Juan Páez Ávila
La revolución deportiva anunciada por Hugo Chávez al despedir nuestra delegación que viajaría a China a participar en las Olimpíadas de 2008, resultó ser una farsa más de esta tragicomedia de disparates y promesas insensatas, que durante diez años viene montando en el país el comandante del socialismo del siglo XXI, que además de identificarse con el fracasado socialismo autoritario del siglo XX, se ha mostrado absolutamente inferior a lo que fueron la Unión Soviética y Cuba en materia deportiva.
China se preparó para ganar las Olimpíadas, trazó una política deportiva masiva y altamente eficiente durante varios años, y logró el primer lugar en medallas de oro, aunque el segundo en la sumatoria de las preseas internacionales, ganada por los Estados Unidos, su único o más importante rival de hoy y de las futuras confrontaciones.
El lamentable papel de la delegación venezolana no es responsabilidad máxima de los deportistas, quienes hicieron los esfuerzos necesarios para darle a nuestro país un triunfo significativo, de acuerdo con las proporciones de número y calidad de los participantes. En Venezuela no ha habido una política deportiva orientada a preparar y disciplinar en todos los aspectos físicos, psicológicos y humanos en general que requieren los niños y los jóvenes que muestran vocación y aptitudes para diversas ramas del deporte, más la atención a las familias pobres de donde provienen la mayoría de los deportistas. Esto significa atención médica, vivienda higiénicamente habitable, buena alimentación, empleo permanente los padres, educación para todos y entrenamiento adecuado a las últimas técnicas universales.
Y sin embargo, eso no sería suficiente sin una infraestructura deportiva dotada de todas las herramientas modernas para la práctica de los niños y jóvenes que desde temprana edad se destacan en sus actividades. Pero en un país en el que existen barrios, urbanizaciones, escuelas, liceos y universidades sin canchas deportivas, nadie puede exigirle a sus muchachos que conquisten en el mundo deportivo, impulsados por discursos nacionalistas, así provengan del Comandante en Jefe.
Con las promesas demagógicas, que siempre las ha habido, sucede lo mismo. Decir que después del triste espectáculo que escenificamos en las Olimpíadas se va atender el deporte, requiere una nueva y verdadera política deportiva, que comprenda: una altísima inversión del Estado, más lo que pueda aportar la empresa privada en infraestructuras y atención al deportista; una dirección esencialmente deportiva, no sesgada políticamente para favorecer a un partido de gobierno, sino a todo el país.
Habría que comenzar a preparar a los mismos deportistas que participaron en las Olimpíadas celebradas en China y a miles de muchachos más, para que en el 2012 tengan una mejor figuración en las que se realizarán en Londres.
Juan Páez Ávila
miércoles, 22 de abril de 2009
miércoles, 15 de abril de 2009
LAS FARC Y LA PAZ EN COLOMBIA
Juan Páez Ávila
Después de más de 40 años de infructuosa y violenta búsqueda del poder mediante la lucha guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han perdido a varios de sus máximos comandantes y su capacidad ofensiva, lo cual las coloca al borde de una segura derrota, por lo que todo indica que el momento para evitar un mayor e inútil derramamiento de sangre, obliga a sus jefes actuales y a algunos organismos internacionales a transitar el camino de la negociación y la paz en la sociedad colombiana.
Confirmada por el Secretariado de las FARC la muerte de su primer Comandante, Manuel Marulanda, por razones obvias la lucha guerrillera en Colombia entra en una nueva y difícil etapa, caracterizada no sólo por lo que significa la pérdida de su máximo jefe, unificador de todas las tendencias y comandos que constituyen ese ejército irregular, que ha prolongado la violencia en el vecino país por varias décadas, sino también por la superioridad militar tecnológica que ha demostrado el ejército colombiano en sus últimos ataques a los campamentos de la guerrilla, dentro y fuera de sus fronteras, en lo que parece ser el avance de un cerco o asedio mortal que coloca a las FARC en una posición defensiva, refugiándose en la selva o traspasando los límites los separan de los países vecinos.
La discusión interna que obligatoriamente debe producirse en todos los comandos de las FARC, como sucedió en todos los frentes guerrilleros de América Latina después de la muerte del Ché Guevara en la selva boliviana, repercusión que al parecer había resistido la guerrilla colombiana, tendrá diversas consecuencias políticas, y no por cobardía producirá más deserciones que las conocidas hasta hoy, sino por evaluaciones objetivas de una nueva realidad que racionalmente los incline a buscar la paz, negociando con el gobierno de Uribe Vélez quien ha ofrecido garantías para el ejercicio libre de la política por medios legales.
El final de la violencia en Colombia podría estar más cerca de lo que piensan los más dogmáticos y fundamentalistas jefes guerrilleros, que abandonaron las principales banderas de la liberación nacional, de la construcción de una sociedad democrática con justicia social, para caer en el narcotráfico y en una guerra que viola todas los derechos humanos mediante el secuestro y asesinatos de inocentes trabajadores del campo que no se identifican con sus ideas y acciones criminales.
Y si Colombia logra entrar en una etapa de pacificación que avance inexorablemente hacia un acuerdo definitivo, que inserte a la mayoría de los actuales guerrilleros en la lucha democrática, América Latina puede evolucionar, con mayores posibilidades de éxito hacia una comunidad de naciones democráticas, que les permita superar el atraso económico, la dependencia de materias primas y la pobreza. Colombia y Venezuela también entrarían en paz y podrían actuar conjuntamente para impulsar la Unión de Naciones del Sur (UNASUR)
Después de más de 40 años de infructuosa y violenta búsqueda del poder mediante la lucha guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han perdido a varios de sus máximos comandantes y su capacidad ofensiva, lo cual las coloca al borde de una segura derrota, por lo que todo indica que el momento para evitar un mayor e inútil derramamiento de sangre, obliga a sus jefes actuales y a algunos organismos internacionales a transitar el camino de la negociación y la paz en la sociedad colombiana.
Confirmada por el Secretariado de las FARC la muerte de su primer Comandante, Manuel Marulanda, por razones obvias la lucha guerrillera en Colombia entra en una nueva y difícil etapa, caracterizada no sólo por lo que significa la pérdida de su máximo jefe, unificador de todas las tendencias y comandos que constituyen ese ejército irregular, que ha prolongado la violencia en el vecino país por varias décadas, sino también por la superioridad militar tecnológica que ha demostrado el ejército colombiano en sus últimos ataques a los campamentos de la guerrilla, dentro y fuera de sus fronteras, en lo que parece ser el avance de un cerco o asedio mortal que coloca a las FARC en una posición defensiva, refugiándose en la selva o traspasando los límites los separan de los países vecinos.
La discusión interna que obligatoriamente debe producirse en todos los comandos de las FARC, como sucedió en todos los frentes guerrilleros de América Latina después de la muerte del Ché Guevara en la selva boliviana, repercusión que al parecer había resistido la guerrilla colombiana, tendrá diversas consecuencias políticas, y no por cobardía producirá más deserciones que las conocidas hasta hoy, sino por evaluaciones objetivas de una nueva realidad que racionalmente los incline a buscar la paz, negociando con el gobierno de Uribe Vélez quien ha ofrecido garantías para el ejercicio libre de la política por medios legales.
El final de la violencia en Colombia podría estar más cerca de lo que piensan los más dogmáticos y fundamentalistas jefes guerrilleros, que abandonaron las principales banderas de la liberación nacional, de la construcción de una sociedad democrática con justicia social, para caer en el narcotráfico y en una guerra que viola todas los derechos humanos mediante el secuestro y asesinatos de inocentes trabajadores del campo que no se identifican con sus ideas y acciones criminales.
Y si Colombia logra entrar en una etapa de pacificación que avance inexorablemente hacia un acuerdo definitivo, que inserte a la mayoría de los actuales guerrilleros en la lucha democrática, América Latina puede evolucionar, con mayores posibilidades de éxito hacia una comunidad de naciones democráticas, que les permita superar el atraso económico, la dependencia de materias primas y la pobreza. Colombia y Venezuela también entrarían en paz y podrían actuar conjuntamente para impulsar la Unión de Naciones del Sur (UNASUR)
LA MUERTE DE JUAN MANUEL
Juan Manuel Carmona fue un venezolano integral que vivió de pie en defensa de sus ideas y principios, tanto como médico y editor y en especial como editorialista del periódico que tocó dirigir hasta el día que encontró la muerte accidental, inesperada e inmerecida en una carretera por la que trafican vehículos sin mayores controles mecánicos por parte de las autoridades correspondientes, según la primera versión del lamentable hecho.
Su muerte enluta a una familia ejemplar en el trabajo productivo y en el servicio público a la comunidad larense y venezolana en general. Amante de la libertad, participaba en la controversia política de nuestra época, con el coraje de los grandes venezolanos que teniendo mucho qué perder, Y sólo buscan el imperio de la pluralidad democrática, de la libertad de expresión y del debate civilizado.
En una Venezuela amenazada por el autoritarismo, Juan Manuel Carmona hizo oír su voz de empresario y ciudadano democrático a escala local en los editoriales de El Impulso, a nivel nacional e internacional en el Bloque de Prensa Venezolano y en la Sociedad Interamericana de Prensa.
Su muerte también enluta a la Venezuela democrática, tanto a la que compartió sus planteamientos e ideas como a los que lo adversaron, porque se podía diferir de lo que Juan Manuel Carmona expresaba en sus editoriales, pero como decía Voltaire a propósito de uno de sus adversarios, un demócrata podía dar la vida para lo que lo siguiera haciendo.
También expresamos solidaridad y condolencia con la familia del conductor Vilmar Díaz, quien tampoco merecía morir de esa manera cruel, trágica e injustificable. Y para nuestra colega periodista Carolina Briceño que esperamos su total recuperación y su vuelta al ejercicio -según García Márquez- de la mejor profesión del mundo.
JUAN PÁEZ ÁVILA
Su muerte enluta a una familia ejemplar en el trabajo productivo y en el servicio público a la comunidad larense y venezolana en general. Amante de la libertad, participaba en la controversia política de nuestra época, con el coraje de los grandes venezolanos que teniendo mucho qué perder, Y sólo buscan el imperio de la pluralidad democrática, de la libertad de expresión y del debate civilizado.
En una Venezuela amenazada por el autoritarismo, Juan Manuel Carmona hizo oír su voz de empresario y ciudadano democrático a escala local en los editoriales de El Impulso, a nivel nacional e internacional en el Bloque de Prensa Venezolano y en la Sociedad Interamericana de Prensa.
Su muerte también enluta a la Venezuela democrática, tanto a la que compartió sus planteamientos e ideas como a los que lo adversaron, porque se podía diferir de lo que Juan Manuel Carmona expresaba en sus editoriales, pero como decía Voltaire a propósito de uno de sus adversarios, un demócrata podía dar la vida para lo que lo siguiera haciendo.
También expresamos solidaridad y condolencia con la familia del conductor Vilmar Díaz, quien tampoco merecía morir de esa manera cruel, trágica e injustificable. Y para nuestra colega periodista Carolina Briceño que esperamos su total recuperación y su vuelta al ejercicio -según García Márquez- de la mejor profesión del mundo.
JUAN PÁEZ ÁVILA
LA MILITARIZACIÓN
Juan Páez Ávila
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
LA INTOLERANCIA PRESIDENCIAL
Juan Páez Ávila
La reacción intolerante del Presidente Chávez ante las palabras del Cardenal Castillo Lara en la homilía durante la misa para recibir la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto, en vez de desmentir con hechos la afirmación del alto prelado de Iglesia Católica de que su gobierno comienza a mostrar visos de dictadura, lo que hizo fue confirmar los temores o denuncia del ilustrísimo y ya retirado Cardenal.
La indignación del Comandante Chávez no es propia de un Jefe de Estado democrático, que está obligado a garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a expresar libremente su pensamiento, especialmente cuando no coincide con el suyo. Y aunque el Presidente también tiene derecho a rebatir la opinión de quienes le adversan, no puede descalificarlos acusándolos de desestabilizadores, porque queda al descubierto su carencia de argumentos y su tendencia autoritaria. ¿Cómo desmentir al Cardenal Castillo Lara amenazándolo con la cárcel que es el destino de todos los desestabilizadores, y la vocación de todos los regímenes dictatoriales?
El emplazamiento a la jerarquía de la Conferencia Episcopal para que desmienta al Cardenal Castillo Lara porque expresa una opinión personal como cualquier ciudadano venezolano en ejercicio de sus derechos constitucionales, envuelve otra amenaza contra toda la Iglesia, que ha dado recientes demostraciones de estar dispuesta a dialogar y a ser puente entre gobierno y oposición para evitar una mayor polarización política.
Y si el Cardenal Castillo Lara puede ser censurado por utilizar un acto de fe cristiana de venezolanos de distintos credos políticos ¿qué decir del Alcalde de la ciudad que la llenó de pancartas con su imagen, especialmente a lo largo de la avenida por donde pasaba la manifestación religiosa, alusivas a su gestión política?
El Presidente Chávez, en su última alocución, también le dio la razón al Cardenal Castillo Lara, cuando expresó su intención -si pudiera- de fusilar a algunos corruptos, a quienes sólo debe aplicarles la ley y llevarlos a la cárcel, aunque tenga que construir muchas más.
La reacción intolerante del Presidente Chávez ante las palabras del Cardenal Castillo Lara en la homilía durante la misa para recibir la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto, en vez de desmentir con hechos la afirmación del alto prelado de Iglesia Católica de que su gobierno comienza a mostrar visos de dictadura, lo que hizo fue confirmar los temores o denuncia del ilustrísimo y ya retirado Cardenal.
La indignación del Comandante Chávez no es propia de un Jefe de Estado democrático, que está obligado a garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a expresar libremente su pensamiento, especialmente cuando no coincide con el suyo. Y aunque el Presidente también tiene derecho a rebatir la opinión de quienes le adversan, no puede descalificarlos acusándolos de desestabilizadores, porque queda al descubierto su carencia de argumentos y su tendencia autoritaria. ¿Cómo desmentir al Cardenal Castillo Lara amenazándolo con la cárcel que es el destino de todos los desestabilizadores, y la vocación de todos los regímenes dictatoriales?
El emplazamiento a la jerarquía de la Conferencia Episcopal para que desmienta al Cardenal Castillo Lara porque expresa una opinión personal como cualquier ciudadano venezolano en ejercicio de sus derechos constitucionales, envuelve otra amenaza contra toda la Iglesia, que ha dado recientes demostraciones de estar dispuesta a dialogar y a ser puente entre gobierno y oposición para evitar una mayor polarización política.
Y si el Cardenal Castillo Lara puede ser censurado por utilizar un acto de fe cristiana de venezolanos de distintos credos políticos ¿qué decir del Alcalde de la ciudad que la llenó de pancartas con su imagen, especialmente a lo largo de la avenida por donde pasaba la manifestación religiosa, alusivas a su gestión política?
El Presidente Chávez, en su última alocución, también le dio la razón al Cardenal Castillo Lara, cuando expresó su intención -si pudiera- de fusilar a algunos corruptos, a quienes sólo debe aplicarles la ley y llevarlos a la cárcel, aunque tenga que construir muchas más.
LA INSEGURIDAD
Juan Páez Ávila
La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la descomposición de los cuerpos policiales.
Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente de la República solicitó públicamente la renuncia de aquellas autoridades que se sintieran incapaces de cumplir con sus respectivas funciones de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de que por primera vez se haya ocupado de este problema en sus alocuciones dominicales, revela que el país ha entrado en una espiral relativamente incontrolable y caótica.
La política de seguridad ha sido enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al proponer la creación de una policía nacional, sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada servirá una nueva policía nacional. Por lo contrario, esa policía puede ser una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de la mayoría de los cuerpos policiales.
Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la descomposición de los cuerpos policiales.
Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente de la República solicitó públicamente la renuncia de aquellas autoridades que se sintieran incapaces de cumplir con sus respectivas funciones de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de que por primera vez se haya ocupado de este problema en sus alocuciones dominicales, revela que el país ha entrado en una espiral relativamente incontrolable y caótica.
La política de seguridad ha sido enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al proponer la creación de una policía nacional, sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada servirá una nueva policía nacional. Por lo contrario, esa policía puede ser una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de la mayoría de los cuerpos policiales.
Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
HEGEMONÍA COMUNICACIONAL
Juan Páez Ávila
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible el amparo constitucional solicitado por RCTV contra la negativa del Poder Ejecutivo de renovarle la concesión para seguir operando como un medio de comunicación privado e independiente, tiende a consolidar la política de hegemonía comunicacional del gobierno cuyas consecuencias políticas tendrán repercusión nacional e internacional.
La decisión del TSJ, aunque trata de justificarla jurídicamente, tendrá claros efectos políticos sin descartar que los interesados apelan a otras instancias jurídicas en el país, lo que les permitirá acudir a organismos internacionales en concordancias con acuerdos firmados por Venezuela y que son de obligatorio cumplimiento, salvo que el Gobierno del Presidente Chávez decida violarlos y retirarse de dichos organismos.
Si no hay una solución en los tribunales venezolanos el caso no se cerrará jurídica ni políticamente, porque la no renovación de la concesión a RCTV no es una simple medida administrativa de CONATEL, sino una resolución política con el evidente objetivo de lograr la hegemonía comunicacional para controlar la opinión de la sociedad venezolana y amedrentar a otros medios y a periodistas que no comparten las políticas gubernamentales. De allí que el enfrentamiento tenderá a agudizarse en los próximos días y meses, porque un importante sector de la sociedad se ve afectada con el cierre de RCTV; el 80% de los encuestados, que incluye a chavistas y no chavistas, rechazan que el gobierno le ponga un cerrojo a la más antigua planta televisora del país, con cuya programación en general se sienten identificados.
Como muchas de las políticas del Presidente de la República, la no renovación de la concesión a RCTV fue tomada en un acto militar, como para dar la sensación de que el Comandante en Jefe tiene todo el poder necesario para ordenar que se haga lo que su voluntad decide. Posiblemente no consultó, porque no tiene a quién o por subestimación a sus colaboradores, y la medida ya tiene un alto costo político al ser rechazada por un importante porcentaje de sus simpatizantes. Lo que viene no es fácil de predecir, pero si las protestas se mantienen en la calle y en los medios el costo le será mayor y la crisis política se agravará.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible el amparo constitucional solicitado por RCTV contra la negativa del Poder Ejecutivo de renovarle la concesión para seguir operando como un medio de comunicación privado e independiente, tiende a consolidar la política de hegemonía comunicacional del gobierno cuyas consecuencias políticas tendrán repercusión nacional e internacional.
La decisión del TSJ, aunque trata de justificarla jurídicamente, tendrá claros efectos políticos sin descartar que los interesados apelan a otras instancias jurídicas en el país, lo que les permitirá acudir a organismos internacionales en concordancias con acuerdos firmados por Venezuela y que son de obligatorio cumplimiento, salvo que el Gobierno del Presidente Chávez decida violarlos y retirarse de dichos organismos.
Si no hay una solución en los tribunales venezolanos el caso no se cerrará jurídica ni políticamente, porque la no renovación de la concesión a RCTV no es una simple medida administrativa de CONATEL, sino una resolución política con el evidente objetivo de lograr la hegemonía comunicacional para controlar la opinión de la sociedad venezolana y amedrentar a otros medios y a periodistas que no comparten las políticas gubernamentales. De allí que el enfrentamiento tenderá a agudizarse en los próximos días y meses, porque un importante sector de la sociedad se ve afectada con el cierre de RCTV; el 80% de los encuestados, que incluye a chavistas y no chavistas, rechazan que el gobierno le ponga un cerrojo a la más antigua planta televisora del país, con cuya programación en general se sienten identificados.
Como muchas de las políticas del Presidente de la República, la no renovación de la concesión a RCTV fue tomada en un acto militar, como para dar la sensación de que el Comandante en Jefe tiene todo el poder necesario para ordenar que se haga lo que su voluntad decide. Posiblemente no consultó, porque no tiene a quién o por subestimación a sus colaboradores, y la medida ya tiene un alto costo político al ser rechazada por un importante porcentaje de sus simpatizantes. Lo que viene no es fácil de predecir, pero si las protestas se mantienen en la calle y en los medios el costo le será mayor y la crisis política se agravará.
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