Juan Páez Ávila
El Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) de México gobernó durante 70 años mediante el control que ejerció el Poder Ejecutivo sobre los demás Poderes Públicos, lo que el escritor Mario Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta, porque las principales decisiones políticas contra la oposición las tomaban los diferentes poderes del Estado, manteniendo una aparente institucionalidad democrática. Ese parece ser el camino que pretende transitar el gobierno del Presidente Chávez, pero en condiciones históricas mundiales distintas, que le pueden dificultar la marcha a paso de vencedores.
La detención de varios periodistas y las amenazas a otros y a los editores de diferentes medios de comunicación social, ejecutadas unas por el Poder Judicial y otras por el SENIAT y CONATEL, las pretende hacer pasar el gobierno como decisiones autónomas de poderes independientes. Pero en una sociedad profundamente democrática, con una larga experiencia en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, se encuentra no sólo con el coraje de los periodistas y editores para enfrentarlo, sino también con la condena y el rechazo de importantes instituciones de la vida civil nacional e internacional.
La manipulación del Poder Electoral para favorecer a los candidatos del gobierno en las elecciones, puede alcanzar sus objetivos una y hasta dos veces, pero al ser descubierto la tendencia fraudulenta del CNE, la mayoría de los venezolanos, entre 10 y 12 millones con derecho al voto, expresó su desconfianza y rechazo absteniéndose de sufragar el 4 de diciembre del 2005.
¿Y cómo ocultar la corrupción administrativa de altos y medianos funcionarios gubernamentales, si los propios organismos de inteligencia oficiales la detectan y suministran la información a los periodistas?
En una sociedad nacional e internacional predominantemente democrática, la represión a periodistas y editores, la manipulación dolosa del CNE y la impunidad frente a la corrupción, tarde o temprano se pueden convertir en boomerang contra régimen, cerrándole el paso a la llamada dictadura perfecta.
Juan Páez Ávila
miércoles, 25 de febrero de 2009
DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA
Juan Páez Ávila
Los resultados electorales en el Departamento de Santa Cruz de la República de Bolivia, en los que el 85% de los votantes se pronunció por un régimen autonómico preservando la integridad de la nación, pero asumiendo facultades que garanticen mayores ingresos fiscales para la región y el ejercicio de algunas funciones que les permita impulsar su desarrollo económico y bienestar de la población, se han convertido en una campanada contra el centralismo y el autoritarismo que el Presidente Hugo Chávez pretende imponer contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, que votó el 3 de diciembre de 2007 negando la reforma propuesta, por él mismo, para convertirse en dictador constitucional.
Los golpes a la descentralización en Venezuela, que le ha propinado Hugo Chávez para controlar, además de los Poderes Públicos Nacionales que le obedecen incondicionalmente, las gobernaciones y las alcaldías, ya ha provocado una reacción mayoritaria en los habitantes de los principales estados del país, según revelan las encuestas que registran ganadores a varios candidatos de la oposición en las próximas elecciones del 23 de noviembre de esta año.
Estas nuevas realidades que muestran las encuestas nacionales y regionales realizadas en los últimos meses, indican que la maniobra del Comandante en Jefe y de sus seguidores que obedecen y repiten como al caletre las palabras de su jefe, denunciando una supuesta política de secesión por parte de la oposición, de algunos estados del país, no tendrá ningún respaldo de la ciudadanía, no sólo porque es falsa, sino también porque la experiencia obtenida por los venezolanos en las últimas décadas, señala que la descentralización en un estado democrático es lo que más le conviene al crecimiento y bienestar de la población.
Apelar, por parte del Presidente Chávez, a la treta de que la descentralización en Venezuela y la autonomía regional en Bolivia, son obra del imperialismo y de la oligarquía, ritornelo que se lo aplica a todo lo que vaya en contra de su aspiración a imponer un pensamiento único, ya no se lo creen ni sus propios seguidores, no sólo porque el imperialismo no nos ha invadido, sino también porque la oligarquía del dinero y del poder es ahora Chavista.
Y aunque todo hace suponer que Hugo Chávez no modificará su política de concentración de todos los poderes en sus manos, los venezolanos debemos marchar cívicamente hacia las elecciones del próximo noviembre. El rechazo al personalismo y al militarismo del Presidente se extiende hasta las propias filas del chavismo, y como sucedió en la Unión Soviética y en la Venezuela de Pérez Jiménez, a la hora de una crisis política, hasta los compadres del Jefe del Estado hablan con autonomía, con independencia. Y en la revolución bolivariana ya son muchos los que se han rebelado contra la dedocracia del Presidente, razones suficientes para demostrar que el proyecto chavista ha resultado inviable, y que la caída en las encuestas será irreversible, porque los dogmas no se superan con recomendaciones y consejos. Y Hugo Chávez sigue creyendo que si no es el nuevo Mesías, sí es el continuador de la obra de Simón Bolívar, olvidando que el Padre de la Patria también sucumbió en los últimos años con su propuesta de la Presidencia vitalicia y el Senado hereditario, en la Bolivia que hoy, casi dos siglos después, también rechaza el centralismo y el personalismo de Evo Morales.
Los resultados electorales en el Departamento de Santa Cruz de la República de Bolivia, en los que el 85% de los votantes se pronunció por un régimen autonómico preservando la integridad de la nación, pero asumiendo facultades que garanticen mayores ingresos fiscales para la región y el ejercicio de algunas funciones que les permita impulsar su desarrollo económico y bienestar de la población, se han convertido en una campanada contra el centralismo y el autoritarismo que el Presidente Hugo Chávez pretende imponer contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, que votó el 3 de diciembre de 2007 negando la reforma propuesta, por él mismo, para convertirse en dictador constitucional.
Los golpes a la descentralización en Venezuela, que le ha propinado Hugo Chávez para controlar, además de los Poderes Públicos Nacionales que le obedecen incondicionalmente, las gobernaciones y las alcaldías, ya ha provocado una reacción mayoritaria en los habitantes de los principales estados del país, según revelan las encuestas que registran ganadores a varios candidatos de la oposición en las próximas elecciones del 23 de noviembre de esta año.
Estas nuevas realidades que muestran las encuestas nacionales y regionales realizadas en los últimos meses, indican que la maniobra del Comandante en Jefe y de sus seguidores que obedecen y repiten como al caletre las palabras de su jefe, denunciando una supuesta política de secesión por parte de la oposición, de algunos estados del país, no tendrá ningún respaldo de la ciudadanía, no sólo porque es falsa, sino también porque la experiencia obtenida por los venezolanos en las últimas décadas, señala que la descentralización en un estado democrático es lo que más le conviene al crecimiento y bienestar de la población.
Apelar, por parte del Presidente Chávez, a la treta de que la descentralización en Venezuela y la autonomía regional en Bolivia, son obra del imperialismo y de la oligarquía, ritornelo que se lo aplica a todo lo que vaya en contra de su aspiración a imponer un pensamiento único, ya no se lo creen ni sus propios seguidores, no sólo porque el imperialismo no nos ha invadido, sino también porque la oligarquía del dinero y del poder es ahora Chavista.
Y aunque todo hace suponer que Hugo Chávez no modificará su política de concentración de todos los poderes en sus manos, los venezolanos debemos marchar cívicamente hacia las elecciones del próximo noviembre. El rechazo al personalismo y al militarismo del Presidente se extiende hasta las propias filas del chavismo, y como sucedió en la Unión Soviética y en la Venezuela de Pérez Jiménez, a la hora de una crisis política, hasta los compadres del Jefe del Estado hablan con autonomía, con independencia. Y en la revolución bolivariana ya son muchos los que se han rebelado contra la dedocracia del Presidente, razones suficientes para demostrar que el proyecto chavista ha resultado inviable, y que la caída en las encuestas será irreversible, porque los dogmas no se superan con recomendaciones y consejos. Y Hugo Chávez sigue creyendo que si no es el nuevo Mesías, sí es el continuador de la obra de Simón Bolívar, olvidando que el Padre de la Patria también sucumbió en los últimos años con su propuesta de la Presidencia vitalicia y el Senado hereditario, en la Bolivia que hoy, casi dos siglos después, también rechaza el centralismo y el personalismo de Evo Morales.
DESAFIO Y PROVOCACION
Juan Páez Ávila
Para una mayor concentración de poder en su persona, la aprobación de 26 decretos-leyes durante los últimos días u horas del período otorgado al Presidente de la República por la Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituyen no sólo una violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las elecciones del 23 de noviembre, y al chavismo sin Chávez que puede volver a abstenerse o votar en su contra y provocarle una segunda derrota.
La celada que el Comandante en Jefe le tendió a la oposición y al país democrático en general, por lo poco que se conoce, especialmente de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, cuyo texto coincide con su propuesta derrotada en las elecciones de 2 de diciembre de 2007, es un abierto desafío a la voluntad de los electores a quienes Chávez consideró desinformados o ignorantes de las virtudes de la reforma que proponía para impulsar el socialismo del siglo XXI. En la proximidad de unas elecciones regionales y municipales en las que el Presidente escogió a la mayoría de los candidatos del PSUV, la aprobación de las leyes habilitantes son también un desafío a los electores para que le otorguen o no más poder, a través de gobernadores y alcaldes obedientes a su mandato, o lo vuelvan a derrotar. Chávez desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista, tanto porque la sociedad civil saldrá a protestar, como porque la pérdida un 40 ó 50% de gobernaciones y alcaldías le impedirá aplicar impunemente el conjunto de leyes aprobadas de espaldas al conocimiento y discusión de los venezolanos. Si todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Hugo Chávez puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o impedirle que las aplique.
El otro objetivo de la aprobación, aparentemente improvisada, de estas leyes puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al Comandante en Jefe estrenar su nuevo uniforme militar de 4 soles y aplastar cualquier intento de subversión armada. Y de allí en adelante aplicar sus leyes habilitantes violando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.
Por la experiencia nacional e incluso mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos decretos leyes afectan a la mayoría de la población, que tiene la oportunidad de derrotar a Chávez en las urnas electores en noviembre, modificar la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia autoritaria y militarista.
Para una mayor concentración de poder en su persona, la aprobación de 26 decretos-leyes durante los últimos días u horas del período otorgado al Presidente de la República por la Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituyen no sólo una violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las elecciones del 23 de noviembre, y al chavismo sin Chávez que puede volver a abstenerse o votar en su contra y provocarle una segunda derrota.
La celada que el Comandante en Jefe le tendió a la oposición y al país democrático en general, por lo poco que se conoce, especialmente de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, cuyo texto coincide con su propuesta derrotada en las elecciones de 2 de diciembre de 2007, es un abierto desafío a la voluntad de los electores a quienes Chávez consideró desinformados o ignorantes de las virtudes de la reforma que proponía para impulsar el socialismo del siglo XXI. En la proximidad de unas elecciones regionales y municipales en las que el Presidente escogió a la mayoría de los candidatos del PSUV, la aprobación de las leyes habilitantes son también un desafío a los electores para que le otorguen o no más poder, a través de gobernadores y alcaldes obedientes a su mandato, o lo vuelvan a derrotar. Chávez desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista, tanto porque la sociedad civil saldrá a protestar, como porque la pérdida un 40 ó 50% de gobernaciones y alcaldías le impedirá aplicar impunemente el conjunto de leyes aprobadas de espaldas al conocimiento y discusión de los venezolanos. Si todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Hugo Chávez puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o impedirle que las aplique.
El otro objetivo de la aprobación, aparentemente improvisada, de estas leyes puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al Comandante en Jefe estrenar su nuevo uniforme militar de 4 soles y aplastar cualquier intento de subversión armada. Y de allí en adelante aplicar sus leyes habilitantes violando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.
Por la experiencia nacional e incluso mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos decretos leyes afectan a la mayoría de la población, que tiene la oportunidad de derrotar a Chávez en las urnas electores en noviembre, modificar la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia autoritaria y militarista.
DESAFIO MUNDIAL
Juan Páez Ávila
La decisión del Presidente de la República de negarle la prórroga de la concesión radioeléctrica a RCTV y otorgársela a otras plantas televisoras, una pública y otra privada, no sólo constituye una política de discriminación por parte del Estado venezolano, sino también una violación a los Derechos Humanos que ya ha tenido una repercusión y un rechazo del mundo democrático nacional e internacional.
En Venezuela más del 80% de la población, según las encuestas conocidas, ha manifestado su desacuerdo con la resolución oficial y por primera vez en las manifestaciones antigubernamentales se ha visto la presencia mayoritaria de jóvenes y de gente de los sectores populares. La medida política dirigida a castigar la política editorial de los dueños del canal de televisión, terminó afectando a centenares de miles y tal vez millones de venezolanos que en diferentes oportunidades han expresado sus preferencias por la programación de RCTV, y así lo han ratificado en su asistencia a las marchas de protesta contra el cierre de esa planta televisora. De allí que la batalla, a la que ha llamado el Presidente Chávez en su jerga militar, la ha ganado al imponer el cierre del canal, pero la ha perdido en el sentimiento popular. Incluso frente a la estratagema jurídica, a pesar de la evidente parcialización del TSJ al negarle amparo a RCTV y por lo contrario confiscarle sus equipos para que pueda salir al aire el canal del gobierno, los afectados tienen la instancia internacional, que por lo descarado de la actuación del Ejecutivo y del Poder Judicial venezolanos, es casi seguro que le dará la razón a la planta televisora.
Consciente o inconscientemente el Presidente de la República se creó un delicado o grave problema que tiene que resolverse en los organismos internacionales, en los que su voluntad de Jefe Único no tiene la misma influencia o la solidaridad que disfruta en y del TSJ. Y aunque ha venido recibiendo respaldo de algunos Presidentes latinoamericanos para algunas de sus políticas como la energética, en la que Venezuela pone la materia prima y ha gastado más de 13.000 millones de dólares en ayudas, sus aliados del MERCOSUR se negaron a respaldar la medida contra RCTV. Hoy la victoria del Presidente Chávez no es definitiva. Lo que pase en la OEA y la repercusión en su gobierno lo veremos en los próximos meses.
La decisión del Presidente de la República de negarle la prórroga de la concesión radioeléctrica a RCTV y otorgársela a otras plantas televisoras, una pública y otra privada, no sólo constituye una política de discriminación por parte del Estado venezolano, sino también una violación a los Derechos Humanos que ya ha tenido una repercusión y un rechazo del mundo democrático nacional e internacional.
En Venezuela más del 80% de la población, según las encuestas conocidas, ha manifestado su desacuerdo con la resolución oficial y por primera vez en las manifestaciones antigubernamentales se ha visto la presencia mayoritaria de jóvenes y de gente de los sectores populares. La medida política dirigida a castigar la política editorial de los dueños del canal de televisión, terminó afectando a centenares de miles y tal vez millones de venezolanos que en diferentes oportunidades han expresado sus preferencias por la programación de RCTV, y así lo han ratificado en su asistencia a las marchas de protesta contra el cierre de esa planta televisora. De allí que la batalla, a la que ha llamado el Presidente Chávez en su jerga militar, la ha ganado al imponer el cierre del canal, pero la ha perdido en el sentimiento popular. Incluso frente a la estratagema jurídica, a pesar de la evidente parcialización del TSJ al negarle amparo a RCTV y por lo contrario confiscarle sus equipos para que pueda salir al aire el canal del gobierno, los afectados tienen la instancia internacional, que por lo descarado de la actuación del Ejecutivo y del Poder Judicial venezolanos, es casi seguro que le dará la razón a la planta televisora.
Consciente o inconscientemente el Presidente de la República se creó un delicado o grave problema que tiene que resolverse en los organismos internacionales, en los que su voluntad de Jefe Único no tiene la misma influencia o la solidaridad que disfruta en y del TSJ. Y aunque ha venido recibiendo respaldo de algunos Presidentes latinoamericanos para algunas de sus políticas como la energética, en la que Venezuela pone la materia prima y ha gastado más de 13.000 millones de dólares en ayudas, sus aliados del MERCOSUR se negaron a respaldar la medida contra RCTV. Hoy la victoria del Presidente Chávez no es definitiva. Lo que pase en la OEA y la repercusión en su gobierno lo veremos en los próximos meses.
DEMOCRACIA Y TOTALITARISMO
Juan Páez Ávila
La tendencia totalitaria de un sector del gobierno tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, lo cual no les hará fácil, a los que aspiran perpetuarse en el poder, la tarea de imponer de una dictadura aún con fachada legal.
Ese 80% de venezolanos se formó en el período democrático denominado la IV República, después de derrotar la dictadura del General Pérez Jiménez, quien gobernaba a nombre de las Fuerzas Armadas. Ese mismo 80% también incluye un buen porcentaje de chavistas que votaron por el actual Presidente, en la creencia de que la situación personal de ellos mejoraría en cuanto a bienestar social y económico, preservando las libertades públicas. De allí su respuesta a los encuestadores cada vez que los interrogan en los sondeos de opinión que hacen especialistas en la materia.
La tendencia totalitaria es un peligro real porque el Presidente ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad. Teodoro Petkoff -y con él han coincidido varios analistas y actores políticos partidarios del sistema democrático- ha denunciado la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación con especial referencia a la disposición a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido del Presidente de la República.
Y aunque lo más evidente es el militarismo, contrariando incluso el pensamiento de Bolívar a cuyo nombre dice actual el Jefe del Estado, porque el Bolívar civilista creador de constituciones republicanas ha sido anulado, la marcha hacia el control total de la sociedad comienza a unir a la izquierda y a la derecha democrática, para ponerle un valladar cívico a la hegemonía personalista y a la llamada dictadura perfecta, por su apariencia legal.
La tendencia totalitaria de un sector del gobierno tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, lo cual no les hará fácil, a los que aspiran perpetuarse en el poder, la tarea de imponer de una dictadura aún con fachada legal.
Ese 80% de venezolanos se formó en el período democrático denominado la IV República, después de derrotar la dictadura del General Pérez Jiménez, quien gobernaba a nombre de las Fuerzas Armadas. Ese mismo 80% también incluye un buen porcentaje de chavistas que votaron por el actual Presidente, en la creencia de que la situación personal de ellos mejoraría en cuanto a bienestar social y económico, preservando las libertades públicas. De allí su respuesta a los encuestadores cada vez que los interrogan en los sondeos de opinión que hacen especialistas en la materia.
La tendencia totalitaria es un peligro real porque el Presidente ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad. Teodoro Petkoff -y con él han coincidido varios analistas y actores políticos partidarios del sistema democrático- ha denunciado la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación con especial referencia a la disposición a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido del Presidente de la República.
Y aunque lo más evidente es el militarismo, contrariando incluso el pensamiento de Bolívar a cuyo nombre dice actual el Jefe del Estado, porque el Bolívar civilista creador de constituciones republicanas ha sido anulado, la marcha hacia el control total de la sociedad comienza a unir a la izquierda y a la derecha democrática, para ponerle un valladar cívico a la hegemonía personalista y a la llamada dictadura perfecta, por su apariencia legal.
DEBATE Y REFORMA
Juan Páez Ávila
El debate que se ha iniciado sobre la Reforma Constitucional que presentó el Presidente Chávez a la Asamblea Nacional para su aprobación, sólo tendrá efectos ilustrativos para los venezolanos que puedan leer los análisis de especialistas en Derecho Constitucional y otros aspectos políticos, económicos y sociales de la Carta Magna vigente, que el Jefe del Estado ha decidido cambiar para consolidar su poder personal político y militar.
Y no es que el debate no sea importante, que lo es y mucho, sino que la Reforma propuesta es concebida por el Presidente de la República como un instrumento imprescindible para avanzar hacia el “Socialismo del siglo XXI”, cuyo contenido puede resumirse en el “Cesarismo Democrático”, para lo cual cuenta con una Asamblea que atiende obsecuentemente a su mandato.
A través del debate sabremos cuáles son los artículos de la Constitución Nacional Bolivariana que se violan y sobre todo cuál es fin último del Comandante en Jefe para permanecer en el poder por el tiempo que considere conveniente, para imponerles a los venezolanos, para ejemplo de América y del mundo, un régimen en el que el Presidente concentra todos los Poderes Públicos y los ejerce verticalmente, pero con un barniz legal y hasta constitucional. Y como si estuviéramos en guerra contra una potencia mundial, recibe un mandato del pueblo mediante un Referendo Aprobatorio organizado y controlado por el CNE, otro de los Poderes que obedece a sus decisiones.
El Presidente de la República ejercerá la dictadura por mandato del “soberano”si el país democrático no es capaz de oponerle una alternativa pacífica, electoral y de reconciliación nacional, en la que participen chavistas y no chavistas que creen en los principios fundamentales de la Constitución vigente, de alternabilidad, participación y protagonismo de la mayoría de los venezolanos. Y aunque el Gobernador Ramón Martínez ha iniciado una consulta popular y democrática a sus electores del Estado Sucre, que puede señalar un camino, la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe ser considerada como la alternativa soberana que puede frenar el rumbo autocrático, al estilo de Juan Vicente Gómez, del Comandante Chávez. Este debate puede ser más fructífero a los intereses de la mayoría de los venezolanos.
El debate que se ha iniciado sobre la Reforma Constitucional que presentó el Presidente Chávez a la Asamblea Nacional para su aprobación, sólo tendrá efectos ilustrativos para los venezolanos que puedan leer los análisis de especialistas en Derecho Constitucional y otros aspectos políticos, económicos y sociales de la Carta Magna vigente, que el Jefe del Estado ha decidido cambiar para consolidar su poder personal político y militar.
Y no es que el debate no sea importante, que lo es y mucho, sino que la Reforma propuesta es concebida por el Presidente de la República como un instrumento imprescindible para avanzar hacia el “Socialismo del siglo XXI”, cuyo contenido puede resumirse en el “Cesarismo Democrático”, para lo cual cuenta con una Asamblea que atiende obsecuentemente a su mandato.
A través del debate sabremos cuáles son los artículos de la Constitución Nacional Bolivariana que se violan y sobre todo cuál es fin último del Comandante en Jefe para permanecer en el poder por el tiempo que considere conveniente, para imponerles a los venezolanos, para ejemplo de América y del mundo, un régimen en el que el Presidente concentra todos los Poderes Públicos y los ejerce verticalmente, pero con un barniz legal y hasta constitucional. Y como si estuviéramos en guerra contra una potencia mundial, recibe un mandato del pueblo mediante un Referendo Aprobatorio organizado y controlado por el CNE, otro de los Poderes que obedece a sus decisiones.
El Presidente de la República ejercerá la dictadura por mandato del “soberano”si el país democrático no es capaz de oponerle una alternativa pacífica, electoral y de reconciliación nacional, en la que participen chavistas y no chavistas que creen en los principios fundamentales de la Constitución vigente, de alternabilidad, participación y protagonismo de la mayoría de los venezolanos. Y aunque el Gobernador Ramón Martínez ha iniciado una consulta popular y democrática a sus electores del Estado Sucre, que puede señalar un camino, la convocatoria a una Asamblea Constituyente debe ser considerada como la alternativa soberana que puede frenar el rumbo autocrático, al estilo de Juan Vicente Gómez, del Comandante Chávez. Este debate puede ser más fructífero a los intereses de la mayoría de los venezolanos.
DE LA CAN A MERCOSUR
Juan Páez Ávila
La salida de la Comunidad Andina ordenada por el Presidente Chávez, sin consultar la opinión de expertos en la materia ni con sectores interesados en el comercio entre los países integrantes de ese acuerdo regional, obedece a los mismos intereses de su proyecto político que lo indujeron a ingresar al MERCOSUR, y que lo conducirá inexorablemente al fracaso.
El comercio con Colombia de unos 3.000 millones de dólares anuales y con los países de la CAN en general de unos 4.000 millones, sólo puede ser expuesto a graves contingencias negativas por una política disparatada, que apoyada por una mil millonaria chequera de petrodólares, ha provocado en el Presidente de la República un delirio de grandeza, de liderazgo, incompatible con el modesto tamaño de nuestra economía. Abandonar nuestro segundo mercado, después del norteamericano al cual le sigue vendiendo 1 millón y medio de barriles de petróleo diarios, para ingresar al MERCOSUR dominado por las dos más grandes economías capitalistas del subcontinente, es un claro indicador de que el Presidente Chávez conduce el país a una mayor dependencia del petróleo.
Apelar a las glorias de Simón Bolívar y de otros jefes libertadores, dos siglos después de producida la gesta de la independencia, cuando el progreso de las naciones depende del dominio que tengan sus hombres y mujeres del avance de la ciencia y la tecnología de punta, es otra demostración no sólo del desfase histórico del proyecto chavista, sino también de su incapacidad para competir con economías apoyadas en el imperio del conocimiento.
Y aunque los excedentes producidos por los altos precios del petróleo le permiten al Presidente ayudar e impresionar con sus bondades financieras a países en la ruina económica, como Cuba y Bolivia, no han sido ni serán suficientes para provocar solidaridades de naciones como Brasil y Argentina cuyas economías los inclinan a ser líderes en la conducción de la política suramericana. Con el agravante de que cualquiera de ellos, sobre todo Brasil, puede sustituir a Estados Unidos como fuente de nuestras importaciones, pero no para nuestras exportaciones de petróleo.
La salida de la Comunidad Andina ordenada por el Presidente Chávez, sin consultar la opinión de expertos en la materia ni con sectores interesados en el comercio entre los países integrantes de ese acuerdo regional, obedece a los mismos intereses de su proyecto político que lo indujeron a ingresar al MERCOSUR, y que lo conducirá inexorablemente al fracaso.
El comercio con Colombia de unos 3.000 millones de dólares anuales y con los países de la CAN en general de unos 4.000 millones, sólo puede ser expuesto a graves contingencias negativas por una política disparatada, que apoyada por una mil millonaria chequera de petrodólares, ha provocado en el Presidente de la República un delirio de grandeza, de liderazgo, incompatible con el modesto tamaño de nuestra economía. Abandonar nuestro segundo mercado, después del norteamericano al cual le sigue vendiendo 1 millón y medio de barriles de petróleo diarios, para ingresar al MERCOSUR dominado por las dos más grandes economías capitalistas del subcontinente, es un claro indicador de que el Presidente Chávez conduce el país a una mayor dependencia del petróleo.
Apelar a las glorias de Simón Bolívar y de otros jefes libertadores, dos siglos después de producida la gesta de la independencia, cuando el progreso de las naciones depende del dominio que tengan sus hombres y mujeres del avance de la ciencia y la tecnología de punta, es otra demostración no sólo del desfase histórico del proyecto chavista, sino también de su incapacidad para competir con economías apoyadas en el imperio del conocimiento.
Y aunque los excedentes producidos por los altos precios del petróleo le permiten al Presidente ayudar e impresionar con sus bondades financieras a países en la ruina económica, como Cuba y Bolivia, no han sido ni serán suficientes para provocar solidaridades de naciones como Brasil y Argentina cuyas economías los inclinan a ser líderes en la conducción de la política suramericana. Con el agravante de que cualquiera de ellos, sobre todo Brasil, puede sustituir a Estados Unidos como fuente de nuestras importaciones, pero no para nuestras exportaciones de petróleo.
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