Juan Páez Ávila
Al completar 163 candidatos unitarios, con la realización de la elecciones primarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para políticos y analistas de gran experiencia, alcanzó o produjo el hecho político más importante del momento crítico que atraviesa el país, y le abre un claro camino a la victoria de la Alternativa Democrática en las elecciones del 26 de septiembre.
El éxito de las elecciones primarias para escoger 22 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, de la Alternativa Democrática, se puede considerar no sólo como el primer paso importante para que el electorado participe directamente en la selección de sus candidatos, sino también como un ejemplo de que la Mesa de la UNIDAD DEMOCRÁTICA acertó al aprobar unas regalas en las que se contemplan varios métodos o formas de elección, para consolidar la unidad de decenas de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gremios estudiantiles y profesionales.
Las reservas de muchos observadores e incluso veteranos de otrora frustraciones en contiendas internas, para escoger candidatos por el método de las primarias, no sólo por el costo de las mismas, sino también, y esto era lo más grave, por la descalificaciones de los candidatos entre sí, que al final los resultados dejaban más heridas y resentimientos políticos, que ponían en peligro la Unidad de los partidos, fueron disipadas. Y aunque es posible que las primarias celebradas el domingo pasado, deje alguna estela de disgustos en aquellos que no resultaron ganadores, el objetivo de la Unidad para concurrir a las elecciones convocadas por el CNE para el 26 de septiembre, obligará a superar los mementos difíciles que conlleva toda derrota.
Este importante eslabón en lo que debe ser una cadena de éxitos en el futuro inmediato, hasta la elección del Presidente de la República en el 2012, requiere de una profundización de la conciencia democrática, que se extienda a otros sectores de la sociedad que históricamente se han negado a votar, y que convenza a importantes grupos e individualidades del chavismo, acerca de la sinceridad y firmeza para defender una política de reconciliación nacional, de respeto a los derechos del adversario y de búsqueda de un clima político para trabajar juntos por el bienestar de la mayoría de la población, golpeada por la inflación, la inseguridad, el desempleo y la falta de vivienda, y de todos los derechos individuales y sociales que establece la Constitución de 1999.
Y como la democracia se construye todos los días, con el ejemplo y el actuar políticos, la mesa parece servida, pero el mandado no está hecho todavía, se requiere consolidar la unidad, en un sistema de relación civilizada, como el que ha imperado en la oposición, que la ha convertido en Alternativa Democrática. Los inevitables descontentos individuales porque perdieron en las primarias o no fueron seleccionados por consenso, deben incorporarse a la campaña por el triunfo de los candidatos ya elegidos mediante las reglas aprobadas por unanimidad de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Si alguien se postula por iniciativa propia, por ambición personal, será duramente castigado por los electores.
Juan Páez Ávila
sábado, 1 de mayo de 2010
ELECCIONES EN LA UCLA
Juan Páez Ávila
La presión del Ministro de Educación Universitaria, para que las autoridades de la UCLA suspendan el proceso electoral, convocado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades vigente, tiene como finalidad, además de obligarlos a cometer un delito de usurpación de funciones, porque una medida de esta naturaleza le corresponde tomarla a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, crear un vacío poder para intervenirla y nombrar a dedo las nuevas autoridades.
Las autoridades cuyo período finaliza el 14 de mayo del presente año, encabezadas por el Rector Francesco Leone, y la Comisión Electoral respectiva, han procedido ajustados estrictamente a la legislación vigente, al convocar las elecciones en el plazo fijado por la Ley de Universidades, respetando la representación proporcional de los estudiantes. Pretender que se suspendan dichas elecciones, para aplicar una proporcionalidad de estudiantes establecida en términos generales, en la Ley Orgánica de Educación, no procede legalmente, tal como lo ha expuesto el Consultor Jurídico de la UCLA, porque la Asamblea Nacional no ha derogado la Ley de Universidades.
De allí que a la comunidad universitaria no sólo la asiste la legalidad vigente, sino también la condición autónoma de la Universidad, que es lo que en el fondo quiere eliminar el gobierno a través del Ministro de Educación Universitaria, procediendo de una manera, primero, demagógica de ofrecerle a los estudiantes una paridad de 1 voto estudiantil por uno de los profesores, cuando los propios estudiantes saben que el número de docentes es mucho menor que el del alumnado, y la universidad perdería su carácter académico. Y aunque la experiencia de las últimas elecciones estudiantiles demuestra que la mayoría de los estudiantes repudia el régimen autoritario, personalista y militarista que Hugo Chávez pretende imponerle a los venezolanos, y en unas elecciones para escoger las autoridades de la Universidad no votarían por los candidatos del oficialismo, deben acompañar a las autoridades actuales en su decisión de no violar la Ley.
El proceso electoral debe continuar y no sólo la comunidad universitaria debe apoyarlo, sino también la comunidad larense y centrooccidental, a la que ha servido la UCLA con esmero y capacidad científica y tecnológica, para graduar profesionales altamente preparados para el ejercicio de diferentes disciplinas del saber humano, actualizado, que les ha garantizado su éxito y progreso personal y familiar. Y si el Ministro de Educación Universitaria decide intervenir la UCLA, todos los larenses que conocemos la excelente labor cumplida por sus profesores y autoridades, debemos denunciar la arbitrariedad y resistir pacíficamente la brutalidad de la fuerza militar o policial que puedan utilizar. Cualquier elección, en las condiciones en que las convoquen en el futuro inmediato, de consumarse la intervención, debe encontrar unida a la sociedad larense, para participar en apoyo a los auténticos académicos que hoy han dirigido la Universidad y aspiran continuar al frente de la misma, para mejorarla, actualizarla de acuerdo al ritmo de la producción de nuevos conocimientos que se generan en el mundo civilizado.
La conciencia crítica y la cultura universitarias no podrán ser sometidas por las amenazas del Ministro de presentarse el día de las elecciones a paralizar el proceso electoral, aunque la tome con una patota de paramilitares. El país democrático, los larenses democráticos no claudicarán ante la violencia oficialista. Pacífica y electoralmente el autoritarismo será derrotado. Por más demagogia que han hecho para manipular a los estudiantes, la mayoría de éstos no han apoyado ni apoyarán a los violentos, que quieren imponer por la fuerza un pensamiento único. La Universidad democrática, plural y autónoma seguirá siendo el ideal de los venezolanos.
La presión del Ministro de Educación Universitaria, para que las autoridades de la UCLA suspendan el proceso electoral, convocado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades vigente, tiene como finalidad, además de obligarlos a cometer un delito de usurpación de funciones, porque una medida de esta naturaleza le corresponde tomarla a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, crear un vacío poder para intervenirla y nombrar a dedo las nuevas autoridades.
Las autoridades cuyo período finaliza el 14 de mayo del presente año, encabezadas por el Rector Francesco Leone, y la Comisión Electoral respectiva, han procedido ajustados estrictamente a la legislación vigente, al convocar las elecciones en el plazo fijado por la Ley de Universidades, respetando la representación proporcional de los estudiantes. Pretender que se suspendan dichas elecciones, para aplicar una proporcionalidad de estudiantes establecida en términos generales, en la Ley Orgánica de Educación, no procede legalmente, tal como lo ha expuesto el Consultor Jurídico de la UCLA, porque la Asamblea Nacional no ha derogado la Ley de Universidades.
De allí que a la comunidad universitaria no sólo la asiste la legalidad vigente, sino también la condición autónoma de la Universidad, que es lo que en el fondo quiere eliminar el gobierno a través del Ministro de Educación Universitaria, procediendo de una manera, primero, demagógica de ofrecerle a los estudiantes una paridad de 1 voto estudiantil por uno de los profesores, cuando los propios estudiantes saben que el número de docentes es mucho menor que el del alumnado, y la universidad perdería su carácter académico. Y aunque la experiencia de las últimas elecciones estudiantiles demuestra que la mayoría de los estudiantes repudia el régimen autoritario, personalista y militarista que Hugo Chávez pretende imponerle a los venezolanos, y en unas elecciones para escoger las autoridades de la Universidad no votarían por los candidatos del oficialismo, deben acompañar a las autoridades actuales en su decisión de no violar la Ley.
El proceso electoral debe continuar y no sólo la comunidad universitaria debe apoyarlo, sino también la comunidad larense y centrooccidental, a la que ha servido la UCLA con esmero y capacidad científica y tecnológica, para graduar profesionales altamente preparados para el ejercicio de diferentes disciplinas del saber humano, actualizado, que les ha garantizado su éxito y progreso personal y familiar. Y si el Ministro de Educación Universitaria decide intervenir la UCLA, todos los larenses que conocemos la excelente labor cumplida por sus profesores y autoridades, debemos denunciar la arbitrariedad y resistir pacíficamente la brutalidad de la fuerza militar o policial que puedan utilizar. Cualquier elección, en las condiciones en que las convoquen en el futuro inmediato, de consumarse la intervención, debe encontrar unida a la sociedad larense, para participar en apoyo a los auténticos académicos que hoy han dirigido la Universidad y aspiran continuar al frente de la misma, para mejorarla, actualizarla de acuerdo al ritmo de la producción de nuevos conocimientos que se generan en el mundo civilizado.
La conciencia crítica y la cultura universitarias no podrán ser sometidas por las amenazas del Ministro de presentarse el día de las elecciones a paralizar el proceso electoral, aunque la tome con una patota de paramilitares. El país democrático, los larenses democráticos no claudicarán ante la violencia oficialista. Pacífica y electoralmente el autoritarismo será derrotado. Por más demagogia que han hecho para manipular a los estudiantes, la mayoría de éstos no han apoyado ni apoyarán a los violentos, que quieren imponer por la fuerza un pensamiento único. La Universidad democrática, plural y autónoma seguirá siendo el ideal de los venezolanos.
domingo, 11 de abril de 2010
PROPUESTAS PARA LA GENTE
Juan Páez Ávila
En las proximidades de las elecciones para la Asamblea Nacional, como sucede en cualquier otro momento electoral, la ciudadanía exige conocer lo que se proponen realizar los candidatos, y en particular cuando se trata de votar por las posibilidades de un cambio en la conducción del país, porque con relación a quienes están gobernando ya se conocen sus principales políticas, sean o no de la aprobación de los electores.
Un conjunto de proposiciones que hace una Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, podría ser suscrito por todos aquellos demócratas que, sin distingo de ideologías o de militancia política, aspiren a la construcción de una sociedad civilizada, tolerante, en permanente diálogo, respetuosa de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional vigente.
Esa sociedad venezolana debía caracterizarse por el ejercicio de un debate en los medios de comunicación social, acerca del contenido de las mismas propuestas y todos los temas que a juicio de ciudadanos de todos los niveles sociales, deben formar parte del intercambio no sólo de ideas abstractas y generales, sino también de las prioridades económicas y sociales que revelan los problemas más urgentes que confrontan todos los sectores la población.
En la Venezuela de hoy, cuando en el mundo desarrollado el conocimiento se duplica cada dos años y avanzamos hacia el 2012 reduciendo esa brecha, hasta provocarlo o duplicarlo cada tres meses, estamos sumergidos, por la voluntad del Comandante Hugo Chávez, en una confrontación en la que él asume, y su gente debe repetirlo, el papel del único que posee la verdad, y quien lo contradiga es un traidor si milita en el PSUV, o un escuálido, agente del Imperio, si es de la oposición. Frente a esta realidad, en la que desde el gobierno se nos pretende imponer un pensamiento único, que de lograrlo nos llevaría a una dictadura, se requiere de una gran amplitud y firmeza para defender y difundir propuestas democráticas como las expresadas por la Comisión de la Unidad Democrática, las contenidas en la Carta Pública que el Gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, le dirigiera al Presidente de la República, y de todas aquellas iniciativas de participación democrática y protagónica de la sociedad, que surjan en las filas de la oposición o del chavismo.
Para cualquier observador o analista más o menos imparcial, tal vez lo más importante que esté sucediendo en la Venezuela de hoy son los síntomas de la despolarización y la coincidencia de sectores democráticos de la oposición y del chavismo, en la búsqueda de un rumbo de reconciliación, de paz y de progreso material y espiritual de los venezolanos. ¿Será mucho optimismo o sentido realista del momento? Lo veremos a corto o mediano plazo, porque los pronunciamientos públicos de sectores descontentos o simplemente desilusionados de lo que consideraron una esperanza de cambio para mejorar la calidad de vida de la población, se ha convertido en un régimen personalista, que para mantenerse en el poder se ha rodeado de un equipo de burócratas incapaces, con algunas excepciones, y fundamentalmente corrupto.
. Las primeras conclusiones dadas a conocer por la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la virtud de ser muy concretas y coincidentes con las aspiraciones de millones de venezolanos que sufren los efectos de la recesión económica, de la inflación, la intolerancia, la inseguridad y el desempleo, provocados por un gobierno de ineptos que han despilfarrado miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Y si a esto agregamos la coincidencia con la mayoría de los planteamientos que han formulado algunos disidentes, como el Gobernador Henry Falcón en su carta pública al Presidente, la conclusión final puede ser, si nos conducimos con amplitud y madurez políticas, que la mayoría de los venezolanos estaremos representados en la próxima Asamblea Nacional, para dar comienzo a una política de reconciliación entre los ciudadanos y de respeto a la Constitución Nacional vigente, premisa básica para consolidar la democracia.
En las proximidades de las elecciones para la Asamblea Nacional, como sucede en cualquier otro momento electoral, la ciudadanía exige conocer lo que se proponen realizar los candidatos, y en particular cuando se trata de votar por las posibilidades de un cambio en la conducción del país, porque con relación a quienes están gobernando ya se conocen sus principales políticas, sean o no de la aprobación de los electores.
Un conjunto de proposiciones que hace una Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, podría ser suscrito por todos aquellos demócratas que, sin distingo de ideologías o de militancia política, aspiren a la construcción de una sociedad civilizada, tolerante, en permanente diálogo, respetuosa de los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional vigente.
Esa sociedad venezolana debía caracterizarse por el ejercicio de un debate en los medios de comunicación social, acerca del contenido de las mismas propuestas y todos los temas que a juicio de ciudadanos de todos los niveles sociales, deben formar parte del intercambio no sólo de ideas abstractas y generales, sino también de las prioridades económicas y sociales que revelan los problemas más urgentes que confrontan todos los sectores la población.
En la Venezuela de hoy, cuando en el mundo desarrollado el conocimiento se duplica cada dos años y avanzamos hacia el 2012 reduciendo esa brecha, hasta provocarlo o duplicarlo cada tres meses, estamos sumergidos, por la voluntad del Comandante Hugo Chávez, en una confrontación en la que él asume, y su gente debe repetirlo, el papel del único que posee la verdad, y quien lo contradiga es un traidor si milita en el PSUV, o un escuálido, agente del Imperio, si es de la oposición. Frente a esta realidad, en la que desde el gobierno se nos pretende imponer un pensamiento único, que de lograrlo nos llevaría a una dictadura, se requiere de una gran amplitud y firmeza para defender y difundir propuestas democráticas como las expresadas por la Comisión de la Unidad Democrática, las contenidas en la Carta Pública que el Gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, le dirigiera al Presidente de la República, y de todas aquellas iniciativas de participación democrática y protagónica de la sociedad, que surjan en las filas de la oposición o del chavismo.
Para cualquier observador o analista más o menos imparcial, tal vez lo más importante que esté sucediendo en la Venezuela de hoy son los síntomas de la despolarización y la coincidencia de sectores democráticos de la oposición y del chavismo, en la búsqueda de un rumbo de reconciliación, de paz y de progreso material y espiritual de los venezolanos. ¿Será mucho optimismo o sentido realista del momento? Lo veremos a corto o mediano plazo, porque los pronunciamientos públicos de sectores descontentos o simplemente desilusionados de lo que consideraron una esperanza de cambio para mejorar la calidad de vida de la población, se ha convertido en un régimen personalista, que para mantenerse en el poder se ha rodeado de un equipo de burócratas incapaces, con algunas excepciones, y fundamentalmente corrupto.
. Las primeras conclusiones dadas a conocer por la Comisión de Propuestas Programáticas de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la virtud de ser muy concretas y coincidentes con las aspiraciones de millones de venezolanos que sufren los efectos de la recesión económica, de la inflación, la intolerancia, la inseguridad y el desempleo, provocados por un gobierno de ineptos que han despilfarrado miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Y si a esto agregamos la coincidencia con la mayoría de los planteamientos que han formulado algunos disidentes, como el Gobernador Henry Falcón en su carta pública al Presidente, la conclusión final puede ser, si nos conducimos con amplitud y madurez políticas, que la mayoría de los venezolanos estaremos representados en la próxima Asamblea Nacional, para dar comienzo a una política de reconciliación entre los ciudadanos y de respeto a la Constitución Nacional vigente, premisa básica para consolidar la democracia.
LA AGRESIÓN A LA UNIVEERSIDAD
Juan Páez Ávila
En la totalidad de los países donde se han instaurado regímenes totalitarios mediante golpes de Estado en la historia contemporánea, o a través de asaltos al poder por montoneras dirigidas por caudillos militares –por ejemplo en el siglo XIX venezolano- una de las primeras medidas represivas las han dirigido contra las universidades, especialmente contra aquellas que disfrutan de autonomía. Y en algunos casos como el que estamos viviendo en nuestro país, cuando se pretende imponer un régimen de pensamiento único, y no se les puede controlar desde adentro, se les trata de ahogar económicamente restringiéndoles el presupuesto que por ley les corresponde, o interviniéndolas por la fuerza para someterlas a los planes dictatoriales del gobierno.
La suma de agresiones a la Universidad Central de Venezuela, la ULA, LUZ, UDO, USB, UNEXPO y otras casas de estudios superiores como la UPEL en Barquisimeto y otras ciudades del país, sin lugar a dudas que responde a una política, por demás equivocada, del gobierno del Comandante Hugo Chávez para tratar de someterlas y obligarlas a ponerse al servicio de su proyecto revolucionario, que denomina Socialismo del siglo XXI, a pesar del fracaso que el mismo experimentó en todos los países del este de Europa y en otras naciones del mundo, donde regímenes tiránicos intentaron implantarlo.
La utilización de grupos paramilitares para aterrorizar a estudiantes y profesores y crear las condiciones de anarquía provocada por la violencia, para después de acusar a las autoridades de ser las responsables de una supuesta o real ingobernabilidad, posiblemente esté dirigida para luego propinarles el zarpazo definitivo, posiblemente ordenándole a la Asamblea Nacional que modifique la Ley de Universidades o de Educación en general, para destituir a las autoridades electas democráticamente y proceder a su intervención militar. Y aunque el dogmatismo estalinista les haga creer que poseen la única verdad que existe en el mundo, para imponerla a los centros de la inteligencia, donde no sólo se cultiva la ciencia, la tecnología y el saber humanístico, sino también el pensamiento crítico, la paz y la democracia, podrán ocuparla militarmente y atropellar estudiantes y profesores, pero no lograrán ponerla al servicio del atraso, del personalismo y del militarismo.
En una época en que el conocimiento se duiplica cada dos años, el grupo de dogmáticos formados en los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que asesora al Comandante en Jefe, lo empuja cada día más hacia un desbarrancadero, aprobando políticas económicas y sociales que profundizan la recesión económica, la inflación, el desempleo y la inseguridad de las personas y los bienes, liquidando paulatinamente la propiedad privada. Y como la Universidad Autónoma sigue siendo el centro crítico de la política y de la cultura en general, contrariando la verdad única que cree poseer el hiperlíder y jefe también único de quienes le acompañan en el gobierno, no encuentra otra forma de enfrentar la inteligencia que dirige la Universidad, que la utilización de la violencia.
De allí las múltiples agresiones de que han sido víctimas las Universidades Autónomas, desde que Hugo Chávez decidió radicalizar su proyecto político dirigido a controlar todos los Poderes Públicos y las instituciones de la ciencia y la cultura, históricamente llamadas a enfrentar la barbarie del caudillismo militarista, disfrazado de socialismo del siglo XXI, que el Presidente pretende imponerle a los venezolanos. Pero como lo indica la experiencia, todavía reciente, del fracaso de los Hitler, Mussolini y Stalin, que pretendieron someter a sus naciones a los delirios de sus mesianismos, de sus demencias de grandeza, e incluso de nuestro General dictador, Marcos Pérez Jiménez. que inventó un ¨ Nuevo Ideal Nacional,¨ para tratar de engañar incautos y perpetuarse en el poder, cuando agredió a la Universidad también fracasó, el Comandante Chávez con su socialismo del siglo XXI, impregnado de un poco de fascismo, comunismo y caudillismo tropical, también será derrotado por la Universidad que propicia la democracia y la paz, y no pasará del 2012.
En la totalidad de los países donde se han instaurado regímenes totalitarios mediante golpes de Estado en la historia contemporánea, o a través de asaltos al poder por montoneras dirigidas por caudillos militares –por ejemplo en el siglo XIX venezolano- una de las primeras medidas represivas las han dirigido contra las universidades, especialmente contra aquellas que disfrutan de autonomía. Y en algunos casos como el que estamos viviendo en nuestro país, cuando se pretende imponer un régimen de pensamiento único, y no se les puede controlar desde adentro, se les trata de ahogar económicamente restringiéndoles el presupuesto que por ley les corresponde, o interviniéndolas por la fuerza para someterlas a los planes dictatoriales del gobierno.
La suma de agresiones a la Universidad Central de Venezuela, la ULA, LUZ, UDO, USB, UNEXPO y otras casas de estudios superiores como la UPEL en Barquisimeto y otras ciudades del país, sin lugar a dudas que responde a una política, por demás equivocada, del gobierno del Comandante Hugo Chávez para tratar de someterlas y obligarlas a ponerse al servicio de su proyecto revolucionario, que denomina Socialismo del siglo XXI, a pesar del fracaso que el mismo experimentó en todos los países del este de Europa y en otras naciones del mundo, donde regímenes tiránicos intentaron implantarlo.
La utilización de grupos paramilitares para aterrorizar a estudiantes y profesores y crear las condiciones de anarquía provocada por la violencia, para después de acusar a las autoridades de ser las responsables de una supuesta o real ingobernabilidad, posiblemente esté dirigida para luego propinarles el zarpazo definitivo, posiblemente ordenándole a la Asamblea Nacional que modifique la Ley de Universidades o de Educación en general, para destituir a las autoridades electas democráticamente y proceder a su intervención militar. Y aunque el dogmatismo estalinista les haga creer que poseen la única verdad que existe en el mundo, para imponerla a los centros de la inteligencia, donde no sólo se cultiva la ciencia, la tecnología y el saber humanístico, sino también el pensamiento crítico, la paz y la democracia, podrán ocuparla militarmente y atropellar estudiantes y profesores, pero no lograrán ponerla al servicio del atraso, del personalismo y del militarismo.
En una época en que el conocimiento se duiplica cada dos años, el grupo de dogmáticos formados en los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que asesora al Comandante en Jefe, lo empuja cada día más hacia un desbarrancadero, aprobando políticas económicas y sociales que profundizan la recesión económica, la inflación, el desempleo y la inseguridad de las personas y los bienes, liquidando paulatinamente la propiedad privada. Y como la Universidad Autónoma sigue siendo el centro crítico de la política y de la cultura en general, contrariando la verdad única que cree poseer el hiperlíder y jefe también único de quienes le acompañan en el gobierno, no encuentra otra forma de enfrentar la inteligencia que dirige la Universidad, que la utilización de la violencia.
De allí las múltiples agresiones de que han sido víctimas las Universidades Autónomas, desde que Hugo Chávez decidió radicalizar su proyecto político dirigido a controlar todos los Poderes Públicos y las instituciones de la ciencia y la cultura, históricamente llamadas a enfrentar la barbarie del caudillismo militarista, disfrazado de socialismo del siglo XXI, que el Presidente pretende imponerle a los venezolanos. Pero como lo indica la experiencia, todavía reciente, del fracaso de los Hitler, Mussolini y Stalin, que pretendieron someter a sus naciones a los delirios de sus mesianismos, de sus demencias de grandeza, e incluso de nuestro General dictador, Marcos Pérez Jiménez. que inventó un ¨ Nuevo Ideal Nacional,¨ para tratar de engañar incautos y perpetuarse en el poder, cuando agredió a la Universidad también fracasó, el Comandante Chávez con su socialismo del siglo XXI, impregnado de un poco de fascismo, comunismo y caudillismo tropical, también será derrotado por la Universidad que propicia la democracia y la paz, y no pasará del 2012.
sábado, 13 de marzo de 2010
DESOBEDIENCIA CIVIL
Juan Páez Ávila
La República Civil venezolana construida a lo largo de nuestra historia republicana, con serias dificultades por desacierto de muchos gobernantes en la conducción de la Administración Pública y sobre todo por el acoso permanente del caudillismo y el asalto violento para posesionarse del poder y del manejo de nuestras riquezas naturales, vive hoy momentos cruciales y determinantes para superar la tendencia autoritaria y militarista de un Presidente electo que trata de utilizar el poder conferido por la democracia, para destruirla. Una década de resistencia civil parece abrirle camino a los venezolanos democráticos para impedir mediante el voto mayoritario en las elecciones de septiembre, que el Poder Ejecutivo siga controlando los demás Poderes Públicos y nos imponga un pensamiento único y un régimen totalitario en el que el Comandante en Jefe ordena y los demás obedecen..
La últimas encuestas realizadas en el país, incluyendo las más cercanas al gobierno, revelan que una mayoría importante de venezolanos ya no está dispuesta a obedecer órdenes con más sentido militar que civil y administrativo impartidas por el comandante Chávez, como si se tratara de un cuartel o de una nación en guerra, en circunstancias en las que la población delega todos los poderes en un jefe máximo y único.
El Comandante Hugo Chávez fue electo Presidente de la República por un período constitucional de 6 años que finaliza en el 2012, pero ha ido controlando los demás Poderes Públicos, hizo modificar la Carta Magna para poder presentarse como candidato presidencial a otro período, asumiendo facultades que el soberano no le ha otorgado, por lo que a mitad de su mandato parte significativa del pueblo que le eligió, declara por todos medios y en particular por los sondeos de opinión, que debe terminar su gobierno y entregar el poder a quien resulte ganador en las elecciones del 2012.
Pero como este año 2010 se realizarán elecciones para seleccionar los diputados de la Asamblea Nacional, ese mismo pueblo que lo eligió, se inclina a votar por una Asamblea en la que haya equilibrio, que cumpla con sus funciones de legislar y controlar la Administración Pública, y que incluso podría estar manos de una mayoría de la oposición democrática, que garantice la finalización del período del Presidente, que modifique algunas leyes inconstitucionales aprobadas recientemente y que devuelva la confianza al inversionista nacional e internacional para recuperar el aparato productivo y generar empleo fijo y bien remunerado.
Y aunque los resultados de las encuestas se refieren al momento en que se realizan y no es seguro que se puedan proyectar en el tiempo más allá de uno o dos meses, todo indica que las políticas públicas concebidas y ejecutadas por el Presidente y su gabinete, aumentan el alto costo de la vida y no frenan la delincuencia que tiene tomadas las principales ciudades del país y en cuyos delitos aparecen comprometidos algunos funcionarios policiales. Y si a lo equivocado de algunas políticas económicas y sociales se le agrega la incapacidad para construir obras públicas importantes y para superar la crisis de los servicios públicos como el racionamiento de luz y agua, más la corrupción de altos funcionarios que parece no tener límites, el 26 de septiembre la alternativa democrática debe recuperar la Asamblea Nacional.
La recuperación de la República Civil está en manos, primero, de la Mesa de la Unidad de la Alternativa Democrática para, en medio de naturales e inevitables confrontaciones por las diferentes ideologías que profesan sus integrantes, logre que una mayoría de candidatos de partido e independientes, representen las expectativas de los venezolanos que aspiramos votar por un cambio, para que el poder militar cumpla en los cuarteles las funciones que le otorga la Constitución Nacional vigente, y la Administración Pública retorne al poder civil. Y en segundo lugar, está en manos de la voluntad de los votantes para sufragar por esos candidatos de la Unidad Democrática y defender el voto.
La República Civil venezolana construida a lo largo de nuestra historia republicana, con serias dificultades por desacierto de muchos gobernantes en la conducción de la Administración Pública y sobre todo por el acoso permanente del caudillismo y el asalto violento para posesionarse del poder y del manejo de nuestras riquezas naturales, vive hoy momentos cruciales y determinantes para superar la tendencia autoritaria y militarista de un Presidente electo que trata de utilizar el poder conferido por la democracia, para destruirla. Una década de resistencia civil parece abrirle camino a los venezolanos democráticos para impedir mediante el voto mayoritario en las elecciones de septiembre, que el Poder Ejecutivo siga controlando los demás Poderes Públicos y nos imponga un pensamiento único y un régimen totalitario en el que el Comandante en Jefe ordena y los demás obedecen..
La últimas encuestas realizadas en el país, incluyendo las más cercanas al gobierno, revelan que una mayoría importante de venezolanos ya no está dispuesta a obedecer órdenes con más sentido militar que civil y administrativo impartidas por el comandante Chávez, como si se tratara de un cuartel o de una nación en guerra, en circunstancias en las que la población delega todos los poderes en un jefe máximo y único.
El Comandante Hugo Chávez fue electo Presidente de la República por un período constitucional de 6 años que finaliza en el 2012, pero ha ido controlando los demás Poderes Públicos, hizo modificar la Carta Magna para poder presentarse como candidato presidencial a otro período, asumiendo facultades que el soberano no le ha otorgado, por lo que a mitad de su mandato parte significativa del pueblo que le eligió, declara por todos medios y en particular por los sondeos de opinión, que debe terminar su gobierno y entregar el poder a quien resulte ganador en las elecciones del 2012.
Pero como este año 2010 se realizarán elecciones para seleccionar los diputados de la Asamblea Nacional, ese mismo pueblo que lo eligió, se inclina a votar por una Asamblea en la que haya equilibrio, que cumpla con sus funciones de legislar y controlar la Administración Pública, y que incluso podría estar manos de una mayoría de la oposición democrática, que garantice la finalización del período del Presidente, que modifique algunas leyes inconstitucionales aprobadas recientemente y que devuelva la confianza al inversionista nacional e internacional para recuperar el aparato productivo y generar empleo fijo y bien remunerado.
Y aunque los resultados de las encuestas se refieren al momento en que se realizan y no es seguro que se puedan proyectar en el tiempo más allá de uno o dos meses, todo indica que las políticas públicas concebidas y ejecutadas por el Presidente y su gabinete, aumentan el alto costo de la vida y no frenan la delincuencia que tiene tomadas las principales ciudades del país y en cuyos delitos aparecen comprometidos algunos funcionarios policiales. Y si a lo equivocado de algunas políticas económicas y sociales se le agrega la incapacidad para construir obras públicas importantes y para superar la crisis de los servicios públicos como el racionamiento de luz y agua, más la corrupción de altos funcionarios que parece no tener límites, el 26 de septiembre la alternativa democrática debe recuperar la Asamblea Nacional.
La recuperación de la República Civil está en manos, primero, de la Mesa de la Unidad de la Alternativa Democrática para, en medio de naturales e inevitables confrontaciones por las diferentes ideologías que profesan sus integrantes, logre que una mayoría de candidatos de partido e independientes, representen las expectativas de los venezolanos que aspiramos votar por un cambio, para que el poder militar cumpla en los cuarteles las funciones que le otorga la Constitución Nacional vigente, y la Administración Pública retorne al poder civil. Y en segundo lugar, está en manos de la voluntad de los votantes para sufragar por esos candidatos de la Unidad Democrática y defender el voto.
DERECHOS HUMANOS
Juan Páez Ávila
Con la publicación del último Informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Hugo Chávez ha recibido uno de los golpes políticos más contundentes y graves por lo difícil de esquivar, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano, no los han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes afirmaban defender. Es el caso que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia en su último informe con relación al gobierno del Presidente Hugo Chávez. Centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces puedan presentar pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo al informe y descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho informe para demostrar su posible sesgo político.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, y que por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos, pero como no prescriben su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
Con la publicación del último Informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Hugo Chávez ha recibido uno de los golpes políticos más contundentes y graves por lo difícil de esquivar, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano, no los han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes afirmaban defender. Es el caso que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia en su último informe con relación al gobierno del Presidente Hugo Chávez. Centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces puedan presentar pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo al informe y descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho informe para demostrar su posible sesgo político.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, y que por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos, pero como no prescriben su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
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