Juan Páez Ávila
domingo, 22 de marzo de 2009
LA DESCENTRALIZACIÓN CONTRA CHÁVEZ
Juan Páez Ávila
El cambio de la política de descentralización establecida en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por una centralista impuesta por el Presidente Chávez para ejercer un mayor control de las decisiones fundamentales que deben tomar los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus funciones, ha provocado la disidencia de muchos de sus seguidores que aspiran a que se les respete su manera autónoma de pensar y actuar. Es lo que ha sucedido con varios dirigentes regionales aspirantes a esos cargos, que reaccionaron contra la imposición de otros candidatos del Comandante en Jefe, y han desafiado el centralismo político que pretende anular sus capacidades para tomar importantes iniciativas a la hora de escoger sus propios candidatos.
A la prohibición del PSUV a todos sus dirigentes y militantes de lanzarse como candidatos, antes de que la fecha fuera fijada por la dirección nacional de ese partido, seguramente señalada por el Presidente del Partido y de la República, en Barquisimeto, Henry Falcón expresó: No, mi Comandante, quienes sabemos cuándo nos conviene presentar mi candidatura a la gobernación, somos nosotros, aquí en la región los que conocemos la realidad inmediata, social y política; y convocó a un acto público en el Domo de la ciudad, cuya asistencia al parecer no le dijo nada al Vicepresidente del PSUV, General Muller Rojas, quien procedió a expulsarlo de las filas de esa organización. El Comandante Chávez, que ha podido recibir la información de sus servicios de inteligencia, arrugó, y llamó a Falcón para comunicarle que la expulsión era “un mal entendido” que continuara adelante y contara con su respaldo.
Realizadas las elecciones primarias, Lenny Manuit, hija del gobernador del Estado Guárico, pero también líder de su partido y de esa región, ganadora de esa consulta interna, fue sustituida por un representante incondicional del Presidente, y aquella reaccionó: No mi Comandante, aquí gané yo, y ese señor a quien usted pretende imponer, no conoce el Estado, aunque nació en su territorio, puede confundir a Tucupido con Tucupita.
Luego el Presidente impuso candidatos en Carabobo, Portuguesa, Barinas, Trujillo, y obtuvo la misma respuesta: No mi Comandante, regrese sus candidatos a Caracas, que nuestros electores están con sus propios y más cercanos dirigentes.
Y aunque la disidencia del mandato único del Comandante en Jefe no triunfe en todos los estado en los cuales insurgió contra el centralismo, la realidad política de las regiones indica que sumados a los candidatos de la oposición, la defensa en la teoría y en la práctica de la descentralización le propinará una rotunda derrota a las pretensiones hegemónicas y personalistas del Presidente de la República.
En conclusión, la descentralización es una conquista que le otorga el derecho a los dirigentes regionales a escoger sus candidatos y a disputarse entre ellos el gobierno respectivo. Las fallas que hayan podido presentarse –y desde luego que existen todavía- en el ejercicio de los gobernadores y alcaldes electos, después de la escogencia en escrutinios internos de cada organización o coalición de partidos políticos, deben ser corregidas con la participación de la sociedad civil en los estados, y no por la intervención inconsulta y arbitraria del poder central. Los sufragios del 23N deben ser una extraordinaria oportunidad para consolidar el pensamiento democrático y plural de los venezolanos; los electores pueden escoger a quienes consideren con mayores méritos, capacidad y vocación de servicio, de acuerdo a los intereses de los diversos sectores de la sociedad, y no por ser obsecuentes con el poder central, personalista y militarista del Comandante Chávez.
El cambio de la política de descentralización establecida en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por una centralista impuesta por el Presidente Chávez para ejercer un mayor control de las decisiones fundamentales que deben tomar los gobernadores y alcaldes en ejercicio de sus funciones, ha provocado la disidencia de muchos de sus seguidores que aspiran a que se les respete su manera autónoma de pensar y actuar. Es lo que ha sucedido con varios dirigentes regionales aspirantes a esos cargos, que reaccionaron contra la imposición de otros candidatos del Comandante en Jefe, y han desafiado el centralismo político que pretende anular sus capacidades para tomar importantes iniciativas a la hora de escoger sus propios candidatos.
A la prohibición del PSUV a todos sus dirigentes y militantes de lanzarse como candidatos, antes de que la fecha fuera fijada por la dirección nacional de ese partido, seguramente señalada por el Presidente del Partido y de la República, en Barquisimeto, Henry Falcón expresó: No, mi Comandante, quienes sabemos cuándo nos conviene presentar mi candidatura a la gobernación, somos nosotros, aquí en la región los que conocemos la realidad inmediata, social y política; y convocó a un acto público en el Domo de la ciudad, cuya asistencia al parecer no le dijo nada al Vicepresidente del PSUV, General Muller Rojas, quien procedió a expulsarlo de las filas de esa organización. El Comandante Chávez, que ha podido recibir la información de sus servicios de inteligencia, arrugó, y llamó a Falcón para comunicarle que la expulsión era “un mal entendido” que continuara adelante y contara con su respaldo.
Realizadas las elecciones primarias, Lenny Manuit, hija del gobernador del Estado Guárico, pero también líder de su partido y de esa región, ganadora de esa consulta interna, fue sustituida por un representante incondicional del Presidente, y aquella reaccionó: No mi Comandante, aquí gané yo, y ese señor a quien usted pretende imponer, no conoce el Estado, aunque nació en su territorio, puede confundir a Tucupido con Tucupita.
Luego el Presidente impuso candidatos en Carabobo, Portuguesa, Barinas, Trujillo, y obtuvo la misma respuesta: No mi Comandante, regrese sus candidatos a Caracas, que nuestros electores están con sus propios y más cercanos dirigentes.
Y aunque la disidencia del mandato único del Comandante en Jefe no triunfe en todos los estado en los cuales insurgió contra el centralismo, la realidad política de las regiones indica que sumados a los candidatos de la oposición, la defensa en la teoría y en la práctica de la descentralización le propinará una rotunda derrota a las pretensiones hegemónicas y personalistas del Presidente de la República.
En conclusión, la descentralización es una conquista que le otorga el derecho a los dirigentes regionales a escoger sus candidatos y a disputarse entre ellos el gobierno respectivo. Las fallas que hayan podido presentarse –y desde luego que existen todavía- en el ejercicio de los gobernadores y alcaldes electos, después de la escogencia en escrutinios internos de cada organización o coalición de partidos políticos, deben ser corregidas con la participación de la sociedad civil en los estados, y no por la intervención inconsulta y arbitraria del poder central. Los sufragios del 23N deben ser una extraordinaria oportunidad para consolidar el pensamiento democrático y plural de los venezolanos; los electores pueden escoger a quienes consideren con mayores méritos, capacidad y vocación de servicio, de acuerdo a los intereses de los diversos sectores de la sociedad, y no por ser obsecuentes con el poder central, personalista y militarista del Comandante Chávez.
LA DERROTA DEL CHAVISMO
Juan Páez Ávila
La división del chavismo, la ineficiencia y la corrupción de gobernadores y alcaldes en la mayoría de los estados y municipios del país, le abre a la oposición una objetiva oportunidad de propinarle una segunda derrota a la política autocrática y centralista del Comandante Chávez, que además de violar la Constitución de 1999, ahoga a las regiones en el atraso al no llegarles los presupuestos requeridos. Pero la derrota del chavismo no está decretada a cualquier precio, depende de los candidatos verdaderamente unitarios y que tengan una real conexión con los sectores populares, que se identificaron con las propuestas y promesas de Chávez y que hoy al ver frustradas sus esperanzas les han dado la espalda a gobernadores y alcaldes corresponsables del fracaso de esas políticas.
El ultimátum del Presidente de la República contra el PPT y el PCV lanzado el domingo pasado, puede ser leído como el rompimiento definitivo con sus aliados, a quienes pretende someter a sus dictámenes autocráticos, sin el menor respeto no sólo por sus derechos constitucionales a expresar discrepancias o críticas a algunas de sus políticas electorales, sino también por su dignidad como dirigentes forjados a lo largo de muchos años, algunos anteriores a la presencia de Chávez en el escenario político nacional, con quienes se pueden tener diferencias, pero nunca negarles el papel desempeñado en la política contemporánea del país.
Pasar de la discusión a la ofensa al adversario ha sido una conducta del Presidente Chávez cuando se ha referido a la oposición o a quienes expresan diferencias con su política e escala internacional, a quienes abandonan las filas de su partido, pero la agresión a los aliados los empuja a la confrontación o a la humillación si no obedecen sus órdenes típicamente militares. Al reclamarles que no se disolvieran e inscribieran en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tal como se los planteó al momento de decretar la fundación del parido único, y luego darles un plazo para que la tomen o la dejen al referirse al ofrecimiento de una participación decidida por él, sin lugar a discusión, coloca a sus aliados al borde de la ruptura.
Y como para que no queden dudas, el Comandante en Jefe denuncia a los dirigentes de esos partidos como posibles aprovechadores de su prestigio al promover un chavismo sin Chávez, para cuando él desaparezca no del escenario político sino cuando no exista físicamente.
Lo que suceda entre Chávez y sus aliados depende únicamente de la conducta que asuman estos últimos, frente a los desmesurados ataques de su hasta ahora jefe único e indiscutible. Y aunque nadie ajeno al debate entre ellos tiene porque tomar partido, lo que es evidente es que si el PPT y el PCV conservan su independencia, el pluralismo y la democracia pueden tender a afianzarse. Si por el contrario renuncian a todo tipo de autonomía política y organizativa, cuando el Presidente tiene el sol por la espalda, pueden enterrarse con su comandante en jefe. De allí que en los próximos días el país será testigo de un hecho de una importante trascendencia política, cuyo escenario fundamental será el 23 de noviembre.
En estas circunstancias la derrota del chavismo, aunque no esté decretada, puede ser una realidad si la oposición acierta a la hora de escoger candidatos que no sólo representen a los partidos políticos que firmaron el pacto el 23 de enero pasado, sino también a importantes sectores independientes que constituyen una evidente mayoría y que aspiran verse representados tanto en los candidatos como en sus programas de gobierno, para lo cual deben privar la sensatez, el verdadero interés por un cambio y no los deseos o proyectos personales, por muy legítimos que estos sean.
La división del chavismo, la ineficiencia y la corrupción de gobernadores y alcaldes en la mayoría de los estados y municipios del país, le abre a la oposición una objetiva oportunidad de propinarle una segunda derrota a la política autocrática y centralista del Comandante Chávez, que además de violar la Constitución de 1999, ahoga a las regiones en el atraso al no llegarles los presupuestos requeridos. Pero la derrota del chavismo no está decretada a cualquier precio, depende de los candidatos verdaderamente unitarios y que tengan una real conexión con los sectores populares, que se identificaron con las propuestas y promesas de Chávez y que hoy al ver frustradas sus esperanzas les han dado la espalda a gobernadores y alcaldes corresponsables del fracaso de esas políticas.
El ultimátum del Presidente de la República contra el PPT y el PCV lanzado el domingo pasado, puede ser leído como el rompimiento definitivo con sus aliados, a quienes pretende someter a sus dictámenes autocráticos, sin el menor respeto no sólo por sus derechos constitucionales a expresar discrepancias o críticas a algunas de sus políticas electorales, sino también por su dignidad como dirigentes forjados a lo largo de muchos años, algunos anteriores a la presencia de Chávez en el escenario político nacional, con quienes se pueden tener diferencias, pero nunca negarles el papel desempeñado en la política contemporánea del país.
Pasar de la discusión a la ofensa al adversario ha sido una conducta del Presidente Chávez cuando se ha referido a la oposición o a quienes expresan diferencias con su política e escala internacional, a quienes abandonan las filas de su partido, pero la agresión a los aliados los empuja a la confrontación o a la humillación si no obedecen sus órdenes típicamente militares. Al reclamarles que no se disolvieran e inscribieran en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tal como se los planteó al momento de decretar la fundación del parido único, y luego darles un plazo para que la tomen o la dejen al referirse al ofrecimiento de una participación decidida por él, sin lugar a discusión, coloca a sus aliados al borde de la ruptura.
Y como para que no queden dudas, el Comandante en Jefe denuncia a los dirigentes de esos partidos como posibles aprovechadores de su prestigio al promover un chavismo sin Chávez, para cuando él desaparezca no del escenario político sino cuando no exista físicamente.
Lo que suceda entre Chávez y sus aliados depende únicamente de la conducta que asuman estos últimos, frente a los desmesurados ataques de su hasta ahora jefe único e indiscutible. Y aunque nadie ajeno al debate entre ellos tiene porque tomar partido, lo que es evidente es que si el PPT y el PCV conservan su independencia, el pluralismo y la democracia pueden tender a afianzarse. Si por el contrario renuncian a todo tipo de autonomía política y organizativa, cuando el Presidente tiene el sol por la espalda, pueden enterrarse con su comandante en jefe. De allí que en los próximos días el país será testigo de un hecho de una importante trascendencia política, cuyo escenario fundamental será el 23 de noviembre.
En estas circunstancias la derrota del chavismo, aunque no esté decretada, puede ser una realidad si la oposición acierta a la hora de escoger candidatos que no sólo representen a los partidos políticos que firmaron el pacto el 23 de enero pasado, sino también a importantes sectores independientes que constituyen una evidente mayoría y que aspiran verse representados tanto en los candidatos como en sus programas de gobierno, para lo cual deben privar la sensatez, el verdadero interés por un cambio y no los deseos o proyectos personales, por muy legítimos que estos sean.
ENMIENDA Y REPRESIÓN
Juan Páez Ávila
La orden del Presidente de la República a la Asamblea Nacional de aprobar una enmienda a la Constitución Bolivariana, violando varios artículos de la misma, y la orden a los ministros de Defensa e Interior y Justicia de lanzarle ¨gas del bueno¨ a los manifestantes que protesten contra esa flagrante transgresión a la Carta Magna, forman parte de un mismo plan para tratar de imponerle a los venezolanos su voluntad personalista y militarista de permanecer indefinidamente en el poder.
Ambas decisiones del Comandante Chávez, además de obedecer al objetivo fundamental de perpetuarse en el ejercicio del poder, tenían que ser decretadas con horas de diferencia en el tiempo, porque ya eran conocidos por la sala situacional de Miraflores los resultados de las últimas encuestas de mayor credibilidad y acierto en sus diagnósticos, que registran rechazo mayoritario de la población a esa ambición demencial de permanecer al frente del gobierno hasta la muerte.
De allí la violencia que han desatado los cuerpos policiales contra los estudiantes y jóvenes en general que han salido a la calle a expresar sus opiniones contra le reforma a la Constitución Nacional disfrazada de enmienda, y a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la convocatoria al referendo, por no permitirle a centenares de miles de venezolanos que cumplieron 18 años desde el momento en que se cerró el Registro Electoral para realizar las elecciones del 23 de noviembre de 2008, hasta el 15 febrero, fecha dispuesta, por orden del jefe único, para ejecutar la consulta.
En la creencia de que pueden cambiar la opinión mayoritaria de los electores a votar por el NO, reprimiendo brutalmente a los estudiantes con ¨gas del bueno¨ lanzado por la policía y la Guardia Nacional, deteniendo, torturando y desapareciendo a decenas de jóvenes, han permitido la presencia agresiva de grupos parapoliciales o paramilitares que se identifican con los intereses de la perpetuación en el poder de todos los funcionarios electos en comicios pasados, incluso de ellos como bandas irregulares pagadas con los dineros de alguna alcaldía o ministerio gubernamental.
A la violación de los derechos políticos relacionados con la protesta pacífica de los estudiantes, le agregan la violación de los derechos humanos de los manifestantes, en una peligrosa carrera hacia dictadura.
De nada valdrá la represión contra la juventud que reclama le permitan ejercer el derecho al voto porque ya cumplieron 18 años. Los jóvenes han demostrado una gran madurez y una verdadera vocación pacífica para luchar, y la sociedad venezolana ha alcanzado ciertos niveles de conciencia política democrática, que no dejarán amedrentar por la represión y acudirán masivamente a votar en las elecciones del 15 de febrero, y a continuar sus combates por la democracia cualquiera sea el resultado de esas elecciones..
La orden del Presidente de la República a la Asamblea Nacional de aprobar una enmienda a la Constitución Bolivariana, violando varios artículos de la misma, y la orden a los ministros de Defensa e Interior y Justicia de lanzarle ¨gas del bueno¨ a los manifestantes que protesten contra esa flagrante transgresión a la Carta Magna, forman parte de un mismo plan para tratar de imponerle a los venezolanos su voluntad personalista y militarista de permanecer indefinidamente en el poder.
Ambas decisiones del Comandante Chávez, además de obedecer al objetivo fundamental de perpetuarse en el ejercicio del poder, tenían que ser decretadas con horas de diferencia en el tiempo, porque ya eran conocidos por la sala situacional de Miraflores los resultados de las últimas encuestas de mayor credibilidad y acierto en sus diagnósticos, que registran rechazo mayoritario de la población a esa ambición demencial de permanecer al frente del gobierno hasta la muerte.
De allí la violencia que han desatado los cuerpos policiales contra los estudiantes y jóvenes en general que han salido a la calle a expresar sus opiniones contra le reforma a la Constitución Nacional disfrazada de enmienda, y a pedir al Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la convocatoria al referendo, por no permitirle a centenares de miles de venezolanos que cumplieron 18 años desde el momento en que se cerró el Registro Electoral para realizar las elecciones del 23 de noviembre de 2008, hasta el 15 febrero, fecha dispuesta, por orden del jefe único, para ejecutar la consulta.
En la creencia de que pueden cambiar la opinión mayoritaria de los electores a votar por el NO, reprimiendo brutalmente a los estudiantes con ¨gas del bueno¨ lanzado por la policía y la Guardia Nacional, deteniendo, torturando y desapareciendo a decenas de jóvenes, han permitido la presencia agresiva de grupos parapoliciales o paramilitares que se identifican con los intereses de la perpetuación en el poder de todos los funcionarios electos en comicios pasados, incluso de ellos como bandas irregulares pagadas con los dineros de alguna alcaldía o ministerio gubernamental.
A la violación de los derechos políticos relacionados con la protesta pacífica de los estudiantes, le agregan la violación de los derechos humanos de los manifestantes, en una peligrosa carrera hacia dictadura.
De nada valdrá la represión contra la juventud que reclama le permitan ejercer el derecho al voto porque ya cumplieron 18 años. Los jóvenes han demostrado una gran madurez y una verdadera vocación pacífica para luchar, y la sociedad venezolana ha alcanzado ciertos niveles de conciencia política democrática, que no dejarán amedrentar por la represión y acudirán masivamente a votar en las elecciones del 15 de febrero, y a continuar sus combates por la democracia cualquiera sea el resultado de esas elecciones..
LA REELECCIÓN DE CHÁVEZ
Juan Páez Ávila
El triunfo del sí en el referendo del domingo pasado le abre el camino al Presidente Hugo Chávez para presentarte nuevamente como candidato a la reelección en el 2012, lo que le da la ventaja de disponer de 4 años para realizar una campaña permanente utilizando el peso del Poder Ejecutivo que ejerce a sus anchas y el control que ejecuta sobre los demás Poderes Públicos, frente a una oposición que arranca lanzándose algunos dardos que la pueden dividir en vez de unirla, sino no traza políticas claras del juego democrático para llegar a un nuevo acuerdo en todas las elecciones que debe enfrenar hasta el 2012.
Sin embargo, Chávez deberá preservar las condiciones de vida que hoy disfrutan esos 6 millones de venezolanos que sufragaron por la reelección indefinida, o mejorarlas. No me refiero a las condiciones políticas porque seguirá ejerciendo todo el poder que le otorga el cargo de comandante en jefe, del cual dependen los demás poderes públicos y las empresas del Estado que le dieron los recursos para movilizar y entusiasmar a esa mayoría que le acompaña.Durante los 4 años que le faltan para completar el período constitucional que todavía ejerce, deberá enfrentar las consecuencias de una difícil crisis económica mundial, que los principales estadistas del mundo desarrollado intentan solucionar uniendo no sólo a todos los sectores políticos, económicos y sociales de sus respectivos países, sino también a todas las naciones democráticas que sufren el impacto de la crisis. El momento político y económico que viven los países en este espinoso momento histórico, los ha llamado a la unidad para buscar la solución definitiva o para detener una catástrofe universal.
El Presidente Chávez no parece proclive a un entendimiento con el 45% de la población que le adversa, y todo parece indicar que tratará de profundizar las políticas, sobre todo económicas, que viene empleando desde hace algunos años, en la creencia de que los resultados electorales del 15 de febrero ratifican que anda en la vía correcta. Si persiste esa visión, esa concepción del momento que atraviesa nuestra economía, puede conducirlo, como apuntan las estadísticas, a una mayor inflación y a un mayor estancamiento de la economía, a lo que los economistas llaman la estanflación, y el panorama político, incluso económico y social que le permitió la victoria, puede cambiar para peor. Y no sólo para su gobierno y sus cálculos para conseguir otra reelección, sino para todos los venezolanos, especialmente para los más pobres.
Pensar que los laureles de hoy estarán presentes en 2012, puede ser no sólo una ilusión, sino también un error de proporciones gigantescas, que de no cambiar la óptica y las políticas económicas y sociales, aumenten la pobreza y el atraso económico del país. Y sobre todo, si desde la Alcaldía Metropolitana, las gobernaciones de Miranda, Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, más las otras alcaldías que ganó la oposición, sus titulares dan un ejemplo de eficacia administrativa y honestidad en los manejos de los dineros público.
El triunfo del sí en el referendo del domingo pasado le abre el camino al Presidente Hugo Chávez para presentarte nuevamente como candidato a la reelección en el 2012, lo que le da la ventaja de disponer de 4 años para realizar una campaña permanente utilizando el peso del Poder Ejecutivo que ejerce a sus anchas y el control que ejecuta sobre los demás Poderes Públicos, frente a una oposición que arranca lanzándose algunos dardos que la pueden dividir en vez de unirla, sino no traza políticas claras del juego democrático para llegar a un nuevo acuerdo en todas las elecciones que debe enfrenar hasta el 2012.
Sin embargo, Chávez deberá preservar las condiciones de vida que hoy disfrutan esos 6 millones de venezolanos que sufragaron por la reelección indefinida, o mejorarlas. No me refiero a las condiciones políticas porque seguirá ejerciendo todo el poder que le otorga el cargo de comandante en jefe, del cual dependen los demás poderes públicos y las empresas del Estado que le dieron los recursos para movilizar y entusiasmar a esa mayoría que le acompaña.Durante los 4 años que le faltan para completar el período constitucional que todavía ejerce, deberá enfrentar las consecuencias de una difícil crisis económica mundial, que los principales estadistas del mundo desarrollado intentan solucionar uniendo no sólo a todos los sectores políticos, económicos y sociales de sus respectivos países, sino también a todas las naciones democráticas que sufren el impacto de la crisis. El momento político y económico que viven los países en este espinoso momento histórico, los ha llamado a la unidad para buscar la solución definitiva o para detener una catástrofe universal.
El Presidente Chávez no parece proclive a un entendimiento con el 45% de la población que le adversa, y todo parece indicar que tratará de profundizar las políticas, sobre todo económicas, que viene empleando desde hace algunos años, en la creencia de que los resultados electorales del 15 de febrero ratifican que anda en la vía correcta. Si persiste esa visión, esa concepción del momento que atraviesa nuestra economía, puede conducirlo, como apuntan las estadísticas, a una mayor inflación y a un mayor estancamiento de la economía, a lo que los economistas llaman la estanflación, y el panorama político, incluso económico y social que le permitió la victoria, puede cambiar para peor. Y no sólo para su gobierno y sus cálculos para conseguir otra reelección, sino para todos los venezolanos, especialmente para los más pobres.
Pensar que los laureles de hoy estarán presentes en 2012, puede ser no sólo una ilusión, sino también un error de proporciones gigantescas, que de no cambiar la óptica y las políticas económicas y sociales, aumenten la pobreza y el atraso económico del país. Y sobre todo, si desde la Alcaldía Metropolitana, las gobernaciones de Miranda, Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, más las otras alcaldías que ganó la oposición, sus titulares dan un ejemplo de eficacia administrativa y honestidad en los manejos de los dineros público.
REIVINDICACIONES SINDICALES
Juan Páez Ávila
Después de 10 años de la revolución bolivariana, cuando del Presidente Chávez pretende acelerar la marcha hacia el Socialismo del siglo XXI, sin atender las reivindicaciones de los trabajadores que laboran en las empresas del Estado y en diferentes dependencias oficiales, se ha encontrado con una masa laboral cansada de esperar los beneficios de los cambios sociales y económicos que el gobierno revolucionario ha planteado como política fundamental de su razón de ser, de su condición de gobierno de los pobres, de la clase obrera. Alertas ante la posibilidad y sobre todo necesidad de esos cambios, perciben 10 años después que no se ha aprobado una nueva Ley de Protección Social que garantice el ingreso salarial requerido para el bienestar de sus familias, y por lo contrario su Comandante en Jefe les exige un mayor sacrificio al desconocer, hasta ahora, el derecho a la contratación colectiva, al negarles un aumento sustancial de sueldos y salarios e incluso amenazarlos con la militarización del Metro de Caracas y el despido de miles de trabajadores de las empresas básicas de Guayana, tal como lo hizo con los empleados y obreros petroleros, si paralizan sus actividades.
10 años después de gobierno enrumbado hacia el ¨Socialismo del siglo XXI¨, le muestra a los trabajadores públicos y de las empresas fundamentales del país, el rostro autoritario y militarista, que la oposición ha venido denunciando a lo largo de ese período como violatorio de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tiene como objetivo consolidar el poder personal del Comandante en Jefe y no de la clase obrera.
10 años después de contemplar el accionar del gobierno contra los productores del campo, denunciando la existencia de un latifundio que significaría el atraso del país y el despojo de los campesinos de sus tierras, observan que ni esos trabajadores han recibido parcelas en propiedad, ni ha aumentado la producción de alimentos, que ahora hay que importar. Y todo parece indicar a ahora les toca a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y del petróleo, manejadas por una burocracia militar y civil incompetente y corrupta que las han conducido a la quiebra y se niegan a una nueva contratación colectiva que recoja las reivindicaciones más sentidas y urgentes en momentos de inflación, de un incontenible aumentos de los precios de la comida, que los afecta a ellos y sus familiares con mayor rigor, que los puede llevar a la miseria.
Después de 10 años de la revolución bolivariana, cuando del Presidente Chávez pretende acelerar la marcha hacia el Socialismo del siglo XXI, sin atender las reivindicaciones de los trabajadores que laboran en las empresas del Estado y en diferentes dependencias oficiales, se ha encontrado con una masa laboral cansada de esperar los beneficios de los cambios sociales y económicos que el gobierno revolucionario ha planteado como política fundamental de su razón de ser, de su condición de gobierno de los pobres, de la clase obrera. Alertas ante la posibilidad y sobre todo necesidad de esos cambios, perciben 10 años después que no se ha aprobado una nueva Ley de Protección Social que garantice el ingreso salarial requerido para el bienestar de sus familias, y por lo contrario su Comandante en Jefe les exige un mayor sacrificio al desconocer, hasta ahora, el derecho a la contratación colectiva, al negarles un aumento sustancial de sueldos y salarios e incluso amenazarlos con la militarización del Metro de Caracas y el despido de miles de trabajadores de las empresas básicas de Guayana, tal como lo hizo con los empleados y obreros petroleros, si paralizan sus actividades.
10 años después de gobierno enrumbado hacia el ¨Socialismo del siglo XXI¨, le muestra a los trabajadores públicos y de las empresas fundamentales del país, el rostro autoritario y militarista, que la oposición ha venido denunciando a lo largo de ese período como violatorio de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tiene como objetivo consolidar el poder personal del Comandante en Jefe y no de la clase obrera.
10 años después de contemplar el accionar del gobierno contra los productores del campo, denunciando la existencia de un latifundio que significaría el atraso del país y el despojo de los campesinos de sus tierras, observan que ni esos trabajadores han recibido parcelas en propiedad, ni ha aumentado la producción de alimentos, que ahora hay que importar. Y todo parece indicar a ahora les toca a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y del petróleo, manejadas por una burocracia militar y civil incompetente y corrupta que las han conducido a la quiebra y se niegan a una nueva contratación colectiva que recoja las reivindicaciones más sentidas y urgentes en momentos de inflación, de un incontenible aumentos de los precios de la comida, que los afecta a ellos y sus familiares con mayor rigor, que los puede llevar a la miseria.
CONCIENCIA CIUDADANA
Juan Páez Ávila
El Plan Vía Libre, que el Alcalde Metropolitano, con el apoyo de los alcaldes de Chacao, Baruta y Sucre, ha ideado para sacar de circulación más de un centenar de miles de vehículos que transportan a una sola persona, ha comenzado a beneficiar a millones de habitantes de la gran Caracas, que lo hacen en autobuses y otros colectivos, que en horas pico sufren graves retrasos por el congestionamiento del tránsito automotor, que a su vez los afecta en el cumplimiento de la llegada a la hora fijada para ingresar a sus respectivos trabajos.
Y aunque el ministro Diosdado Cabello encuentre un juez que obstaculice la labor de los alcaldes recién electos como alternativa democrática, la conciencia ciudadana ha comenzado a imponerse, tal como ha sucedido y puede observarse en la carretera panamericana que une Los Teques con Caracas, y particularmente en la bajada de Tazón, seguramente porque un alto porcentaje de personas que circulan por esas vías, atendió al llamado de conciencia que hizo el Gobernador Capriles Radonsky.
Resulta injustificable que el Ministro Diosdado Cabello se oponga a un plan de vialidad que tiende a mejorar el tránsito en la ciudad, aduciendo que esas atribuciones le corresponden a su Despacho, que durante 10 años de gobierno no ha construido una nueva avenida importante en Caracas, y ni siquiera ha podio terminar la Cota Mil o Avenida Boyacá, para aliviar el tránsito hacia el litoral guaireño.
La ineficacia del gabinete ejecutivo que el propio Presidente de la República ha denunciado como uno de los males que caracterizan a sus altos funcionarios y que los llevó a perder las elecciones en la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación de Miranda y la Alcaldía del Municipio Sucre, para sólo mencionar las instituciones involucradas en el caso, sigue presente y agravada, porque en vez de prestar la colaboración que solicitan los alcaldes y el gobernador, lo que hacen es obstaculizar las labores positivas de los nuevos gobernantes regionales.
Si en los próximos días la conciencia ciudadana ratifica su decisión voluntaria y responde al llamado del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, de abstenerse de circular, una sola persona en un vehículo, por las 36 avenidas señaladas, el 13% de la red vial, Caracas comenzará a cambiar para bien de todos sus habitantes, sobre todo para la mayoría que usa transporte colectivo.
Esta medida que funciona en varias importantes ciudades del mundo afectadas por el congestionamiento de vehículos, puede servir de ejemplo para las gobernaciones y alcaldías de las principales ciudades de nuestro país, para contribuir a resolver uno de los graves problemas que comienzan a crear serias dificultades en la psique de miles de ciudadanos que no pueden cumplir con los horarios acordados con las empresas en las que laboran, e incluso a muchos empresarios y profesionales que necesitan llegar a sus oficinas a una hora determinada.
Los que se oponen a esta medida orientada a acabar con el caos en el tránsito en el Área Metropolitana y en el Estado Miranda, son los anteriores funcionarios que fracasaron en sus gestiones y fueron derrotados, pero como todavía tienen vida política que les otorga el Comandante en Jefe, no quieren que los ciudadanos establezcan comparaciones entre lo que no hicieron en sus funciones y el éxito de los nuevos gobernantes electos por la mayoría de los votantes. ¨Ni lavan ni prestan la batea” afirma un dicho popular, que bien se les puede aplicar a quienes por ineficaces e incapaces no supieron siquiera buscar algunas medidas para mejorar el tránsito en la gran Caracas y darles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.
No hay lugar a dudas que la próxima batalla electoral estará signada por el grado conciencia ciudadana de la mayoría de los electores, porque si los fracasados de ayer impiden que las nuevas autoridades regionales y locales pongan en práctica políticas públicas para mejorar el nivel de vida de sus gobernados, quedarán al descubierto de que lo único que saben es obstaculizar el progreso violando leyes y la Constitución Nacional, para satisfacer intereses personales y no de la sociedad en general.
El Plan Vía Libre, que el Alcalde Metropolitano, con el apoyo de los alcaldes de Chacao, Baruta y Sucre, ha ideado para sacar de circulación más de un centenar de miles de vehículos que transportan a una sola persona, ha comenzado a beneficiar a millones de habitantes de la gran Caracas, que lo hacen en autobuses y otros colectivos, que en horas pico sufren graves retrasos por el congestionamiento del tránsito automotor, que a su vez los afecta en el cumplimiento de la llegada a la hora fijada para ingresar a sus respectivos trabajos.
Y aunque el ministro Diosdado Cabello encuentre un juez que obstaculice la labor de los alcaldes recién electos como alternativa democrática, la conciencia ciudadana ha comenzado a imponerse, tal como ha sucedido y puede observarse en la carretera panamericana que une Los Teques con Caracas, y particularmente en la bajada de Tazón, seguramente porque un alto porcentaje de personas que circulan por esas vías, atendió al llamado de conciencia que hizo el Gobernador Capriles Radonsky.
Resulta injustificable que el Ministro Diosdado Cabello se oponga a un plan de vialidad que tiende a mejorar el tránsito en la ciudad, aduciendo que esas atribuciones le corresponden a su Despacho, que durante 10 años de gobierno no ha construido una nueva avenida importante en Caracas, y ni siquiera ha podio terminar la Cota Mil o Avenida Boyacá, para aliviar el tránsito hacia el litoral guaireño.
La ineficacia del gabinete ejecutivo que el propio Presidente de la República ha denunciado como uno de los males que caracterizan a sus altos funcionarios y que los llevó a perder las elecciones en la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación de Miranda y la Alcaldía del Municipio Sucre, para sólo mencionar las instituciones involucradas en el caso, sigue presente y agravada, porque en vez de prestar la colaboración que solicitan los alcaldes y el gobernador, lo que hacen es obstaculizar las labores positivas de los nuevos gobernantes regionales.
Si en los próximos días la conciencia ciudadana ratifica su decisión voluntaria y responde al llamado del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, de abstenerse de circular, una sola persona en un vehículo, por las 36 avenidas señaladas, el 13% de la red vial, Caracas comenzará a cambiar para bien de todos sus habitantes, sobre todo para la mayoría que usa transporte colectivo.
Esta medida que funciona en varias importantes ciudades del mundo afectadas por el congestionamiento de vehículos, puede servir de ejemplo para las gobernaciones y alcaldías de las principales ciudades de nuestro país, para contribuir a resolver uno de los graves problemas que comienzan a crear serias dificultades en la psique de miles de ciudadanos que no pueden cumplir con los horarios acordados con las empresas en las que laboran, e incluso a muchos empresarios y profesionales que necesitan llegar a sus oficinas a una hora determinada.
Los que se oponen a esta medida orientada a acabar con el caos en el tránsito en el Área Metropolitana y en el Estado Miranda, son los anteriores funcionarios que fracasaron en sus gestiones y fueron derrotados, pero como todavía tienen vida política que les otorga el Comandante en Jefe, no quieren que los ciudadanos establezcan comparaciones entre lo que no hicieron en sus funciones y el éxito de los nuevos gobernantes electos por la mayoría de los votantes. ¨Ni lavan ni prestan la batea” afirma un dicho popular, que bien se les puede aplicar a quienes por ineficaces e incapaces no supieron siquiera buscar algunas medidas para mejorar el tránsito en la gran Caracas y darles una mayor calidad de vida a sus ciudadanos.
No hay lugar a dudas que la próxima batalla electoral estará signada por el grado conciencia ciudadana de la mayoría de los electores, porque si los fracasados de ayer impiden que las nuevas autoridades regionales y locales pongan en práctica políticas públicas para mejorar el nivel de vida de sus gobernados, quedarán al descubierto de que lo único que saben es obstaculizar el progreso violando leyes y la Constitución Nacional, para satisfacer intereses personales y no de la sociedad en general.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)