Juan Páez Ávila
La cultura ha sido siempre un blanco u objetivo militar hacia el cual apuntan las bayonetas de los regímenes de fuerza, aunque algunos comienzan segregando artistas, agrupaciones culturales e individualidades que actúen con independencia frente a la política cultural del Estado militarista, para terminar imponiendo de una manera vertical, sin discusión alguna, la voluntad del caudillo gobernante. De allí la oposición de la mayoría de los intelectuales a las dictaduras, y en algunos casos el rompimiento de otros, cuando han creído en principio que gobiernos electos como el de la Venezuela de hoy, desarrollarían programas de importancia cultural y respetarían la libre expresión del pensamiento y actividad de los artistas.
Después de despojar al Ateneo de Caracas de su espacio físico y de expulsar algunos científicos del Instituto Venezolanos de Investigaciones Científicas (IVIC), el Ministerio de la Cultura le ha eliminado el subsidio a cuatro grupos teatrales, aplicándoles el criterio subjetivo, seguramente expuesto por algún comisario político para hacer cumplir la línea del Partido, de que no se financiará a ningún colectivo o individualidades ¨cuyas conductas públicas perniciosas afecten la estabilidad psicológica y emocional de la población¨, lo que ya puede interpretarse como una amenaza a la cultura en general, para tratar de imponer un pensamiento único a los venezolanos del siglo XXI.
Estas acciones discriminatorias contra algunas manifestaciones de la cultura venezolana, aparentemente aisladas, de seguirse aplicando por parte de los más altos funcionarios del Ministerio de la Cultura, conformarían a corto o mediano plazo una política oficial orientada a coartar la libertad de pensar y expresarse los venezolanos creadores del hecho cultural, por ahora dependientes directa o indirectamente del Estado. Esa política de negarle subsidios a algunos grupos del teatro venezolano, que igualmente se ha aplicado a otras expresiones artísticas, si bien satisface la concepción ideológica y dogmática de los funcionarios que se creen en posesión de la única verdad que existe en ésta y otras materias del área del saber, no sólo perjudica a los sectores de la clase media, que hoy por hoy, han alcanzado altos niveles culturales, sino también a los movimientos populares que aspiran expresarse libremente, a través de sus creaciones humanas y humanísticas.
El juicio a la cultura no lo pueden ni lo deben realizar algunos burócratas que buscan congraciarse con el jefe del gobierno, para garantizar su estabilidad en altos cargos, sino el pueblo mismo que asiste a los actos culturales o lee los libros que circulan libremente en una sociedad democrática. Y si el Presidente de la República no lo sabe, como afirman algunos de sus correligionarios que todavía lo veneran, para denunciar el desastre y la corrupción en algunos despachos oficiales, hay que reafirmarle que en la era de la revolución de las tecnologías de la comunicación, no es posible encasillar ni encarcelar las ideas, para que sólo se oiga la voz de los adulantes dogmáticos, y se lea la palabra de los inoperantes mujiquitas del siglo XXI.
La mayoría de los venezolanos de distintos niveles intelectuales, quieren un teatro libre y una cultura plural, sin dogmas impuestos por la voluntad de los gobernantes. Después de varias décadas en las que se ha podido pensar libremente, no somos Irán donde los Ayatolas ordenan lo que hay que leer, lo hay que hacer, crear y recrear con el pensamiento. Somos y queremos seguir siendo un pueblo libre en la acción política y en la creación artística.
Juan Páez Ávila
miércoles, 14 de octubre de 2009
EL NOBEL A OBAMA
Juan Páez Ávila
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
El Premio Noble, en cualquiera de sus especialidades, siempre ha generado en algunas individuales que se consideran con méritos ganarlo y no lo han logrado, algunas críticas sin mayores repercusiones, pero hay que casos que por intereses políticos o posiciones ideológicas, han provocado un escándalo a escala internacional.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, 2009, al Presidente Barak Obama, además de provocar varias lecturas por analistas y políticos simpatizantes o adversarios del Jefe del Estado norteamericano, ha tenido una repercusión mundial como ningún otro premio de esta naturaleza, ya que el galardonado tiene la responsabilidad de conducir a la todavía primera potencia mundial, en un momento histórico muy complejo y difícil de preservar la paz, cuando hay gobiernos que instrumentan programas para construir nuevas armas atómicas.
Y lo más grave, que hace más complicado el período que le toca presidir a Barak Obama, es que algunos de esos gobernantes, aunque están vigilados por los firmantes del Tratado Mundial contra la proliferación de armas nucleares, amenazan a otras naciones con hacerlas desaparecer del mapa. De allí que lo más espinoso del camino por recorrer del Presidente de los Estados Unidos es la proliferación del terrorismo, defendido por algunos jefes de gobierno en nombre de una democracia en la cual no creen, ni practican de acuerdo con sus postulados fundamentales del pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la tolerancia política.
Pero, entre las repercusiones verdaderamente históricas que ha generado el otorgamiento del Nobel al Presidente Obama, además los méritos que le han reconocido quienes valoran su llamado al diálogo con el mundo islámico, entre israelitas y palestinos, incluso entre Zelaya y Micheletti y no l invasión a ese pequeño país, están que personalidades políticas que lo adversan como Fidel Castro lo celebre como positivo, y Mijail Gorvachov lo considere como una esperanza para humanidad que cree sinceramente en paz mundial.
La alineación de quienes prohíjan o apoyan el terrorismo, contra la entrega del Nobel de la Paz a Obama, es también una consecuencia importante de ese hecho, como para que nadie se llame a engaño frente a quienes son los auténticos promotores de la violencia en nuestra época. Una cosa comprensible son las reservas que pueden tener algunos analistas o políticos, con relación a que el Presidente de los Estados Unidos apenas comienza su período e incluso se habla de una posible reelección y eso significa muchos años por recorrer, y otra es negarle méritos a hombre que ha impactado al mundo democrático con sus mensajes de reconciliación, de crítica y autocrítica por las responsabilidades mutuas en conductas censurables, por guerras y conflictos sociales provocados por los Estados Unidos y los demás países del globo.
viernes, 2 de octubre de 2009
EL COLAPSO DEL CHAVISMO
Juan Páez Ávila
El Proyecto Político del Socialismo Siglo XXI de Hugo Chávez, que es el mismo de los partidos comunistas del Siglo XX, y que fracasó en gran parte de Europa Oriental y en particular en la Unión Soviética, no ha podido resolver ninguno de los problemas sociales y económicos que atraviesa la mayoría de los venezolanos de menores recursos, aunque ha dispuesto de los ingresos fiscales más elevados de nuestra historia republicana.
Diez años después de su administración pública el Presidente de la República descubre que más 2.000 módulos de Barrio Adentro no funcionan o lo hacen irregularmente, pero no dijo toda la verdad, porque al declarar la salud en emergencia queda en evidencia que no sólo ha fracasado la Misión Barrio Adentro, sino que también ha colapsado el sistema de salud en general y en todo el país.
El tema de la salud forma parte esencial de todos los discursos, declaraciones y planes de gobiernos de todos los dirigentes políticos que intervienen en la permanente confrontación por el poder, lo que lo ha convertido en una verdad de Perogrullo, y en un calamitoso momento del Presidente de la República que debe su permanencia en Miraflores a la implementación de la Misión Barrio Adentro con apoyo del gobierno cubano, que le dio los votos necesarios para ganar las últimas elecciones presidenciales.
Cuando el Presidente ha podido aprobar una política social y económica que genere empleo y bienestar de la población, como para que nadie o muy pocos se enfermen, repite la fórmula de traer otros miles de médicos cubanos, que aunque hagan maravillas recetando medicina genérica, cuando abandonen el país por Colombia, como parece que lo hicieron muchos de los traídos anteriormente, vía Estados Unidos, los pobres desnutridos de los barrios se volverán a enfermar, y el Presidente volverá a bajar en las encuestas.
Si las políticas del Presidente de la República no logran que en el país se genere un desarrollo económico sostenible y un empleo productivo de millones de venezolanos marginales, y en particular contener la corrupción que se desprende del Informe del Diputado Tirso Silva a la Asamblea Nacional, en muy poco tiempo la situación de malestar, de hambre y de miseria de miles de venezolanos, volverá a tocar las puertas de módulos cerrados y hospitales sin medicinas y sin médicos. Y lo más grave para un líder como Chávez que busca la reelección, es que los pobres piden dinero prestado a sus familiares, empeñan o venden sus modestos bienes para ir a las clínicas privadas, donde reciben mejor atención y esperanza de vida.
De allí que no es exagerado concluir que el colapso de la salud puede ser factor muy importante del colapso del Presidente como aspirante a la reelección, porque en educación, por ejemplo, aparte de la protesta contra la nueva Ley de Educación, han quedado fuera del sistema cerca de 4 millones de niños y adolescentes, según cifras oficiales. Otro colapso en marcha.
Y si habamos del desarrollo endógeno, una de sus banderas principales, después de 10 años de aplicación de su política económica, estamos importando el 70% de los alimentos, incluso importamos gasolina porque las refinerías han colapsado parcialmente. Y si pasamos revista al déficit de viviendas, en los 10 años de su mandato se han construido unas 300 mil, y hacen falta 2 millones.
El colapso de las Empresas Básicas de Guayana registrado en las cifras en rojo de todos sus balances, no lo pueden ocultar porque los trabajadores militantes del Socialismo del Siglo XXI, son sus más claros y contundentes denunciantes.
El Proyecto Político del Socialismo Siglo XXI de Hugo Chávez, que es el mismo de los partidos comunistas del Siglo XX, y que fracasó en gran parte de Europa Oriental y en particular en la Unión Soviética, no ha podido resolver ninguno de los problemas sociales y económicos que atraviesa la mayoría de los venezolanos de menores recursos, aunque ha dispuesto de los ingresos fiscales más elevados de nuestra historia republicana.
Diez años después de su administración pública el Presidente de la República descubre que más 2.000 módulos de Barrio Adentro no funcionan o lo hacen irregularmente, pero no dijo toda la verdad, porque al declarar la salud en emergencia queda en evidencia que no sólo ha fracasado la Misión Barrio Adentro, sino que también ha colapsado el sistema de salud en general y en todo el país.
El tema de la salud forma parte esencial de todos los discursos, declaraciones y planes de gobiernos de todos los dirigentes políticos que intervienen en la permanente confrontación por el poder, lo que lo ha convertido en una verdad de Perogrullo, y en un calamitoso momento del Presidente de la República que debe su permanencia en Miraflores a la implementación de la Misión Barrio Adentro con apoyo del gobierno cubano, que le dio los votos necesarios para ganar las últimas elecciones presidenciales.
Cuando el Presidente ha podido aprobar una política social y económica que genere empleo y bienestar de la población, como para que nadie o muy pocos se enfermen, repite la fórmula de traer otros miles de médicos cubanos, que aunque hagan maravillas recetando medicina genérica, cuando abandonen el país por Colombia, como parece que lo hicieron muchos de los traídos anteriormente, vía Estados Unidos, los pobres desnutridos de los barrios se volverán a enfermar, y el Presidente volverá a bajar en las encuestas.
Si las políticas del Presidente de la República no logran que en el país se genere un desarrollo económico sostenible y un empleo productivo de millones de venezolanos marginales, y en particular contener la corrupción que se desprende del Informe del Diputado Tirso Silva a la Asamblea Nacional, en muy poco tiempo la situación de malestar, de hambre y de miseria de miles de venezolanos, volverá a tocar las puertas de módulos cerrados y hospitales sin medicinas y sin médicos. Y lo más grave para un líder como Chávez que busca la reelección, es que los pobres piden dinero prestado a sus familiares, empeñan o venden sus modestos bienes para ir a las clínicas privadas, donde reciben mejor atención y esperanza de vida.
De allí que no es exagerado concluir que el colapso de la salud puede ser factor muy importante del colapso del Presidente como aspirante a la reelección, porque en educación, por ejemplo, aparte de la protesta contra la nueva Ley de Educación, han quedado fuera del sistema cerca de 4 millones de niños y adolescentes, según cifras oficiales. Otro colapso en marcha.
Y si habamos del desarrollo endógeno, una de sus banderas principales, después de 10 años de aplicación de su política económica, estamos importando el 70% de los alimentos, incluso importamos gasolina porque las refinerías han colapsado parcialmente. Y si pasamos revista al déficit de viviendas, en los 10 años de su mandato se han construido unas 300 mil, y hacen falta 2 millones.
El colapso de las Empresas Básicas de Guayana registrado en las cifras en rojo de todos sus balances, no lo pueden ocultar porque los trabajadores militantes del Socialismo del Siglo XXI, son sus más claros y contundentes denunciantes.
HUELGA Y PRESOS POLÍTICOS
Juan Páez Ávila
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
La suspensión de la huelga que convocaron los estudiantes frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez logrado sus objetivos de libertad Julio César Rivas y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conozca de alguna manera la situación de los presos políticos en Venezuela, demuestra el carácter pacífico de la misma, la convicción democrática de los estudiantes y su voluntad de luchar por una alternativa democrática en el país.
La huelga de hambre, en cualquier parte del mundo, es una medida extrema a cual apelan los ciudadanos cuando ven que no tienen otra alternativa para defender sus derechos. Y aunque se corren graves riesgos, incluso el de perder la vida, tiene un profundo contenido democrático, por la actitud pacífica que asumen los huelguistas. De allí que la mayor responsabilidad de alguna tragedia humana que pueda suceder, recae sobre las autoridades que se nieguen a atender los reclamos.
Sólo los gobiernos autoritarios, dictatoriales, se han negado a conocer las motivaciones de los huelguistas, porque todo gobierno democrático tiene que estar dispuesto, por mandato legal, a dialogar no únicamente con quienes puedan acudir a tales extremos, sino también con todos los ciudadanos que en forma pacífica reclamen un derecho que consideran se les ha conculcado.
La huelga de hambre de los estudiantes reclamando la libertad de su compañero Julio César Rivas y de todos los presos políticos que existen en el país, la realizaron a las puertas de la Organización de Estado Americanos (OEA), por ser una institución supuestamente formada por países en los que imperan gobiernos democráticos, con la finalidad de tocar sus fibras libertarias y humanas, y para demostrar hasta donde es democrático el gobierno que preside el Comandante Hugo Chávez.
Dejar que muera uno de los huelguistas o que sufra daños irreparables en su salud, es un crimen atribuible a la conducta indiferente, antihumana, antidemocrática de quien gobierna, porque un régimen cuyo origen es democrático, de acuerdo con la Constitución Nacional, tiene la obligación de velar por la salud física y mental de todos los ciudadanos y no sólo de los que sufragaron por el Presidente de la República, por eso no puede ser indiferentes ante el riesgo que corren los huelguistas.
Y ese mismo origen lo obliga a defender los Derechos Humanos, incluso sociales, de la ciudadanía, por lo que el gobierno debió acudir a dialogar con los huelguistas, oír y dar las explicaciones del caso, y así como fue puesto en libertad el joven Julio César Rivas, el Prefecto Metropolitano y los 12 trabajadores de la Alcaldía Mayor deben ser juzgados en libertad.
Y en cuanto a los demás presos políticos y exiliados, el gobierno podría sobreseerles la causa, ponerlos en libertad y permitir el regreso al país, como hizo el Presidente Caldera con el actual Presidente Chávez y con los chavistas que habían huido al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, después de un frustrado golpe de estado.
ESCUELAS SIN PATRULLAS
Juan Páez Ávila
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
La protesta nacional contra los intentos del gobierno de imponerle a los venezolanos en pensamiento único a través del control de las escuela y de la educación en general, frenó el uso de las patrullas violentas del oficialismo, y las clases pudieron comenzar aunque con ausentismo de más del 50% de los alumnos debido al deterioro de la mayoría de las instituciones escolares, cuya reparación sí requiere de patrullas de trabajadores para crear condiciones físicas para que los maestros y profesores puedan impartir una educación de calidad, democrática, plural, abierta al progreso de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro tiempo.
Si violando la Constitución Nacional y la propia Ley de Educación recientemente aprobada, se presentan a las escuelas patrullas del Partido Socialista Unido del gobierno, sobre todo si uno sólo de sus integrantes va armado, las consecuencias hubieron podido ser graves y peligrosas para la vida misma de niños, padres, representantes y maestros que acudieron a cumplir con sus funciones educativas.
Una cosa distinta y legal sería que el PSUV prepare a sus militantes que tengan hijos en las escuelas, para que acudan a defender el contenido de la Ley de Educación, en un debate que podría resultar altamente positivo, porque cada quien ejerce un derecho, no sólo a discutir sino también a defender sus puntos de vista, buscando la mejor educación para sus representados.
Si sucede lo primero, las patrullas del PUSV podrán atropellar a quienes no compartan sus ideas, pero no podrán convencer a nadie de las bondades de la nueva Ley, y darán comienzo a un año escolar en el que la violencia tratará de imponer un pensamiento unilateral, pero no podrá sustituir el saber de los maestros y el amor de los padres que aspiran a que sus hijos reciban la mejor educación posible, que les abra un futuro de paz y progreso material y espiritual. Y aunque el miedo es libre, el terror no puede educar, y por la defensa de los hijos los padres y representantes es seguro que pierdan el miedo. Las patrullas pueden cerrar escuelas y hasta detener maestros y representantes, pero perderán la batalla por el proceso educativo.
Pero si los dirigentes del PSUV concurren con la decisión de debatir, para convencer a maestros, padres y representantes de la importancia de la nueva Ley, puede y debería darse una confrontación democrática sobre algo tan importante que conviene a todos, incluso a los hijos de los militantes del oficialismo.
Sin embargo, aunque las patrullas chavistas no se presentaron, la primera conclusión que puede derivarse de este comienzo de clases, es que el gobierno no podrá imponer una Ley contra la voluntad de una población, que por diversas razones no la conoce en lo fundamental, y aunque está aprobada, todavía deber ser discutida. La segunda conclusión es que el debate no ha terminado, que continuará hasta que esa Ley se modificada de acuerdo con la opinión de la mayoría de los venezolanos, lo que nos puede llevar lo que queda de este año 2009 y el próximo 2010 cuando sea electa una nueva Asamblea Nacional que responda al pensamiento e intereses de los electores, y no al mandato de Chávez y su camarilla militar.
viernes, 4 de septiembre de 2009
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA
Juan Páez Ávila
Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.
La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.
El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.
El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.
La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.
De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.
Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.
La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.
El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.
El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.
La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.
De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.
CHÁVEZ Y URIBE EN UNASUR
Juan Páez Ávila
Las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, cuya cooperación ha sido descubierta y denunciada por el gobierno de Álvaro Uribe, una vez decomisadas a ese grupo guerrillero algunas armas del Ejército venezolano compradas a un país europeo, cuyas autoridades han pedido explicaciones acerca de cómo fueron a parar a un tercero, si ello está expresamente prohibido en el texto del contrato de compra-venta, se le complican cada vez más al comandante venezolano para aparecer como neutral en el conflicto colombiano.
La última reunión de UNASUR realizada en Bariloche, Argentina, se puede considerar un éxito para preservar la paz en la región y consolidar su autonomía, su independencia frente a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en un clima de mutuo respeto y apuntalar el derecho de las naciones a la autodeterminación de sus pueblos.
¨Los vientos de guerra¨ señalados por el Presidente de la República, Hugo Cuávez, como una grave amenaza para la región por la presencia de personal militar y técnico de los Estados Unidos en las bases aéreas colombianas, fueron parcialmente anulados al dar seguridad el Presidente Álvaro Uribe de que el acuerdo con el país del norte se limitaba a una cooperación para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares de su país. El acuerdo fue respetado como un derecho que tiene Colombia y cualquier otro país del subcontinente latinoamericano a ejercer su soberanía, en términos que no excedan su jurisdicción.
El debate y la resolución final que terminarán de redactar los cancilleres, dentro de los lineamientos trazados por los presidentes, deja absolutamente despejado el camino para futuras reuniones en un marco de paz, para buscar solución a cualquier problema o impase que pueda presentarse entre los miembros de UNASUR.
Y aunque la Unión de Naciones de América del Sur es relativamente nueva, el papel de liderazgo conciliador desempeñado por el Presidente Lula da Silva, y la conducción de la Presidenta argentina, y del Ecuador Rafael Correa, revelaron que los intereses comunes de sus miembros son superiores a las discrepancias que inevitablemente se presentaron y se presentarán en el futuro.
Tanto Chávez como Uribe tienen que buscarle solución a sus problemas internos que confronta cada país que presiden, y no pretextos interamericanos o internacionales para desviar la atención de la población que reclama mayor atención a la educación, salud y seguridad personal y de sus bienes. Uribe no puede utilizar las bases aéreas con presencia militar de USA para agredir a Venezuela, sin el rechazo de América del Sur; y Chávez no podrá darle respaldo a la guerrilla, sin comprometerse con el terrorismo y el narcotráfico condenados como delitos de lesa humanidad, cuyas consecuencias conocen ambos muy bien. En tales circunstancias UNASUR no respaldará la agresión de uno contra el otro y los tribunales internacionales podrán funcionar con mayor fundamentación y contundencia si Chávez continúa involucrándose en el conflicto colombiano
Las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, cuya cooperación ha sido descubierta y denunciada por el gobierno de Álvaro Uribe, una vez decomisadas a ese grupo guerrillero algunas armas del Ejército venezolano compradas a un país europeo, cuyas autoridades han pedido explicaciones acerca de cómo fueron a parar a un tercero, si ello está expresamente prohibido en el texto del contrato de compra-venta, se le complican cada vez más al comandante venezolano para aparecer como neutral en el conflicto colombiano.
La última reunión de UNASUR realizada en Bariloche, Argentina, se puede considerar un éxito para preservar la paz en la región y consolidar su autonomía, su independencia frente a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en un clima de mutuo respeto y apuntalar el derecho de las naciones a la autodeterminación de sus pueblos.
¨Los vientos de guerra¨ señalados por el Presidente de la República, Hugo Cuávez, como una grave amenaza para la región por la presencia de personal militar y técnico de los Estados Unidos en las bases aéreas colombianas, fueron parcialmente anulados al dar seguridad el Presidente Álvaro Uribe de que el acuerdo con el país del norte se limitaba a una cooperación para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares de su país. El acuerdo fue respetado como un derecho que tiene Colombia y cualquier otro país del subcontinente latinoamericano a ejercer su soberanía, en términos que no excedan su jurisdicción.
El debate y la resolución final que terminarán de redactar los cancilleres, dentro de los lineamientos trazados por los presidentes, deja absolutamente despejado el camino para futuras reuniones en un marco de paz, para buscar solución a cualquier problema o impase que pueda presentarse entre los miembros de UNASUR.
Y aunque la Unión de Naciones de América del Sur es relativamente nueva, el papel de liderazgo conciliador desempeñado por el Presidente Lula da Silva, y la conducción de la Presidenta argentina, y del Ecuador Rafael Correa, revelaron que los intereses comunes de sus miembros son superiores a las discrepancias que inevitablemente se presentaron y se presentarán en el futuro.
Tanto Chávez como Uribe tienen que buscarle solución a sus problemas internos que confronta cada país que presiden, y no pretextos interamericanos o internacionales para desviar la atención de la población que reclama mayor atención a la educación, salud y seguridad personal y de sus bienes. Uribe no puede utilizar las bases aéreas con presencia militar de USA para agredir a Venezuela, sin el rechazo de América del Sur; y Chávez no podrá darle respaldo a la guerrilla, sin comprometerse con el terrorismo y el narcotráfico condenados como delitos de lesa humanidad, cuyas consecuencias conocen ambos muy bien. En tales circunstancias UNASUR no respaldará la agresión de uno contra el otro y los tribunales internacionales podrán funcionar con mayor fundamentación y contundencia si Chávez continúa involucrándose en el conflicto colombiano
Suscribirse a:
Entradas (Atom)