Juan Páez Ávila
La disposición del candidato de la unidad nacional, Manuel Rosales, de entregar a unas 2.500.000 familias de los sectores populares y clase media empobrecida, entre 600 mil y un millón de bolívares mensuales, provenientes de una quinta parte aproximadamente de los ingresos petroleros, cambiará definitivamente la relación entre el petróleo y sociedad venezolana. Por primera vez el venezolano podrá constatar que el petróleo es una riqueza que le pertenece a él y no al Estado, que en teoría puede representar a toda la nación, pero también a una parte de ella como sucede en la actualidad, según la división que ha hecho el gobierno de amigos y enemigos del proceso que ha tratado de adelantar el Presidente Chávez.
La experiencia de algunos países petroleros como Noruega y Canadá, más la legislación venezolana, obligan a precisar el planteamiento del candidato de la unidad, porque lo que se debe distribuir entre los venezolanos es la Regalía, que es un derecho de la nación como dueña del petróleo, de la que han venido apropiándose los gobiernos y administrándola como si fuera un impuesto, como les ha dado la gana a cada uno. Este planteamiento lo hizo en Venezuela hace más de 10 años, Alberto Quiroz Corradi, cuando se discutía la Apertura Petrolera al capital privado nacional e internacional, durante el gobierno del Presidente Caldera Pero a la mayoría que formaban el gobierno y la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática les dio temor, o no consideraron viable, asumir la política que ya Noruega y Canadá habían puesto en práctica, creando fondos especiales con la Regalía y entregándole dividendos a cada ciudadano todos los años.
De allí que no se trata de una política populista, como ha sido y es práctica de todos los gobierno electos desde 1958, y en especial del actual que ha llegado al extremo de donar a otros países parte de esa Regalía. Como en nuestro país muy poca gente lee, y menos estudia lo referente a un tema aparentemente árido como el del petróleo, sólo se enterará que el Estado no puede apropiarse del valor de la Regalía, que este año supera los 10 mil millones de dólares, cuando mensualmente le entreguen un cheque o una tarjeta electrónica y le digan: esto es suyo, porque usted como venezolano es dueño del petróleo. Ningún gobierno se lo regala. El gobierno sólo es dueño de los impuestos, que por Ley debe cobrar a toda empresa, incluso a personas jurídicas, que obtienen una renta.
Si el Estado, cualquiera sea el gobierno, quiere poner en práctica una política que tienda a superar la pobreza, un factor importante de la misma debería ser poner en manos de los venezolanos la propiedad de la Regalía, al lado de otra política de grandes inversiones nacionales e internacionales para crear las fuentes de trabajo necesarias, para eliminar el desempleo. Y aunque la Regalía corresponde a todos los venezolanos, la propuesta de Manuel Rosales de favorecer a unas 2.500.000 familias, podría admitirse como el comienzo de una política que atienda a los más necesitados, carentes de recursos para cubrir la cesta alimentaria los más pobres, y la cesta básica la clase media empobrecida.
Juan Páez Ávila
domingo, 28 de junio de 2009
jueves, 25 de junio de 2009
MANUEL VICENTE LEDESMA
Juan Páez Ávila
La muerte de Manuel Vicente Ledesma es doblemente lamentable, primero por el dolor que aflige a su familia y segundo, porque ha privado a Venezuela y en particular a los Estados Lara y Yaracuy -nacido en este último y residenciado por muchos años en Barquisimeto- de uno de esos hombres que con humildad y sabiduría le prestó un servicio digno y honorable a la República y a la empresa privada cuando le fueron requeridos. Lo conocí cuando yo estudiaba bachillerato en el liceo “Lisandro Alvarado” y dirigía un pequeño periódico clandestino, que pomposamente titulamos “Combate”, con mis compañeros de aula Julio Valero Roa, Ramón Ballesteros y Dimas Mendoza, en plena dictadura perezjimenista. Me fue presentado por Carlos Emilio Muñoz Oráa, estudiante universitario de la UCV y dirigente juvenil nacional de Acción Democrática, como el más prominente de los dirigentes de ese partido, que hacía vida legal ejerciendo su profesión de abogado, pero que nos prestaría toda clase de apoyo para impulsar la lucha contra dictadura.
Esta breve introducción sólo tiene por objeto presentarle a nuestros lectores y a los larenses en general, una faceta de su vida que muy pocos contemporáneos conocen y de la que ni siquiera la mayoría de los luchadores antidictadura llegaron a estar al tanto, por las exigencias de la lucha clandestina que prohibía informar lo que hacían los que dirigían la resistencia, y menos si la persona hacía vida legal. Para quienes participamos en esa lucha antidictadura, Manuel Vicente no sólo era nuestra máxima figura política, sino el Secretario General de AD en la clandestinidad en el Estado. Por razones obvias a nadie se le podía decir algo semejante sin exponerlo a un carcelazo y hasta en peligro de muerte. Tratamos de preservar su rol de dirigente de la lucha clandestina y sólo yo, que también hacía vida legal, visitaba su bufete, para recibir alguna orientación o información sobre la situación del país, que luego transmitía a quienes estaban “enconchados”, o la reflejaba en el periódico “Combate”.
Manuel Vicente ejerció su profesión con dignidad y honorabilidad, sin desligarse de sus las obligaciones que le dictaba su conciencia para con el país y la democracia. Una vez caída la dictadura fue ratificado como Secretario General de AD en Lara, electo diputado al Congreso de la República en la que se destacó como un excelente conductor democrático, tolerante y respetuoso de sus colegas de la Cámara, cuando fue nominado Presidente de la misma. Después fue nombrado Contralor General de la República en la que se destacó por su rectitud, y sin atropellar a nadie realizó el trabajo que por mandato de la Ley le estaba encomendado.
No es un lugar común decir, en su caso, que deja un gran vacío en el foro, en la política aunque estuviera retirado desde hace algunos años, porque su vida fue un ejemplo de probidad ciudadana, que en estos momentos de menguada vida republicana y de amenazas de autoritarismo, la Venezuela democrática lo recordará como uno de sus baluartes espirituales y humanos, que la estimula a continuar defendiendo la libertad.
La muerte de Manuel Vicente Ledesma es doblemente lamentable, primero por el dolor que aflige a su familia y segundo, porque ha privado a Venezuela y en particular a los Estados Lara y Yaracuy -nacido en este último y residenciado por muchos años en Barquisimeto- de uno de esos hombres que con humildad y sabiduría le prestó un servicio digno y honorable a la República y a la empresa privada cuando le fueron requeridos. Lo conocí cuando yo estudiaba bachillerato en el liceo “Lisandro Alvarado” y dirigía un pequeño periódico clandestino, que pomposamente titulamos “Combate”, con mis compañeros de aula Julio Valero Roa, Ramón Ballesteros y Dimas Mendoza, en plena dictadura perezjimenista. Me fue presentado por Carlos Emilio Muñoz Oráa, estudiante universitario de la UCV y dirigente juvenil nacional de Acción Democrática, como el más prominente de los dirigentes de ese partido, que hacía vida legal ejerciendo su profesión de abogado, pero que nos prestaría toda clase de apoyo para impulsar la lucha contra dictadura.
Esta breve introducción sólo tiene por objeto presentarle a nuestros lectores y a los larenses en general, una faceta de su vida que muy pocos contemporáneos conocen y de la que ni siquiera la mayoría de los luchadores antidictadura llegaron a estar al tanto, por las exigencias de la lucha clandestina que prohibía informar lo que hacían los que dirigían la resistencia, y menos si la persona hacía vida legal. Para quienes participamos en esa lucha antidictadura, Manuel Vicente no sólo era nuestra máxima figura política, sino el Secretario General de AD en la clandestinidad en el Estado. Por razones obvias a nadie se le podía decir algo semejante sin exponerlo a un carcelazo y hasta en peligro de muerte. Tratamos de preservar su rol de dirigente de la lucha clandestina y sólo yo, que también hacía vida legal, visitaba su bufete, para recibir alguna orientación o información sobre la situación del país, que luego transmitía a quienes estaban “enconchados”, o la reflejaba en el periódico “Combate”.
Manuel Vicente ejerció su profesión con dignidad y honorabilidad, sin desligarse de sus las obligaciones que le dictaba su conciencia para con el país y la democracia. Una vez caída la dictadura fue ratificado como Secretario General de AD en Lara, electo diputado al Congreso de la República en la que se destacó como un excelente conductor democrático, tolerante y respetuoso de sus colegas de la Cámara, cuando fue nominado Presidente de la misma. Después fue nombrado Contralor General de la República en la que se destacó por su rectitud, y sin atropellar a nadie realizó el trabajo que por mandato de la Ley le estaba encomendado.
No es un lugar común decir, en su caso, que deja un gran vacío en el foro, en la política aunque estuviera retirado desde hace algunos años, porque su vida fue un ejemplo de probidad ciudadana, que en estos momentos de menguada vida republicana y de amenazas de autoritarismo, la Venezuela democrática lo recordará como uno de sus baluartes espirituales y humanos, que la estimula a continuar defendiendo la libertad.
LUIS HERRERA CAMPINS
Juan Páez Ávila
La muerte del ex-Presidente de la República, Luis Herrera Campins, además de llenar de dolor a su familia y amigos, deja a nuestro país sin la presencia de un venezolano excepcional dotado de una cultura política configurada por el estudio y su don de gente, para el diálogo fructífero y el combate civilizado, propios de las grandes democracias que caracterizan al mundo de hoy. Nacido en la Venezuela interiorana de los Llanos Occidentales, marcada por el atraso que le imponía la dictadura feudal de Juan Vicente Gómez, presenció desde muy joven la transición democrática desde el gobierno del General López Contreras hasta el del maestro Rómulo Gallegos, y la política lo inclinó hacia la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyas banderas defendió en las filas del Partido Social Cristiano Copey, hasta a ser uno de sus máximos dirigentes y con su apoyo, Presidente de la República.
La firmeza de sus ideas social cristianas lo llevaron a enfrentar la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez y a sufrir los embates de la persecución y el exilio, desde donde continuó su lucha a través del periodismo de combate. Una vez derrocada la tiranía regresó a nuestro país y formó parte muy destacada de los forjadores de la democracia venezolana desde su posición ideológica.
Abrazó el periodismo como un mecanismo de comunicación para hacer conocer y defender sus ideas. Como articulista de importantes diarios y revistas del país y como parlamentario, unido a sus relaciones políticas con sus compañeros de partido, conformó una corriente social cristiana conocida como de profundo contenido progresista. Con discreción y firmeza la preservó de los avatares de las pugnas internas, presentes en todos los partidos democráticos, hasta convertirse en un líder fundamental de su organización y posteriormente en Presidente de la República.
Tanto su pensamiento como su obra administrativa, sometida al escrutinio democrático de los venezolanos, fue objeto de solidaridad y confrontación. Su estilo de vida, sencillo, respetuoso y digno, lo llevó también al campo político. Quienes le adversamos jamás fuimos víctimas de agresiones ni descalificaciones. Recibió elogios y soportó críticas a su actuación política como auténtico demócrata, seguro de que podía cometer errores, pero su honestidad política lo hacía admirable para sus partidarios e invulnerable para sus adversarios. Siempre descansará en paz.
La muerte del ex-Presidente de la República, Luis Herrera Campins, además de llenar de dolor a su familia y amigos, deja a nuestro país sin la presencia de un venezolano excepcional dotado de una cultura política configurada por el estudio y su don de gente, para el diálogo fructífero y el combate civilizado, propios de las grandes democracias que caracterizan al mundo de hoy. Nacido en la Venezuela interiorana de los Llanos Occidentales, marcada por el atraso que le imponía la dictadura feudal de Juan Vicente Gómez, presenció desde muy joven la transición democrática desde el gobierno del General López Contreras hasta el del maestro Rómulo Gallegos, y la política lo inclinó hacia la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyas banderas defendió en las filas del Partido Social Cristiano Copey, hasta a ser uno de sus máximos dirigentes y con su apoyo, Presidente de la República.
La firmeza de sus ideas social cristianas lo llevaron a enfrentar la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez y a sufrir los embates de la persecución y el exilio, desde donde continuó su lucha a través del periodismo de combate. Una vez derrocada la tiranía regresó a nuestro país y formó parte muy destacada de los forjadores de la democracia venezolana desde su posición ideológica.
Abrazó el periodismo como un mecanismo de comunicación para hacer conocer y defender sus ideas. Como articulista de importantes diarios y revistas del país y como parlamentario, unido a sus relaciones políticas con sus compañeros de partido, conformó una corriente social cristiana conocida como de profundo contenido progresista. Con discreción y firmeza la preservó de los avatares de las pugnas internas, presentes en todos los partidos democráticos, hasta convertirse en un líder fundamental de su organización y posteriormente en Presidente de la República.
Tanto su pensamiento como su obra administrativa, sometida al escrutinio democrático de los venezolanos, fue objeto de solidaridad y confrontación. Su estilo de vida, sencillo, respetuoso y digno, lo llevó también al campo político. Quienes le adversamos jamás fuimos víctimas de agresiones ni descalificaciones. Recibió elogios y soportó críticas a su actuación política como auténtico demócrata, seguro de que podía cometer errores, pero su honestidad política lo hacía admirable para sus partidarios e invulnerable para sus adversarios. Siempre descansará en paz.
CONFRONTACIÓN POLÍTICA
Juan Páez Ávila
Si el grupo de economistas y académicos que publicó recientemente un documento sobre la situación económica del país, acierta no sólo en el diagnóstico sino también en el pronóstico que exponen sobre el momento actual, la crisis que hoy confronta la economía venezolana se agravará en el segundo semestre de presente año, a extremos tales que viviremos difíciles y peligrosas confrontaciones políticas.
Según las cifras oficiales que manejan los ilustres economistas y académicos venezolanos, la crisis económica comenzó antes de que se produjera la caída de los precios del petróleo, por lo que no será recuperable aún cuando éstos aumenten, como está sucediendo actualmente, si no cambian las políticas públicas fundamentales aplicadas por el gobierno. Y como todo parece indicar que el Presidente de la República mantendrá su política de gasto público y no de inversiones reproductivas, cuando recorta el 7% del presupuesto por igual para todos los sectores, afectando gravemente la educación, salud y la construcción de la infraestructura del país, la conclusión, de una mayor crisis económica, a la que llegan los expertos firmantes del documento deberá comenzar a observarse en los próximos meses.
Y de ser así, la conflictividad social y política también se agudizará porque el alto costo de la vida golpeará duramente a los sectores populares, porque el gobierno provoca una mayor inflación y la economía entrará en recesión, algo que el propio Chávez negó desde un principio, cuando se conoció la crisis financiera y la recesión de la economía mundial. La negativa del gobierno a discutir la contratación colectiva con los trabajadores petroleros y los obreros y empleados públicos en general, para no aumentar los salarios y sueldos que solicitan los dirigentes sindicales a nombres de sus representados, conspira contra la paz que todos aspiramos.
En síntesis, para cualquier político o analista informado acerca de la situación política actual , es evidente una mayor crispación política en la sociedad venezolana, que se expresa no sólo en los discursos de los máximos dirigentes políticos, sino también en la radicalización de los reclamos salariales de los trabajadores y de las familias sin vivienda, después de 10 años de grandes ingresos al Fisco Nacional, que sirvieron para enriquecer a una élite militar y civil que rodea al Jefe Único, conformando una nueva burguesía nacional: para regalar 55 mil millones de dólares a otros países, sobornando a varios jefes de estado para crear una organización paralela a la OEA en la que le rindan pleitesía a Hugo Chávez: para estatizar numerosas empresas nacionales e internacionales, dejar sin trabajo a miles de obreros y empleados, dirigidas por una burocracia chavista ineficiente y corrupta que la ha llevado a la quiebra, sin que los venezolanos más pobres vean solución a sus problemas económicos y sociales.
Si se contrae más la economía nacional, a la lucha por la libertad de expresión, por la autonomía universitaria, se agregará el combate contra el desempleo, contra el nuevo patrono que es el gobierno.
Si el grupo de economistas y académicos que publicó recientemente un documento sobre la situación económica del país, acierta no sólo en el diagnóstico sino también en el pronóstico que exponen sobre el momento actual, la crisis que hoy confronta la economía venezolana se agravará en el segundo semestre de presente año, a extremos tales que viviremos difíciles y peligrosas confrontaciones políticas.
Según las cifras oficiales que manejan los ilustres economistas y académicos venezolanos, la crisis económica comenzó antes de que se produjera la caída de los precios del petróleo, por lo que no será recuperable aún cuando éstos aumenten, como está sucediendo actualmente, si no cambian las políticas públicas fundamentales aplicadas por el gobierno. Y como todo parece indicar que el Presidente de la República mantendrá su política de gasto público y no de inversiones reproductivas, cuando recorta el 7% del presupuesto por igual para todos los sectores, afectando gravemente la educación, salud y la construcción de la infraestructura del país, la conclusión, de una mayor crisis económica, a la que llegan los expertos firmantes del documento deberá comenzar a observarse en los próximos meses.
Y de ser así, la conflictividad social y política también se agudizará porque el alto costo de la vida golpeará duramente a los sectores populares, porque el gobierno provoca una mayor inflación y la economía entrará en recesión, algo que el propio Chávez negó desde un principio, cuando se conoció la crisis financiera y la recesión de la economía mundial. La negativa del gobierno a discutir la contratación colectiva con los trabajadores petroleros y los obreros y empleados públicos en general, para no aumentar los salarios y sueldos que solicitan los dirigentes sindicales a nombres de sus representados, conspira contra la paz que todos aspiramos.
En síntesis, para cualquier político o analista informado acerca de la situación política actual , es evidente una mayor crispación política en la sociedad venezolana, que se expresa no sólo en los discursos de los máximos dirigentes políticos, sino también en la radicalización de los reclamos salariales de los trabajadores y de las familias sin vivienda, después de 10 años de grandes ingresos al Fisco Nacional, que sirvieron para enriquecer a una élite militar y civil que rodea al Jefe Único, conformando una nueva burguesía nacional: para regalar 55 mil millones de dólares a otros países, sobornando a varios jefes de estado para crear una organización paralela a la OEA en la que le rindan pleitesía a Hugo Chávez: para estatizar numerosas empresas nacionales e internacionales, dejar sin trabajo a miles de obreros y empleados, dirigidas por una burocracia chavista ineficiente y corrupta que la ha llevado a la quiebra, sin que los venezolanos más pobres vean solución a sus problemas económicos y sociales.
Si se contrae más la economía nacional, a la lucha por la libertad de expresión, por la autonomía universitaria, se agregará el combate contra el desempleo, contra el nuevo patrono que es el gobierno.
GUARDIANES DE LEDEZMA
Juan Páez Ávila
La creación de una brigada de guardianes metropolitanos para brindar apoyo a la ciudadanía, en una ciudad prácticamente ocupada por el hampa, tiene que ser saludada por los habitantes de Caracas como una medida propia del mundo civilizado, cuyas urbes están protegidas no solamente por policías y militares para reprimir la delincuencia y mantener el orden público, sino también por funcionarios de alto nivel ético y preparación para orientar al ciudadano o visitante, con educación y respeto a los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
Deducir que se trata de una parapolicía como lo expresó el Ministro de Interior y Justicia, no parece ser por desconocimiento de tan alto funcionario de los requerimientos fundamentales para procurarle a la ciudadanía garantías de convivencia y bienestar, sino parte de una política de obstaculización de las labores del Alcalde Metropolitano e incluso de los gobernadores que no comulgan con el pensamiento único que trata de imponer el Presidente de la República.
La respuesta del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel, aclarándole al Ministro que no se trata de policías y menos de parapolicías, sino de estudiantes universitarios con gran sensibilidad social y humana para servir a la población, demuestra que ambos funcionarios no sólo conocen las políticas sociales que hay que ejecutar en una ciudad como Caracas, cada día más acosada por la violencia delincuencial, sino que están dispuestos a aplicarla con el apoyo de los ciudadanos.
La primera experiencia ejecutada en el Municipio El Hatillo con el beneplácito de los habitantes, por sus óptimos resultados, debería ser tomada como ejemplo por todos los alcaldes del país y recibir el apoyo del gobierno nacional, como alternativa para contribuir a darle al ciudadano una mayor confianza en sus autoridades.
Y por último, la exhortación del Alcalde Metropolitano a que el Ministro de Interior y Justicia lo llame para coordinar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la inseguridad que vive la ciudad de Caracas, podría ser también un camino, una política para contribuir a sacar al país de la crisis que lo ahoga y sobre todo de la que vendrá en los próximos meses, que lo puede hundir más, hasta un mayor y peligroso retraso.
La creación de una brigada de guardianes metropolitanos para brindar apoyo a la ciudadanía, en una ciudad prácticamente ocupada por el hampa, tiene que ser saludada por los habitantes de Caracas como una medida propia del mundo civilizado, cuyas urbes están protegidas no solamente por policías y militares para reprimir la delincuencia y mantener el orden público, sino también por funcionarios de alto nivel ético y preparación para orientar al ciudadano o visitante, con educación y respeto a los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
Deducir que se trata de una parapolicía como lo expresó el Ministro de Interior y Justicia, no parece ser por desconocimiento de tan alto funcionario de los requerimientos fundamentales para procurarle a la ciudadanía garantías de convivencia y bienestar, sino parte de una política de obstaculización de las labores del Alcalde Metropolitano e incluso de los gobernadores que no comulgan con el pensamiento único que trata de imponer el Presidente de la República.
La respuesta del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel, aclarándole al Ministro que no se trata de policías y menos de parapolicías, sino de estudiantes universitarios con gran sensibilidad social y humana para servir a la población, demuestra que ambos funcionarios no sólo conocen las políticas sociales que hay que ejecutar en una ciudad como Caracas, cada día más acosada por la violencia delincuencial, sino que están dispuestos a aplicarla con el apoyo de los ciudadanos.
La primera experiencia ejecutada en el Municipio El Hatillo con el beneplácito de los habitantes, por sus óptimos resultados, debería ser tomada como ejemplo por todos los alcaldes del país y recibir el apoyo del gobierno nacional, como alternativa para contribuir a darle al ciudadano una mayor confianza en sus autoridades.
Y por último, la exhortación del Alcalde Metropolitano a que el Ministro de Interior y Justicia lo llame para coordinar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la inseguridad que vive la ciudad de Caracas, podría ser también un camino, una política para contribuir a sacar al país de la crisis que lo ahoga y sobre todo de la que vendrá en los próximos meses, que lo puede hundir más, hasta un mayor y peligroso retraso.
EXPROPIACIONES
Juan Páez Ávila
La violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, hecha aprobar por el Presidente de la República para una supuesta revolución inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, no sólo deja a un lado las ideas fundamentales del Libertador, sino que también lo colocan al margen del ordenamiento jurídico del país y le abre las puertas a todo tipo de protestas, pacíficas unas y no muy pacíficas otras, alimentadas por la crisis social, política y económica que se agrava cada día, cada semana o mes del año, porque las políticas públicas ejecutadas por sus subalternos, no solucionan los problemas más agobiantes de los sectores populares y de la clase, y lleva a la ruina al sector empresarial.
La política oficial de expropiar fincas en plena producción y empresas industriales o de servicios que emplean a miles de trabajadores, y tienen resultados altamente productivos, lo que ha logrado es aumentar el desempleo y la conflictividad social en los últimos años, sin poder alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y un mayor desarrollo económico.
El fracaso es tan evidente que tenemos que importar entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos en la dieta diaria, el desempleo lo ha tenido que ocultar el gobierno con las ayudas a los más pobres, y seguimos siendo un país cada día más dependiente de los precios del petróleo, que al ser muy altos también ocultan el drama de la pobreza por algún tiempo, suficiente para volver a la realidad que caracteriza al país, de una insuperable pobreza y de un enriquecimiento rápido e ilícito de un pequeño grupo de privilegiados que dirigen y administran la hacienda pública.
Esa política oficial sólo resulta comprensible porque el grupo de asesores del Presidente de la Republica, ubicados en los más altos cargos de confianza, algunos de ellos conocedores del fracaso del estatismo en la Unión Soviética y otros países que pugnan por salir de ese atolladero, no han sido capaces de informarle al Jefe del Estado que los dogmas de la Academia de Ciencias de la URSS no dieron los resultados que buscaban de crear un hombre nuevo y un mundo feliz. Y aunque es posible que el Presidente no los oiga, la responsabilidad en la crisis política y social que muchos expertos no sólo ven venir peligrosamente, sino que también consideran que se agravará porque abarcará la economía, será de todo el equipo gubernamental.
Una de las últimas manifestaciones de lo equivocado de la política de expropiaciones, es lo acontecido con las empresas de servicios petroleros de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, que le daban trabajo directo a unas 30.000 personas e indirecto a unos 100.000, y que hasta estos momentos la nueva PDVSA sólo puede absorber unos 10.000, y no está garantizada la eficiencia para mantener la producción de petróleo en esa zona.
Y tal vez lo más grave sea que PDVSA al no poder pagar la deuda contraída con estas empresas de servicio, aconseja al Presidente que las expropie, para ganar tiempo, aunque deje en el desempleo a miles de venezolanos y aumente la conflictividad social.
Seguramente el Presidente de la República considera que su poder es de tal magnitud, que ninguna protesta lo puede desestabilizar porque cuenta con la Milicia Bolivariana y el apoyo de la Fuerza Armada, lo que le permite arremeter contra los sectores de la sociedad civil que lo adversan. Y aunque nuestra historia está cargada de Comandantes en Jefe que terminan apoyándose en la represión, algunos con muchos muertos encima o bajo su responsabilidad, también revela que en muchos casos se han equivocado y finalizan derrotados.
La violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, hecha aprobar por el Presidente de la República para una supuesta revolución inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, no sólo deja a un lado las ideas fundamentales del Libertador, sino que también lo colocan al margen del ordenamiento jurídico del país y le abre las puertas a todo tipo de protestas, pacíficas unas y no muy pacíficas otras, alimentadas por la crisis social, política y económica que se agrava cada día, cada semana o mes del año, porque las políticas públicas ejecutadas por sus subalternos, no solucionan los problemas más agobiantes de los sectores populares y de la clase, y lleva a la ruina al sector empresarial.
La política oficial de expropiar fincas en plena producción y empresas industriales o de servicios que emplean a miles de trabajadores, y tienen resultados altamente productivos, lo que ha logrado es aumentar el desempleo y la conflictividad social en los últimos años, sin poder alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y un mayor desarrollo económico.
El fracaso es tan evidente que tenemos que importar entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos en la dieta diaria, el desempleo lo ha tenido que ocultar el gobierno con las ayudas a los más pobres, y seguimos siendo un país cada día más dependiente de los precios del petróleo, que al ser muy altos también ocultan el drama de la pobreza por algún tiempo, suficiente para volver a la realidad que caracteriza al país, de una insuperable pobreza y de un enriquecimiento rápido e ilícito de un pequeño grupo de privilegiados que dirigen y administran la hacienda pública.
Esa política oficial sólo resulta comprensible porque el grupo de asesores del Presidente de la Republica, ubicados en los más altos cargos de confianza, algunos de ellos conocedores del fracaso del estatismo en la Unión Soviética y otros países que pugnan por salir de ese atolladero, no han sido capaces de informarle al Jefe del Estado que los dogmas de la Academia de Ciencias de la URSS no dieron los resultados que buscaban de crear un hombre nuevo y un mundo feliz. Y aunque es posible que el Presidente no los oiga, la responsabilidad en la crisis política y social que muchos expertos no sólo ven venir peligrosamente, sino que también consideran que se agravará porque abarcará la economía, será de todo el equipo gubernamental.
Una de las últimas manifestaciones de lo equivocado de la política de expropiaciones, es lo acontecido con las empresas de servicios petroleros de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, que le daban trabajo directo a unas 30.000 personas e indirecto a unos 100.000, y que hasta estos momentos la nueva PDVSA sólo puede absorber unos 10.000, y no está garantizada la eficiencia para mantener la producción de petróleo en esa zona.
Y tal vez lo más grave sea que PDVSA al no poder pagar la deuda contraída con estas empresas de servicio, aconseja al Presidente que las expropie, para ganar tiempo, aunque deje en el desempleo a miles de venezolanos y aumente la conflictividad social.
Seguramente el Presidente de la República considera que su poder es de tal magnitud, que ninguna protesta lo puede desestabilizar porque cuenta con la Milicia Bolivariana y el apoyo de la Fuerza Armada, lo que le permite arremeter contra los sectores de la sociedad civil que lo adversan. Y aunque nuestra historia está cargada de Comandantes en Jefe que terminan apoyándose en la represión, algunos con muchos muertos encima o bajo su responsabilidad, también revela que en muchos casos se han equivocado y finalizan derrotados.
miércoles, 22 de abril de 2009
LOS LÍMITES DE LAS FARC
Juan Páez Ávila
Aunque todo venezolano que esté medianamente informado sabe que la guerrilla colombiana ocupa una parte del territorio de ese país limítrofe con nuestro, a nadie, y menos a alguno de los distintos jefes de Estado que hemos tenido en los últimos 50 años, incluyendo el período dictatorial del General Pérez Jiménez, se le había ocurrido admitir o establecer como límite con Venezuela por suroeste y noroeste a las FARC y el ELN. Por eso sorprendió a la mayoría de los televidentes, cuando desde la Brigada Blindada acantonada en Valencia, el Comandante Chávez, luciendo su uniforme militar, lo hiciera en tono desafiante, dando lugar a que cada quien se formule su propia hipótesis de acuerdo con el grado de información que posea, o se dedique simplemente a especular mentalmente, acerca de las razones que lo llevaron a instaurar y expresar nuevos límites de nuestro territorio, ante sus compañeros de armas.
Para quien haya seguido a través de los medios de comunicación el discurso y conozca el temperamento cambiante del Presidente de la República, no le resulta fácil deducir si lo que piensa hoy nuestro Comandante en Jefe, será lo mismo que pensará mañana y hasta cuándo lo sostendrá. Hace 2 ó 3 meses se reunió con el Presidente Uribe, inauguró con su colega colombiano el gasoducto que traerá gas a nuestro país desde Colombia, habló de la amistad y la fraternidad que los unía y de estar dando comienzo a la verdadera integración de Latinoamérica, del sueño de Simón Bolívar, que ambos jefes de Estado adelantaban. Elogios similares hizo del Presidente Uribe cuando éste lo nombró mediador de un posible canje humanitario de colombianos secuestrados por las FARC y de guerrilleros presos por el gobierno.
Del reconocimiento de esos extraordinarios méritos del Presidente de Colombia, pasó a la agresión verbal, a los insultos jamás oídos en un Jefe de Estado contra un colega suyo, cuando éste en ejercicio de un derecho soberano dio por terminada la mediación. Las relaciones diplomáticas y políticas con Colombia se han deteriorado a extremos tan peligrosos, que después de la declaración del Presidente en la que califica a las FARC y el ELN como fuerzas insurgentes y bolivarianas, pareciera que estamos al borde de una confrontación armada con el vecino y hermano país.
Y aunque el Comandante Chávez no cambie de parecer de inmediato, creo que la mayoría de los venezolanos y colombianos nos sumamos al manifiesto que encabezan Ramón J. Velásquez y Gabriel García Márquez.
Aunque todo venezolano que esté medianamente informado sabe que la guerrilla colombiana ocupa una parte del territorio de ese país limítrofe con nuestro, a nadie, y menos a alguno de los distintos jefes de Estado que hemos tenido en los últimos 50 años, incluyendo el período dictatorial del General Pérez Jiménez, se le había ocurrido admitir o establecer como límite con Venezuela por suroeste y noroeste a las FARC y el ELN. Por eso sorprendió a la mayoría de los televidentes, cuando desde la Brigada Blindada acantonada en Valencia, el Comandante Chávez, luciendo su uniforme militar, lo hiciera en tono desafiante, dando lugar a que cada quien se formule su propia hipótesis de acuerdo con el grado de información que posea, o se dedique simplemente a especular mentalmente, acerca de las razones que lo llevaron a instaurar y expresar nuevos límites de nuestro territorio, ante sus compañeros de armas.
Para quien haya seguido a través de los medios de comunicación el discurso y conozca el temperamento cambiante del Presidente de la República, no le resulta fácil deducir si lo que piensa hoy nuestro Comandante en Jefe, será lo mismo que pensará mañana y hasta cuándo lo sostendrá. Hace 2 ó 3 meses se reunió con el Presidente Uribe, inauguró con su colega colombiano el gasoducto que traerá gas a nuestro país desde Colombia, habló de la amistad y la fraternidad que los unía y de estar dando comienzo a la verdadera integración de Latinoamérica, del sueño de Simón Bolívar, que ambos jefes de Estado adelantaban. Elogios similares hizo del Presidente Uribe cuando éste lo nombró mediador de un posible canje humanitario de colombianos secuestrados por las FARC y de guerrilleros presos por el gobierno.
Del reconocimiento de esos extraordinarios méritos del Presidente de Colombia, pasó a la agresión verbal, a los insultos jamás oídos en un Jefe de Estado contra un colega suyo, cuando éste en ejercicio de un derecho soberano dio por terminada la mediación. Las relaciones diplomáticas y políticas con Colombia se han deteriorado a extremos tan peligrosos, que después de la declaración del Presidente en la que califica a las FARC y el ELN como fuerzas insurgentes y bolivarianas, pareciera que estamos al borde de una confrontación armada con el vecino y hermano país.
Y aunque el Comandante Chávez no cambie de parecer de inmediato, creo que la mayoría de los venezolanos y colombianos nos sumamos al manifiesto que encabezan Ramón J. Velásquez y Gabriel García Márquez.
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