Juan Páez Ávila
La tendencia de un elevado porcentaje del electorado a no concurrir a votar por desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, es fácil de explicar por la abierta parcialización de la mayoría de ese organismo con el gobierno, pero hasta ahora sólo ha servido para facilitarle el triunfo al oficialismo. Quedarse en la casa el día de las elecciones no demuestra una actitud de conciencia ciudadana, ni justifica la menor protesta por los resultados electorales, aunque éstos sean fraudulentos.
Acudir a votar no sólo es el ejercicio de un derecho constitucional, sino también la revelación de una firme disposición de ratificar la conciencia democrática de la mayoría de los venezolanos y la única manera de estimular la lucha por la consolidación del Estado de Derecho. La mayoría de las naciones democráticas y desarrolladas del mundo han atravesado coyunturas o momentos críticos muy parecidos a los que vive Venezuela, y sólo han encontrado en la participación activa en los procesos electorales, la forma más eficaz de cambiar la violencia oficial por un régimen de libertades públicas.
Derrotar la abstención es un deber del ciudadano democrático, que aspira vivir en un sistema de respeto a los derechos humanos, de propiedad privada en función social y de libertad de expresión del pensamiento de todos los integrantes de la nación. La sociedad civil, que ha adquirido un alto grado de conciencia democrática, está en capacidad de darle un giro, un cambio histórico al militarismo fascista que el gobierno trata de imponer a los venezolanos.
La participación masiva y la disposición a defender el voto es un recurso constitucional que la sociedad civil puede poner en manos de la oposición unida, un poderoso instrumento para denunciar cualquier intento fraudulento del oficialismo y reclamar el respeto a la voluntad de la mayoría que aspira vivir en libertad y abrirle un camino de bienestar a los marginados de hoy a las generaciones futuras.
Después de alcanzado el objetivo de la unidad de la oposición, la gran responsabilidad para lograr el éxito en las elecciones del 4 de diciembre del 2005 y la subsiguiente del 2006, queda en manos de la sociedad civil, de cuyo entusiasmo en la participación depende el triunfo y la capacidad de defenderlo.
Juan Páez Ávila
viernes, 6 de marzo de 2009
INSEGURIDAD Y DESARME
Juan Páez Ávila
El toque de queda que imponen los malandros desde las primeras horas de la noche hasta el amanecer, contra la mayor parte de la población que no posee armas ni guardaespaldas, especialmente en los barrios más humildes de las principales ciudades del país, tiene en la corrupción de algunos sectores policiales y judiciales sus mejores aliados, sin descartar que el desempleo y el hambre impulsen a muchos jóvenes a delinquir.
Muchos policías honestos y conocidos por los vecinos, se quejan de la impunidad de que gozan los delincuentes que ellos detienen y a los pocos días son liberados por jueces venales. De allí que la depuración de las policías y del Poder Judicial anunciada por altos funcionarios gubernamentales, tiene que realizarse con urgencia y sin retaliaciones políticas contra quienes hayan podido ingresar antes del ascenso al poder del Presidente Chávez.
La profesionalización, unida a la asignación de altos sueldos del policía y del juez, ha sido fundamental en aquellos países en los cuales se ha logrado reducir los niveles de la delincuencia. Y si acudimos a la experiencia mundial hay que despolitizar la policía y la judicatura, para que éstas no sean utilizadas por intereses partidistas y hasta personales. Lo que quiere decir que para mejorar la seguridad del ciudadano, no se les pueden entregar armas a personas de confianza de los jefes policiales, sin la debida preparación para cumplir con sus funciones de servicio público a la sociedad; ni se deben nombrar jueces sin calificación profesional.
En la Venezuela de nuestro tiempo se ha agudizado la violencia entre grupos juveniles y no tan jóvenes, con saldo de miles de muertos por año, no sólo por ajuste de cuentas entre delincuentes, sino también por la facilidad para comprar y hasta alquilar armas a funcionarios corrompidos. Y si a todos estos factores sociales, políticos y morales que corroen la sociedad venezolana, se une la entrega de armas a militantes del partido de gobierno, sin mayores controles por los órganos competentes, podríamos estar al borde de la anarquía de la violencia, que sólo un desarme total de la población civil podría subsanar.
El toque de queda que imponen los malandros desde las primeras horas de la noche hasta el amanecer, contra la mayor parte de la población que no posee armas ni guardaespaldas, especialmente en los barrios más humildes de las principales ciudades del país, tiene en la corrupción de algunos sectores policiales y judiciales sus mejores aliados, sin descartar que el desempleo y el hambre impulsen a muchos jóvenes a delinquir.
Muchos policías honestos y conocidos por los vecinos, se quejan de la impunidad de que gozan los delincuentes que ellos detienen y a los pocos días son liberados por jueces venales. De allí que la depuración de las policías y del Poder Judicial anunciada por altos funcionarios gubernamentales, tiene que realizarse con urgencia y sin retaliaciones políticas contra quienes hayan podido ingresar antes del ascenso al poder del Presidente Chávez.
La profesionalización, unida a la asignación de altos sueldos del policía y del juez, ha sido fundamental en aquellos países en los cuales se ha logrado reducir los niveles de la delincuencia. Y si acudimos a la experiencia mundial hay que despolitizar la policía y la judicatura, para que éstas no sean utilizadas por intereses partidistas y hasta personales. Lo que quiere decir que para mejorar la seguridad del ciudadano, no se les pueden entregar armas a personas de confianza de los jefes policiales, sin la debida preparación para cumplir con sus funciones de servicio público a la sociedad; ni se deben nombrar jueces sin calificación profesional.
En la Venezuela de nuestro tiempo se ha agudizado la violencia entre grupos juveniles y no tan jóvenes, con saldo de miles de muertos por año, no sólo por ajuste de cuentas entre delincuentes, sino también por la facilidad para comprar y hasta alquilar armas a funcionarios corrompidos. Y si a todos estos factores sociales, políticos y morales que corroen la sociedad venezolana, se une la entrega de armas a militantes del partido de gobierno, sin mayores controles por los órganos competentes, podríamos estar al borde de la anarquía de la violencia, que sólo un desarme total de la población civil podría subsanar.
INHABILITACIONES Y HABILITANTES
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
Juan Páez Ávila
Las inhabilitaciones a centenares de candidatos de la oposición para optar a gobernaciones y alcaldías en las elecciones del próximo 23 de noviembre, sumadas a la aprobación de 26 decretos leyes por parte del Presidente de la República en ejercicio de la Ley Habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional, se han convertido en los más contundentes argumentos esgrimidos por la oposición para alertar al país y llamarlo a combatir y sufragar contra los candidatos oficiales, para evitar que Chávez imponga impunemente la reforma constitucional rechazada por la mayoría de los venezolanos.
La confabulación de los poderes públicos dirigidos desde Miraflores dejo absolutamente claro la decisión del Comandante Chávez de utilizar todos los recursos a su alcance para imponer un régimen autocrático y militarista en abierta violación a la Carta Magna aprobada en 1999. Pero los cálculos del Presidente no parecen los más acertados. La conciencia democrática de los venezolanos indica que la resistencia será total, firme y de mayor madurez para no pisar el peine de la provocación que le han tendido los poderes públicos dependientes del Comandante en Jefe. Las protestas continuarán sin perder el objetivo de las elecciones del 23 de noviembre, en las que los candidatos escogidos a dedo por Chávez en los estados y municipios más importantes de Venezuela serán derrotados,
Las inhabilitaciones como los decretos leyes violatorios de la Constitución Nacional han provocado incluso el rechazo de la comunidad democrática internacional, lo cual ha contribuido a profundizar el aislamiento del gobierno nacional y como consecuencia de ello un mayor debilitamiento interno, donde se decidirá definitivamente el destino de la Venezuela de hoy.
El desafío del Comandante Chávez a la sociedad democrática no será evadido en momentos coyunturales de gran significación para el país. La oposición unida en la mayoría de los estados y municipios, más el nuevo liderazgo que han comenzado emerger y a posicionarse en los sectores mayoritarios, no le permitirán que asuma fácilmente un régimen dictatorial.
La sociedad democrática debe acudir a todas las instancias legales nacionales e internacionales para dejar constancia del peligro que se cierne sobre nuestro país si se tolera la violación de la Carta Democrática Interamericana y de los derechos humanos en general. Pero el reto definitivo lo tiene que afrontar la sociedad democrática en nuestras propias frontera, hay que oponerle un muro de contención al autoritarismo de Hugo Chávez, propinándole una importante derrota a sus candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones del 23 de noviembre. La derrota del centralismo que representan algunos candidatos incondicionales de Chávez cambiará el cuadro político del país por la vía electoral y pacífica, y facilitará la lucha por la descentralización y el perfeccionamiento de la democratización de la sociedad.
domingo, 1 de marzo de 2009
INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Juan Páez Ávila
El ingreso a la educación superior ha sido un tema de discusión recurrente entre educadores con concepciones diferentes acerca del papel que deben desempeñar las universidades y en cuanto a las condiciones que deben llenar los estudiantes para un desempeño exitoso a lo largo de su carrera y posterior ejercicio profesional, y quienes consideran que es un derecho de todo aquel que egresa de la educación secundaria, sin determinar con precisión pedagógica cuáles son sus posibilidades reales de alcanzar lo que puede ser un sueño realizable o descaminado. La experiencia universal indica que imponerle a las universidades el ingreso indiscriminado de estudiantes, son éstos quienes al final pueden sufrir las consecuencias negativas de una política educativa equivocada, si no tienen vocación y aptitudes para el dominio de la carrera escogida, porque seguramente no aprobarán la mayoría de las asignaturas correspondientes.
Si se quiere beneficiar a los estudiantes, a las universidades y al país, la política de ingreso a la educación superior debería encontrar consenso entre quienes tienen la responsabilidad de formar mejores profesionales y científicos, consolidar universidades de excelencia y dotar a la nación de una planta humana de expertos en diferentes ramas del conocimiento que impulsan el progreso del mundo contemporáneo.
Obligar a las universidades a aceptar en cualquier carrera a los pobres porque son pobres y rechazar a los ricos porque son ricos, más que un error en la política educativa es una solemne demostración de ignorancia en torno a lo que ha pasado en Venezuela y en todas partes del mundo en ese aspecto. Muchos hijos de la pobreza se han erigido en grandes investigadores, científicos y promotores de riqueza, cuando han recibido una adecuada orientación en sus estudios. Y muchos ricos se han arruinado o han multiplicado su riqueza de acuerdo con la acertada o equivocada orientación y preparación que hayan podido recibir.
Y algo tanto o más importante, muchas universidades se han convertido en instituciones de excelencia de acuerdo a la calidad de sus docentes e investigadores y al tipo de profesional que gradúan. Otras vegetan en la improvisación y la masificación. Y finalmente, muchos países pobres han salido del atraso, por el alto nivel de conocimiento de sus científicos, técnicos y humanistas.
El ingreso a la educación superior ha sido un tema de discusión recurrente entre educadores con concepciones diferentes acerca del papel que deben desempeñar las universidades y en cuanto a las condiciones que deben llenar los estudiantes para un desempeño exitoso a lo largo de su carrera y posterior ejercicio profesional, y quienes consideran que es un derecho de todo aquel que egresa de la educación secundaria, sin determinar con precisión pedagógica cuáles son sus posibilidades reales de alcanzar lo que puede ser un sueño realizable o descaminado. La experiencia universal indica que imponerle a las universidades el ingreso indiscriminado de estudiantes, son éstos quienes al final pueden sufrir las consecuencias negativas de una política educativa equivocada, si no tienen vocación y aptitudes para el dominio de la carrera escogida, porque seguramente no aprobarán la mayoría de las asignaturas correspondientes.
Si se quiere beneficiar a los estudiantes, a las universidades y al país, la política de ingreso a la educación superior debería encontrar consenso entre quienes tienen la responsabilidad de formar mejores profesionales y científicos, consolidar universidades de excelencia y dotar a la nación de una planta humana de expertos en diferentes ramas del conocimiento que impulsan el progreso del mundo contemporáneo.
Obligar a las universidades a aceptar en cualquier carrera a los pobres porque son pobres y rechazar a los ricos porque son ricos, más que un error en la política educativa es una solemne demostración de ignorancia en torno a lo que ha pasado en Venezuela y en todas partes del mundo en ese aspecto. Muchos hijos de la pobreza se han erigido en grandes investigadores, científicos y promotores de riqueza, cuando han recibido una adecuada orientación en sus estudios. Y muchos ricos se han arruinado o han multiplicado su riqueza de acuerdo con la acertada o equivocada orientación y preparación que hayan podido recibir.
Y algo tanto o más importante, muchas universidades se han convertido en instituciones de excelencia de acuerdo a la calidad de sus docentes e investigadores y al tipo de profesional que gradúan. Otras vegetan en la improvisación y la masificación. Y finalmente, muchos países pobres han salido del atraso, por el alto nivel de conocimiento de sus científicos, técnicos y humanistas.
INFLACION Y DESESTABILIZACION
Juan Páez Ávila
En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación entraron en un período irreversible de desestabilización, hasta la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.
Como no ha ocurrido en ninguna otra elección anterior en Venezuela, en un año electoral la inflación golpea fuertemente el estómago de la mayoría de los pobres y de la clase media del país, que en noviembre concurrirá a sufragar por los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos propuestos por el PSUV y por la unidad de la oposición democrática. En tales circunstancias no es exagerado prever que esa mayoría le propine una contundente derrota a los candidatos oficialistas en las más importantes ciudades del país, donde se concentra no sólo la mayor población electoral sino también la más elevada conciencia política y combatividad de los venezolanos, expresada en protestas diarias en las calles de Caracas y otras ciudades, reclamando por promesas incumplidas por el gobierno.
El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que pueda tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, con la excepción de las importaciones subsidiadas por los mercales y que sin embargo no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.
Y como la única alternativa frente a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal en el campo para los productores, el gobierno se equivocó al declarar como latifundios a las fincas de mayor rentabilidad y las hizo invadir por campesinos y algunos desempleados llevado desde las ciudades, en nombre de una revolución agraria que ha provocado menos producción y mayor inflación.
De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares. El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.
El régimen chavista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que se apresta a cobrar, por la vía democrática, el 23 de noviembre, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.
Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en una década de imitación, más que de experimento chavista del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso, ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.
En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación entraron en un período irreversible de desestabilización, hasta la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.
Como no ha ocurrido en ninguna otra elección anterior en Venezuela, en un año electoral la inflación golpea fuertemente el estómago de la mayoría de los pobres y de la clase media del país, que en noviembre concurrirá a sufragar por los candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos propuestos por el PSUV y por la unidad de la oposición democrática. En tales circunstancias no es exagerado prever que esa mayoría le propine una contundente derrota a los candidatos oficialistas en las más importantes ciudades del país, donde se concentra no sólo la mayor población electoral sino también la más elevada conciencia política y combatividad de los venezolanos, expresada en protestas diarias en las calles de Caracas y otras ciudades, reclamando por promesas incumplidas por el gobierno.
El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que pueda tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, con la excepción de las importaciones subsidiadas por los mercales y que sin embargo no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.
Y como la única alternativa frente a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal en el campo para los productores, el gobierno se equivocó al declarar como latifundios a las fincas de mayor rentabilidad y las hizo invadir por campesinos y algunos desempleados llevado desde las ciudades, en nombre de una revolución agraria que ha provocado menos producción y mayor inflación.
De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares. El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.
El régimen chavista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que se apresta a cobrar, por la vía democrática, el 23 de noviembre, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado.
Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en una década de imitación, más que de experimento chavista del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso, ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.
INEFICIENCIA
Juan Páez Ávila
La ineficiencia del equipo de gobierno denunciada por el propio Presidente de la República en su último programa dominical, no sólo evidencia el fracaso de muchos de sus más altos colaboradores sino también lo equivocado de sus políticas sociales y económicas, basadas concepciones teóricas que ponen de lado la experiencia práctica que ha llevado a la quiebra a varias economías del globo.
El más claro ejemplo es el de la vivienda a cuyos programas de construcción ha ordenado invertir miles de millones de bolívares, con resultados inferiores en calidad y cantidad a los de la denostada IV república. En más de 6 años de gobierno sólo han podido construir unas 100 mil viviendas, cantidad que fue y puede ser construida en un año, si se emplean tecnologías avanzadas que hacen posible una masiva producción de apartamentos o casas en pocos meses. Pero empeñarse en la autoconstrucción y en el empleo de cooperativas –que tienen un indudable papel complementario en otras áreas de la actividad económica y social- conduce al fracaso a todo al que ponga al frente de esos programas. Es por eso que los cambios de ministros no producen resultados diferentes, ni que el Presidente los regañe en público, ni que él mismo vaya a pegar bloques a los barrios y obligue a sus más altos funcionarios a hacerlo. Le sucederá lo mismo que pasó en Cuba cuando en la euforia de la revolución, el Comandante Fidel Castro llamó a cortar caña de azúcar a decenas de miles de maestros, profesores universitarios, estudiantes y empleados públicos, quienes no sabían cómo se agarra el machete, rendían menos que un obrero especializado y algunos seguían cobrando altos sueldos. El fracaso fue total.
Igual o peor ha pasado en PDVSA, nuestra principal industria, en la que después de despedir a unos 18 mil trabajadores especializados, incorporaron personal de confianza, pero improvisados muchos de ellos, para manejar una empresa de alta tecnología y gran complejidad. Con esa política de personal y reduciendo o eliminando las inversiones requeridas para mantener los pozos y reponer el petróleo explotado, extrayéndole todo el dinero posible para gastos públicos, PDVSA no ido a la quiebra por los altos precios del petróleo y por las inversiones que han hecho las transnacionales que ganaron licitaciones en los proyectos de la Apertura Petrolera, para producir más de 1 millón de barrios diarios de petróleo.
La ineficiencia del equipo de gobierno denunciada por el propio Presidente de la República en su último programa dominical, no sólo evidencia el fracaso de muchos de sus más altos colaboradores sino también lo equivocado de sus políticas sociales y económicas, basadas concepciones teóricas que ponen de lado la experiencia práctica que ha llevado a la quiebra a varias economías del globo.
El más claro ejemplo es el de la vivienda a cuyos programas de construcción ha ordenado invertir miles de millones de bolívares, con resultados inferiores en calidad y cantidad a los de la denostada IV república. En más de 6 años de gobierno sólo han podido construir unas 100 mil viviendas, cantidad que fue y puede ser construida en un año, si se emplean tecnologías avanzadas que hacen posible una masiva producción de apartamentos o casas en pocos meses. Pero empeñarse en la autoconstrucción y en el empleo de cooperativas –que tienen un indudable papel complementario en otras áreas de la actividad económica y social- conduce al fracaso a todo al que ponga al frente de esos programas. Es por eso que los cambios de ministros no producen resultados diferentes, ni que el Presidente los regañe en público, ni que él mismo vaya a pegar bloques a los barrios y obligue a sus más altos funcionarios a hacerlo. Le sucederá lo mismo que pasó en Cuba cuando en la euforia de la revolución, el Comandante Fidel Castro llamó a cortar caña de azúcar a decenas de miles de maestros, profesores universitarios, estudiantes y empleados públicos, quienes no sabían cómo se agarra el machete, rendían menos que un obrero especializado y algunos seguían cobrando altos sueldos. El fracaso fue total.
Igual o peor ha pasado en PDVSA, nuestra principal industria, en la que después de despedir a unos 18 mil trabajadores especializados, incorporaron personal de confianza, pero improvisados muchos de ellos, para manejar una empresa de alta tecnología y gran complejidad. Con esa política de personal y reduciendo o eliminando las inversiones requeridas para mantener los pozos y reponer el petróleo explotado, extrayéndole todo el dinero posible para gastos públicos, PDVSA no ido a la quiebra por los altos precios del petróleo y por las inversiones que han hecho las transnacionales que ganaron licitaciones en los proyectos de la Apertura Petrolera, para producir más de 1 millón de barrios diarios de petróleo.
II CUMBRE SURAMERICANA
Juan Páez Ávila
Reunida en Cochabamba, República de Bolivia, La II Cumbre Suramericana reveló por boca de sus principales mandatarios que asistieron a dicho cónclave, que estamos muy lejos de avanzar hacia lo que fue el gran sueño de Simón Bolívar, de progresar hacia la construcción de la Gran Patria de esta parte del mundo. Las contradicciones entre las políticas de varios jefes de Estado y el choque de intereses como los que han aflorado entre Argentina y Uruguay por la construcción de una empresa de papel en la frontera de ambos países, pospone por tiempo indefinido la Integración Suramericana, como consecuencia de la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR.
Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, el Presidente Chávez no sólo le propinó un severo golpe con el retiro de Venezuela de la misma, sino que igualmente entró en contradicción con el pensamiento bolivariano, en el que dice inspirarse para su revolución, y que es más factible de integrar por la complementación de nuestras economías. Su presencia en la CAN lo colocaría más cerca de la posibilidad de impulsar la obra inconclusa del Libertador Simón Bolívar, que su desmesurada ambición de liderar el MERCOSUR. Y lo más grave es que además de retirarse, rechaza la invitación de su pupilo el Presidente boliviano, Evo Morales, a que se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones, desde donde podrían trabajar juntos por la integración con MERCOSUR, que sellaría la Integración Suramericana con la incorporación de Surinam y Guyana.
Y por si estas contradicciones no bastaran para concluir que la Integración Suramericana está lejos de consolidarse o avanzar con cierta regularidad, países como Chile se han beneficiado con la globalización, Perú y Colombia son partidarios de firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, mientras Venezuela se opone radicalmente, no obstante exportar más de 1 millón barriles diarios a ese país y tener una balanza de pagos favorable. Lula, hasta hoy, no parece estar en condiciones de asumir el liderazgo, y Chávez, que sí lo intenta, no lo podrá lograr con la sola chequera de petrodólares, si no es capaz de comprender y conciliar los intereses en juego en una economía globalizada, que va más allá de los límites suramericanos.
Reunida en Cochabamba, República de Bolivia, La II Cumbre Suramericana reveló por boca de sus principales mandatarios que asistieron a dicho cónclave, que estamos muy lejos de avanzar hacia lo que fue el gran sueño de Simón Bolívar, de progresar hacia la construcción de la Gran Patria de esta parte del mundo. Las contradicciones entre las políticas de varios jefes de Estado y el choque de intereses como los que han aflorado entre Argentina y Uruguay por la construcción de una empresa de papel en la frontera de ambos países, pospone por tiempo indefinido la Integración Suramericana, como consecuencia de la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR.
Con respecto a la Comunidad Andina de Naciones, el Presidente Chávez no sólo le propinó un severo golpe con el retiro de Venezuela de la misma, sino que igualmente entró en contradicción con el pensamiento bolivariano, en el que dice inspirarse para su revolución, y que es más factible de integrar por la complementación de nuestras economías. Su presencia en la CAN lo colocaría más cerca de la posibilidad de impulsar la obra inconclusa del Libertador Simón Bolívar, que su desmesurada ambición de liderar el MERCOSUR. Y lo más grave es que además de retirarse, rechaza la invitación de su pupilo el Presidente boliviano, Evo Morales, a que se reincorpore a la Comunidad Andina de Naciones, desde donde podrían trabajar juntos por la integración con MERCOSUR, que sellaría la Integración Suramericana con la incorporación de Surinam y Guyana.
Y por si estas contradicciones no bastaran para concluir que la Integración Suramericana está lejos de consolidarse o avanzar con cierta regularidad, países como Chile se han beneficiado con la globalización, Perú y Colombia son partidarios de firmar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, mientras Venezuela se opone radicalmente, no obstante exportar más de 1 millón barriles diarios a ese país y tener una balanza de pagos favorable. Lula, hasta hoy, no parece estar en condiciones de asumir el liderazgo, y Chávez, que sí lo intenta, no lo podrá lograr con la sola chequera de petrodólares, si no es capaz de comprender y conciliar los intereses en juego en una economía globalizada, que va más allá de los límites suramericanos.
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