LA REFORMA MILITAR

Juan Páez Ávila

Si alguna política pública requiere el mayor consenso posible de una nación democrática, sin dejar de correr aún algunos riesgos según lo registra la historia política en América Latina, es la de definir el rol que le corresponde a la Institución Militar, creada para defender la soberanía nacional y garantizarle a los ciudadanos la paz interior, para el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. Sobre esto se ha escrito mucho y se ha intentado crear una doctrina militar que establezca los límites de poder civil y del militar, siempre subordinando a éste a la voluntad consensuada de los ciudadanos fundadores y defensores de la República democrática. La mayoría de las constituciones latinoamericanas, si no la totalidad, e incluso del mundo democrático, han recogido el principio de la supremacía del poder civil. Y sin embargo, nuestra historia está llena de dictaduras militares, violaciones a la Constitución e intentos fallidos de golpes de Estado, lo que debería ser aleccionador para que la dirigencia política del país y en particular el Presidente de la República buscaran consenso para crear conciencia democrática en la Fuerza Armada Nacional.
La reforma que propone el Presidente de la República en esta materia puede ser un arma de doble filo, al eliminar el carácter apolítico de la Institución Militar y su papel de servicio a la nación y no al de parcialidad o personalidad política alguna, en la creencia de que al Jefe del Estado nadie osará desobedecerle o disentir de sus ideas. Convertir en dogma “Patria, socialismo o muerte” es trasladar mecánicamente la larga experiencia del régimen cubano a nuestro país, pero olvidarse del derrumbe de la Unión Soviética y de las “democracias socialistas” de Europa Oriental, sin que ningún soldado fuera a la muerte por socialismo y la patria inventada por sus gobernantes. El dogma “Patria, socialismo o muerte” puede tener una vida corta o larga, según la fuerza que adquiera la oposición civil general (chavistas y no chavistas) para derrotar la reforma propuesta por el Comandante en Jefe, e incluso de los controles que sus servicios de inteligencia puedan ejercer sobre posibles disidentes, en un país en que el propio Presidente de la República estuvo conspirando durante más de 10 años sin que lo descubrieran.
En brevísima síntesis todo parece indicar que lo más conveniente a los intereses democráticos del país es no politizar a sus Fuerzas Armadas y asignarles el rol de defender la nación y no un partido ni a una personalidad política.