PROTESTAS INCONTENIBLES

Juan Páez Ávila

Los efectos aterrorizadores del discurso de Hugo Chávez, que mantenía paralizados a los empleados públicos, que por casi una década dejaron de reclamar sus derechos laborales constitucionales, han pasado a la vieja historia. Cada día, cada mes que transcurre sin poder cubrir la cesta alimentaria y menos la básica, empleados y obreros de casi todas las dependencias oficiales protestan a las puertas de diferentes despachos, por la falta de contratación colectiva, de aumentos proporcionales a la inflación y en general porque ya no soportan la larga espera de la llegada del hombre nuevo, sin necesidades perentorias, sin la miseria humana, que les venía ofreciendo el Presidente en sus peroratas dominicales.
Las protestas pacíficas de los trabajadores de la Administración Pública han crecido y se han radicalizado en los últimos años, y en particular en el primer semestre del 2010 cuando han sido contabilizadas por PROVEA cerca de 1400 manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país y frente a los ministerios, institutos autónomos, gobernaciones y alcaldías, como consecuencia de las difíciles condiciones de vida que atraviesan, por la no cancelación de los sueldos y salarios, las prestaciones sociales y sus intereses y los aumentos decretados por el Presidente el 1º. De Mayo de cada año, y aumento de la inflación.
En la mayoría de los casos tienen varios años sin contratación colectiva, porque el Presidente de la República y sus voceros principales han expresado que en el socialismo el gobierno es del pueblo, de los trabajadores, cuyos sindicatos han sido sustituidos por organismos paralelos que responden a los intereses de la cúpula gubernamental, a una política de Estado, que actúa como patrono, y no como representante de esos trabajadores. Y cuando los sindicatos vigentes desde la llamada IV República logran firmar un contrato, como sucedió en PDVSA, las cláusulas fundamentales no las cumple el Ministro que representa al Jefe del Gobierno.
Y como el alto costo de la vida se hace sentir en los hogares de los trabajadores, que en principio apoyaron al Presidente y creyeron en sus promesas en cuanto a que tendrían una mayor participación y jugarían un rol protagónico, en la medida en que el Comandante Presidente decreta e impone los límites de los sueldos y salario, sin la participación de los asalariados, lenta pero paulatinamente se han producido reclamos y protestas frente a los despachos oficiales o contra la burocracia gubernamental nombrada para dirigir las principales empresas de la nación, como sucede en Guayana.
Al incumplimiento del mandato constitucional de tener más participación y protagonismo en las decisiones básicas de la Administración Pública, se ha sumado el deterioro de los servicios públicos, que generalmente utilizan las clases populares y media de la sociedad, que ha aumentado el descontento y la irritación de los usuarios y provocado la represión por parte del gobierno, tal como sucedió con quienes fueron atropellados y detenidos en una Estación de Catia, barriada popular por excelencia y otrora bastión del apoyo al Presidente.
Por ese camino la derrota de Chávez no la puede evitar el 2012, ni con las amenazas contra los parlamentarios recién electos, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hoy más amplia y afianzada en el sentimiento y la conciencia de la mayoría de los venezolanos, dispuestos a continuar en la calle al lado de los sectores populares y medios en defensa de sus derechos constitucionales. Y aunque el miedo exista, la voluntad y la decisión de los ciudadanos para rescatar la democracia, en donde impere la reconciliación nacional, el respeto a la propiedad privada y a los derechos humanos, supera todos los obstáculos.
El fracaso de la administración pública en manos de Hugo Chávez y su gabinete de incapaces, que siguen creyendo en la dogmática marxista-leninista para crear un sociedad sin clases sociales, destruyendo el aparato productivo, sin crear una sola empresa que genere empleo y riqueza, lo que ha reproducido es la represión gubernamental contra un pueblo que protesta en búsqueda de un mejor nivel de vida. Y si bien es cierto que engañaron a más de la mitad de la población que votó en varias oportunidades a favor de Chávez y su revolución, diez años después la decepción los ha llevado a perder el miedo y no sólo a protestar por mejores sueldos y salarios, sino también por recuperar la democracia, como el mejor sistema de gobierno y de vida creado por el ser humano. Y en esa dirección marchamos hacia las elecciones en el 2012.
Juan Páez Ávila

Los efectos aterrorizadores del discurso de Hugo Chávez, que mantenía paralizados a los empleados públicos, que por casi una década dejaron de reclamar sus derechos laborales constitucionales, han pasado a la vieja historia. Cada día, cada mes que transcurre sin poder cubrir la cesta alimentaria y menos la básica, empleados y obreros de casi todas las dependencias oficiales protestan a las puertas de diferentes despachos, por la falta de contratación colectiva, de aumentos proporcionales a la inflación y en general porque ya no soportan la larga espera de la llegada del hombre nuevo, sin necesidades perentorias, sin la miseria humana, que les venía ofreciendo el Presidente en sus peroratas dominicales.
Las protestas pacíficas de los trabajadores de la Administración Pública han crecido y se han radicalizado en los últimos años, y en particular en el primer semestre del 2010 cuando han sido contabilizadas por PROVEA cerca de 1400 manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país y frente a los ministerios, institutos autónomos, gobernaciones y alcaldías, como consecuencia de las difíciles condiciones de vida que atraviesan, por la no cancelación de los sueldos y salarios, las prestaciones sociales y sus intereses y los aumentos decretados por el Presidente el 1º. De Mayo de cada año, y aumento de la inflación.
En la mayoría de los casos tienen varios años sin contratación colectiva, porque el Presidente de la República y sus voceros principales han expresado que en el socialismo el gobierno es del pueblo, de los trabajadores, cuyos sindicatos han sido sustituidos por organismos paralelos que responden a los intereses de la cúpula gubernamental, a una política de Estado, que actúa como patrono, y no como representante de esos trabajadores. Y cuando los sindicatos vigentes desde la llamada IV República logran firmar un contrato, como sucedió en PDVSA, las cláusulas fundamentales no las cumple el Ministro que representa al Jefe del Gobierno.
Y como el alto costo de la vida se hace sentir en los hogares de los trabajadores, que en principio apoyaron al Presidente y creyeron en sus promesas en cuanto a que tendrían una mayor participación y jugarían un rol protagónico, en la medida en que el Comandante Presidente decreta e impone los límites de los sueldos y salario, sin la participación de los asalariados, lenta pero paulatinamente se han producido reclamos y protestas frente a los despachos oficiales o contra la burocracia gubernamental nombrada para dirigir las principales empresas de la nación, como sucede en Guayana.
Al incumplimiento del mandato constitucional de tener más participación y protagonismo en las decisiones básicas de la Administración Pública, se ha sumado el deterioro de los servicios públicos, que generalmente utilizan las clases populares y media de la sociedad, que ha aumentado el descontento y la irritación de los usuarios y provocado la represión por parte del gobierno, tal como sucedió con quienes fueron atropellados y detenidos en una Estación de Catia, barriada popular por excelencia y otrora bastión del apoyo al Presidente.
Por ese camino la derrota de Chávez no la puede evitar el 2012, ni con las amenazas contra los parlamentarios recién electos, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hoy más amplia y afianzada en el sentimiento y la conciencia de la mayoría de los venezolanos, dispuestos a continuar en la calle al lado de los sectores populares y medios en defensa de sus derechos constitucionales. Y aunque el miedo exista, la voluntad y la decisión de los ciudadanos para rescatar la democracia, en donde impere la reconciliación nacional, el respeto a la propiedad privada y a los derechos humanos, supera todos los obstáculos.
El fracaso de la administración pública en manos de Hugo Chávez y su gabinete de incapaces, que siguen creyendo en la dogmática marxista-leninista para crear un sociedad sin clases sociales, destruyendo el aparato productivo, sin crear una sola empresa que genere empleo y riqueza, lo que ha reproducido es la represión gubernamental contra un pueblo que protesta en búsqueda de un mejor nivel de vida. Y si bien es cierto que engañaron a más de la mitad de la población que votó en varias oportunidades a favor de Chávez y su revolución, diez años después la decepción los ha llevado a perder el miedo y no sólo a protestar por mejores sueldos y salarios, sino también por recuperar la democracia, como el mejor sistema de gobierno y de vida creado por el ser humano. Y en esa dirección marchamos hacia las elecciones en el 2012.