Juan Páez Ávila
Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
Juan Páez Ávila
lunes, 3 de agosto de 2009
ALBA EN CENTROAMÉRICA
Juan Páez Ávila
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
LEDEZMA EN LA OEA
Juan Páez Ávila
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
DELITOS MEDIÁTICOS
Juan Páez Ávila
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
domingo, 28 de junio de 2009
PELIGROS DE GUERRA
Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Después que el Grupo de Río logró un sorprendente y exitoso acuerdo para frenar la escalada de violencia que amenazaba con desatar una guerra, aunque fuera de opereta, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, y retornar la normalidad en las relaciones fraternas de mutuo interés que han existido y deben seguir existiendo entre países vecinos, hermanados por lazos más que históricos, humanos en general, lo pueden convertir en el mejor escenario para contribuir con el gobierno colombiano y la guerrilla a buscar una solución pacífica a la guerra estéril que los enfrenta desde hace varias décadas.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones del Grupo de Río se encuentren ya agotadas o con poca credibilidad, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Las promesas del Presidente Uribe de no repetir una acción militar que viole la soberanía de Ecuador, para perseguir a los grupos guerrilleros, y las del Presidente Correa, apoyado por el Presidente Chávez, de no permitir en el territorio de ambos países las operaciones de la guerrilla, podrían ser anuladas no sólo por incumplimiento de alguna de las partes, sino también -y ello sería lo más probable e incontenible- si la lucha armada en Colombia continúa y toma otras dimensiones en las que la política sea desbordada por lo militar.
De allí que el Grupo de Río, aunque ha logrado apaciguar los ánimos y el continente democrático se lo agradece y ha celebrado sus buenos oficios, debería asumir, con el beneplácito de los demócratas, las más trascendental e histórica labor: invitar a una reunión extraordinaria y sentar en una mesa de discusión a los más altos representantes del gobierno de Colombia y de las FARC. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado su intervención para buscar un acuerdo de paz. Y el Presidente Uribe en una de sus últimas declaraciones, con el sesgo propio de quien aspira un triunfo unilateral, llamó a los guerrilleros a desertar, pero también solicitó un diálogo para buscar la paz definitiva. Si el Grupo de Río interviene, Colombia podría ahorrarse más dolorosos sacrificios humanos y alcanzar la paz, vital para su pueblo y necesaria para sus vecinos.
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Después que el Grupo de Río logró un sorprendente y exitoso acuerdo para frenar la escalada de violencia que amenazaba con desatar una guerra, aunque fuera de opereta, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, y retornar la normalidad en las relaciones fraternas de mutuo interés que han existido y deben seguir existiendo entre países vecinos, hermanados por lazos más que históricos, humanos en general, lo pueden convertir en el mejor escenario para contribuir con el gobierno colombiano y la guerrilla a buscar una solución pacífica a la guerra estéril que los enfrenta desde hace varias décadas.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones del Grupo de Río se encuentren ya agotadas o con poca credibilidad, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Las promesas del Presidente Uribe de no repetir una acción militar que viole la soberanía de Ecuador, para perseguir a los grupos guerrilleros, y las del Presidente Correa, apoyado por el Presidente Chávez, de no permitir en el territorio de ambos países las operaciones de la guerrilla, podrían ser anuladas no sólo por incumplimiento de alguna de las partes, sino también -y ello sería lo más probable e incontenible- si la lucha armada en Colombia continúa y toma otras dimensiones en las que la política sea desbordada por lo militar.
De allí que el Grupo de Río, aunque ha logrado apaciguar los ánimos y el continente democrático se lo agradece y ha celebrado sus buenos oficios, debería asumir, con el beneplácito de los demócratas, las más trascendental e histórica labor: invitar a una reunión extraordinaria y sentar en una mesa de discusión a los más altos representantes del gobierno de Colombia y de las FARC. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado su intervención para buscar un acuerdo de paz. Y el Presidente Uribe en una de sus últimas declaraciones, con el sesgo propio de quien aspira un triunfo unilateral, llamó a los guerrilleros a desertar, pero también solicitó un diálogo para buscar la paz definitiva. Si el Grupo de Río interviene, Colombia podría ahorrarse más dolorosos sacrificios humanos y alcanzar la paz, vital para su pueblo y necesaria para sus vecinos.
NO A LA VIOLENCIA
Juan Páez Ávila
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
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