Juan Páez Ávila
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída del comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza, aparentemente frustrada, de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública ejerciendo un derecho establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa.
Juan Páez Ávila
sábado, 22 de agosto de 2009
LAS LEYES DEL MIEDO
Juan Páez Ávila
El declive de Hugo Chávez que registran las encuestas que se han realizado en el mes de julio y la proliferación de protestas sociales en la mayoría de las ciudades del país, ha provocado una reacción casi tóxica del Comandante en Jefe, que ha dispuesto pisar el acelerador al ritmo de su proceso revolucionario, ordenándole a sus diputados la aprobación de varias leyes, cuyo contenido tiene por objeto provocar miedo en la población y en particular pesimismo frente a la necesidad de concurrir a elecciones en el 2010 y en el 2012, cuando puede sufrir una derrota mortal para sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.
La aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Educación, sin el consenso del gobierno, la oposición y la sociedad civil, no sólo ha provocado el rechazo de la mitad o algo más de la población –si incluimos a un sector chavista que tampoco fue consultado- sino que también ha abierto un debate, una confrontación ideológica, conceptual y pragmática que hará imposible la aplicación de dicha Ley si es que llega a aprobarse en forma definitiva, con graves riesgos para la paz social que el país requiere para incorporarse al tren del progreso y bienestar de los venezolanos.
Por la importancia de la mencionada Ley, cuyo contenido y aplicación involucra directa o indirectamente a todas las familias venezolanas e incluso extranjeras que viven en nuestro territorio, la confrontación será por tiempo indeterminado, porque por ahora ha empezado en los medios de comunicación social y en las calles de las principales ciudades del país, cuando todavía no había sido aprobado el Proyecto de Ley. De llegarse a aprobar en medio de protestas por parte de quienes se sienten afectados por su contenido, la discusión continuará desde el aula del preescolar hasta la universidad, pasando por los hogares de aquellas familias que tienen conciencia de sus derechos constitucionales para que sus hijos reciban una educación plural, libre y democrática, que no responda a un pensamiento único.
La experiencia venezolana nos enseña que una Ley de Educación, para que sea acatada por la mayoría de la población, debe ser aprobada por consenso, y ello es posible sólo después de un debate en el que participen representantes de todos los sectores de la sociedad, y no únicamente los más cercanos partidarios del Comandante en Jefe.
En las condiciones impuestas por la cúpula de Miraflores en forma vertical, militar, a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que la presente a la plenaria antes de que termine el período de vacaciones escolares, dificulta discutir lo positivo y lo negativo de su contenido, y deja a quienes no han sido consultados, sin otra alternativa que el rechazo general. De allí que la confrontación también será general, y el intento de controlar la sociedad para imponer un pensamiento único a través de la educación no tiene posibilidades de éxito, Hugo Chávez será derrotado.
La estrategia militar de los gobiernos totalitarios para crear pánico en la población, aprobando leyes punitivas, autoritarias, se impuso en la Alemania de Hitler con consecuencias desastrosas para millones de alemanes que sufrieron los rigores de la violencia oficial, detenciones masivas, torturas y muerte en campos de concentración Pero los tiempos han cambiado, la democracia se ha convertido en la bandera de los países civilizados, y las amenazas del totalitarismo encuentran no sólo alertas, sino mejor preparados, tanto a la sociedad venezolana, por la conciencia democrática adquirida en las últimas décadas del siglo XX, como a la comunidad internacional que rechaza la violencia y trata de contribuir a buscar soluciones pacíficas y democráticas. Y lo que se observa hoy en las múltiples manifestaciones realizadas en todo el país, es que el miedo está siendo y será vencido por la firme conciencia democrática padres y representantes, estudiantes, maestros y profesores, militantes políticos y por la sociedad civil en general.
El declive de Hugo Chávez que registran las encuestas que se han realizado en el mes de julio y la proliferación de protestas sociales en la mayoría de las ciudades del país, ha provocado una reacción casi tóxica del Comandante en Jefe, que ha dispuesto pisar el acelerador al ritmo de su proceso revolucionario, ordenándole a sus diputados la aprobación de varias leyes, cuyo contenido tiene por objeto provocar miedo en la población y en particular pesimismo frente a la necesidad de concurrir a elecciones en el 2010 y en el 2012, cuando puede sufrir una derrota mortal para sus aspiraciones de perpetuarse en el poder.
La aprobación en primera discusión por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Educación, sin el consenso del gobierno, la oposición y la sociedad civil, no sólo ha provocado el rechazo de la mitad o algo más de la población –si incluimos a un sector chavista que tampoco fue consultado- sino que también ha abierto un debate, una confrontación ideológica, conceptual y pragmática que hará imposible la aplicación de dicha Ley si es que llega a aprobarse en forma definitiva, con graves riesgos para la paz social que el país requiere para incorporarse al tren del progreso y bienestar de los venezolanos.
Por la importancia de la mencionada Ley, cuyo contenido y aplicación involucra directa o indirectamente a todas las familias venezolanas e incluso extranjeras que viven en nuestro territorio, la confrontación será por tiempo indeterminado, porque por ahora ha empezado en los medios de comunicación social y en las calles de las principales ciudades del país, cuando todavía no había sido aprobado el Proyecto de Ley. De llegarse a aprobar en medio de protestas por parte de quienes se sienten afectados por su contenido, la discusión continuará desde el aula del preescolar hasta la universidad, pasando por los hogares de aquellas familias que tienen conciencia de sus derechos constitucionales para que sus hijos reciban una educación plural, libre y democrática, que no responda a un pensamiento único.
La experiencia venezolana nos enseña que una Ley de Educación, para que sea acatada por la mayoría de la población, debe ser aprobada por consenso, y ello es posible sólo después de un debate en el que participen representantes de todos los sectores de la sociedad, y no únicamente los más cercanos partidarios del Comandante en Jefe.
En las condiciones impuestas por la cúpula de Miraflores en forma vertical, militar, a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que la presente a la plenaria antes de que termine el período de vacaciones escolares, dificulta discutir lo positivo y lo negativo de su contenido, y deja a quienes no han sido consultados, sin otra alternativa que el rechazo general. De allí que la confrontación también será general, y el intento de controlar la sociedad para imponer un pensamiento único a través de la educación no tiene posibilidades de éxito, Hugo Chávez será derrotado.
La estrategia militar de los gobiernos totalitarios para crear pánico en la población, aprobando leyes punitivas, autoritarias, se impuso en la Alemania de Hitler con consecuencias desastrosas para millones de alemanes que sufrieron los rigores de la violencia oficial, detenciones masivas, torturas y muerte en campos de concentración Pero los tiempos han cambiado, la democracia se ha convertido en la bandera de los países civilizados, y las amenazas del totalitarismo encuentran no sólo alertas, sino mejor preparados, tanto a la sociedad venezolana, por la conciencia democrática adquirida en las últimas décadas del siglo XX, como a la comunidad internacional que rechaza la violencia y trata de contribuir a buscar soluciones pacíficas y democráticas. Y lo que se observa hoy en las múltiples manifestaciones realizadas en todo el país, es que el miedo está siendo y será vencido por la firme conciencia democrática padres y representantes, estudiantes, maestros y profesores, militantes políticos y por la sociedad civil en general.
NO A LA GUERRA
Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque el gobierno de Bogotá haya firmado un acuerdo para que los Estados Unidos usen 5 bases aéreas colombianas para combatir el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y el Presidente Chávez lo interprete como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra su proyecto político de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, y Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano o de cualquier otra potencia extranjera. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo la podemos decidir los venezolanos.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones de UNSASUR hoy, como las del Grupo de Río en la pasada crisis, pueden resultan infructuosas, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera, y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios
lunes, 3 de agosto de 2009
CHÁVEZ ENTRE HONDURAS Y COLOMBIA
Juan Páez Ávila
Sin que haya superado el golpe que frenó en Honduras el avance del proyecto chavista, llamado bolivariano y del siglo XXI, el Comandante Chávez tiene que enfrentar la grave denuncia del gobierno colombiano, cuyo ejército decomisó a las FARC un lote de armas de gran potencia, que habían sido compradas por el ejército venezolano al gobierno Sueco. La gravedad de la denuncia colombiana se fundamenta en la posibilidad de que dichas armas le hayan sido entregadas a las FARC por orden de Hugo Chávez, porque lo colocaría entre los cooperadores con el terrorismo y el narcotráfico, penados por la legislación internacional.
Después de un evidente éxito de su política exterior en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el Hugo Chávez ha sufrido su primera derrota en Honduras, donde su pupilo el Presidente Manuel Zelaya fue derrocado por el Ejército, siguiendo instrucciones del Poder Judicial, con anuencia del Poder Legislativo, la Fiscalía General y hasta del Partido Liberal que lo postuló e hizo elegir, para frustrar su intento de modificar la Constitución Nacional de ese país y hacerse reelegir por tiempo indefinido, según el guión o estrategia política que aplican o tratan de aplicar los partidarios del ALBA que motoriza el Comandante en Jefe venezolano.
Consumado el derrocamiento del Presidente Zelaya, con clara violación de sus derechos humanos al ser apresado por la fuerza, sacado en pijama de la Casa Presidencial y enviado en un avión a Costa Rica, el mundo democrático levantó la voz protesta e hizo aprobar por la OEA un acuerdo mediante el cual se desconoce el gobierno de facto y pide el regreso incondicional del Presidente derrocado. Y aquí comienza otra batalla que también la pierde, hasta ahora, el Comandante Chávez, quien llama a la intervención militar, incluyendo a los Estados Unidos, si no renuncia de inmediato el Presidente Micheletti, nombrado por el Congreso de la República de su país, en lo que consideran una sucesión presidencial ajustada a la Constitución en vista a la ausencia del Presidente electo.
Mientras hasta el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se suma al coro de Hugo Chávez, de retorno de Zelaya sin condiciones, con lo cual pierde su autoridad de mediador, el Presidente Barak Obama juega su primera carta de su nueva política hacia América Latina e instruye a su Secretaria de Estado para que explore la mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Aria, Premio Nobel de la Paz, para buscar una solución pacífica y concertada de la crisis política de Honduras.
Pero la audacia de Hugo Chávez no se detiene, llama al pueblo y al ejército hondureños a sublevarse. Hace acompañar a Zelaya, con su canciller Maduro, a la frontera de Nicaragua con Honduras, a la espera de que el Ejército, al estilo del General Raúl Baduel, lo rescate y lo conduzca al Palacio de Gobierno, hecho histórico que al cierre de este artículo no se había producido, lo que podría ser indicador de otra derrota de nuestro Comandante en Jefe.
El momento político que tiene que enfrentar el Presidente Chávez en los próximos días y meses, es tal vez el más difícil que se le ha presentado en el área interamericana e internacional, con alguna proyección en la crisis interna política, social y económica que atraviesa nuestro país y para la cual no ha encontrado solución. El descubrimiento de la intervención del Presidente de la República en los asuntos internos de Honduras y de Colombia, podría meter o conducir a Venezuela en un conflicto internacional, que los venezolanos democráticos chavistas y no chavistas no buscamos, ni queremos, ni somos responsables cualesquiera sean las consecuencias.
Sin que haya superado el golpe que frenó en Honduras el avance del proyecto chavista, llamado bolivariano y del siglo XXI, el Comandante Chávez tiene que enfrentar la grave denuncia del gobierno colombiano, cuyo ejército decomisó a las FARC un lote de armas de gran potencia, que habían sido compradas por el ejército venezolano al gobierno Sueco. La gravedad de la denuncia colombiana se fundamenta en la posibilidad de que dichas armas le hayan sido entregadas a las FARC por orden de Hugo Chávez, porque lo colocaría entre los cooperadores con el terrorismo y el narcotráfico, penados por la legislación internacional.
Después de un evidente éxito de su política exterior en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el Hugo Chávez ha sufrido su primera derrota en Honduras, donde su pupilo el Presidente Manuel Zelaya fue derrocado por el Ejército, siguiendo instrucciones del Poder Judicial, con anuencia del Poder Legislativo, la Fiscalía General y hasta del Partido Liberal que lo postuló e hizo elegir, para frustrar su intento de modificar la Constitución Nacional de ese país y hacerse reelegir por tiempo indefinido, según el guión o estrategia política que aplican o tratan de aplicar los partidarios del ALBA que motoriza el Comandante en Jefe venezolano.
Consumado el derrocamiento del Presidente Zelaya, con clara violación de sus derechos humanos al ser apresado por la fuerza, sacado en pijama de la Casa Presidencial y enviado en un avión a Costa Rica, el mundo democrático levantó la voz protesta e hizo aprobar por la OEA un acuerdo mediante el cual se desconoce el gobierno de facto y pide el regreso incondicional del Presidente derrocado. Y aquí comienza otra batalla que también la pierde, hasta ahora, el Comandante Chávez, quien llama a la intervención militar, incluyendo a los Estados Unidos, si no renuncia de inmediato el Presidente Micheletti, nombrado por el Congreso de la República de su país, en lo que consideran una sucesión presidencial ajustada a la Constitución en vista a la ausencia del Presidente electo.
Mientras hasta el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se suma al coro de Hugo Chávez, de retorno de Zelaya sin condiciones, con lo cual pierde su autoridad de mediador, el Presidente Barak Obama juega su primera carta de su nueva política hacia América Latina e instruye a su Secretaria de Estado para que explore la mediación del Presidente de Costa Rica, Oscar Aria, Premio Nobel de la Paz, para buscar una solución pacífica y concertada de la crisis política de Honduras.
Pero la audacia de Hugo Chávez no se detiene, llama al pueblo y al ejército hondureños a sublevarse. Hace acompañar a Zelaya, con su canciller Maduro, a la frontera de Nicaragua con Honduras, a la espera de que el Ejército, al estilo del General Raúl Baduel, lo rescate y lo conduzca al Palacio de Gobierno, hecho histórico que al cierre de este artículo no se había producido, lo que podría ser indicador de otra derrota de nuestro Comandante en Jefe.
El momento político que tiene que enfrentar el Presidente Chávez en los próximos días y meses, es tal vez el más difícil que se le ha presentado en el área interamericana e internacional, con alguna proyección en la crisis interna política, social y económica que atraviesa nuestro país y para la cual no ha encontrado solución. El descubrimiento de la intervención del Presidente de la República en los asuntos internos de Honduras y de Colombia, podría meter o conducir a Venezuela en un conflicto internacional, que los venezolanos democráticos chavistas y no chavistas no buscamos, ni queremos, ni somos responsables cualesquiera sean las consecuencias.
LOS DOS GOLPES
Juan Páez Ávila
Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
Antonio Ledezma y Manuel Zelaya ha sido víctimas de un golpe bueno y otro malo, según la mirada y la concepción que se tenga de la política de la violencia para enfrentar al adversario o al enemigo. Despojar a Ledezma de sus facultades como Alcalde Metropolitano, electo por más de 700 mil votos, y a Zelaya de las suyas como Presidente de Honduras, electo por más de 900 mil votos, no sólo los convierte en mártires del golpismo en América Latina, sino que también le abre las puertas a los militares que pueden ser bienvenidos o repudiados, si el golpe que supuestamente puedan tener entre telones es calificado de bueno o malo.
Para los demócratas que consideramos que los gobiernos deben ser dirigidos por los civiles y apoyados institucionalmente por los militares, y de pronto nos encontramos ante hechos cumplidos, es decir, que un grupo de militares usa las armas que le ha confiado la República y toma el poder, nos sentimos obligados a reiterar nuestra convicciones democráticas, denunciarlos cívicamente y contribuir a que la dinámica de la crisis, porque se trata de una crisis política, haga obligatorio el retorno de la democracia. Es lo que ha pasado en todas las dictaduras militares que se han impuesto en América Latina, algunas más sangrientas que otras, más o menos prolongadas en el tiempo, pero que indefectiblemente terminan dejando en manos de los civiles no sólo la conducción del Estado, sino la recuperación del desastre económico, social y político que generalmente dejan como consecuencia de una actividad para la cual no fueron preparados, ni se les asignó constitucionalmente como atribución legítima.
Lo más lamentable y peligroso para nuestros países, es que mientras no se consolide un pensamiento democrático en la sociedad civil y en el mundo militar, ningún gobernante electo o no, está a salvo de la intervención de los militares en la política por medio de, lo que saben hacer, el uso violento de las armas o el golpe de estado. De allí que el Presidente Chávez no sólo está obligado a defender a Manuel Zelaya, sino también a devolverle las facultades plenas a Antonio Ledezma de las cuales lo ha despojado inconstitucionalmente.
La decisión del Alcalde Metropolitano de declararse en huelga de hambre, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Caracas, para defender el derecho de los trabajadores de la Alcaldía a cobrar sus respectivos sueldos y salarios retenidos por la representante del Presidente Chávez, nombrada a dedo como jefa ejecutiva de la capital, y para denunciar ante el mundo la violación de la Constitución Nacional por parte del gobierno, recibió el respeto y la solidaridad de todos los demócratas que aspiramos vivir en un Estado de Derecho.
Exponer la vida por una causa legítima de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana y por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de un régimen de paz y democracia, exige un alto coraje personal y un valor cívico, propio de los hombres y mujeres que conciben la existencia como un apostolado ciudadano y una excepcional vocación de servicio público.
ALBA EN CENTROAMÉRICA
Juan Páez Ávila
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
La política exterior del Presidente Chávez con el objetivo de crear una Asociación Bolivariana en el subcontinente latinoamericano, mediante el predominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, ha encontrado un serio y complejo obstáculo en Honduras, donde después de recibir el apoyo del Presidente Manuel Zelaya, el Poder Judicial y el Legislativo se pronunciaron en contra y solicitaron al Comandante del Ejército detener y exiliar al jefe del gobierno, en lo que se convirtió para los gobiernos representados en la OEA en un tradicional y condenable golpe de estado.
La crisis que se ha generado en Honduras tenderá a extenderse a los países vecinos, porque no sólo es evidente, sino también pública, la injerencia del gobierno de Nicaragua, cuyo Presidente Daniel Ortega llama veladamente a la insurrección de los partidarios de Zelaya contra el nuevo gobierno de Michelleti, si éste no renuncia y permite el retorno del primero a la Jefatura del Gobierno hondureño.
El plazo de 72 horas que ha solicitado el mediador, el Presidente Arias de Costa Rica, para realizar unos últimos esfuerzos y buscar una solución pacífica podrían transcurrir sin mayores avances, porque la propuesta número uno estable el retorno de Zelaya a la Presidencia de la República, lo cual resulta inaceptable para los representantes de Michelleti, porque el depuesto Zelaya es juzgado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.
Y como también es pública la intervención del Presidente Chávez, jefe de la ALBA y del financiamiento de Zelaya, quien se desplaza en aviones de Venezuela, violando el espacio aéreo de Honduras, si no hay acuerdo pacífico en el plazo solicitado por el Presidente Arias, la crisis puede agravarse, porque en ese pequeño país se juega el futuro de la política exterior de Chávez. Daniel Ortega, aunque lo negará, intervendrá o dejará que soldados de sus aliados pasen por la frontera con miras a derrocar a Michelleti, tal como lo expresado públicamente Hugo Chávez. El problema dejará de ser exclusivamente de Honduras y menos de Zelaya y Michelleti, para convertirse en un escenario de avance o retroceso, según los resultados finales, de la política de Chávez y sus aliados de la ALBA. De allí a proposición de Evo Morales de constituir una alianza militar, y la disposición de Daniel Ortega de reformar la Constitución para reelegirse.
LEDEZMA EN LA OEA
Juan Páez Ávila
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.
DELITOS MEDIÁTICOS
Juan Páez Ávila
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída de su comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado. Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia
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