HUELGA Y PRESOS POLÍTICOS

Juan Páez Ávila

La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.