DERECHOS HUMANOS

Juan Páez Ávila


Con la publicación del último Informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Hugo Chávez ha recibido uno de los golpes políticos más contundentes y graves por lo difícil de esquivar, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano, no los han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes afirmaban defender. Es el caso que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia en su último informe con relación al gobierno del Presidente Hugo Chávez. Centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces puedan presentar pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo al informe y descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho informe para demostrar su posible sesgo político.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, y que por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos, pero como no prescriben su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional