Juan Páez Ávila
Agotado Barrio Adentro como un instrumento, inventado en Miraflores con asesoramiento cubano, para llevarle algunos beneficios a los sectores más depauperados de la población, que generalmente sufragan por quienes les resuelven o les prometen resolver sus problemas, de hambre y miseria que les ocasiona el desempleo, el Comandante Presidente le ordenó a la Asamblea Nacional aprobar una Ley sobre las Comunas, antes Consejos Comunales, para tratar de remontar las encuestas que colocan a su administración pública al nivel de PDVAL y sus containers podridos en puertos y depósitos en diferentes dependencias oficiales.
Las comunas, como las desaparecidas cooperativas, impuestas desde arriba, aunque den la sensación de que el pueblo participa y será protagónico de una revolución social o comunista, no sobrevivirán al 2012, si es que los precios del petróleo experimentan una espiral inflacionaria y superan los 100 dólares por barril. De lo contrario serán otro fracaso más, desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres, o del empoderamiento de los mismos hacia el socialismo del siglo XXI. Lo que no es descartable, a la luz de la experiencia pasada, es que el reparto de dinero desde el gobierno central, le dé oxigeno a algunos candidatos oficiales a diputados, y hasta al propio Hugo Chávez como aspirante a la reelección indefinida como Presidente.
Pero como algunos economistas sostienen que ni siquiera con mejores precios del petróleo se recuperará el aparato productivo, porque el reparto de los ingresos petroleros no crea riqueza ni empleo seguro, es posible que los comuneros se coman lo que les enviarán desde Miraflores y continúen soportando sus carencias, hasta que la realidad los convenza de que no son protagonistas de ninguna revolución, sino objetos de manipulación electoral.
El principal soporte de nuestra hipótesis acerca del fracaso de los comunas aprobadas en Miraflores y en la Asamblea Nacional, y no creadas por los sectores interesados en el trueque y en cero ganancias por su trabajo productivo, es que esos sectores no existen en nuestra sociedad, y menos entre los pobres que lo que buscan es progreso y bienestar personal y familiar. De allí el éxito de las cooperativas del Estado Lara y otros estados, creadas por sus propios productores y consumidores, para beneficio de todos.
El dinero que el gobierno pueda gastar en los próximos tres meses, en las comunas, tratando de desplazar a la Alternativa Democrática del primer lugar de las encuestas y del sentimiento de la mayoría de los venezolanos que pide un cambio de rumbo, le demostrará a Hugo Chávez y sobre todo a los chavistas que todavía creen en el discurso del Comandante, que se puede engañar a mucha gente por un tiempo determinado, pero que después de 11 años de mentiras y verdades a medias, de alimentos podridos y enriquecimiento ilícito de unos pocos burócratas corrompidos, los electores más conscientes sufragarán por una Asamblea Nacional plural e independiente del Ejecutivo.
Como ha sucedido en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, de cuyas mayorías paupérrimas se han querido aprovechar algunos gobernantes demagogos y antidemocráticos, manipulando a los más incautos, al ser descubiertos en sus planes personalistas y militaristas, han pretendido mantenerse en el poder por el fraude y la violencia, pero han sido derrotado por los votos o por el derrocamiento.
En Venezuela hemos escogido el camino electoral y pacífico, pero nadie puede vislumbrar cual será el desenlace final, si Hugo Chávez, para prolongarse en el poder, apela a la fuerza para consumar un fraude. De eso también hay ejemplos en América Latina. Pinochet y Pérez Jiménez trataron de desconocer los resultados de unas elecciones. Fujimori lo logró por pocos meses. Los resultados para todos, son conocidos. Ni sus más cercanos seguidores, que días antes les juraban absoluta lealtad, obedecieron sus órdenes. Los venezolanos, como lo afirmó
Juan Páez Ávila
lunes, 19 de julio de 2010
martes, 13 de julio de 2010
CHÁVEZ CONTRA GLOBOVISIÓN
Juan Páez Ávila
Cuando apenas faltaban unos 7 meses para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, con todo el control de los Poderes Públicos el Comandante Hugo Chávez no se atrevió a intervenir y sacar del aire a Globovisión, porque el costo político a pagar sería muy elevado, y porque las encuestas ya indicaban que ese próximo Poder Legislativo no lo podrá controlar con la misma discreción y abuso con que ha manejado a la mayoría de quienes fueron elegidos, previamente escogidos por su dedo de gran elector, con un 15 o 20% del electorado hace cuatro años aproximadamente.
La salida de Alberto Federico Ravel de la dirección de Globovisión y la presión para una posible venta de las acciones de los poseedores de la mayoría del capital invertido en esa planta televisora, dejó al desnudo la política hegemónica que viene imponiendo su régimen autoritario,, personalista y militarista, restringiendo cada vez más la libertad de expresión y de empresa.
Las nuevas amenazas del Presidente de la República contra Globovisión, mediante la intervención de Fogade para que asuma el paquete accionario de Nelson Mezherane, y de la Fiscalía General de la República para que solicite el aseguramiento de los bienes de Guillermo Zuloaga, sus accionistas mayoritarios, pueden tener un costo político mucho más elevado, al calculado hace unos 4 meses cuando se inhibió de darle el zarpazo, e incluso que el cierre de Radio Caracas TV.
A menos de 3 meses para que se realicen las elecciones para escoger los diputados a la Asamblea Nacional, la ejecución de esa medida a través de organismos del Estado controlados por el Jefe del gobierno, con apoyo de las fuerzas de seguridad públicas, será evidentemente vista como una ocupación militar no sólo contra empresarios acusados ante los tribunales de cometer supuestos delitos comunes, sino contra perseguidos políticos, contra la libertad de expresión y abusivo ventajismo electoral contra los partidos políticos y sectores de la sociedad civil que participan desde la oposición, y tienen como único canal televiso de comunicación a Globovisión. Y ello sin contar con el ya manifiesto rechazo de más del 60% de los potenciales electores consultados sobre el cierre de Globovisión, en las últimas encuestas, cuyo número podría aumentar al sumársele muchos chavistas democráticos y miles de personas, hasta hoy indiferentes, como los llamados Ni-Ni, en lo que a todas luces seria un atropello oficial, que no dejaría dudas acerca de la marcha del gobierno hacia el totalitarismo comunicacional, al estilo del comunismo cubano.
El Presidente debería recordar que más del 80% de los venezolanos consultados rechaza el comunismo cubano, uno de los pocos sobrevivientes de los regímenes totalitarios que desaparecieron el siglo pasado, sin guerras y sin muertos, en la Unión Soviética y en la Europa occidental donde, después una larga dictadura, volvieron a un sistema de pluralismo político, libertad de expresión y de empresa privada.
Sin apoyo mayoritario nacional e internacional el Comandante Chávez podría llevar el país a una crisis política de difícil solución, sin diálogo y sin rumbo seguro, que arrastraría a los suyos y a todo el país a un peligroso abismo.
Cuando apenas faltaban unos 7 meses para la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, con todo el control de los Poderes Públicos el Comandante Hugo Chávez no se atrevió a intervenir y sacar del aire a Globovisión, porque el costo político a pagar sería muy elevado, y porque las encuestas ya indicaban que ese próximo Poder Legislativo no lo podrá controlar con la misma discreción y abuso con que ha manejado a la mayoría de quienes fueron elegidos, previamente escogidos por su dedo de gran elector, con un 15 o 20% del electorado hace cuatro años aproximadamente.
La salida de Alberto Federico Ravel de la dirección de Globovisión y la presión para una posible venta de las acciones de los poseedores de la mayoría del capital invertido en esa planta televisora, dejó al desnudo la política hegemónica que viene imponiendo su régimen autoritario,, personalista y militarista, restringiendo cada vez más la libertad de expresión y de empresa.
Las nuevas amenazas del Presidente de la República contra Globovisión, mediante la intervención de Fogade para que asuma el paquete accionario de Nelson Mezherane, y de la Fiscalía General de la República para que solicite el aseguramiento de los bienes de Guillermo Zuloaga, sus accionistas mayoritarios, pueden tener un costo político mucho más elevado, al calculado hace unos 4 meses cuando se inhibió de darle el zarpazo, e incluso que el cierre de Radio Caracas TV.
A menos de 3 meses para que se realicen las elecciones para escoger los diputados a la Asamblea Nacional, la ejecución de esa medida a través de organismos del Estado controlados por el Jefe del gobierno, con apoyo de las fuerzas de seguridad públicas, será evidentemente vista como una ocupación militar no sólo contra empresarios acusados ante los tribunales de cometer supuestos delitos comunes, sino contra perseguidos políticos, contra la libertad de expresión y abusivo ventajismo electoral contra los partidos políticos y sectores de la sociedad civil que participan desde la oposición, y tienen como único canal televiso de comunicación a Globovisión. Y ello sin contar con el ya manifiesto rechazo de más del 60% de los potenciales electores consultados sobre el cierre de Globovisión, en las últimas encuestas, cuyo número podría aumentar al sumársele muchos chavistas democráticos y miles de personas, hasta hoy indiferentes, como los llamados Ni-Ni, en lo que a todas luces seria un atropello oficial, que no dejaría dudas acerca de la marcha del gobierno hacia el totalitarismo comunicacional, al estilo del comunismo cubano.
El Presidente debería recordar que más del 80% de los venezolanos consultados rechaza el comunismo cubano, uno de los pocos sobrevivientes de los regímenes totalitarios que desaparecieron el siglo pasado, sin guerras y sin muertos, en la Unión Soviética y en la Europa occidental donde, después una larga dictadura, volvieron a un sistema de pluralismo político, libertad de expresión y de empresa privada.
Sin apoyo mayoritario nacional e internacional el Comandante Chávez podría llevar el país a una crisis política de difícil solución, sin diálogo y sin rumbo seguro, que arrastraría a los suyos y a todo el país a un peligroso abismo.
viernes, 2 de julio de 2010
LA CAMPAÑA ELECTORAL
Juan Páez Ávila
En las proximidades de las elecciones para la Asamblea Nacional, como sucede en cualquier otro momento electoral, la ciudadanía exige conocer lo que se proponen realizar los candidatos, y en particular, cuando se trata de votar por las posibilidades de un cambio en la conducción del país, del comando de campaña que dirigirá la estrategia para provocar ese cambio.
Como respuesta a estas inquietudes, a nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo presentó al país el equipo de dirigentes de los partidos y de la sociedad civil que coordinará las principales acciones a escala nacional, porque en cada uno de los estados y municipios, funcionará un comando de campaña unitario, para iguales fines en su respectiva jurisdicción.
E conjunto de proposiciones la elaboró una Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, y por su contenido podría ser suscrito por todos aquellos demócratas que, sin distingo de ideologías o de militancia política, aspiren a la construcción de una sociedad civilizada, tolerante, en permanente diálogo, respetuosa de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional vigente.
La sociedad venezolana debería realizar un debate en los medios de comunicación social, acerca del contenido de las mismas propuestas y de todos los temas que a juicio de ciudadanos de todos los niveles sociales, deben formar parte del intercambio no sólo de ideas abstractas y generales, sino también de las prioridades económicas y sociales que revelan los problemas más urgentes que confrontan todos los sectores la población.
En la Venezuela de hoy, para enfrentar al gobierno que pretende imponernos un pensamiento único, que de lograrlo nos llevaría a una dictadura, se requiere de una gran amplitud y firmeza para tomar iniciativas, defender y difundir propuestas democráticas como las expresadas por la Comisión de la Unidad Democrática.
. Las primeras conclusiones dadas a conocer por la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la virtud de ser muy concretas y coincidentes con las aspiraciones de millones de venezolanos que sufren los efectos de la recesión económica, de la inflación, la intolerancia, la inseguridad y el desempleo, provocados por un gobierno de ineptos que han despilfarrado miles de millones de dólares provenientes del petróleo.
El deber de votar es ahora insoslayable para elegir una Asamblea Nacional plural, que impida que Chávez continúe violando la Constitución Nacional vigente e investigue, por ejemplo, los responsables de la pérdida de miles de toneladas de alimentos que se han podrido en los puertos controlados por el PSUV y los cubanos, y toda la corrupción que prolifera en las más altas esferas del régimen. Los venezolanos que defendemos la democracia como sistema político y forma de vida civilizada, estamos obligados a agotar los mecanismos constitucionales para lograr una solución pacífica y democrática a la presente crisis económica y social que ha creado el gobierno chavista, cada día más próximo a un desbarrancadero.
De allí que la campaña electoral, aunque lleve el peso de los candidatos a diputados, también debe ser responsabilidad de todos los venezolanos con un mínimo grado de conciencia ciudadana, y muy particularmente de los dirigentes sociales, de los partidos políticos y de la sociedad civil, con algún ascendiente entre los habitantes de cada uno de los circuitos electorales. Y para que la victoria democrática contra la marcha totalitaria de Hugo Chávez y el grupo estalinistas y oportunistas que le sigue, sea producto de la sociedad en su conjunto, hay que salir a votar y a defender el voto, tal como lo establece y manda la Constitución Nacional vigente desde 1999.
En las proximidades de las elecciones para la Asamblea Nacional, como sucede en cualquier otro momento electoral, la ciudadanía exige conocer lo que se proponen realizar los candidatos, y en particular, cuando se trata de votar por las posibilidades de un cambio en la conducción del país, del comando de campaña que dirigirá la estrategia para provocar ese cambio.
Como respuesta a estas inquietudes, a nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo presentó al país el equipo de dirigentes de los partidos y de la sociedad civil que coordinará las principales acciones a escala nacional, porque en cada uno de los estados y municipios, funcionará un comando de campaña unitario, para iguales fines en su respectiva jurisdicción.
E conjunto de proposiciones la elaboró una Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, y por su contenido podría ser suscrito por todos aquellos demócratas que, sin distingo de ideologías o de militancia política, aspiren a la construcción de una sociedad civilizada, tolerante, en permanente diálogo, respetuosa de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional vigente.
La sociedad venezolana debería realizar un debate en los medios de comunicación social, acerca del contenido de las mismas propuestas y de todos los temas que a juicio de ciudadanos de todos los niveles sociales, deben formar parte del intercambio no sólo de ideas abstractas y generales, sino también de las prioridades económicas y sociales que revelan los problemas más urgentes que confrontan todos los sectores la población.
En la Venezuela de hoy, para enfrentar al gobierno que pretende imponernos un pensamiento único, que de lograrlo nos llevaría a una dictadura, se requiere de una gran amplitud y firmeza para tomar iniciativas, defender y difundir propuestas democráticas como las expresadas por la Comisión de la Unidad Democrática.
. Las primeras conclusiones dadas a conocer por la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la virtud de ser muy concretas y coincidentes con las aspiraciones de millones de venezolanos que sufren los efectos de la recesión económica, de la inflación, la intolerancia, la inseguridad y el desempleo, provocados por un gobierno de ineptos que han despilfarrado miles de millones de dólares provenientes del petróleo.
El deber de votar es ahora insoslayable para elegir una Asamblea Nacional plural, que impida que Chávez continúe violando la Constitución Nacional vigente e investigue, por ejemplo, los responsables de la pérdida de miles de toneladas de alimentos que se han podrido en los puertos controlados por el PSUV y los cubanos, y toda la corrupción que prolifera en las más altas esferas del régimen. Los venezolanos que defendemos la democracia como sistema político y forma de vida civilizada, estamos obligados a agotar los mecanismos constitucionales para lograr una solución pacífica y democrática a la presente crisis económica y social que ha creado el gobierno chavista, cada día más próximo a un desbarrancadero.
De allí que la campaña electoral, aunque lleve el peso de los candidatos a diputados, también debe ser responsabilidad de todos los venezolanos con un mínimo grado de conciencia ciudadana, y muy particularmente de los dirigentes sociales, de los partidos políticos y de la sociedad civil, con algún ascendiente entre los habitantes de cada uno de los circuitos electorales. Y para que la victoria democrática contra la marcha totalitaria de Hugo Chávez y el grupo estalinistas y oportunistas que le sigue, sea producto de la sociedad en su conjunto, hay que salir a votar y a defender el voto, tal como lo establece y manda la Constitución Nacional vigente desde 1999.
COLOMBIA HOY Y MAÑANA
Juan Páez Ávila
Las últimas elecciones realizadas en América Latina revelan una tendencia no sólo a la defensa de la democracia representativa, sino también una clara inclinación hacia la aprobación de políticas de centro, para no hablar de derecha democrática, que respeta la alternabilidad en el poder, la independencia de los poderes públicos y busca el progreso a través de importantes inversiones económicas del capital nacional e internacional.
El triunfo de Juan Manuel Santos, conocido o aceptado antes de que se escrutaran los votos de la segunda vuelta, ratifican un presente de seguridad democrática y abre una perspectiva de mayor firmeza en el combate a la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, y de posible desarrollo económico sostenido en los próximos años en Colombia. El gobierno de Santos actuará con tanta o mayor consistencia que el de Uribe, contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes, casi como un mandato de los colombianos que con su votación ratifican la gestión del actual Presidente, a lo cual hay que agregarle la política de unidad nacional levantada como bandera del candidato victorioso.
La política de seguridad democrática se fortaleció con el rescate de 4 militares, un general, dos coroneles y un sargento que habían sido secuestrados por las FARC hacía aproximadamente 12 años, y la política de unidad nacional aumentará la confianza en el futuro de la economía de Colombia, que actualmente registra un crecimiento superior al 5% del producto interno bruto (PIB) y control de la inflación, que estimularán la inversión nacional e internacional, que a su vez generará un mejor empleo y un mayor bienestar de la población.
Ante esa incuestionable realidad el Presidente Electo, Juan Manuel Santos, ha invitado a sus vecinos Venezuela y Ecuador a reestablecer sus relaciones comerciales y diplomáticas en un marco de mutuo respeto e interés económico. Y aunque la respuesta ha sido favorable de los Presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, y hasta es posible que se inicien conversaciones oficiales, mientras no se aclare y se resuelva la supuesta presencia en territorio venezolano de campamentos de las FARC, según denuncia hecha por el todavía Presidente Uribe Vélez, ningún pronunciamiento diplomático, por muy contundente y habilidoso que se haga de parte y parte, alejará los peligros latentes de nuevas tensiones que, si no se controlan, podrían ir más de los micrófonos de radio y TV.
La fortaleza de Santos, apoyada por la inmensa mayoría de los colombianos y los Estados Unidos, debería llamar a la reflexión al Presidente Chávez, para no continuar dividiendo el país entre ¨revolucionarios¨ y ¨escuálidos¨, aunque tenga el respaldo de la Cuba de Fidel Castro, ya moribundo, y sin muchas garantías de que lo haga su hermano Raúl Castro.
Hugo Chávez tendrá que enfrentar a un nuevo jefe de Estado inclinado a tender puentes, tal como lo ha expresado en varias de sus intervenciones públicas como Presidente Electo, pero también capaz de endurecer sus políticas a extremos ya conocidos, nada tolerantes a las amenazas, dobles juegos e insultos de sus adversarios. Cualquier error de cálculo puede ser peligroso para las buenas relaciones y la paz en la región.
Frente a un Jefe de Estado de las características de Juan Manuel Santos, el Comandante Chávez, que cada día pierde más respaldo de los venezolanos y de la democracia internacional, deberá medir sus pasos con respecto al respaldo a las FARC e incluso a sus planes de extender su proyecto político al país vecino. En interés de todos, venezolanos y colombianos, el momento político es de cooperación y convivencia entre los dos gobiernos y las dos naciones.
Las últimas elecciones realizadas en América Latina revelan una tendencia no sólo a la defensa de la democracia representativa, sino también una clara inclinación hacia la aprobación de políticas de centro, para no hablar de derecha democrática, que respeta la alternabilidad en el poder, la independencia de los poderes públicos y busca el progreso a través de importantes inversiones económicas del capital nacional e internacional.
El triunfo de Juan Manuel Santos, conocido o aceptado antes de que se escrutaran los votos de la segunda vuelta, ratifican un presente de seguridad democrática y abre una perspectiva de mayor firmeza en el combate a la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo, y de posible desarrollo económico sostenido en los próximos años en Colombia. El gobierno de Santos actuará con tanta o mayor consistencia que el de Uribe, contra el terrorismo y el tráfico de estupefacientes, casi como un mandato de los colombianos que con su votación ratifican la gestión del actual Presidente, a lo cual hay que agregarle la política de unidad nacional levantada como bandera del candidato victorioso.
La política de seguridad democrática se fortaleció con el rescate de 4 militares, un general, dos coroneles y un sargento que habían sido secuestrados por las FARC hacía aproximadamente 12 años, y la política de unidad nacional aumentará la confianza en el futuro de la economía de Colombia, que actualmente registra un crecimiento superior al 5% del producto interno bruto (PIB) y control de la inflación, que estimularán la inversión nacional e internacional, que a su vez generará un mejor empleo y un mayor bienestar de la población.
Ante esa incuestionable realidad el Presidente Electo, Juan Manuel Santos, ha invitado a sus vecinos Venezuela y Ecuador a reestablecer sus relaciones comerciales y diplomáticas en un marco de mutuo respeto e interés económico. Y aunque la respuesta ha sido favorable de los Presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, y hasta es posible que se inicien conversaciones oficiales, mientras no se aclare y se resuelva la supuesta presencia en territorio venezolano de campamentos de las FARC, según denuncia hecha por el todavía Presidente Uribe Vélez, ningún pronunciamiento diplomático, por muy contundente y habilidoso que se haga de parte y parte, alejará los peligros latentes de nuevas tensiones que, si no se controlan, podrían ir más de los micrófonos de radio y TV.
La fortaleza de Santos, apoyada por la inmensa mayoría de los colombianos y los Estados Unidos, debería llamar a la reflexión al Presidente Chávez, para no continuar dividiendo el país entre ¨revolucionarios¨ y ¨escuálidos¨, aunque tenga el respaldo de la Cuba de Fidel Castro, ya moribundo, y sin muchas garantías de que lo haga su hermano Raúl Castro.
Hugo Chávez tendrá que enfrentar a un nuevo jefe de Estado inclinado a tender puentes, tal como lo ha expresado en varias de sus intervenciones públicas como Presidente Electo, pero también capaz de endurecer sus políticas a extremos ya conocidos, nada tolerantes a las amenazas, dobles juegos e insultos de sus adversarios. Cualquier error de cálculo puede ser peligroso para las buenas relaciones y la paz en la región.
Frente a un Jefe de Estado de las características de Juan Manuel Santos, el Comandante Chávez, que cada día pierde más respaldo de los venezolanos y de la democracia internacional, deberá medir sus pasos con respecto al respaldo a las FARC e incluso a sus planes de extender su proyecto político al país vecino. En interés de todos, venezolanos y colombianos, el momento político es de cooperación y convivencia entre los dos gobiernos y las dos naciones.
domingo, 6 de junio de 2010
EL TRIUNFO DE SANTOS
Juan Páez Ávila
El triunfo de Juan Manuel Santos, duplicando a su rival más cercano, Antanas Mockus, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, cuando las encuestas pronosticaban un empate técnico, revela que en América Latina tiende a consolidarse una política de lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico. Los pueblos aspiran buscar su progreso y bienestar en un clima de paz y convivencia civilizada, no más improvisaciones, frente a realidades críticas y difíciles de superar con espejismo aparentemente revolucionarios, cuando la experiencia nacional e internacional indica que es inútil repetir saltos al vacío, con impredecibles consecuencias.
Guiado por los porcentajes que obtuvo cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en las elecciones del domingo pasado, no es aventurado afirmar que el próximo Jefe del Estado del vecino país será Juan Manuel Santos, quien dará continuidad a la política de seguridad democrática del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguramente con algunos matices propios de la personalidad política del ex –ministro de Hacienda y de Defensa, y orientada a mejorar las cifras de la economía nacional y de los niveles de vida de la población.
La realidad colombiana indica que la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el para militarismo, con éxitos evidentes por parte del gobierno de Uribe y ejecutada por el propio Santos desde el Ministerio de la Defensa, se prolongará por algunos años, para poder colocarla en condiciones de negociar la paz en Colombia, objetivo máximo de todo político, especialmente gobernante, que aspire llevar a su país a un régimen de respeto a los derechos humanos, a una reconciliación civilizada, y a la consolidación de una sociedad apta para el progreso y la búsqueda del bienestar de la mayoría de su ciudadanos.
Si Juan Manuel Santos es capaz de combinar sus conocimientos de política militar con la política económica y social, con la cooperación del Vicepresidente Angelino Garzón, ex sindicalista y ex –ministro del Trabajo, Colombia podría convertirse en el mediano plazo en uno de los países de subcontinente iberoamericano, con mayor crecimiento y respetabilidad en el mundo globalizado que se hace irreversible, ineluctable, para enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI.
Y aunque en política no es muy aconsejable pronosticar el futuro, los pueblos, las naciones, pueden confiar en la experiencia de sus gobernantes, cuando éstos han demostrado no sólo vocación de poder, sino también talante democrático, firmeza en la defensa de sus políticas y conocimiento de los graves problemas económicos y sociales que tienen que contribuir a resolver en cualquier país del mundo, y particularmente en aquellos que como Colombia –y el nuestro, por ejemplo- que además de subdesarrollados, están amenazados por la violencia, expresada en el terrorismo y el narcotráfico, los más terribles males, morbos criminales que afectan la vida y la cultura democrática del globo.
Convocados a ejercer el derecho a la alternabilidad en el poder, a través de la elección del más alto cargo ejecutivo de la nación, los colombianos sufragaron mayoritariamente por el candidato que les garantizaba una mayor confianza en el futuro, a partir de un presente de seguridad democrática y desarrollo económico sostenible, que les ofrecía Juan Manuel Santos, economista actualizado y político sagaz, duro y conciliador según las circunstancias.
El triunfo de Juan Manuel Santos, duplicando a su rival más cercano, Antanas Mockus, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, cuando las encuestas pronosticaban un empate técnico, revela que en América Latina tiende a consolidarse una política de lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico. Los pueblos aspiran buscar su progreso y bienestar en un clima de paz y convivencia civilizada, no más improvisaciones, frente a realidades críticas y difíciles de superar con espejismo aparentemente revolucionarios, cuando la experiencia nacional e internacional indica que es inútil repetir saltos al vacío, con impredecibles consecuencias.
Guiado por los porcentajes que obtuvo cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en las elecciones del domingo pasado, no es aventurado afirmar que el próximo Jefe del Estado del vecino país será Juan Manuel Santos, quien dará continuidad a la política de seguridad democrática del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguramente con algunos matices propios de la personalidad política del ex –ministro de Hacienda y de Defensa, y orientada a mejorar las cifras de la economía nacional y de los niveles de vida de la población.
La realidad colombiana indica que la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el para militarismo, con éxitos evidentes por parte del gobierno de Uribe y ejecutada por el propio Santos desde el Ministerio de la Defensa, se prolongará por algunos años, para poder colocarla en condiciones de negociar la paz en Colombia, objetivo máximo de todo político, especialmente gobernante, que aspire llevar a su país a un régimen de respeto a los derechos humanos, a una reconciliación civilizada, y a la consolidación de una sociedad apta para el progreso y la búsqueda del bienestar de la mayoría de su ciudadanos.
Si Juan Manuel Santos es capaz de combinar sus conocimientos de política militar con la política económica y social, con la cooperación del Vicepresidente Angelino Garzón, ex sindicalista y ex –ministro del Trabajo, Colombia podría convertirse en el mediano plazo en uno de los países de subcontinente iberoamericano, con mayor crecimiento y respetabilidad en el mundo globalizado que se hace irreversible, ineluctable, para enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI.
Y aunque en política no es muy aconsejable pronosticar el futuro, los pueblos, las naciones, pueden confiar en la experiencia de sus gobernantes, cuando éstos han demostrado no sólo vocación de poder, sino también talante democrático, firmeza en la defensa de sus políticas y conocimiento de los graves problemas económicos y sociales que tienen que contribuir a resolver en cualquier país del mundo, y particularmente en aquellos que como Colombia –y el nuestro, por ejemplo- que además de subdesarrollados, están amenazados por la violencia, expresada en el terrorismo y el narcotráfico, los más terribles males, morbos criminales que afectan la vida y la cultura democrática del globo.
Convocados a ejercer el derecho a la alternabilidad en el poder, a través de la elección del más alto cargo ejecutivo de la nación, los colombianos sufragaron mayoritariamente por el candidato que les garantizaba una mayor confianza en el futuro, a partir de un presente de seguridad democrática y desarrollo económico sostenible, que les ofrecía Juan Manuel Santos, economista actualizado y político sagaz, duro y conciliador según las circunstancias.
viernes, 28 de mayo de 2010
LAS PRIMARIAS DEL PSUV
Juan Páez Ávila
Con la derrota de la mayoría de los actuales diputados del PSUV en la Asamblea Nacional, en las elecciones primarias el domingo 1º de mayo, quedó patente el descontento de la base de ese Partido con la actuación de unos parlamentarios que se han limitado a levantar la mano o a pronunciar un breve discurso para aprobar las leyes enviadas desde Miraflores, con la impronta o el sello de los asesores cubanos
Sin testigos en las mesas ni en el Centro de Totalización del CNE, la mayoría de los candidatos electos en lo que para ellos debería ser un ejercicio democrático, las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no sólo se redujeron a un 20% de los militantes, sino que no fue posible evitar la intervención de las máximas autoridades de la Administración Pública –según denuncia de algunos militantes que defendían el Reglamento Interno que lo prohibía- sino que también deben admitir los resultados finales que les anuncie la cúpula de un CNE controlado por el Comandante en Jefe, quien tiene la potestad o el poder para seleccionar los candidatos por lista.
Cualquiera sean los resultados finales, a muchos militantes y observadores no les quedarán dudas de que el gran elector sigue siendo su Comandante en Jefe, quien utilizará la lupa para garantizarse aquellos candidatos, hayan obtenido o no mayoría en las primarias, que considere leales hasta el final, en un momento en que el gobierno atraviesa serias dificultades, que como la inflación, la inseguridad, la importación de más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, que produce empleos en otros países y no en el nuestro, más la incapacidad para poner a producir las empresas estatizadas, la corrupción desenfrenada y la liquidación del aparato productivos nacional, pueden agravarse.
De allí que no es una exageración deducir que el descontento se pueda extender también a sectores de la militancia y dirigencia del PSUV a escala nacional, que puedan sentirse discriminados y sobre todo burlados al ser sustituidos por los amigos más cercanos del Presidente, como sucedió con el superministro Diosdado Cabello, que quedó como suplente en las elecciones para dirección del partido, y posteriormente fue colocado como Vicepresidente por el Comandante en Jefe.
Pero tal vez lo más grave –para el hiperlíder- que puede sobrevenirle en los próximos meses, sea la mayor desconfianza de los militantes del PSUV, acerca de la capacidad del gobierno para superar la crisis económica y social, no obstante los altos precios del petróleo, que puede generar una crisis política, por el aumento de las deserciones, muchas de las cuales irían al PPT, pero otras podrían coger las calles para protestar por el incumplimiento de las promesas y hasta del Reglamento Interno para las primarias. Otros callarán y se retirarán a sus casas a disfrutar los dividendos que hayan podido obtener del tráfico del influencia, de un negociado conocido por el Comandante en Jefe, cuyos expedientes ocupan un lugar adecuado, en Miraflores, para utilizarlos también en el momento adecuado, si a alguno se le ocurre saltar la talanquera.
Listos los contendores de ambos bandos, el gobierno y la alternativa democrática, nos acercamos a un combate desigual por el ventajismo de los candidatos del oficialismo, aunque con plomo en el ala, buscando la representación del gobierno y no del pueblo soberano, frente a unos candidatos que buscan un alternativa democrática para frenar la tendencia autoritaria de Hugo Chávez, e impedir que en el país se instaure una dictadura. Si la opinión de los electores expresada hoy en las últimas encuestas, se mantiene en los próximos meses, asistiremos a la primera gran derrota del proyecto totalitario de Chávez, el 26 de septiembre.
Con la derrota de la mayoría de los actuales diputados del PSUV en la Asamblea Nacional, en las elecciones primarias el domingo 1º de mayo, quedó patente el descontento de la base de ese Partido con la actuación de unos parlamentarios que se han limitado a levantar la mano o a pronunciar un breve discurso para aprobar las leyes enviadas desde Miraflores, con la impronta o el sello de los asesores cubanos
Sin testigos en las mesas ni en el Centro de Totalización del CNE, la mayoría de los candidatos electos en lo que para ellos debería ser un ejercicio democrático, las elecciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no sólo se redujeron a un 20% de los militantes, sino que no fue posible evitar la intervención de las máximas autoridades de la Administración Pública –según denuncia de algunos militantes que defendían el Reglamento Interno que lo prohibía- sino que también deben admitir los resultados finales que les anuncie la cúpula de un CNE controlado por el Comandante en Jefe, quien tiene la potestad o el poder para seleccionar los candidatos por lista.
Cualquiera sean los resultados finales, a muchos militantes y observadores no les quedarán dudas de que el gran elector sigue siendo su Comandante en Jefe, quien utilizará la lupa para garantizarse aquellos candidatos, hayan obtenido o no mayoría en las primarias, que considere leales hasta el final, en un momento en que el gobierno atraviesa serias dificultades, que como la inflación, la inseguridad, la importación de más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, que produce empleos en otros países y no en el nuestro, más la incapacidad para poner a producir las empresas estatizadas, la corrupción desenfrenada y la liquidación del aparato productivos nacional, pueden agravarse.
De allí que no es una exageración deducir que el descontento se pueda extender también a sectores de la militancia y dirigencia del PSUV a escala nacional, que puedan sentirse discriminados y sobre todo burlados al ser sustituidos por los amigos más cercanos del Presidente, como sucedió con el superministro Diosdado Cabello, que quedó como suplente en las elecciones para dirección del partido, y posteriormente fue colocado como Vicepresidente por el Comandante en Jefe.
Pero tal vez lo más grave –para el hiperlíder- que puede sobrevenirle en los próximos meses, sea la mayor desconfianza de los militantes del PSUV, acerca de la capacidad del gobierno para superar la crisis económica y social, no obstante los altos precios del petróleo, que puede generar una crisis política, por el aumento de las deserciones, muchas de las cuales irían al PPT, pero otras podrían coger las calles para protestar por el incumplimiento de las promesas y hasta del Reglamento Interno para las primarias. Otros callarán y se retirarán a sus casas a disfrutar los dividendos que hayan podido obtener del tráfico del influencia, de un negociado conocido por el Comandante en Jefe, cuyos expedientes ocupan un lugar adecuado, en Miraflores, para utilizarlos también en el momento adecuado, si a alguno se le ocurre saltar la talanquera.
Listos los contendores de ambos bandos, el gobierno y la alternativa democrática, nos acercamos a un combate desigual por el ventajismo de los candidatos del oficialismo, aunque con plomo en el ala, buscando la representación del gobierno y no del pueblo soberano, frente a unos candidatos que buscan un alternativa democrática para frenar la tendencia autoritaria de Hugo Chávez, e impedir que en el país se instaure una dictadura. Si la opinión de los electores expresada hoy en las últimas encuestas, se mantiene en los próximos meses, asistiremos a la primera gran derrota del proyecto totalitario de Chávez, el 26 de septiembre.
LA DEVALUACIÓN DEL S, E.
LA DEVALUACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Juan Páez Ávila
Durante algo más de una década de gobierno del Presidente Hugo Chávez, la educación concebida constitucionalmente como democrática, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento universal, con la finalidad de formar un ciudadano capaz de desarrollar en libertad todo su potencial creativo, científico, humanístico y tecnológico, no sólo se ha venido devaluando en su esencia humana, ética y solidaria con los procesos de transformación social, sino que también ha desvinculado todo el sistema educativo de los avances alcanzados por las sociedades modernas, que duplican cada dos años el conocimiento universal.
El sistema educativo y la educación como derecho humano y deber social, han sido sometidos a profundas y peligrosas deformaciones, por los intentos tanto legislativos como ejecutivos, de ponerlos al servicio de una política parcializada y dogmática que le permita al gobierno imponer un pensamiento único que obedezca a las directrices del Jefe del Estado, convertido en un autócrata, con clara tendencia totalitaria y militarista. Para que la educación cumpla con el mandato constitucional de ser un derecho humano, y por lo tanto fundamentalmente democrático, tiene que desarrollarse en un sistema educativo que incluya a todos los sectores de la sociedad en un esfuerzo colectivo, nacional, para impartir un conocimiento universal, que oriente libremente al educando y no lo obligue a ser receptor de verdades elaboradas para justificar un determinado sistema de gobierno.
Para cumplir con este objetivo antidemocrático, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica una política de recursos humanos, tendiente a nombrar maestros mediante contratos, para obligarlos a seguir lineamientos supuestamente revolucionarios, deslizando amenazas de destitución, manu militari, o sea sin previo expediente que justifique la remoción, con lo cual también viola la Ley de Trabajo y la propia Ley de Educación que garantizan estabilidad en el ejercicio del cargo, excepto que el educador cometa faltas o delitos tipificados como causales de destitución, demostradas en un juicio laboral. Al negarle a los maestros el derecho a concursar, para que puedan demostrar sus méritos y competencia, no solo lo mantienen a disposición de supervisores, que realizan funciones de comisarios políticos, sino que también degradan la función magisterial y todo el sistema educativo, con graves consecuencias para los educandos y para el país que no logra formar profesionales y técnicos capaces de contribuir al desarrollo y bienestar de la población.
El currículo es otro instrumento empleado por el Ministerio de Educación para tratar de controlar la mente de los educandos, con lo cual también violan expresas disposiciones de la Ley de Educación, aprobada como para exhibir una teoría que no están dispuestos a cumplir, aunque en algunos casos han actuado con absoluta brutalidad y prepotencia para intimidar especialmente a los educadores. Y sino han avanzado más es porque el gremio de maestros y profesores formados en una larga lucha democrática a través de varias décadas anteriores al autoritarismo chavista, han resistido cívica y valientemente; y en particular las asociaciones de padres y representantes, que han dado demostraciones de firmes decisiones para que su hijos no sean arrastrados tras consignas y dogmas anacrónicos.
Otro aspecto que revela la devaluación del sistema educativo es lo relacionado con la calidad de la enseñanza. Hoy el Ministerio de Educación improvisa maestros y profesores que respondan a la ideología del Jefe del Estado, y el Ministerio de Educación Universitaria ha creado universidades dependientes de ese Despacho, nombrando igualmente miles de profesores sin previo concurso, entre quienes posiblemente se encuentran muchos de grandes méritos profesionales, pero la mayoría confiesa su apoyo al llamado socialismo del siglo XXI, o no ingresa. El cerco económico y las agresiones a través de bandas paramilitares a las Universidades Autónomas, es algo nunca ocurrido en nuestro país, desde la caída del último dictador militar, General Marcos Pérez Jiménez. La autonomía con la que han actuado en el mundo, universidades públicas y privadas, no sólo ha permitido desarrollar una educación de calidad, sino que también importantes laboratorios donde se crean nuevos conocimientos. De allí que en la Venezuela de hoy, ante el fracaso en gran parte de la educación pública a niveles de primaria y secundaria, muchos padres y representantes hacen grandes esfuerzos para enviar sus hijos a los colegios privados, incluso en el nivel universitario, si exceptuamos las universidades autónomas.
Y si todo lo expuesto no fuera suficiente para concluir que el sistema educativo atraviesa un grave proceso de devaluación, las cifras del Ministerio de Educación indican que desde el año escolar 2004-2005, cuando se atendieron 11.618.747 en todos los niveles de la educación, el descenso en la matrícula es alarmante, en el 2009 apenas se mantienen en el aparato educativo 6.899.197 niños y jóvenes. Y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra que hay un total de 5.251.837 niños en edad comprendida entre 0 y 8 años, de los cuales 2.236.928 están fuera del sistema educativo. Unos 100.000 niños emigran hacia los colegios privados, a donde también envían sus hijos los altos funcionarios gubernamentales, en la búsqueda, sin lugar a dudas, de una mejor educación. De allí que el fracaso del sistema educativo en los últimos 10 años es tanto en calidad como en cantidad.
Especialistas en investigación de la marcha del sistema educativo, como el Profesor Robert Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) revelan que aproximadamente un millón de jóvenes queda fuera de la transición escolar del sexto al séptimo grado, por falta de cupos. Calcula que hay déficit de 5.000 planteles para atender la demanda, no obstante que a través del Plan Excepcional Simón Bolívar, entre los años 2006 y 2008, el Ejecutivo erogó 5.5 millardos de bolívares para construir y reparar 3 planteles, cuyos resultados no se conocen en toda su magnitud, sin que la Contraloría Social ni la Contraloría General de la República informen acerca de la transparencia y efectividad de esa inversión.
Para revertir el proceso de devaluación del sistema educativo en nuestro país, se requiere un cambio en la política educativa que ha venido ejecutando el gobierno del Presidente Hugo Chávez, lo cual parece inviable antes de las elecciones legislativas y para Presidente de la República, y ello sólo estaría garantizado si después de un cambio en la conducción del Estado, se logra el concurso de todos los sectores interesados e involucrados en el proceso educativo, para diseñar un nuevo sistema educativo, que comprenda, entre otras políticas:
1) Respetar y ejecutar todo lo establecido en la Constitución vigente, en lo tocante a la educación como derecho humano, en un contexto democrático y plural, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal.
2) Delinear un sistema de selección y formación de maestros y profesores, idóneos tanto para el ejercicio del magisterio, como para la dirección de escuelas y liceos mediante concursos, a quienes debe facilitárseles su actualización de conocimientos y realización de postgrados en el país y en el exterior. Todo el sistema debe ser evaluado periódicamente, con sentido pedagógico, científico, tecnológico y humanístico.
3) Recuperar y ampliar la planta física de escuelas, liceos y universidades, y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes, empleados y obreros, incluyendo mejores sueldos y beneficios sociales, acordes con la alta misión que desempeñan.
4) Reestablecer la descentralización de competencias, recursos y servicios educativos a gobernaciones y alcaldías.
5) Recuperar el Instituto de Cooperación Educativa (INCE) para garantizar capacitación para el trabajo a centenas de miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo o lo han abandonado, dándole facilidades para que culminen sus estudios de primaria o secundaria, según el caso.
6) Elevar el Presupuesto de Educación a los niveles recomendados por la UNESCO, 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
7) Estimular y apoyar la meritocracia entre los alumnos, con un sistema de becas acorde con el costo de la vida.
8) Respetar estrictamente la autonomía universitaria y establecer un cronograma para que todas las universidades experimentales dependientes del Ministerio de Educación se conviertan en autónomas.
9) Respaldar toda iniciativa tendiente a la consolidación de la educación privada, en las mismas condiciones de la educación pública.
10) Realizar todas las inversiones y crear todas las condiciones para impulsar una educación de altísima calidad.
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Juan Páez Ávila
Durante algo más de una década de gobierno del Presidente Hugo Chávez, la educación concebida constitucionalmente como democrática, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento universal, con la finalidad de formar un ciudadano capaz de desarrollar en libertad todo su potencial creativo, científico, humanístico y tecnológico, no sólo se ha venido devaluando en su esencia humana, ética y solidaria con los procesos de transformación social, sino que también ha desvinculado todo el sistema educativo de los avances alcanzados por las sociedades modernas, que duplican cada dos años el conocimiento universal.
El sistema educativo y la educación como derecho humano y deber social, han sido sometidos a profundas y peligrosas deformaciones, por los intentos tanto legislativos como ejecutivos, de ponerlos al servicio de una política parcializada y dogmática que le permita al gobierno imponer un pensamiento único que obedezca a las directrices del Jefe del Estado, convertido en un autócrata, con clara tendencia totalitaria y militarista. Para que la educación cumpla con el mandato constitucional de ser un derecho humano, y por lo tanto fundamentalmente democrático, tiene que desarrollarse en un sistema educativo que incluya a todos los sectores de la sociedad en un esfuerzo colectivo, nacional, para impartir un conocimiento universal, que oriente libremente al educando y no lo obligue a ser receptor de verdades elaboradas para justificar un determinado sistema de gobierno.
Para cumplir con este objetivo antidemocrático, el Ministerio de Educación ha puesto en práctica una política de recursos humanos, tendiente a nombrar maestros mediante contratos, para obligarlos a seguir lineamientos supuestamente revolucionarios, deslizando amenazas de destitución, manu militari, o sea sin previo expediente que justifique la remoción, con lo cual también viola la Ley de Trabajo y la propia Ley de Educación que garantizan estabilidad en el ejercicio del cargo, excepto que el educador cometa faltas o delitos tipificados como causales de destitución, demostradas en un juicio laboral. Al negarle a los maestros el derecho a concursar, para que puedan demostrar sus méritos y competencia, no solo lo mantienen a disposición de supervisores, que realizan funciones de comisarios políticos, sino que también degradan la función magisterial y todo el sistema educativo, con graves consecuencias para los educandos y para el país que no logra formar profesionales y técnicos capaces de contribuir al desarrollo y bienestar de la población.
El currículo es otro instrumento empleado por el Ministerio de Educación para tratar de controlar la mente de los educandos, con lo cual también violan expresas disposiciones de la Ley de Educación, aprobada como para exhibir una teoría que no están dispuestos a cumplir, aunque en algunos casos han actuado con absoluta brutalidad y prepotencia para intimidar especialmente a los educadores. Y sino han avanzado más es porque el gremio de maestros y profesores formados en una larga lucha democrática a través de varias décadas anteriores al autoritarismo chavista, han resistido cívica y valientemente; y en particular las asociaciones de padres y representantes, que han dado demostraciones de firmes decisiones para que su hijos no sean arrastrados tras consignas y dogmas anacrónicos.
Otro aspecto que revela la devaluación del sistema educativo es lo relacionado con la calidad de la enseñanza. Hoy el Ministerio de Educación improvisa maestros y profesores que respondan a la ideología del Jefe del Estado, y el Ministerio de Educación Universitaria ha creado universidades dependientes de ese Despacho, nombrando igualmente miles de profesores sin previo concurso, entre quienes posiblemente se encuentran muchos de grandes méritos profesionales, pero la mayoría confiesa su apoyo al llamado socialismo del siglo XXI, o no ingresa. El cerco económico y las agresiones a través de bandas paramilitares a las Universidades Autónomas, es algo nunca ocurrido en nuestro país, desde la caída del último dictador militar, General Marcos Pérez Jiménez. La autonomía con la que han actuado en el mundo, universidades públicas y privadas, no sólo ha permitido desarrollar una educación de calidad, sino que también importantes laboratorios donde se crean nuevos conocimientos. De allí que en la Venezuela de hoy, ante el fracaso en gran parte de la educación pública a niveles de primaria y secundaria, muchos padres y representantes hacen grandes esfuerzos para enviar sus hijos a los colegios privados, incluso en el nivel universitario, si exceptuamos las universidades autónomas.
Y si todo lo expuesto no fuera suficiente para concluir que el sistema educativo atraviesa un grave proceso de devaluación, las cifras del Ministerio de Educación indican que desde el año escolar 2004-2005, cuando se atendieron 11.618.747 en todos los niveles de la educación, el descenso en la matrícula es alarmante, en el 2009 apenas se mantienen en el aparato educativo 6.899.197 niños y jóvenes. Y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra que hay un total de 5.251.837 niños en edad comprendida entre 0 y 8 años, de los cuales 2.236.928 están fuera del sistema educativo. Unos 100.000 niños emigran hacia los colegios privados, a donde también envían sus hijos los altos funcionarios gubernamentales, en la búsqueda, sin lugar a dudas, de una mejor educación. De allí que el fracaso del sistema educativo en los últimos 10 años es tanto en calidad como en cantidad.
Especialistas en investigación de la marcha del sistema educativo, como el Profesor Robert Rodríguez, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) revelan que aproximadamente un millón de jóvenes queda fuera de la transición escolar del sexto al séptimo grado, por falta de cupos. Calcula que hay déficit de 5.000 planteles para atender la demanda, no obstante que a través del Plan Excepcional Simón Bolívar, entre los años 2006 y 2008, el Ejecutivo erogó 5.5 millardos de bolívares para construir y reparar 3 planteles, cuyos resultados no se conocen en toda su magnitud, sin que la Contraloría Social ni la Contraloría General de la República informen acerca de la transparencia y efectividad de esa inversión.
Para revertir el proceso de devaluación del sistema educativo en nuestro país, se requiere un cambio en la política educativa que ha venido ejecutando el gobierno del Presidente Hugo Chávez, lo cual parece inviable antes de las elecciones legislativas y para Presidente de la República, y ello sólo estaría garantizado si después de un cambio en la conducción del Estado, se logra el concurso de todos los sectores interesados e involucrados en el proceso educativo, para diseñar un nuevo sistema educativo, que comprenda, entre otras políticas:
1) Respetar y ejecutar todo lo establecido en la Constitución vigente, en lo tocante a la educación como derecho humano, en un contexto democrático y plural, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal.
2) Delinear un sistema de selección y formación de maestros y profesores, idóneos tanto para el ejercicio del magisterio, como para la dirección de escuelas y liceos mediante concursos, a quienes debe facilitárseles su actualización de conocimientos y realización de postgrados en el país y en el exterior. Todo el sistema debe ser evaluado periódicamente, con sentido pedagógico, científico, tecnológico y humanístico.
3) Recuperar y ampliar la planta física de escuelas, liceos y universidades, y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los docentes, empleados y obreros, incluyendo mejores sueldos y beneficios sociales, acordes con la alta misión que desempeñan.
4) Reestablecer la descentralización de competencias, recursos y servicios educativos a gobernaciones y alcaldías.
5) Recuperar el Instituto de Cooperación Educativa (INCE) para garantizar capacitación para el trabajo a centenas de miles de jóvenes que están fuera del sistema educativo o lo han abandonado, dándole facilidades para que culminen sus estudios de primaria o secundaria, según el caso.
6) Elevar el Presupuesto de Educación a los niveles recomendados por la UNESCO, 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
7) Estimular y apoyar la meritocracia entre los alumnos, con un sistema de becas acorde con el costo de la vida.
8) Respetar estrictamente la autonomía universitaria y establecer un cronograma para que todas las universidades experimentales dependientes del Ministerio de Educación se conviertan en autónomas.
9) Respaldar toda iniciativa tendiente a la consolidación de la educación privada, en las mismas condiciones de la educación pública.
10) Realizar todas las inversiones y crear todas las condiciones para impulsar una educación de altísima calidad.
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