LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA

Juan Páez Ávila

Las última arremetida contra diversas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pretenden ejercer una derecho constitucional, por parte de la policía metropolitana, la Guardia Nacional y grupos parapoliciales o paramilitares partidarios del gobierno, son signos de que la represión constituye una política del Estado para tratar de aterrorizar a la población.
La creación de un régimen policiaco que reprime, secuestra ciudadanos, los incomunica y tortura para luego imputarlos sin asistencia jurídica como lo hicieron con varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, coloca al gobierno al margen de la Constitución Nacional.
La represión a la multitudinaria marcha pacífica del sábado 22 del presente mes de agosto, a los pocos días de ser agredidos brutalmente un grupo de periodista de la Cadena Capriles quienes realizaban una actividad también pacífica, ambas en protesta por aspectos fundamentales de la Ley de Educación aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, confirma ya una política del Comandante Chávez dispuesto a no tolerar ninguna manifestación disidente de lo que considera la única verdad que debe imperar en la conciencia de los venezolanos, como expresión de una estrategia que nos conduzca al mar de la felicidad cubano, que él denomina socialismo del siglo XXI.
El alto gobierno debe estar ya convencido de que sus políticas sociales y económicas, tenidas como la panacea universal para sacar el país de la pobreza, de las desigualdades sociales y del subdesarrollo en general, no han convencido a la mayoría de la población, que expresa su descontento no sólo en las encuestas de opinión pública, sino también y con su presencia en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, por lo que ha apelado a la represión policial y militar para tratar imponer sus planes de cubanización de Venezuela.
El acelerador del proceso revolucionario pisado por el Presidente de la República, ordenándole a sus diputados en la Asamblea Nacional que aprueben de urgencia las leyes que considera necesarias para su éxito, a la Fiscalía a que proceda a imputar a los disidentes, y a los jueces a que los lleven a prisión, son los verdaderos ¨vientos de guerra¨ anunciados por el Jefe Único que amenazan a nuestro país, y no la utilización de las bases aéreas colombianas por el gobierno de los Estados Unidos, para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares.
La supuesta amenaza de una guerra contra nuestro país por parte de los Estados Unidos, desde las bases aéreas colombianas, no sólo es un pretexto tratar de defender a sus aliados de las FARC, sino también un subterfugio para profundizar la represión contra la disidencia de los venezolanos.
De allí que el país se enrumba hacia nuevas y posiblemente más difíciles y graves confrontaciones políticas, porque la sociedad democrática, que no sólo es de la oposición sino que incorpora a sectores del chavismo que también aspiran educar libremente a sus hijos, ser propietarios de algún bien pequeño o grande, no seguir siendo víctimas del hampa que actúa con gran impunidad y que el Comandante Chávez les cumpla las promesas de mayor bienestar, se manifiestan cada día más decididos a defender sus derechos establecidos en la Constitución Nacional de 1999.

CHÁVEZ Y URIBE EN UNASUR

Juan Páez Ávila

Las relaciones de Hugo Chávez con las FARC, cuya cooperación ha sido descubierta y denunciada por el gobierno de Álvaro Uribe, una vez decomisadas a ese grupo guerrillero algunas armas del Ejército venezolano compradas a un país europeo, cuyas autoridades han pedido explicaciones acerca de cómo fueron a parar a un tercero, si ello está expresamente prohibido en el texto del contrato de compra-venta, se le complican cada vez más al comandante venezolano para aparecer como neutral en el conflicto colombiano.
La última reunión de UNASUR realizada en Bariloche, Argentina, se puede considerar un éxito para preservar la paz en la región y consolidar su autonomía, su independencia frente a la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, en un clima de mutuo respeto y apuntalar el derecho de las naciones a la autodeterminación de sus pueblos.
¨Los vientos de guerra¨ señalados por el Presidente de la República, Hugo Cuávez, como una grave amenaza para la región por la presencia de personal militar y técnico de los Estados Unidos en las bases aéreas colombianas, fueron parcialmente anulados al dar seguridad el Presidente Álvaro Uribe de que el acuerdo con el país del norte se limitaba a una cooperación para combatir el narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares de su país. El acuerdo fue respetado como un derecho que tiene Colombia y cualquier otro país del subcontinente latinoamericano a ejercer su soberanía, en términos que no excedan su jurisdicción.
El debate y la resolución final que terminarán de redactar los cancilleres, dentro de los lineamientos trazados por los presidentes, deja absolutamente despejado el camino para futuras reuniones en un marco de paz, para buscar solución a cualquier problema o impase que pueda presentarse entre los miembros de UNASUR.
Y aunque la Unión de Naciones de América del Sur es relativamente nueva, el papel de liderazgo conciliador desempeñado por el Presidente Lula da Silva, y la conducción de la Presidenta argentina, y del Ecuador Rafael Correa, revelaron que los intereses comunes de sus miembros son superiores a las discrepancias que inevitablemente se presentaron y se presentarán en el futuro.
Tanto Chávez como Uribe tienen que buscarle solución a sus problemas internos que confronta cada país que presiden, y no pretextos interamericanos o internacionales para desviar la atención de la población que reclama mayor atención a la educación, salud y seguridad personal y de sus bienes. Uribe no puede utilizar las bases aéreas con presencia militar de USA para agredir a Venezuela, sin el rechazo de América del Sur; y Chávez no podrá darle respaldo a la guerrilla, sin comprometerse con el terrorismo y el narcotráfico condenados como delitos de lesa humanidad, cuyas consecuencias conocen ambos muy bien. En tales circunstancias UNASUR no respaldará la agresión de uno contra el otro y los tribunales internacionales podrán funcionar con mayor fundamentación y contundencia si Chávez continúa involucrándose en el conflicto colombiano