Juan Páez Ávila
Conocí a Gustavo Carmona como la mayoría de los larenses, cuando comenzó a ejercer funciones de Director de este diario y pude valorar sus excepcionales condiciones de periodista que no sólo contribuyó a modernizar El Impulso, sino que también lo consolidó como un medio de comunicación al servicio de la sociedad centro occidental. Y como la mayoría de los larenses he lamentado y lamentaré siempre su desaparición física, no sólo porque hemos perdido un baluarte del periodismo moderno y democrático, sino también porque en lo personal fuimos entrañables amigos, y extrañaré, como lo pude experimentar a lo largo de su dolorosa convalecencia, no poder dialogar con él sobre aspectos fundamentales del periodismo, la política regional y nacional y acerca de todo lo que la vida misma le depara en común a los seres humanos compenetrados con su tiempo.
Nuestros diálogos tuvieron como principal escenario la sede del Congreso de la República, en el que Gustavo representaba al Estado Lara en la Cámara de Diputados y yo en el Senado. Los temas siempre tuvieron relacionados con los problemas económicos, sociales y políticos de nuestra región y con el país en general. Esos diálogos me permitieron conocer un hombre profundamente larense, preocupado por el desarrollo y bienestar de la sociedad de nuestra región, lo cual nos identificó con la labor que deberíamos realizar como parlamentarios, aún cuando como independientes habíamos sido electos en planchas diferentes, cuyos partidos tenían concepciones distintas en lo ideológico. Y aunque Copey y el MAS coincidieron en la defensa de los intereses económicos y sociales de los habitantes del Estado Lara, tal vez nuestra condición de independientes nos permitió abordar con mayor cercanía y reciprocidad el tratamiento que le deberíamos dar a esos problemas de la región. Yo los expuse en los debates de la Cámara del Senado, como articulista de El Impulso y entrevistado en sus páginas informativas. Gustavo, más ganado por el periodismo, los reflejaba en el periódico que dirigía magistralmente. La semana siguiente volvíamos a tratar la problemática de nuestro Estado, que en extensión era la misma de todo el país, y le dábamos el mismo tratamiento.
De esa mutua preocupación, que me llevó conocer a un gran ciudadano, surgió entre nosotros una gran amistad, lo que a su vez me permitió constatar la existencia de un ser venezolano, larense, de extraordinarias condiciones humanas, sincero y generoso en la relación amistosa, sin dejar de ser vertical en sus ideas y principios. Nuestras convicciones democráticas, respetuosas de la diversidad de pensamiento, nos acercaron en lo humano y estoy seguro que ambos arribamos a las mismas conclusiones: en Venezuela se puede convivir en paz, sin falsas posturas, tratando de contribuir, desde trincheras diferentes, con el progreso y bienestar de sus habitantes.
He expresado en privado, y hoy lo hago en público, mi solidaridad con su familia, a la que conocí a través de Gustavo y a la que he aprendido a valorar por su dedicación al trabajo útil y productivo, en beneficio de sus integrantes, de los larenses y de toda Venezuela. Paz a los restos de Gustavo, cuyo paso por esta vida dejó huellas sociales y humanas que no lo dejarán morir espiritualmente, por mucho tiempo, mientras su familia y quienes le conocimos y lo despedimos en su féretro, vivamos con la decisión inquebrantable de continuar luchando por los ideales democráticos que compartimos y con la sinceridad vital que a él lo caracterizó.
Juan Páez Ávila
domingo, 1 de marzo de 2009
GLOBOVISION
Juan Páez Ávila
Si el cierre de RCTV, contra la voluntad de más del 80% de los encuestados, generó como consecuencia el surgimiento de un poderoso movimiento estudiantil como nuevo actor en la política nacional, si se materializa la amenaza del Presidente de la República de cerrar GLOBOVISIÓN por supuestas violaciones a la Constitución Bolivariana, para lo cual cuenta con un Poder Judicial bajo su mando, los efectos son sin duda imprevisibles, pero es de elemental sentido común inferir que aumentará la oposición a la tendencia autoritaria del Jefe del Estado.
Y aunque la frase intimidatoria la pronunció en un discurso frente a una concentración de sus partidarios, llevados en autobuses la mayoría y no voluntarios que descendieran de los cerros de Petare y Catia tal como Comandante en Jefe les pidiera u ordenara para que bajaran a defender el ¨ Socialismo del siglo XXI ¨ ante el peligro de las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, su creencia de que es el único que puede gobernar el país hasta el 2021 o más allá, puede irla apartando de sus planes personalistas y militaristas.
Las últimas manifestaciones de protesta contra el cierre de RCTV y por la libertad de expresión ratifican la voluntad pacífica de la inmensa mayoría de la oposición, y a las cuales vienen a sumarse las protagonizadas por los estudiantes a lo largo de todo el país, constituyen un indicador de que los venezolanos queremos vivir en democracia, en paz y en permanente discusión civilizada.
La resolución gubernamental para cerrar GLOBOVISIÓN es relativamente sencilla para un Jefe de Estado que ha consolidado un régimen vertical entre los Poderes Públicos, que obedecen a su mandato. Pero cuando esa política, propia de un gobierno militar, se la aplicó a RCTV, incluso al sólo anunciarla meses antes, fue rechazada por más del 80% de los venezolanos entre los cuales un importante porcentaje sufragó por su segunda Presidencia.
De allí que la espada de Damocles contra GLOBOVISIÓN puede cortarle la cabeza en cualquier momento, pero la crisis política de estos días se tenderá a agravar tanto a escala nacional como internacional. Todo indica que la mayoría que defiende la libertad de expresión no se la dejará quitar estoicamente y luchará por más democracia.
Si el cierre de RCTV, contra la voluntad de más del 80% de los encuestados, generó como consecuencia el surgimiento de un poderoso movimiento estudiantil como nuevo actor en la política nacional, si se materializa la amenaza del Presidente de la República de cerrar GLOBOVISIÓN por supuestas violaciones a la Constitución Bolivariana, para lo cual cuenta con un Poder Judicial bajo su mando, los efectos son sin duda imprevisibles, pero es de elemental sentido común inferir que aumentará la oposición a la tendencia autoritaria del Jefe del Estado.
Y aunque la frase intimidatoria la pronunció en un discurso frente a una concentración de sus partidarios, llevados en autobuses la mayoría y no voluntarios que descendieran de los cerros de Petare y Catia tal como Comandante en Jefe les pidiera u ordenara para que bajaran a defender el ¨ Socialismo del siglo XXI ¨ ante el peligro de las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, su creencia de que es el único que puede gobernar el país hasta el 2021 o más allá, puede irla apartando de sus planes personalistas y militaristas.
Las últimas manifestaciones de protesta contra el cierre de RCTV y por la libertad de expresión ratifican la voluntad pacífica de la inmensa mayoría de la oposición, y a las cuales vienen a sumarse las protagonizadas por los estudiantes a lo largo de todo el país, constituyen un indicador de que los venezolanos queremos vivir en democracia, en paz y en permanente discusión civilizada.
La resolución gubernamental para cerrar GLOBOVISIÓN es relativamente sencilla para un Jefe de Estado que ha consolidado un régimen vertical entre los Poderes Públicos, que obedecen a su mandato. Pero cuando esa política, propia de un gobierno militar, se la aplicó a RCTV, incluso al sólo anunciarla meses antes, fue rechazada por más del 80% de los venezolanos entre los cuales un importante porcentaje sufragó por su segunda Presidencia.
De allí que la espada de Damocles contra GLOBOVISIÓN puede cortarle la cabeza en cualquier momento, pero la crisis política de estos días se tenderá a agravar tanto a escala nacional como internacional. Todo indica que la mayoría que defiende la libertad de expresión no se la dejará quitar estoicamente y luchará por más democracia.
FUNCIONAMIENTO DEMOCRATICO
Juan Páez Ávila
Tal vez no estén agotados todos los análisis de especialistas sobre el contenido y significado de la Reforma a la Constitución vigente solicitada por el Presidente de la República y ampliada por la Asamblea Nacional, pero a estas alturas, camino hacia el Referendo, la afirmación política de Pompeyo Márquez, expresada en la Asamblea de profesores y estudiantes universitarios realizada en el Aula Magna, que en estos momentos lo que está planteado es si la sociedad venezolana puede funcionar o no en democracia, señala un rumbo correcto como centro del debate en los próximos días.
Después que los decanos de varias facultades de Derecho de diversas universidades del país arribaron a la conclusión de que la Reforma propuesta es “jurídicamente inaceptable”, que Arzobispos y Obispos de la Conferencia Episcopal la juzgan “moralmente inaceptable” para los católicos y el país en general, que las academias, las universidades autónomas, Consecomercio y otros gremios empresariales, la mayoría de los estudiantes y un porcentaje mayoritario de los encuestados rechazan dicha Reforma, el combate político señalado por Pompeyo Márquez tomará las calles de las principales ciudades del país.
Las primeras manifestaciones encabezadas por los estudiantes universitarios y apoyadas por buena parte de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición, para solicitar, algunos, la posposición del Referendo para permitir una mayor discusión, y, otros, el retiro de dicha propuesta para evitar que la confrontación, que ya tiene visos de violencia, pueda agravarse y generar mayores males a la sociedad venezolana, indican que es necesario restablecer el diálogo y abrirle camino a la reconciliación nacional.
Si el Presidente de la República no admite una disidencia democrática, un debate civilizado, el funcionamiento independiente de los Poderes Públicos, el respeto a los Derechos Humanos y a la propiedad privada, nadie puede creer que habrá elecciones transparentes y libres. El camino de la violencia oficial lo puede llevar a un triunfo inmediato en su empeño de imponer un pensamiento único, excluyendo a millones de venezolanos que pensamos distintos, pero si revisa la historia contemporánea de Venezuela y del mundo occidental, encontrará una sola respuesta: la prolongación indefinida en el poder, intentada por varios gobernantes, abusando de la fuerza y de las artimañas que les aconsejaron algunos politiqueros que medraban a su alrededor, los condujo a un rotundo fracaso.
En Venezuela de hoy, en esta difícil encrucijada, la experiencia y la cultura política de Pompeyo Márquez, aconseja apoyar a los estudiantes en sus luchas por la libertad y la reconciliación.
Tal vez no estén agotados todos los análisis de especialistas sobre el contenido y significado de la Reforma a la Constitución vigente solicitada por el Presidente de la República y ampliada por la Asamblea Nacional, pero a estas alturas, camino hacia el Referendo, la afirmación política de Pompeyo Márquez, expresada en la Asamblea de profesores y estudiantes universitarios realizada en el Aula Magna, que en estos momentos lo que está planteado es si la sociedad venezolana puede funcionar o no en democracia, señala un rumbo correcto como centro del debate en los próximos días.
Después que los decanos de varias facultades de Derecho de diversas universidades del país arribaron a la conclusión de que la Reforma propuesta es “jurídicamente inaceptable”, que Arzobispos y Obispos de la Conferencia Episcopal la juzgan “moralmente inaceptable” para los católicos y el país en general, que las academias, las universidades autónomas, Consecomercio y otros gremios empresariales, la mayoría de los estudiantes y un porcentaje mayoritario de los encuestados rechazan dicha Reforma, el combate político señalado por Pompeyo Márquez tomará las calles de las principales ciudades del país.
Las primeras manifestaciones encabezadas por los estudiantes universitarios y apoyadas por buena parte de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición, para solicitar, algunos, la posposición del Referendo para permitir una mayor discusión, y, otros, el retiro de dicha propuesta para evitar que la confrontación, que ya tiene visos de violencia, pueda agravarse y generar mayores males a la sociedad venezolana, indican que es necesario restablecer el diálogo y abrirle camino a la reconciliación nacional.
Si el Presidente de la República no admite una disidencia democrática, un debate civilizado, el funcionamiento independiente de los Poderes Públicos, el respeto a los Derechos Humanos y a la propiedad privada, nadie puede creer que habrá elecciones transparentes y libres. El camino de la violencia oficial lo puede llevar a un triunfo inmediato en su empeño de imponer un pensamiento único, excluyendo a millones de venezolanos que pensamos distintos, pero si revisa la historia contemporánea de Venezuela y del mundo occidental, encontrará una sola respuesta: la prolongación indefinida en el poder, intentada por varios gobernantes, abusando de la fuerza y de las artimañas que les aconsejaron algunos politiqueros que medraban a su alrededor, los condujo a un rotundo fracaso.
En Venezuela de hoy, en esta difícil encrucijada, la experiencia y la cultura política de Pompeyo Márquez, aconseja apoyar a los estudiantes en sus luchas por la libertad y la reconciliación.
EL SOCIALISMO DEMOCRATICO
Juan Páez Ávila
El socialismo como un sistema de justicia social y preservación de las libertades públicas, desde el siglo pasado se ha consolidado en el hemisferio occidental, particularmente en Europa y en los últimos años en algunos países de América Latina. Y no sólo en regímenes de izquierda, sino también en algunos de los denominados de derecha democrática, como el social cristiano alemán, para mencionar uno, que ha creado una economía social de mercado para combinar la justicia social con la libertad de comercio y la defensa de los derechos humanos.
De allí que la alarma y hasta el pánico que ha causado en algunos sectores de la sociedad venezolana e incluso de otros países democráticos, el anuncio por parte del Presidente de la República de promover el Socialismo del Siglo XXI, se debe a la tendencia autoritaria que se constata en algunas de sus políticas públicas, tales como amenazas a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, los llamados a la expropiación de otras empresas y el establecimiento del pensamiento único.
En un pronunciamiento esencialmente realista, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ha admitido que si el gobierno decide autónoma y unilateralmente implantar un régimen socialista, éste debe garantizar la libertad de expresión, de empresa, educación plural, privada y pública y libertad para la enseñanza religiosa. En síntesis, lo que aspira la Iglesia Católica y creo que la mayoría de los venezolanos es que ante el hecho inevitable de la política gubernamental de establecer lo que llaman el Socialismo del Siglo XXI, éste debe ser democrático y por lo tanto respetuoso de los derechos individuales, sociales y económicos que establece la Constitución Bolivariana del 99. Y que si hay alguna reforma o cambios en esa Constitución, queden garantizados los derechos democráticos que caracterizan al mundo civilizado.
Lo lamentable para el país sería que el Socialismo del Siglo XXI aumente la centralización del poder en manos del Presidente de la República y cercene algunas libertades públicas, porque tanto los partidos democráticos e instituciones como la Iglesia Católica se verían obligados a denunciar y enfrentar -con la experiencia universal acumulada por los demócratas- los peligros del totalitarismo.
Si los Consejos comunales, por ejemplo, terminan ampliando el poder que concentra en sus manos el Presidente de la República, el Socialismo del Siglo XXI resultará una caricatura del socialismo ya conocido en el siglo XX, con su seguro fracaso económico y social, y una política unipersonal y por lo tanto autoritaria, administrada por el Comandante en Jefe, que cobrará víctimas no sólo en la oposición sino también entre los dirigentes y militantes, sospechosos de disidencia, del Partido Socialista Unido.
El socialismo como un sistema de justicia social y preservación de las libertades públicas, desde el siglo pasado se ha consolidado en el hemisferio occidental, particularmente en Europa y en los últimos años en algunos países de América Latina. Y no sólo en regímenes de izquierda, sino también en algunos de los denominados de derecha democrática, como el social cristiano alemán, para mencionar uno, que ha creado una economía social de mercado para combinar la justicia social con la libertad de comercio y la defensa de los derechos humanos.
De allí que la alarma y hasta el pánico que ha causado en algunos sectores de la sociedad venezolana e incluso de otros países democráticos, el anuncio por parte del Presidente de la República de promover el Socialismo del Siglo XXI, se debe a la tendencia autoritaria que se constata en algunas de sus políticas públicas, tales como amenazas a los medios de comunicación y a la libertad de expresión, los llamados a la expropiación de otras empresas y el establecimiento del pensamiento único.
En un pronunciamiento esencialmente realista, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ha admitido que si el gobierno decide autónoma y unilateralmente implantar un régimen socialista, éste debe garantizar la libertad de expresión, de empresa, educación plural, privada y pública y libertad para la enseñanza religiosa. En síntesis, lo que aspira la Iglesia Católica y creo que la mayoría de los venezolanos es que ante el hecho inevitable de la política gubernamental de establecer lo que llaman el Socialismo del Siglo XXI, éste debe ser democrático y por lo tanto respetuoso de los derechos individuales, sociales y económicos que establece la Constitución Bolivariana del 99. Y que si hay alguna reforma o cambios en esa Constitución, queden garantizados los derechos democráticos que caracterizan al mundo civilizado.
Lo lamentable para el país sería que el Socialismo del Siglo XXI aumente la centralización del poder en manos del Presidente de la República y cercene algunas libertades públicas, porque tanto los partidos democráticos e instituciones como la Iglesia Católica se verían obligados a denunciar y enfrentar -con la experiencia universal acumulada por los demócratas- los peligros del totalitarismo.
Si los Consejos comunales, por ejemplo, terminan ampliando el poder que concentra en sus manos el Presidente de la República, el Socialismo del Siglo XXI resultará una caricatura del socialismo ya conocido en el siglo XX, con su seguro fracaso económico y social, y una política unipersonal y por lo tanto autoritaria, administrada por el Comandante en Jefe, que cobrará víctimas no sólo en la oposición sino también entre los dirigentes y militantes, sospechosos de disidencia, del Partido Socialista Unido.
EL SISTEMA ELECTORAL
Juan Páez Ávila
Que el 75 ó el 80% de los electores no haya acudido a ejercer su derecho al voto el 4 de diciembre, fundamentalmente por desconfianza en el sistema electoral establecido mediante un sistema computarizado y en los miembros del CNE, tiene que conducir a cambios muy importantes en toda la estructura electoral, si se pretende consolidar el sistema democrático de gobierno.
Después de esa experiencia del 4 de diciembre, si no cambia el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, no habrá mecanismo ni presión posible que induzca a ese elevado porcentaje de abstencionistas a concurrir a las urnas electorales, salvo que sea para votar nulo, como lo hizo un buen número de empleados públicos en las pasadas elecciones. Quedó claramente demostrado que existe una firme conciencia democrática en los venezolanos, que no puede ser burlada ni manipulada con discursos cuyo contenido no se compadezca con la realidad. Decir, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, cuando se descubre que el secreto del voto puede ser vulnerado por las máquinas electrónicas utilizadas, alejó y alejará a los electores que no quieren ser objetos de un fraude computarizado.
Ningún cogollo político, por muy poderoso que sea, por muchos petrodólares que maneje, podrá hacer cambiar la mentalidad democrática del venezolano, tal como ha quedado comprobado después de gastar billones de bolívares en misiones de diverso signo social, y sus beneficiarios se quedaron en sus casas el 4 de diciembre, porque también saben que el petróleo es de todos y, no del Comandante en Jefe que se los regala. La convocatoria del Presidente de la República no fue atendida por los electores, los mismos que acudían al Balcón del Pueblo cuando los llamaba cualquier funcionario oficialista a aplaudir al Jefe del Estado.
Pero lo más trascendente de lo sucedido el 4 de diciembre es que según las encuestas (Keler, por ejemplo) antes de que los partidos de oposición decidieran retirar sus candidatos, la mayoría del electorado ya había decidido no votar. La oposición sintonizó con la sociedad civil y se anotó un éxito parcial, secundario. Si no hay cambio en el sistema electoral, todos sabemos de antemano lo que hará la mayoría de electores en las próximas elecciones.
Que el 75 ó el 80% de los electores no haya acudido a ejercer su derecho al voto el 4 de diciembre, fundamentalmente por desconfianza en el sistema electoral establecido mediante un sistema computarizado y en los miembros del CNE, tiene que conducir a cambios muy importantes en toda la estructura electoral, si se pretende consolidar el sistema democrático de gobierno.
Después de esa experiencia del 4 de diciembre, si no cambia el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, no habrá mecanismo ni presión posible que induzca a ese elevado porcentaje de abstencionistas a concurrir a las urnas electorales, salvo que sea para votar nulo, como lo hizo un buen número de empleados públicos en las pasadas elecciones. Quedó claramente demostrado que existe una firme conciencia democrática en los venezolanos, que no puede ser burlada ni manipulada con discursos cuyo contenido no se compadezca con la realidad. Decir, por ejemplo, que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, cuando se descubre que el secreto del voto puede ser vulnerado por las máquinas electrónicas utilizadas, alejó y alejará a los electores que no quieren ser objetos de un fraude computarizado.
Ningún cogollo político, por muy poderoso que sea, por muchos petrodólares que maneje, podrá hacer cambiar la mentalidad democrática del venezolano, tal como ha quedado comprobado después de gastar billones de bolívares en misiones de diverso signo social, y sus beneficiarios se quedaron en sus casas el 4 de diciembre, porque también saben que el petróleo es de todos y, no del Comandante en Jefe que se los regala. La convocatoria del Presidente de la República no fue atendida por los electores, los mismos que acudían al Balcón del Pueblo cuando los llamaba cualquier funcionario oficialista a aplaudir al Jefe del Estado.
Pero lo más trascendente de lo sucedido el 4 de diciembre es que según las encuestas (Keler, por ejemplo) antes de que los partidos de oposición decidieran retirar sus candidatos, la mayoría del electorado ya había decidido no votar. La oposición sintonizó con la sociedad civil y se anotó un éxito parcial, secundario. Si no hay cambio en el sistema electoral, todos sabemos de antemano lo que hará la mayoría de electores en las próximas elecciones.
EL REGISTRO ELECTORAL
Juan Páez Ávila
La solicitud de un prestigioso grupo de Rectores de importantes universidades del país para que el CNE les permita revisar el Registro Electoral, puede ser aceptada como una valiosa colaboración en la búsqueda de un clima de entendimiento en torno a la necesidad de recuperar la confianza en el árbitro, de una abrumadora mayoría de electores que se abstuvo durante el pasado proceso electoral, pero no puede sustituir el derecho de todos los ciudadanos a conocer la composición total de dicho Registro.
La Constitución Bolivariana aprobada en 1999 establece claramente la obligación del CNE de publicar el Registro Electoral sin ocultar las direcciones de los electores. Uno de los motivos que llevó a más del 80% de los electores a abstenerse de concurrir a las urnas el 4 de diciembre del 2005, fue la sospecha de que existen centenares de miles de venezolanos o extranjeros inscritos varias veces en Registro Electoral, o lo que es más grave, que más de uno o dos millones de los inscritos no existen y por eso el CNE se niega a suministrar sus direcciones. Los que quieren elecciones transparentes, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley del Sufragio y Participación Política, no pueden ser manipulados con la información relativa a que se no se dan las direcciones para proteger la privacidad de los electores. Después de más de 40 años participando en procesos electorales, los venezolanos que creen en el voto como el más idóneo si no el único instrumento para elegir a sus representantes o autoridades, nunca han exigido que no se publiquen sus direcciones. Esa decisión ha sido tomada unilateralmente por un cenáculo constituido por la mayoría del CNE, sin consultar a los interesados y abrogándose el derecho a decidir por los demás, por ciudadanos conscientes de las condiciones que se requieren para que haya elecciones limpias.
Si el nuevo CNE que elija el Asamblea Nacional no permite que cualquier ciudadano pueda revisar el Registro Electoral, que elimine toda duda de que se prepara un fraude, no habrá llamado que tenga eco positivo en los electores. Quien lo haga tendrá iguales o peores resultados que los que tuvo el llamado del Presidente de República el día de elecciones el 4 de diciembre pasado, encadenado, pero sin poder de convocatoria.
La solicitud de un prestigioso grupo de Rectores de importantes universidades del país para que el CNE les permita revisar el Registro Electoral, puede ser aceptada como una valiosa colaboración en la búsqueda de un clima de entendimiento en torno a la necesidad de recuperar la confianza en el árbitro, de una abrumadora mayoría de electores que se abstuvo durante el pasado proceso electoral, pero no puede sustituir el derecho de todos los ciudadanos a conocer la composición total de dicho Registro.
La Constitución Bolivariana aprobada en 1999 establece claramente la obligación del CNE de publicar el Registro Electoral sin ocultar las direcciones de los electores. Uno de los motivos que llevó a más del 80% de los electores a abstenerse de concurrir a las urnas el 4 de diciembre del 2005, fue la sospecha de que existen centenares de miles de venezolanos o extranjeros inscritos varias veces en Registro Electoral, o lo que es más grave, que más de uno o dos millones de los inscritos no existen y por eso el CNE se niega a suministrar sus direcciones. Los que quieren elecciones transparentes, tal como lo establecen tanto la Constitución Nacional como la Ley del Sufragio y Participación Política, no pueden ser manipulados con la información relativa a que se no se dan las direcciones para proteger la privacidad de los electores. Después de más de 40 años participando en procesos electorales, los venezolanos que creen en el voto como el más idóneo si no el único instrumento para elegir a sus representantes o autoridades, nunca han exigido que no se publiquen sus direcciones. Esa decisión ha sido tomada unilateralmente por un cenáculo constituido por la mayoría del CNE, sin consultar a los interesados y abrogándose el derecho a decidir por los demás, por ciudadanos conscientes de las condiciones que se requieren para que haya elecciones limpias.
Si el nuevo CNE que elija el Asamblea Nacional no permite que cualquier ciudadano pueda revisar el Registro Electoral, que elimine toda duda de que se prepara un fraude, no habrá llamado que tenga eco positivo en los electores. Quien lo haga tendrá iguales o peores resultados que los que tuvo el llamado del Presidente de República el día de elecciones el 4 de diciembre pasado, encadenado, pero sin poder de convocatoria.
EL PODER POPULAR
Juan Páez Ávila
El reconocimiento del Poder Popular como expresión del Soberano siempre ha estado presente en las campañas electorales por la conquista o consolidación del Poder Ejecutivo, que luego algunos funcionarios lo ejercen en su nombre aunque los beneficiarios sean unos pocos, una pequeña oligarquía política y económica que surge alrededor del Jefe del Gobierno. Esta constante que ha marcado la historia de América Latina, emerge en nuestro país acechada por la ilimitada ambición que estimula en los traficantes de la política la existencia de una riqueza petrolera, de la que disimulada o descaradamente se han venida apropiando ilícitamente los oligarcas de siempre y los nuevos administradores del poder.
El saqueo de que hoy es víctima Petróleos de Venezuela (PDVSA), según denuncias hechas públicas y presentadas en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía General de la República, por el Padre Palmar y el periodista Diocenis García, ambos vinculados a la revolución bolivariana desde cuando el Presidente Chávez era candidato por primera vez, confirma lo expresado en el párrafo anterior. A nombre del Poder Popular se inventa el socialismo del siglo XXI, promovido para crear un hombre nuevo y alcanzar la mayor suma de felicidad posible -según mandato de Simón Bolívar, para tocar la fibra nacionalista de los venezolanos- mientras algunos altos jerarcas del Poder Ejecutivo amasan ilícitamente inmensas fortunas que generalmente trasladan a bancos extranjeros en los llamados paraísos fiscales.
Al Poder Popular lo han convertido en una bandera fraudulenta, cuando desde el poder central del Estado se plantea la necesidad de modificar la Constitución Nacional vigente o crear una nueva, sin consultar al pueblo soberano. Se propone otorgarle al Jefe del Estado facultades de fundar ciudades, comunas y nuevas jurisdicciones político-territoriales sin oír la opinión de los ciudadanos, de los electores que constituyen el verdadero Poder Soberano.
.Para que el Poder Popular sea una realidad en la vida política de la nación, es imprescindible que se respete el derecho a elegir sus gobernantes, pedirles rendición de cuentas y cambiarlos cuando lo consideren conveniente a los intereses del pueblo soberano. Que el Jefe del Estado dependa del Poder Popular y no la inversa.
El reconocimiento del Poder Popular como expresión del Soberano siempre ha estado presente en las campañas electorales por la conquista o consolidación del Poder Ejecutivo, que luego algunos funcionarios lo ejercen en su nombre aunque los beneficiarios sean unos pocos, una pequeña oligarquía política y económica que surge alrededor del Jefe del Gobierno. Esta constante que ha marcado la historia de América Latina, emerge en nuestro país acechada por la ilimitada ambición que estimula en los traficantes de la política la existencia de una riqueza petrolera, de la que disimulada o descaradamente se han venida apropiando ilícitamente los oligarcas de siempre y los nuevos administradores del poder.
El saqueo de que hoy es víctima Petróleos de Venezuela (PDVSA), según denuncias hechas públicas y presentadas en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía General de la República, por el Padre Palmar y el periodista Diocenis García, ambos vinculados a la revolución bolivariana desde cuando el Presidente Chávez era candidato por primera vez, confirma lo expresado en el párrafo anterior. A nombre del Poder Popular se inventa el socialismo del siglo XXI, promovido para crear un hombre nuevo y alcanzar la mayor suma de felicidad posible -según mandato de Simón Bolívar, para tocar la fibra nacionalista de los venezolanos- mientras algunos altos jerarcas del Poder Ejecutivo amasan ilícitamente inmensas fortunas que generalmente trasladan a bancos extranjeros en los llamados paraísos fiscales.
Al Poder Popular lo han convertido en una bandera fraudulenta, cuando desde el poder central del Estado se plantea la necesidad de modificar la Constitución Nacional vigente o crear una nueva, sin consultar al pueblo soberano. Se propone otorgarle al Jefe del Estado facultades de fundar ciudades, comunas y nuevas jurisdicciones político-territoriales sin oír la opinión de los ciudadanos, de los electores que constituyen el verdadero Poder Soberano.
.Para que el Poder Popular sea una realidad en la vida política de la nación, es imprescindible que se respete el derecho a elegir sus gobernantes, pedirles rendición de cuentas y cambiarlos cuando lo consideren conveniente a los intereses del pueblo soberano. Que el Jefe del Estado dependa del Poder Popular y no la inversa.
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