PROPUESTAS PARA LA GENTE

Juan Páez Ávila


En las proximidades de las elecciones para la Asamblea Nacional, como sucede en cualquier otro momento electoral, la ciudadanía exige conocer lo que se proponen realizar los candidatos, y en particular cuando se trata de votar por las posibilidades de un cambio en la conducción del país, porque con relación a quienes están gobernando ya se conocen sus principales políticas, sean o no de la aprobación de los electores.
Un conjunto de proposiciones que hace una Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, podría ser suscrito por todos aquellos demócratas que, sin distingo de ideologías o de militancia política, aspiren a la construcción de una sociedad civilizada, tolerante, en permanente diálogo, respetuosa de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional vigente.
Esa sociedad venezolana debía caracterizarse por el ejercicio de un debate en los medios de comunicación social, acerca del contenido de las mismas propuestas y todos los temas que a juicio de ciudadanos de todos los niveles sociales, deben formar parte del intercambio no sólo de ideas abstractas y generales, sino también de las prioridades económicas y sociales que revelan los problemas más urgentes que confrontan todos los sectores la población.
En la Venezuela de hoy, cuando en el mundo desarrollado el conocimiento se duplica cada dos años y avanzamos hacia el 2012 reduciendo esa brecha, hasta provocarlo o duplicarlo cada tres meses, estamos sumergidos, por la voluntad del Comandante Hugo Chávez, en una confrontación en la que él asume, y su gente debe repetirlo, el papel del único que posee la verdad, y quien lo contradiga es un traidor si milita en el PSUV, o un escuálido, agente del Imperio, si es de la oposición. Frente a esta realidad, en la que desde el gobierno se nos pretende imponer un pensamiento único, que de lograrlo nos llevaría a una dictadura, se requiere de una gran amplitud y firmeza para defender y difundir propuestas democráticas como las expresadas por la Comisión de la Unidad Democrática, las contenidas en la Carta Pública que el Gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, le dirigiera al Presidente de la República, y de todas aquellas iniciativas de participación democrática y protagónica de la sociedad, que surjan en las filas de la oposición o del chavismo.
Para cualquier observador o analista más o menos imparcial, tal vez lo más importante que esté sucediendo en la Venezuela de hoy son los síntomas de la despolarización y la coincidencia de sectores democráticos de la oposición y del chavismo, en la búsqueda de un rumbo de reconciliación, de paz y de progreso material y espiritual de los venezolanos. ¿Será mucho optimismo o sentido realista del momento? Lo veremos a corto o mediano plazo, porque los pronunciamientos públicos de sectores descontentos o simplemente desilusionados de lo que consideraron una esperanza de cambio para mejorar la calidad de vida de la población, se ha convertido en un régimen personalista, que para mantenerse en el poder se ha rodeado de un equipo de burócratas incapaces, con algunas excepciones, y fundamentalmente corrupto.
. Las primeras conclusiones dadas a conocer por la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la virtud de ser muy concretas y coincidentes con las aspiraciones de millones de venezolanos que sufren los efectos de la recesión económica, de la inflación, la intolerancia, la inseguridad y el desempleo, provocados por un gobierno de ineptos que han despilfarrado miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Y si a esto agregamos la coincidencia con la mayoría de los planteamientos que han formulado algunos disidentes, como el Gobernador Henry Falcón en su carta pública al Presidente, la conclusión final puede ser, si nos conducimos con amplitud y madurez políticas, que la mayoría de los venezolanos estaremos representados en la próxima Asamblea Nacional, para dar comienzo a una política de reconciliación entre los ciudadanos y de respeto a la Constitución Nacional vigente, premisa básica para consolidar la democracia.