sábado, 13 de marzo de 2010

DESOBEDIENCIA CIVIL

Juan Páez Ávila

La República Civil venezolana construida a lo largo de nuestra historia republicana, con serias dificultades por desacierto de muchos gobernantes en la conducción de la Administración Pública y sobre todo por el acoso permanente del caudillismo y el asalto violento para posesionarse del poder y del manejo de nuestras riquezas naturales, vive hoy momentos cruciales y determinantes para superar la tendencia autoritaria y militarista de un Presidente electo que trata de utilizar el poder conferido por la democracia, para destruirla. Una década de resistencia civil parece abrirle camino a los venezolanos democráticos para impedir mediante el voto mayoritario en las elecciones de septiembre, que el Poder Ejecutivo siga controlando los demás Poderes Públicos y nos imponga un pensamiento único y un régimen totalitario en el que el Comandante en Jefe ordena y los demás obedecen..
La últimas encuestas realizadas en el país, incluyendo las más cercanas al gobierno, revelan que una mayoría importante de venezolanos ya no está dispuesta a obedecer órdenes con más sentido militar que civil y administrativo impartidas por el comandante Chávez, como si se tratara de un cuartel o de una nación en guerra, en circunstancias en las que la población delega todos los poderes en un jefe máximo y único.
El Comandante Hugo Chávez fue electo Presidente de la República por un período constitucional de 6 años que finaliza en el 2012, pero ha ido controlando los demás Poderes Públicos, hizo modificar la Carta Magna para poder presentarse como candidato presidencial a otro período, asumiendo facultades que el soberano no le ha otorgado, por lo que a mitad de su mandato parte significativa del pueblo que le eligió, declara por todos medios y en particular por los sondeos de opinión, que debe terminar su gobierno y entregar el poder a quien resulte ganador en las elecciones del 2012.
Pero como este año 2010 se realizarán elecciones para seleccionar los diputados de la Asamblea Nacional, ese mismo pueblo que lo eligió, se inclina a votar por una Asamblea en la que haya equilibrio, que cumpla con sus funciones de legislar y controlar la Administración Pública, y que incluso podría estar manos de una mayoría de la oposición democrática, que garantice la finalización del período del Presidente, que modifique algunas leyes inconstitucionales aprobadas recientemente y que devuelva la confianza al inversionista nacional e internacional para recuperar el aparato productivo y generar empleo fijo y bien remunerado.
Y aunque los resultados de las encuestas se refieren al momento en que se realizan y no es seguro que se puedan proyectar en el tiempo más allá de uno o dos meses, todo indica que las políticas públicas concebidas y ejecutadas por el Presidente y su gabinete, aumentan el alto costo de la vida y no frenan la delincuencia que tiene tomadas las principales ciudades del país y en cuyos delitos aparecen comprometidos algunos funcionarios policiales. Y si a lo equivocado de algunas políticas económicas y sociales se le agrega la incapacidad para construir obras públicas importantes y para superar la crisis de los servicios públicos como el racionamiento de luz y agua, más la corrupción de altos funcionarios que parece no tener límites, el 26 de septiembre la alternativa democrática debe recuperar la Asamblea Nacional.
La recuperación de la República Civil está en manos, primero, de la Mesa de la Unidad de la Alternativa Democrática para, en medio de naturales e inevitables confrontaciones por las diferentes ideologías que profesan sus integrantes, logre que una mayoría de candidatos de partido e independientes, representen las expectativas de los venezolanos que aspiramos votar por un cambio, para que el poder militar cumpla en los cuarteles las funciones que le otorga la Constitución Nacional vigente, y la Administración Pública retorne al poder civil. Y en segundo lugar, está en manos de la voluntad de los votantes para sufragar por esos candidatos de la Unidad Democrática y defender el voto.

DERECHOS HUMANOS

Juan Páez Ávila


Con la publicación del último Informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Hugo Chávez ha recibido uno de los golpes políticos más contundentes y graves por lo difícil de esquivar, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano, no los han podido disfrutar los pueblos donde la cultura de la violencia ha predominado, en la conciencia no sólo de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes afirmaban defender. Es el caso que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia en su último informe con relación al gobierno del Presidente Hugo Chávez. Centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces puedan presentar pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La reacción del Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo al informe y descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho informe para demostrar su posible sesgo político.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, y que por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos, pero como no prescriben su impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional