HEGEMONÍA COMUNICACIONAL

Juan Páez Ávila

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible el amparo constitucional solicitado por RCTV contra la negativa del Poder Ejecutivo de renovarle la concesión para seguir operando como un medio de comunicación privado e independiente, tiende a consolidar la política de hegemonía comunicacional del gobierno cuyas consecuencias políticas tendrán repercusión nacional e internacional.
La decisión del TSJ, aunque trata de justificarla jurídicamente, tendrá claros efectos políticos sin descartar que los interesados apelan a otras instancias jurídicas en el país, lo que les permitirá acudir a organismos internacionales en concordancias con acuerdos firmados por Venezuela y que son de obligatorio cumplimiento, salvo que el Gobierno del Presidente Chávez decida violarlos y retirarse de dichos organismos.
Si no hay una solución en los tribunales venezolanos el caso no se cerrará jurídica ni políticamente, porque la no renovación de la concesión a RCTV no es una simple medida administrativa de CONATEL, sino una resolución política con el evidente objetivo de lograr la hegemonía comunicacional para controlar la opinión de la sociedad venezolana y amedrentar a otros medios y a periodistas que no comparten las políticas gubernamentales. De allí que el enfrentamiento tenderá a agudizarse en los próximos días y meses, porque un importante sector de la sociedad se ve afectada con el cierre de RCTV; el 80% de los encuestados, que incluye a chavistas y no chavistas, rechazan que el gobierno le ponga un cerrojo a la más antigua planta televisora del país, con cuya programación en general se sienten identificados.
Como muchas de las políticas del Presidente de la República, la no renovación de la concesión a RCTV fue tomada en un acto militar, como para dar la sensación de que el Comandante en Jefe tiene todo el poder necesario para ordenar que se haga lo que su voluntad decide. Posiblemente no consultó, porque no tiene a quién o por subestimación a sus colaboradores, y la medida ya tiene un alto costo político al ser rechazada por un importante porcentaje de sus simpatizantes. Lo que viene no es fácil de predecir, pero si las protestas se mantienen en la calle y en los medios el costo le será mayor y la crisis política se agravará.