ciudadana, ni justifica la menor protesta por los resultados electorales, aunque éstos sean fraudulentos.
Acudir a votar no sólo es el ejercicio de un derecho constitucional, sino también la revelación de una firme disposición de ratificar la conciencia democrática de la mayoría de los venezolanos y la única manera de estimular la lucha por la consolidación del Estado de Derecho. La mayoría de las naciones democráticas y desarrolladas del mundo han atravesado coyunturas o momentos críticos muy parecidos a los que vive Venezuela, y sólo han encontrado en la participación activa en los procesos electorales, la forma más eficaz de cambiar la violencia oficial por un régimen de libertades públicas.
Derrotar la abstención es un deber del ciudadano democrático, que aspira vivir en un sistema de respeto a los derechos humanos, de propiedad privada en función social y de libertad de expresión del pensamiento de todos los integrantes de la nación. La sociedad civil, que ha adquirido un alto grado de conciencia democrática, está en capacidad de darle un giro, un cambio histórico al militarismo fascista que el gobierno trata de imponer a los venezolanos.
La participación masiva y la disposición a defender el voto es un recurso constitucional que la sociedad civil puede poner en manos de la oposición unida, un poderoso instrumento para denunciar cualquier intento fraudulento del oficialismo y reclamar el respeto a la voluntad de la mayoría que aspira vivir en libertad y abrirle un camino de bienestar a los marginados de hoy a las generaciones futuras.
Después de alcanzado el objetivo de la unidad de la oposición, la gran responsabilidad para lograr el éxito en las elecciones del 4 de diciembre del 2005 y la subsiguiente del 2006, queda en manos de la sociedad civil, de cuyo entusiasmo en la participación depende el triunfo y la capacidad de defenderlo.
La tendencia de un elevado porcentaje del electorado a no concurrir a votar por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, es fácil de explicar por la abierta parcialización de la mayoría de ese organismo con el gobierno, pero hasta ahora sólo ha servido para facilitarle el triunfo al oficialismo. Quedarse en la casa el día de las elecciones no demuestra una actitud de conciencia ciudadana, ni justifica la menor protesta por los resultados electorales, aunque éstos sean fraudulentos.
Acudir a votar no sólo es el ejercicio de un derecho constitucional, sino también la revelación de una firme disposición de ratificar la conciencia democrática de la mayoría de los venezolanos y la única manera de estimular la lucha por la consolidación del Estado de Derecho. La mayoría de las naciones democráticas y desarrolladas del mundo han atravesado coyunturas o momentos críticos muy parecidos a los que vive Venezuela, y sólo han encontrado en la participación activa en los procesos electorales, la forma más eficaz de cambiar la violencia oficial por un régimen de libertades públicas.
Derrotar la abstención es un deber del ciudadano democrático, que aspira vivir en un sistema de respeto a los derechos humanos, de propiedad privada en función social y de libertad de expresión del pensamiento de todos los integrantes de la nación. La sociedad civil, que ha adquirido un alto grado de conciencia democrática, está en capacidad de darle un giro, un cambio histórico al militarismo fascista que el gobierno trata de imponer a los venezolanos.
La participación masiva y la disposición a defender el voto es un recurso constitucional que la sociedad civil puede poner en manos de la oposición unida, un poderoso instrumento para denunciar cualquier intento fraudulento del oficialismo y reclamar el respeto a la voluntad de la mayoría que aspira vivir en libertad y abrirle un camino de bienestar a los marginados de hoy a las generaciones futuras.
Después de alcanzado el objetivo de la unidad de la oposición, la gran responsabilidad para lograr el éxito en las elecciones del 4 de diciembre del 2005 y la subsiguiente del 2006, queda en manos de la sociedad civil, de cuyo entusiasmo en la participación depende el triunfo y la capacidad de defenderlo.
INSEGURIDAD Y DESARME
Juan Páez Ávila
El toque de queda que imponen los malandros desde las primeras horas de la noche hasta el amanecer, contra la mayor parte de la población que no posee armas ni guardaespaldas, especialmente en los barrios más humildes de las principales ciudades del país, tiene en la corrupción de algunos sectores policiales y judiciales sus mejores aliados, sin descartar que el desempleo y el hambre impulsen a muchos jóvenes a delinquir.
Muchos policías honestos y conocidos por los vecinos, se quejan de la impunidad de que gozan los delincuentes que ellos detienen y a los pocos días son liberados por jueces venales. De allí que la depuración de las policías y del Poder Judicial anunciada por altos funcionarios gubernamentales, tiene que realizarse con urgencia y sin retaliaciones políticas contra quienes hayan podido ingresar antes del ascenso al poder del Presidente Chávez.
La profesionalización, unida a la asignación de altos sueldos del policía y del juez, ha sido fundamental en aquellos países en los cuales se ha logrado reducir los niveles de la delincuencia. Y si acudimos a la experiencia mundial hay que despolitizar la policía y la judicatura, para que éstas no sean utilizadas por intereses partidistas y hasta personales. Lo que quiere decir que para mejorar la seguridad del ciudadano, no se les pueden entregar armas a personas de confianza de los jefes policiales, sin la debida preparación para cumplir con sus funciones de servicio público a la sociedad; ni se deben nombrar jueces sin calificación profesional.
En la Venezuela de nuestro tiempo se ha agudizado la violencia entre grupos juveniles y no tan jóvenes, con saldo de miles de muertos por año, no sólo por ajuste de cuentas entre delincuentes, sino también por la facilidad para comprar y hasta alquilar armas a funcionarios corrompidos. Y si a todos estos factores sociales, políticos y morales que corroen la sociedad venezolana, se une la entrega de armas a militantes del partido de gobierno, sin mayores controles por los órganos competentes, podríamos estar al borde de la anarquía de la violencia, que sólo un desarme total de la población civil podría subsanar.
El toque de queda que imponen los malandros desde las primeras horas de la noche hasta el amanecer, contra la mayor parte de la población que no posee armas ni guardaespaldas, especialmente en los barrios más humildes de las principales ciudades del país, tiene en la corrupción de algunos sectores policiales y judiciales sus mejores aliados, sin descartar que el desempleo y el hambre impulsen a muchos jóvenes a delinquir.
Muchos policías honestos y conocidos por los vecinos, se quejan de la impunidad de que gozan los delincuentes que ellos detienen y a los pocos días son liberados por jueces venales. De allí que la depuración de las policías y del Poder Judicial anunciada por altos funcionarios gubernamentales, tiene que realizarse con urgencia y sin retaliaciones políticas contra quienes hayan podido ingresar antes del ascenso al poder del Presidente Chávez.
La profesionalización, unida a la asignación de altos sueldos del policía y del juez, ha sido fundamental en aquellos países en los cuales se ha logrado reducir los niveles de la delincuencia. Y si acudimos a la experiencia mundial hay que despolitizar la policía y la judicatura, para que éstas no sean utilizadas por intereses partidistas y hasta personales. Lo que quiere decir que para mejorar la seguridad del ciudadano, no se les pueden entregar armas a personas de confianza de los jefes policiales, sin la debida preparación para cumplir con sus funciones de servicio público a la sociedad; ni se deben nombrar jueces sin calificación profesional.
En la Venezuela de nuestro tiempo se ha agudizado la violencia entre grupos juveniles y no tan jóvenes, con saldo de miles de muertos por año, no sólo por ajuste de cuentas entre delincuentes, sino también por la facilidad para comprar y hasta alquilar armas a funcionarios corrompidos. Y si a todos estos factores sociales, políticos y morales que corroen la sociedad venezolana, se une la entrega de armas a militantes del partido de gobierno, sin mayores controles por los órganos competentes, podríamos estar al borde de la anarquía de la violencia, que sólo un desarme total de la población civil podría subsanar.
INHABILITACIONES Y HABILITANTES
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
domingo, 1 de marzo de 2009
INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Juan Páez Ávila
El ingreso a la educación superior ha sido un tema de discusión recurrente entre educadores con concepciones diferentes acerca del papel que deben desempeñar las universidades y en cuanto a las condiciones que deben llenar los estudiantes para un desempeño exitoso a lo largo de su carrera y posterior ejercicio profesional, y quienes consideran que es un derecho de todo aquel que egresa de la educación secundaria, sin determinar con precisión pedagógica cuáles son sus posibilidades reales de alcanzar lo que puede ser un sueño realizable o descaminado. La experiencia universal indica que imponerle a las universidades el ingreso indiscriminado de estudiantes, son éstos quienes al final pueden sufrir las consecuencias negativas de una política educativa equivocada, si no tienen vocación y aptitudes para el dominio de la carrera escogida, porque seguramente no aprobarán la mayoría de las asignaturas correspondientes.
Si se quiere beneficiar a los estudiantes, a las universidades y al país, la política de ingreso a la educación superior debería encontrar consenso entre quienes tienen la responsabilidad de formar mejores profesionales y científicos, consolidar universidades de excelencia y dotar a la nación de una planta humana de expertos en diferentes ramas del conocimiento que impulsan el progreso del mundo contemporáneo.
Obligar a las universidades a aceptar en cualquier carrera a los pobres porque son pobres y rechazar a los ricos porque son ricos, más que un error en la política educativa es una solemne demostración de ignorancia en torno a lo que ha pasado en Venezuela y en todas partes del mundo en ese aspecto. Muchos hijos de la pobreza se han erigido en grandes investigadores, científicos y promotores de riqueza, cuando han recibido una adecuada orientación en sus estudios. Y muchos ricos se han arruinado o han multiplicado su riqueza de acuerdo con la acertada o equivocada orientación y preparación que hayan podido recibir.
Y algo tanto o más importante, muchas universidades se han convertido en instituciones de excelencia de acuerdo a la calidad de sus docentes e investigadores y al tipo de profesional que gradúan. Otras vegetan en la improvisación y la masificación. Y finalmente, muchos países pobres han salido del atraso, por el alto nivel de conocimiento de sus científicos, técnicos y humanistas.
El ingreso a la educación superior ha sido un tema de discusión recurrente entre educadores con concepciones diferentes acerca del papel que deben desempeñar las universidades y en cuanto a las condiciones que deben llenar los estudiantes para un desempeño exitoso a lo largo de su carrera y posterior ejercicio profesional, y quienes consideran que es un derecho de todo aquel que egresa de la educación secundaria, sin determinar con precisión pedagógica cuáles son sus posibilidades reales de alcanzar lo que puede ser un sueño realizable o descaminado. La experiencia universal indica que imponerle a las universidades el ingreso indiscriminado de estudiantes, son éstos quienes al final pueden sufrir las consecuencias negativas de una política educativa equivocada, si no tienen vocación y aptitudes para el dominio de la carrera escogida, porque seguramente no aprobarán la mayoría de las asignaturas correspondientes.
Si se quiere beneficiar a los estudiantes, a las universidades y al país, la política de ingreso a la educación superior debería encontrar consenso entre quienes tienen la responsabilidad de formar mejores profesionales y científicos, consolidar universidades de excelencia y dotar a la nación de una planta humana de expertos en diferentes ramas del conocimiento que impulsan el progreso del mundo contemporáneo.
Obligar a las universidades a aceptar en cualquier carrera a los pobres porque son pobres y rechazar a los ricos porque son ricos, más que un error en la política educativa es una solemne demostración de ignorancia en torno a lo que ha pasado en Venezuela y en todas partes del mundo en ese aspecto. Muchos hijos de la pobreza se han erigido en grandes investigadores, científicos y promotores de riqueza, cuando han recibido una adecuada orientación en sus estudios. Y muchos ricos se han arruinado o han multiplicado su riqueza de acuerdo con la acertada o equivocada orientación y preparación que hayan podido recibir.
Y algo tanto o más importante, muchas universidades se han convertido en instituciones de excelencia de acuerdo a la calidad de sus docentes e investigadores y al tipo de profesional que gradúan. Otras vegetan en la improvisación y la masificación. Y finalmente, muchos países pobres han salido del atraso, por el alto nivel de conocimiento de sus científicos, técnicos y humanistas.
INFLACION Y DESESTABILIZACION
Juan Páez Ávila
En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación entraron en un período irreversible de desestabilización, hasta la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.
Como no ha ocurrido en ninguna otra elección anterior en Venezuela, en un año electoral la inflación golpea fuertemente el estómago de la mayoría de los pobres y de la clase media del país, que en noviembre concurrirá a sufragar por los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos propuestos por el PSUV y por la unidad de la oposición democrática. En tales circunstancias no es exagerado prever que esa mayoría le propine una contundente derrota a los candidatos oficialistas en las más importantes ciudades del país, donde se concentra no sólo la mayor población electoral sino también la más elevada conciencia política y combatividad de los venezolanos, expresada en protestas diarias en las calles de Caracas y otras ciudades, reclamando por promesas incumplidas por el gobierno.
El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que pueda tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, con la excepción de las importaciones subsidiadas por los mercales y que sin embargo no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.
Y como la única alternativa frente a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal en el campo para los productores, el gobierno se equivocó al declarar como latifundios a las fincas de mayor rentabilidad y las hizo invadir por campesinos y algunos desempleados llevado desde las ciudades, en nombre de una revolución agraria que ha provocado menos producción y mayor inflación.
De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares. El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.
El régimen chavista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que se apresta a cobrar, por la vía democrática, el 23 de noviembre, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.
Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en una década de imitación, más que de experimento chavista del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso, ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.
En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación entraron en un período irreversible de desestabilización, hasta la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.
Como no ha ocurrido en ninguna otra elección anterior en Venezuela, en un año electoral la inflación golpea fuertemente el estómago de la mayoría de los pobres y de la clase media del país, que en noviembre concurrirá a sufragar por los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos propuestos por el PSUV y por la unidad de la oposición democrática. En tales circunstancias no es exagerado prever que esa mayoría le propine una contundente derrota a los candidatos oficialistas en las más importantes ciudades del país, donde se concentra no sólo la mayor población electoral sino también la más elevada conciencia política y combatividad de los venezolanos, expresada en protestas diarias en las calles de Caracas y otras ciudades, reclamando por promesas incumplidas por el gobierno.
El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que pueda tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, con la excepción de las importaciones subsidiadas por los mercales y que sin embargo no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.
Y como la única alternativa frente a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal en el campo para los productores, el gobierno se equivocó al declarar como latifundios a las fincas de mayor rentabilidad y las hizo invadir por campesinos y algunos desempleados llevado desde las ciudades, en nombre de una revolución agraria que ha provocado menos producción y mayor inflación.
De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares. El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.
El régimen chavista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que se apresta a cobrar, por la vía democrática, el 23 de noviembre, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.
Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en una década de imitación, más que de experimento chavista del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso, ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.
INEFICIENCIA
Juan Páez Ávila
La ineficiencia del equipo de gobierno denunciada por el propio Presidente de la República en su último programa dominical, no sólo evidencia el fracaso de muchos de sus más altos colaboradores sino también lo equivocado de sus políticas sociales y económicas, basadas concepciones teóricas que ponen de lado la experiencia práctica que ha llevado a la quiebra a varias economías del globo.
El más claro ejemplo es el de la vivienda a cuyos programas de construcción ha ordenado invertir miles de millones de bolívares, con resultados inferiores en calidad y cantidad a los de la denostada IV república. En más de 6 años de gobierno sólo han podido construir unas 100 mil viviendas, cantidad que fue y puede ser construida en un año, si se emplean tecnologías avanzadas que hacen posible una masiva producción de apartamentos o casas en pocos meses. Pero empeñarse en la autoconstrucción y en el empleo de cooperativas –que tienen un indudable papel complementario en otras áreas de la actividad económica y social- conduce al fracaso a todo al que ponga al frente de esos programas. Es por eso que los cambios de ministros no producen resultados diferentes, ni que el Presidente los regañe en público, ni que él mismo vaya a pegar bloques a los barrios y obligue a sus más altos funcionarios a hacerlo. Le sucederá lo mismo que pasó en Cuba cuando en la euforia de la revolución, el Comandante Fidel Castro llamó a cortar caña de azúcar a decenas de miles de maestros, profesores universitarios, estudiantes y empleados públicos, quienes no sabían cómo se agarra el machete, rendían menos que un obrero especializado y algunos seguían cobrando altos sueldos. El fracaso fue total.
Igual o peor ha pasado en PDVSA, nuestra principal industria, en la que después de despedir a unos 18 mil trabajadores especializados, incorporaron personal de confianza, pero improvisados muchos de ellos, para manejar una empresa de alta tecnología y gran complejidad. Con esa política de personal y reduciendo o eliminando las inversiones requeridas para mantener los pozos y reponer el petróleo explotado, extrayéndole todo el dinero posible para gastos públicos, PDVSA no ido a la quiebra por los altos precios del petróleo y por las inversiones que han hecho las transnacionales que ganaron licitaciones en los proyectos de la Apertura Petrolera, para producir más de 1 millón de barrios diarios de petróleo.
La ineficiencia del equipo de gobierno denunciada por el propio Presidente de la República en su último programa dominical, no sólo evidencia el fracaso de muchos de sus más altos colaboradores sino también lo equivocado de sus políticas sociales y económicas, basadas concepciones teóricas que ponen de lado la experiencia práctica que ha llevado a la quiebra a varias economías del globo.
El más claro ejemplo es el de la vivienda a cuyos programas de construcción ha ordenado invertir miles de millones de bolívares, con resultados inferiores en calidad y cantidad a los de la denostada IV república. En más de 6 años de gobierno sólo han podido construir unas 100 mil viviendas, cantidad que fue y puede ser construida en un año, si se emplean tecnologías avanzadas que hacen posible una masiva producción de apartamentos o casas en pocos meses. Pero empeñarse en la autoconstrucción y en el empleo de cooperativas –que tienen un indudable papel complementario en otras áreas de la actividad económica y social- conduce al fracaso a todo al que ponga al frente de esos programas. Es por eso que los cambios de ministros no producen resultados diferentes, ni que el Presidente los regañe en público, ni que él mismo vaya a pegar bloques a los barrios y obligue a sus más altos funcionarios a hacerlo. Le sucederá lo mismo que pasó en Cuba cuando en la euforia de la revolución, el Comandante Fidel Castro llamó a cortar caña de azúcar a decenas de miles de maestros, profesores universitarios, estudiantes y empleados públicos, quienes no sabían cómo se agarra el machete, rendían menos que un obrero especializado y algunos seguían cobrando altos sueldos. El fracaso fue total.
Igual o peor ha pasado en PDVSA, nuestra principal industria, en la que después de despedir a unos 18 mil trabajadores especializados, incorporaron personal de confianza, pero improvisados muchos de ellos, para manejar una empresa de alta tecnología y gran complejidad. Con esa política de personal y reduciendo o eliminando las inversiones requeridas para mantener los pozos y reponer el petróleo explotado, extrayéndole todo el dinero posible para gastos públicos, PDVSA no ido a la quiebra por los altos precios del petróleo y por las inversiones que han hecho las transnacionales que ganaron licitaciones en los proyectos de la Apertura Petrolera, para producir más de 1 millón de barrios diarios de petróleo.
II CUMBRE SURAMERICANA
Juan Páez Ávila
Reunida en Cochabamba, República de Bolivia, La II Cumbre Suramericana reveló por boca de sus principales mandatarios que asistieron a dicho cónclave, que estamos muy lejos de avanzar hacia lo que fue el gran sueño de Simón Bolívar, de progresar hacia la construcción de la Gran Patria de esta parte del mundo. Las contradicciones entre las políticas de varios jefes de Estado y el choque de intereses como los que han aflorado entre Argentina y Uruguay por la construcción de una empresa de papel en la frontera de ambos países, pospone por tiempo indefinido la Integración Suramericana, como consecuencia de la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR.
Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, el Presidente Chávez no sólo le propinó un severo golpe con el retiro de Venezuela de la misma, sino que igualmente entró en contradicción con el pensamiento bolivariano, en el que dice inspirarse para su revolución, y que es más factible de integrar por la complementación de nuestras economías. Su presencia en la CAN lo colocaría más cerca de la posibilidad de impulsar la obra inconclusa del Libertador Simón Bolívar, que su desmesurada ambición de liderar el MERCOSUR. Y lo más grave es que además de retirarse, rechaza la invitación de su pupilo el Presidente boliviano, Evo Morales, a que se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones, desde donde podrían trabajar juntos por la integración con MERCOSUR, que sellaría la Integración Suramericana con la incorporación de Surinam y Guyana.
Y por si estas contradicciones no bastaran para concluir que la Integración Suramericana está lejos de consolidarse o avanzar con cierta regularidad, países como Chile se han beneficiado con la globalización, Perú y Colombia son partidarios de firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, mientras Venezuela se opone radicalmente, no obstante exportar más de 1 millón barriles diarios a ese país y tener una balanza de pagos favorable. Lula, hasta hoy, no parece estar en condiciones de asumir el liderazgo, y Chávez, que sí lo intenta, no lo podrá lograr con la sola chequera de petrodólares, si no es capaz de comprender y conciliar los intereses en juego en una economía globalizada, que va más allá de los límites suramericanos.
Reunida en Cochabamba, República de Bolivia, La II Cumbre Suramericana reveló por boca de sus principales mandatarios que asistieron a dicho cónclave, que estamos muy lejos de avanzar hacia lo que fue el gran sueño de Simón Bolívar, de progresar hacia la construcción de la Gran Patria de esta parte del mundo. Las contradicciones entre las políticas de varios jefes de Estado y el choque de intereses como los que han aflorado entre Argentina y Uruguay por la construcción de una empresa de papel en la frontera de ambos países, pospone por tiempo indefinido la Integración Suramericana, como consecuencia de la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR.
Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, el Presidente Chávez no sólo le propinó un severo golpe con el retiro de Venezuela de la misma, sino que igualmente entró en contradicción con el pensamiento bolivariano, en el que dice inspirarse para su revolución, y que es más factible de integrar por la complementación de nuestras economías. Su presencia en la CAN lo colocaría más cerca de la posibilidad de impulsar la obra inconclusa del Libertador Simón Bolívar, que su desmesurada ambición de liderar el MERCOSUR. Y lo más grave es que además de retirarse, rechaza la invitación de su pupilo el Presidente boliviano, Evo Morales, a que se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones, desde donde podrían trabajar juntos por la integración con MERCOSUR, que sellaría la Integración Suramericana con la incorporación de Surinam y Guyana.
Y por si estas contradicciones no bastaran para concluir que la Integración Suramericana está lejos de consolidarse o avanzar con cierta regularidad, países como Chile se han beneficiado con la globalización, Perú y Colombia son partidarios de firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, mientras Venezuela se opone radicalmente, no obstante exportar más de 1 millón barriles diarios a ese país y tener una balanza de pagos favorable. Lula, hasta hoy, no parece estar en condiciones de asumir el liderazgo, y Chávez, que sí lo intenta, no lo podrá lograr con la sola chequera de petrodólares, si no es capaz de comprender y conciliar los intereses en juego en una economía globalizada, que va más allá de los límites suramericanos.
IBEROAMERICA
Juan Páez Ávila
La XV Cumbre Iberoamericana ha tenido una mayor repercusión que las anteriores al reafirmar, no sólo debido a la pertinencia de la integración de las naciones con más de 500 años de historia común, sino también por el interés de resolver algunos problemas económicos y sociales que las afectan desde la época de la independencia y formación de los países de habla española y portuguesa.
En una época de hegemonía de las potencias que dominan la ciencia y la tecnología modernas, debido a sus inversiones en investigación y desarrollo económico, los países que no alcanzan por separado esos niveles de crecimiento tienen la obligación de constituir grandes bloques de naciones para ampliar sus mercados e intercambiar conocimientos. De allí la importancia de la celebración de las cumbres iberoamericanas con la presencia de los jefes de Estado, no obstante la lentitud que se puede constatar en la aplicación de los acuerdos fundamentales para solucionar problemas como la pobreza, el desempleo y las migraciones incontroladas.
Pero si tomamos en cuenta el crecimiento industrial y tecnológico de España y Portugal en la Península, y Brasil, México y Argentina en nuestro continente, la integración de las economías iberoamericanas puede abrirle a las demás naciones un amplio mercado para colocar sus productos. Y si evaluamos las dificultades que atravesaron las naciones que hoy conforman la Unión Europea, después de superar las consecuencias de una reciente y devastadora guerra entre ellas, las repúblicas iberoamericanas a pesar de haber experimentado también los efectos de una guerra, la de la independencia, después de casi dos siglos, han tenido más tiempo para disipar las secuelas, en las mentes más inteligentes de los hombres y mujeres de hoy. Prueba de ello es que muy pocos venezolanos celebraron que algunos descendientes de españoles, fanatizados por un discurso antihistórico del Presidente de la República, derribaran la estatua de Cristóbal Colón en el paseo que lleva su nombre en el Este de Caracas. Y son muchos los que esperan que la sensatez retorne al espíritu de los gobernantes competentes, para que la restituyan como símbolo, precisamente, de la integración iberoamericana.
La XV Cumbre Iberoamericana ha tenido una mayor repercusión que las anteriores al reafirmar, no sólo debido a la pertinencia de la integración de las naciones con más de 500 años de historia común, sino también por el interés de resolver algunos problemas económicos y sociales que las afectan desde la época de la independencia y formación de los países de habla española y portuguesa.
En una época de hegemonía de las potencias que dominan la ciencia y la tecnología modernas, debido a sus inversiones en investigación y desarrollo económico, los países que no alcanzan por separado esos niveles de crecimiento tienen la obligación de constituir grandes bloques de naciones para ampliar sus mercados e intercambiar conocimientos. De allí la importancia de la celebración de las cumbres iberoamericanas con la presencia de los jefes de Estado, no obstante la lentitud que se puede constatar en la aplicación de los acuerdos fundamentales para solucionar problemas como la pobreza, el desempleo y las migraciones incontroladas.
Pero si tomamos en cuenta el crecimiento industrial y tecnológico de España y Portugal en la Península, y Brasil, México y Argentina en nuestro continente, la integración de las economías iberoamericanas puede abrirle a las demás naciones un amplio mercado para colocar sus productos. Y si evaluamos las dificultades que atravesaron las naciones que hoy conforman la Unión Europea, después de superar las consecuencias de una reciente y devastadora guerra entre ellas, las repúblicas iberoamericanas a pesar de haber experimentado también los efectos de una guerra, la de la independencia, después de casi dos siglos, han tenido más tiempo para disipar las secuelas, en las mentes más inteligentes de los hombres y mujeres de hoy. Prueba de ello es que muy pocos venezolanos celebraron que algunos descendientes de españoles, fanatizados por un discurso antihistórico del Presidente de la República, derribaran la estatua de Cristóbal Colón en el paseo que lleva su nombre en el Este de Caracas. Y son muchos los que esperan que la sensatez retorne al espíritu de los gobernantes competentes, para que la restituyan como símbolo, precisamente, de la integración iberoamericana.
GUSTAVO CARMONA
Juan Páez Ávila
Conocí a Gustavo Carmona como la mayoría de los larenses, cuando comenzó a ejercer funciones de Director de este diario y pude valorar sus excepcionales condiciones de periodista que no sólo contribuyó a modernizar El Impulso, sino que también lo consolidó como un medio de comunicación al servicio de la sociedad centro occidental. Y como la mayoría de los larenses he lamentado y lamentaré siempre su desaparición física, no sólo porque hemos perdido un baluarte del periodismo moderno y democrático, sino también porque en lo personal fuimos entrañables amigos, y extrañaré, como lo pude experimentar a lo largo de su dolorosa convalecencia, no poder dialogar con él sobre aspectos fundamentales del periodismo, la política regional y nacional y acerca de todo lo que la vida misma le depara en común a los seres humanos compenetrados con su tiempo.
Nuestros diálogos tuvieron como principal escenario la sede del Congreso de la República, en el que Gustavo representaba al Estado Lara en la Cámara de Diputados y yo en el Senado. Los temas siempre tuvieron relacionados con los problemas económicos, sociales y políticos de nuestra región y con el país en general. Esos diálogos me permitieron conocer un hombre profundamente larense, preocupado por el desarrollo y bienestar de la sociedad de nuestra región, lo cual nos identificó con la labor que deberíamos realizar como parlamentarios, aún cuando como independientes habíamos sido electos en planchas diferentes, cuyos partidos tenían concepciones distintas en lo ideológico. Y aunque Copey y el MAS coincidieron en la defensa de los intereses económicos y sociales de los habitantes del Estado Lara, tal vez nuestra condición de independientes nos permitió abordar con mayor cercanía y reciprocidad el tratamiento que le deberíamos dar a esos problemas de la región. Yo los expuse en los debates de la Cámara del Senado, como articulista de El Impulso y entrevistado en sus páginas informativas. Gustavo, más ganado por el periodismo, los reflejaba en el periódico que dirigía magistralmente. La semana siguiente volvíamos a tratar la problemática de nuestro Estado, que en extensión era la misma de todo el país, y le dábamos el mismo tratamiento.
De esa mutua preocupación, que me llevó conocer a un gran ciudadano, surgió entre nosotros una gran amistad, lo que a su vez me permitió constatar la existencia de un ser venezolano, larense, de extraordinarias condiciones humanas, sincero y generoso en la relación amistosa, sin dejar de ser vertical en sus ideas y principios. Nuestras convicciones democráticas, respetuosas de la diversidad de pensamiento, nos acercaron en lo humano y estoy seguro que ambos arribamos a las mismas conclusiones: en Venezuela se puede convivir en paz, sin falsas posturas, tratando de contribuir, desde trincheras diferentes, con el progreso y bienestar de sus habitantes.
He expresado en privado, y hoy lo hago en público, mi solidaridad con su familia, a la que conocí a través de Gustavo y a la que he aprendido a valorar por su dedicación al trabajo útil y productivo, en beneficio de sus integrantes, de los larenses y de toda Venezuela. Paz a los restos de Gustavo, cuyo paso por esta vida dejó huellas sociales y humanas que no lo dejarán morir espiritualmente, por mucho tiempo, mientras su familia y quienes le conocimos y lo despedimos en su féretro, vivamos con la decisión inquebrantable de continuar luchando por los ideales democráticos que compartimos y con la sinceridad vital que a él lo caracterizó.
Conocí a Gustavo Carmona como la mayoría de los larenses, cuando comenzó a ejercer funciones de Director de este diario y pude valorar sus excepcionales condiciones de periodista que no sólo contribuyó a modernizar El Impulso, sino que también lo consolidó como un medio de comunicación al servicio de la sociedad centro occidental. Y como la mayoría de los larenses he lamentado y lamentaré siempre su desaparición física, no sólo porque hemos perdido un baluarte del periodismo moderno y democrático, sino también porque en lo personal fuimos entrañables amigos, y extrañaré, como lo pude experimentar a lo largo de su dolorosa convalecencia, no poder dialogar con él sobre aspectos fundamentales del periodismo, la política regional y nacional y acerca de todo lo que la vida misma le depara en común a los seres humanos compenetrados con su tiempo.
Nuestros diálogos tuvieron como principal escenario la sede del Congreso de la República, en el que Gustavo representaba al Estado Lara en la Cámara de Diputados y yo en el Senado. Los temas siempre tuvieron relacionados con los problemas económicos, sociales y políticos de nuestra región y con el país en general. Esos diálogos me permitieron conocer un hombre profundamente larense, preocupado por el desarrollo y bienestar de la sociedad de nuestra región, lo cual nos identificó con la labor que deberíamos realizar como parlamentarios, aún cuando como independientes habíamos sido electos en planchas diferentes, cuyos partidos tenían concepciones distintas en lo ideológico. Y aunque Copey y el MAS coincidieron en la defensa de los intereses económicos y sociales de los habitantes del Estado Lara, tal vez nuestra condición de independientes nos permitió abordar con mayor cercanía y reciprocidad el tratamiento que le deberíamos dar a esos problemas de la región. Yo los expuse en los debates de la Cámara del Senado, como articulista de El Impulso y entrevistado en sus páginas informativas. Gustavo, más ganado por el periodismo, los reflejaba en el periódico que dirigía magistralmente. La semana siguiente volvíamos a tratar la problemática de nuestro Estado, que en extensión era la misma de todo el país, y le dábamos el mismo tratamiento.
De esa mutua preocupación, que me llevó conocer a un gran ciudadano, surgió entre nosotros una gran amistad, lo que a su vez me permitió constatar la existencia de un ser venezolano, larense, de extraordinarias condiciones humanas, sincero y generoso en la relación amistosa, sin dejar de ser vertical en sus ideas y principios. Nuestras convicciones democráticas, respetuosas de la diversidad de pensamiento, nos acercaron en lo humano y estoy seguro que ambos arribamos a las mismas conclusiones: en Venezuela se puede convivir en paz, sin falsas posturas, tratando de contribuir, desde trincheras diferentes, con el progreso y bienestar de sus habitantes.
He expresado en privado, y hoy lo hago en público, mi solidaridad con su familia, a la que conocí a través de Gustavo y a la que he aprendido a valorar por su dedicación al trabajo útil y productivo, en beneficio de sus integrantes, de los larenses y de toda Venezuela. Paz a los restos de Gustavo, cuyo paso por esta vida dejó huellas sociales y humanas que no lo dejarán morir espiritualmente, por mucho tiempo, mientras su familia y quienes le conocimos y lo despedimos en su féretro, vivamos con la decisión inquebrantable de continuar luchando por los ideales democráticos que compartimos y con la sinceridad vital que a él lo caracterizó.
GLOBOVISION
Juan Páez Ávila
Si el cierre de RCTV, contra la voluntad de más del 80% de los encuestados, generó como consecuencia el surgimiento de un poderoso movimiento estudiantil como nuevo actor en la política nacional, si se materializa la amenaza del Presidente de la República de cerrar GLOBOVISIÓN por supuestas violaciones a la Constitución Bolivariana, para lo cual cuenta con un Poder Judicial bajo su mando, los efectos son sin duda imprevisibles, pero es de elemental sentido común inferir que aumentará la oposición a la tendencia autoritaria del Jefe del Estado.
Y aunque la frase intimidatoria la pronunció en un discurso frente a una concentración de sus partidarios, llevados en autobuses la mayoría y no voluntarios que descendieran de los cerros de Petare y Catia tal como Comandante en Jefe les pidiera u ordenara para que bajaran a defender el ¨ Socialismo del siglo XXI ¨ ante el peligro de las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, su creencia de que es el único que puede gobernar el país hasta el 2021 o más allá, puede irla apartando de sus planes personalistas y militaristas.
Las últimas manifestaciones de protesta contra el cierre de RCTV y por la libertad de expresión ratifican la voluntad pacífica de la inmensa mayoría de la oposición, y a las cuales vienen a sumarse las protagonizadas por los estudiantes a lo largo de todo el país, constituyen un indicador de que los venezolanos queremos vivir en democracia, en paz y en permanente discusión civilizada.
La resolución gubernamental para cerrar GLOBOVISIÓN es relativamente sencilla para un Jefe de Estado que ha consolidado un régimen vertical entre los Poderes Públicos, que obedecen a su mandato. Pero cuando esa política, propia de un gobierno militar, se la aplicó a RCTV, incluso al sólo anunciarla meses antes, fue rechazada por más del 80% de los venezolanos entre los cuales un importante porcentaje sufragó por su segunda Presidencia.
De allí que la espada de Damocles contra GLOBOVISIÓN puede cortarle la cabeza en cualquier momento, pero la crisis política de estos días se tenderá a agravar tanto a escala nacional como internacional. Todo indica que la mayoría que defiende la libertad de expresión no se la dejará quitar estoicamente y luchará por más democracia.
Si el cierre de RCTV, contra la voluntad de más del 80% de los encuestados, generó como consecuencia el surgimiento de un poderoso movimiento estudiantil como nuevo actor en la política nacional, si se materializa la amenaza del Presidente de la República de cerrar GLOBOVISIÓN por supuestas violaciones a la Constitución Bolivariana, para lo cual cuenta con un Poder Judicial bajo su mando, los efectos son sin duda imprevisibles, pero es de elemental sentido común inferir que aumentará la oposición a la tendencia autoritaria del Jefe del Estado.
Y aunque la frase intimidatoria la pronunció en un discurso frente a una concentración de sus partidarios, llevados en autobuses la mayoría y no voluntarios que descendieran de los cerros de Petare y Catia tal como Comandante en Jefe les pidiera u ordenara para que bajaran a defender el ¨ Socialismo del siglo XXI ¨ ante el peligro de las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, su creencia de que es el único que puede gobernar el país hasta el 2021 o más allá, puede irla apartando de sus planes personalistas y militaristas.
Las últimas manifestaciones de protesta contra el cierre de RCTV y por la libertad de expresión ratifican la voluntad pacífica de la inmensa mayoría de la oposición, y a las cuales vienen a sumarse las protagonizadas por los estudiantes a lo largo de todo el país, constituyen un indicador de que los venezolanos queremos vivir en democracia, en paz y en permanente discusión civilizada.
La resolución gubernamental para cerrar GLOBOVISIÓN es relativamente sencilla para un Jefe de Estado que ha consolidado un régimen vertical entre los Poderes Públicos, que obedecen a su mandato. Pero cuando esa política, propia de un gobierno militar, se la aplicó a RCTV, incluso al sólo anunciarla meses antes, fue rechazada por más del 80% de los venezolanos entre los cuales un importante porcentaje sufragó por su segunda Presidencia.
De allí que la espada de Damocles contra GLOBOVISIÓN puede cortarle la cabeza en cualquier momento, pero la crisis política de estos días se tenderá a agravar tanto a escala nacional como internacional. Todo indica que la mayoría que defiende la libertad de expresión no se la dejará quitar estoicamente y luchará por más democracia.
FUNCIONAMIENTO DEMOCRATICO
Juan Páez Ávila
Tal vez no estén agotados todos los análisis de especialistas sobre el contenido y significado de la Reforma a la Constitución vigente solicitada por el Presidente de la República y ampliada por la Asamblea Nacional, pero a estas alturas, camino hacia el Referendo, la afirmación política de Pompeyo Márquez, expresada en la Asamblea de profesores y estudiantes universitarios realizada en el Aula Magna, que en estos momentos lo que está planteado es si la sociedad venezolana puede funcionar o no en democracia, señala un rumbo correcto como centro del debate en los próximos días.
Después que los decanos de varias facultades de Derecho de diversas universidades del país arribaron a la conclusión de que la Reforma propuesta es “jurídicamente inaceptable”, que Arzobispos y Obispos de la Conferencia Episcopal la juzgan “moralmente inaceptable” para los católicos y el país en general, que las academias, las universidades autónomas, Consecomercio y otros gremios empresariales, la mayoría de los estudiantes y un porcentaje mayoritario de los encuestados rechazan dicha Reforma, el combate político señalado por Pompeyo Márquez tomará las calles de las principales ciudades del país.
Las primeras manifestaciones encabezadas por los estudiantes universitarios y apoyadas por buena parte de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición, para solicitar, algunos, la posposición del Referendo para permitir una mayor discusión, y, otros, el retiro de dicha propuesta para evitar que la confrontación, que ya tiene visos de violencia, pueda agravarse y generar mayores males a la sociedad venezolana, indican que es necesario restablecer el diálogo y abrirle camino a la reconciliación nacional.
Si el Presidente de la República no admite una disidencia democrática, un debate civilizado, el funcionamiento independiente de los Poderes Públicos, el respeto a los Derechos Humanos y a la propiedad privada, nadie puede creer que habrá elecciones transparentes y libres. El camino de la violencia oficial lo puede llevar a un triunfo inmediato en su empeño de imponer un pensamiento único, excluyendo a millones de venezolanos que pensamos distintos, pero si revisa la historia contemporánea de Venezuela y del mundo occidental, encontrará una sola respuesta: la prolongación indefinida en el poder, intentada por varios gobernantes, abusando de la fuerza y de las artimañas que les aconsejaron algunos politiqueros que medraban a su alrededor, los condujo a un rotundo fracaso.
En Venezuela de hoy, en esta difícil encrucijada, la experiencia y la cultura política de Pompeyo Márquez, aconseja apoyar a los estudiantes en sus luchas por la libertad y la reconciliación.
Tal vez no estén agotados todos los análisis de especialistas sobre el contenido y significado de la Reforma a la Constitución vigente solicitada por el Presidente de la República y ampliada por la Asamblea Nacional, pero a estas alturas, camino hacia el Referendo, la afirmación política de Pompeyo Márquez, expresada en la Asamblea de profesores y estudiantes universitarios realizada en el Aula Magna, que en estos momentos lo que está planteado es si la sociedad venezolana puede funcionar o no en democracia, señala un rumbo correcto como centro del debate en los próximos días.
Después que los decanos de varias facultades de Derecho de diversas universidades del país arribaron a la conclusión de que la Reforma propuesta es “jurídicamente inaceptable”, que Arzobispos y Obispos de la Conferencia Episcopal la juzgan “moralmente inaceptable” para los católicos y el país en general, que las academias, las universidades autónomas, Consecomercio y otros gremios empresariales, la mayoría de los estudiantes y un porcentaje mayoritario de los encuestados rechazan dicha Reforma, el combate político señalado por Pompeyo Márquez tomará las calles de las principales ciudades del país.
Las primeras manifestaciones encabezadas por los estudiantes universitarios y apoyadas por buena parte de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición, para solicitar, algunos, la posposición del Referendo para permitir una mayor discusión, y, otros, el retiro de dicha propuesta para evitar que la confrontación, que ya tiene visos de violencia, pueda agravarse y generar mayores males a la sociedad venezolana, indican que es necesario restablecer el diálogo y abrirle camino a la reconciliación nacional.
Si el Presidente de la República no admite una disidencia democrática, un debate civilizado, el funcionamiento independiente de los Poderes Públicos, el respeto a los Derechos Humanos y a la propiedad privada, nadie puede creer que habrá elecciones transparentes y libres. El camino de la violencia oficial lo puede llevar a un triunfo inmediato en su empeño de imponer un pensamiento único, excluyendo a millones de venezolanos que pensamos distintos, pero si revisa la historia contemporánea de Venezuela y del mundo occidental, encontrará una sola respuesta: la prolongación indefinida en el poder, intentada por varios gobernantes, abusando de la fuerza y de las artimañas que les aconsejaron algunos politiqueros que medraban a su alrededor, los condujo a un rotundo fracaso.
En Venezuela de hoy, en esta difícil encrucijada, la experiencia y la cultura política de Pompeyo Márquez, aconseja apoyar a los estudiantes en sus luchas por la libertad y la reconciliación.
EL SOCIALISMO DEMOCRATICO
Juan Páez Ávila
El socialismo como un sistema de justicia social y preservación de las libertades públicas, desde el siglo pasado se ha consolidado en el hemisferio occidental, particularmente en Europa y en los últimos años en algunos países de América Latina. Y no sólo en regímenes de izquierda, sino también en algunos de los denominados de derecha democrática, como el social cristiano alemán, para mencionar uno, que ha creado una economía social de mercado para combinar la justicia social con la libertad de comercio y la defensa de los derechos humanos.
De allí que la alarma y hasta el pánico que ha causado en algunos sectores de la sociedad venezolana e incluso de otros países democráticos, el anuncio por parte del Presidente de la República de promover el Socialismo del Siglo XXI, se debe a la tendencia autoritaria que se constata en algunas de sus políticas públicas, tales como amenazas a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, los llamados a la expropiación de otras empresas y el establecimiento del pensamiento único.
En un pronunciamiento esencialmente realista, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ha admitido que si el gobierno decide autónoma y unilateralmente implantar un régimen socialista, éste debe garantizar la libertad de expresión, de empresa, educación plural, privada y pública y libertad para la enseñanza religiosa. En síntesis, lo que aspira la Iglesia Católica y creo que la mayoría de los venezolanos es que ante el hecho inevitable de la política gubernamental de establecer lo que llaman el Socialismo del Siglo XXI, éste debe ser democrático y por lo tanto respetuoso de los derechos individuales, sociales y económicos que establece la Constitución Bolivariana del 99. Y que si hay alguna reforma o cambios en esa Constitución, queden garantizados los derechos democráticos que caracterizan al mundo civilizado.
Lo lamentable para el país sería que el Socialismo del Siglo XXI aumente la centralización del poder en manos del Presidente de la República y cercene algunas libertades públicas, porque tanto los partidos democráticos e instituciones como la Iglesia Católica se verían obligados a denunciar y enfrentar -con la experiencia universal acumulada por los demócratas- los peligros del totalitarismo.
Si los Consejos comunales, por ejemplo, terminan ampliando el poder que concentra en sus manos el Presidente de la República, el Socialismo del Siglo XXI resultará una caricatura del socialismo ya conocido en el siglo XX, con su seguro fracaso económico y social, y una política unipersonal y por lo tanto autoritaria, administrada por el Comandante en Jefe, que cobrará víctimas no sólo en la oposición sino también entre los dirigentes y militantes, sospechosos de disidencia, del Partido Socialista Unido.
El socialismo como un sistema de justicia social y preservación de las libertades públicas, desde el siglo pasado se ha consolidado en el hemisferio occidental, particularmente en Europa y en los últimos años en algunos países de América Latina. Y no sólo en regímenes de izquierda, sino también en algunos de los denominados de derecha democrática, como el social cristiano alemán, para mencionar uno, que ha creado una economía social de mercado para combinar la justicia social con la libertad de comercio y la defensa de los derechos humanos.
De allí que la alarma y hasta el pánico que ha causado en algunos sectores de la sociedad venezolana e incluso de otros países democráticos, el anuncio por parte del Presidente de la República de promover el Socialismo del Siglo XXI, se debe a la tendencia autoritaria que se constata en algunas de sus políticas públicas, tales como amenazas a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, los llamados a la expropiación de otras empresas y el establecimiento del pensamiento único.
En un pronunciamiento esencialmente realista, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ha admitido que si el gobierno decide autónoma y unilateralmente implantar un régimen socialista, éste debe garantizar la libertad de expresión, de empresa, educación plural, privada y pública y libertad para la enseñanza religiosa. En síntesis, lo que aspira la Iglesia Católica y creo que la mayoría de los venezolanos es que ante el hecho inevitable de la política gubernamental de establecer lo que llaman el Socialismo del Siglo XXI, éste debe ser democrático y por lo tanto respetuoso de los derechos individuales, sociales y económicos que establece la Constitución Bolivariana del 99. Y que si hay alguna reforma o cambios en esa Constitución, queden garantizados los derechos democráticos que caracterizan al mundo civilizado.
Lo lamentable para el país sería que el Socialismo del Siglo XXI aumente la centralización del poder en manos del Presidente de la República y cercene algunas libertades públicas, porque tanto los partidos democráticos e instituciones como la Iglesia Católica se verían obligados a denunciar y enfrentar -con la experiencia universal acumulada por los demócratas- los peligros del totalitarismo.
Si los Consejos comunales, por ejemplo, terminan ampliando el poder que concentra en sus manos el Presidente de la República, el Socialismo del Siglo XXI resultará una caricatura del socialismo ya conocido en el siglo XX, con su seguro fracaso económico y social, y una política unipersonal y por lo tanto autoritaria, administrada por el Comandante en Jefe, que cobrará víctimas no sólo en la oposición sino también entre los dirigentes y militantes, sospechosos de disidencia, del Partido Socialista Unido.
EL SISTEMA ELECTORAL
Juan Páez Ávila
Que el 75 ó el 80% de los electores no haya acudido a ejercer su derecho al voto el 4 de diciembre, fundamentalmente por desconfianza en el sistema electoral establecido mediante un sistema computarizado y en los miembros del CNE, tiene que conducir a cambios muy importantes en toda la estructura electoral, si se pretende consolidar el sistema democrático de gobierno.
Después de esa experiencia del 4 de diciembre, si no cambia el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, no habrá mecanismo ni presión posible que induzca a ese elevado porcentaje de abstencionistas a concurrir a las urnas electorales, salvo que sea para votar nulo, como lo hizo un buen número de empleados públicos en las pasadas elecciones. Quedó claramente demostrado que existe una firme conciencia democrática en los venezolanos, que no puede ser burlada ni manipulada con discursos cuyo contenido no se compadezca con la realidad. Decir, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, cuando se descubre que el secreto del voto puede ser vulnerado por las máquinas electrónicas utilizadas, alejó y alejará a los electores que no quieren ser objetos de un fraude computarizado.
Ningún cogollo político, por muy poderoso que sea, por muchos petrodólares que maneje, podrá hacer cambiar la mentalidad democrática del venezolano, tal como ha quedado comprobado después de gastar billones de bolívares en misiones de diverso signo social, y sus beneficiarios se quedaron en sus casas el 4 de diciembre, porque también saben que el petróleo es de todos y, no del Comandante en Jefe que se los regala. La convocatoria del Presidente de la República no fue atendida por los electores, los mismos que acudían al Balcón del Pueblo cuando los llamaba cualquier funcionario oficialista a aplaudir al Jefe del Estado.
Pero lo más trascendente de lo sucedido el 4 de diciembre es que según las encuestas (Keler, por ejemplo) antes de que los partidos de oposición decidieran retirar sus candidatos, la mayoría del electorado ya había decidido no votar. La oposición sintonizó con la sociedad civil y se anotó un éxito parcial, secundario. Si no hay cambio en el sistema electoral, todos sabemos de antemano lo que hará la mayoría de electores en las próximas elecciones.
Que el 75 ó el 80% de los electores no haya acudido a ejercer su derecho al voto el 4 de diciembre, fundamentalmente por desconfianza en el sistema electoral establecido mediante un sistema computarizado y en los miembros del CNE, tiene que conducir a cambios muy importantes en toda la estructura electoral, si se pretende consolidar el sistema democrático de gobierno.
Después de esa experiencia del 4 de diciembre, si no cambia el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, no habrá mecanismo ni presión posible que induzca a ese elevado porcentaje de abstencionistas a concurrir a las urnas electorales, salvo que sea para votar nulo, como lo hizo un buen número de empleados públicos en las pasadas elecciones. Quedó claramente demostrado que existe una firme conciencia democrática en los venezolanos, que no puede ser burlada ni manipulada con discursos cuyo contenido no se compadezca con la realidad. Decir, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, cuando se descubre que el secreto del voto puede ser vulnerado por las máquinas electrónicas utilizadas, alejó y alejará a los electores que no quieren ser objetos de un fraude computarizado.
Ningún cogollo político, por muy poderoso que sea, por muchos petrodólares que maneje, podrá hacer cambiar la mentalidad democrática del venezolano, tal como ha quedado comprobado después de gastar billones de bolívares en misiones de diverso signo social, y sus beneficiarios se quedaron en sus casas el 4 de diciembre, porque también saben que el petróleo es de todos y, no del Comandante en Jefe que se los regala. La convocatoria del Presidente de la República no fue atendida por los electores, los mismos que acudían al Balcón del Pueblo cuando los llamaba cualquier funcionario oficialista a aplaudir al Jefe del Estado.
Pero lo más trascendente de lo sucedido el 4 de diciembre es que según las encuestas (Keler, por ejemplo) antes de que los partidos de oposición decidieran retirar sus candidatos, la mayoría del electorado ya había decidido no votar. La oposición sintonizó con la sociedad civil y se anotó un éxito parcial, secundario. Si no hay cambio en el sistema electoral, todos sabemos de antemano lo que hará la mayoría de electores en las próximas elecciones.
EL REGISTRO ELECTORAL
Juan Páez Ávila
La solicitud de un prestigioso grupo de Rectores de importantes universidades del país para que el CNE les permita revisar el Registro Electoral, puede ser aceptada como una valiosa colaboración en la búsqueda de un clima de entendimiento en torno a la necesidad de recuperar la confianza en el árbitro, de una abrumadora mayoría de electores que se abstuvo durante el pasado proceso electoral, pero no puede sustituir el derecho de todos los ciudadanos a conocer la composición total de dicho Registro.
La Constitución Bolivariana aprobada en 1999 establece claramente la obligación del CNE de publicar el Registro Electoral sin ocultar las direcciones de los electores. Uno de los motivos que llevó a más del 80% de los electores a abstenerse de concurrir a las urnas el 4 de diciembre del 2005, fue la sospecha de que existen centenares de miles de venezolanos o extranjeros inscritos varias veces en Registro Electoral, o lo que es más grave, que más de uno o dos millones de los inscritos no existen y por eso el CNE se niega a suministrar sus direcciones. Los que quieren elecciones transparentes, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley del Sufragio y Participación Política, no pueden ser manipulados con la información relativa a que se no se dan las direcciones para proteger la privacidad de los electores. Después de más de 40 años participando en procesos electorales, los venezolanos que creen en el voto como el más idóneo si no el único instrumento para elegir a sus representantes o autoridades, nunca han exigido que no se publiquen sus direcciones. Esa decisión ha sido tomada unilateralmente por un cenáculo constituido por la mayoría del CNE, sin consultar a los interesados y abrogándose el derecho a decidir por los demás, por ciudadanos conscientes de las condiciones que se requieren para que haya elecciones limpias.
Si el nuevo CNE que elija el Asamblea Nacional no permite que cualquier ciudadano pueda revisar el Registro Electoral, que elimine toda duda de que se prepara un fraude, no habrá llamado que tenga eco positivo en los electores. Quien lo haga tendrá iguales o peores resultados que los que tuvo el llamado del Presidente de República el día de elecciones el 4 de diciembre pasado, encadenado, pero sin poder de convocatoria.
La solicitud de un prestigioso grupo de Rectores de importantes universidades del país para que el CNE les permita revisar el Registro Electoral, puede ser aceptada como una valiosa colaboración en la búsqueda de un clima de entendimiento en torno a la necesidad de recuperar la confianza en el árbitro, de una abrumadora mayoría de electores que se abstuvo durante el pasado proceso electoral, pero no puede sustituir el derecho de todos los ciudadanos a conocer la composición total de dicho Registro.
La Constitución Bolivariana aprobada en 1999 establece claramente la obligación del CNE de publicar el Registro Electoral sin ocultar las direcciones de los electores. Uno de los motivos que llevó a más del 80% de los electores a abstenerse de concurrir a las urnas el 4 de diciembre del 2005, fue la sospecha de que existen centenares de miles de venezolanos o extranjeros inscritos varias veces en Registro Electoral, o lo que es más grave, que más de uno o dos millones de los inscritos no existen y por eso el CNE se niega a suministrar sus direcciones. Los que quieren elecciones transparentes, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley del Sufragio y Participación Política, no pueden ser manipulados con la información relativa a que se no se dan las direcciones para proteger la privacidad de los electores. Después de más de 40 años participando en procesos electorales, los venezolanos que creen en el voto como el más idóneo si no el único instrumento para elegir a sus representantes o autoridades, nunca han exigido que no se publiquen sus direcciones. Esa decisión ha sido tomada unilateralmente por un cenáculo constituido por la mayoría del CNE, sin consultar a los interesados y abrogándose el derecho a decidir por los demás, por ciudadanos conscientes de las condiciones que se requieren para que haya elecciones limpias.
Si el nuevo CNE que elija el Asamblea Nacional no permite que cualquier ciudadano pueda revisar el Registro Electoral, que elimine toda duda de que se prepara un fraude, no habrá llamado que tenga eco positivo en los electores. Quien lo haga tendrá iguales o peores resultados que los que tuvo el llamado del Presidente de República el día de elecciones el 4 de diciembre pasado, encadenado, pero sin poder de convocatoria.
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