Juan Páez Ávila
A lo largo de nuestra historia republicana en América Latina se han producido alguna guerras suicidas, que no han cambiado para nada las condiciones infrahumanas en que viven las grandes mayorías que pueblan este subcontinente, y que sólo han servido para modificar parcialmente las fronteras, generalmente en pequeños territorios inhóspitos, para enriquecer a unos cuantos vendedores de armas de desecho, dividirnos y sembrar odios irracionales en la conciencia de muchos, que nos alejan de una necesaria integración regional para impulsar el progreso de economías complementarias, que nos permitan acercarnos a los altos niveles de civilización alcanzados por los principales bloques naciones de nuestro tiempo. Y aunque se han dado algunos pasos interesantes y hasta prometedores, como la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la integración de Centro América y del Caribe, todavía subsisten serios peligros de que la política integracionista sea sustituida por la hegemonía de las armas, de la guerra fraticida.
Después que el Grupo de Río logró un sorprendente y exitoso acuerdo para frenar la escalada de violencia que amenazaba con desatar una guerra, aunque fuera de opereta, entre Colombia, Ecuador y Venezuela, y retornar la normalidad en las relaciones fraternas de mutuo interés que han existido y deben seguir existiendo entre países vecinos, hermanados por lazos más que históricos, humanos en general, lo pueden convertir en el mejor escenario para contribuir con el gobierno colombiano y la guerrilla a buscar una solución pacífica a la guerra estéril que los enfrenta desde hace varias décadas.
Mientras no se ponga fin a esa confrontación armada en Colombia, los peligros de un enfrentamiento militar entre este país y sus vecinos Ecuador y Venezuela, donde es evidente que buscan refugio los principales jefes de las FARC, estarán presentes, y podríamos volver una situación prebélica en la que las buenas gestiones del Grupo de Río se encuentren ya agotadas o con poca credibilidad, porque las causas que generaron la crisis anterior no hayan sido eliminadas.
Las promesas del Presidente Uribe de no repetir una acción militar que viole la soberanía de Ecuador, para perseguir a los grupos guerrilleros, y las del Presidente Correa, apoyado por el Presidente Chávez, de no permitir en el territorio de ambos países las operaciones de la guerrilla, podrían ser anuladas no sólo por incumplimiento de alguna de las partes, sino también -y ello sería lo más probable e incontenible- si la lucha armada en Colombia continúa y toma otras dimensiones en las que la política sea desbordada por lo militar.
De allí que el Grupo de Río, aunque ha logrado apaciguar los ánimos y el continente democrático se lo agradece y ha celebrado sus buenos oficios, debería asumir, con el beneplácito de los demócratas, las más trascendental e histórica labor: invitar a una reunión extraordinaria y sentar en una mesa de discusión a los más altos representantes del gobierno de Colombia y de las FARC. Ya el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha solicitado su intervención para buscar un acuerdo de paz. Y el Presidente Uribe en una de sus últimas declaraciones, con el sesgo propio de quien aspira un triunfo unilateral, llamó a los guerrilleros a desertar, pero también solicitó un diálogo para buscar la paz definitiva. Si el Grupo de Río interviene, Colombia podría ahorrarse más dolorosos sacrificios humanos y alcanzar la paz, vital para su pueblo y necesaria para sus vecinos.
Juan Páez Ávila
domingo, 28 de junio de 2009
NO A LA VIOLENCIA
Juan Páez Ávila
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
Los estudiantes universitarios no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país en las elecciones para rechazar la Reforma a la Constitución Nacional propuesta por el Presidente de la República, sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que tiene la mayoría de los venezolanos para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno.
De allí que una de las consecuencias que se deriva del triunfo del NO en las elecciones del 2 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, particularmente estudiantes, en los días previos al Referendo, sino que amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.
Estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, muchos de esos venezolanos, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se encontraron el 2 de diciembre con que una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales derrotó pacíficamente a su Comandante en Jefe, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.
Una vez conocidos los resultados electorales comenzó a percibirse una atmósfera política de menor tensión, que dio inicio a un desarme mental, que debe preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no se sientan inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. En una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 2 de diciembre pasado, resulta ser parte de un aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y de tolerancia en la expresión de ideas diferentes.
Una disidencia como la expresada por el grupo PODEMOS, el General Raúl Baduel y Marisabel Rodríguez, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por un socialismo democrático, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.
Y como el futuro pertenece a la juventud, parece inevitable que no sólo por el acierto que han tenido al emerger como una fuerza pacífica y de especial credibilidad ante la sociedad contemporánea, sino también por su nivel intelectual expresado en su discurso, las organizaciones democráticas tradicionales deben seguir oyendo su mensaje, asesorándola, apoyándola y acompañándola como hasta ahora, sin permitir que aparezcan las pretensiones perversas de la manipulación, propias de una vieja política de algunos sectores e individualidades que le cerraron el paso a las nuevas generaciones que proponían profundizar y perfeccionar la democracia.
NO A LA GUERRA
Juan Páez Ávila
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque la presencia en Bogotá del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se puede interpretar como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra el proyecto del Presidente Chávez de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra porque el Presidente Uribe lo haya relevado oficialmente de sus funciones de mediador del intercambio humanitario con las FARC.
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos de cada día y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Y aunque Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo las podemos decidir los venezolanos, y por vía democrática, electoral y pacífica.
Los venezolanos, chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios. Democrática y civilizadamente vamos elecciones éste y el próximo año.
Los peligros de un conflicto armado con Colombia no sólo han producido alarma y preocupación en los círculos políticos y económicos de ambas naciones, sino también el rechazo de más del 80% de la población de nuestros países, que durante más de un siglo han vivido en paz y fraternidad. Y aunque la presencia en Bogotá del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se puede interpretar como una amenaza o parte de un plan disuasivo contra el proyecto del Presidente Chávez de extender la revolución bolivariana al país vecino y otras naciones del subcontinente, nuestro Comandante en Jefe no puede ni debe llevar a los venezolanos a una guerra porque el Presidente Uribe lo haya relevado oficialmente de sus funciones de mediador del intercambio humanitario con las FARC.
Venezuela y Colombia tienen gobiernos distintos, diametralmente opuestos, porque los pueblos de ambas naciones los han electo mediante el voto, y entre ambas naciones han existido relaciones económicas de mutuo beneficio y de gran hermandad entre los habitantes de la frontera e incluso de toda la extensión de nuestros territorios. En muchos rubros, especialmente en alimentos, existe una economía complementaria que constituye un avance de integración regional. Incluso la existencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no ha sido obstáculo para que las buenas relaciones entre los gobiernos de cada día y de la población en general se preserven a lo largo de más de 40 años que Colombia se desangra en una guerra inútil y estúpida como todas las guerras, agravada por el narcotráfico y la violación de los derechos humanos.
Tenemos que admitir como sociedad civilizada y democrática que los problemas de Colombia los resuelven los colombianos, como los nuestros le buscamos solución los venezolanos. Y aunque Colombia tiene derecho a la aliarse con los Estados Unidos para defenderse de la guerrilla y del narcotráfico, Venezuela tiene derecho a rechazar cualquier amenaza de intervención en nuestros asuntos por parte del ejército norteamericano. Y aunque es evidente que el discurso y el manejo de una chequera petrolera por parte del Presidente Chávez se han convertido en un instrumento de intervención indebida en algunos países de América Latina, su presencia en Miraflores sólo las podemos decidir los venezolanos, y por vía democrática, electoral y pacífica.
Los venezolanos, chavistas y no chavistas, debemos decirle no a la guerra, no a la intervención extranjera y pedirle al Presidente más diplomacia y menos discursos incendiarios. Democrática y civilizadamente vamos elecciones éste y el próximo año.
NI GOLPE NI AUTOGOLPE
Juan Páez Ávila
Es posible que algunos lectores pudieran pensar que es un exabrupto que en la Venezuela de hoy se pueda llamar a establecer un diálogo civilizado, en medio de una crispación política provocada fundamentalmente por el discurso agresivo y procaz del Presidente de la República. Sin embargo, la experiencia política mundial e incluso nacional indica que la democracia, no obstante de ser el mejor sistema de relaciones creado por el ser humano para convivir en sociedad, pasa por momentos críticos, conflictivos que la colocan borde del abismo, el camino que ha encontrado hacia el progreso y la libertad ha sido rescatar el entendimiento pacífico. El espejo de la primera y segunda guerras mundiales y de nuestras matanzas fraticidas serían suficientes para ilustrar a los más obcecados partidarios de la violencia, pero también tenemos la reciente lección que ha dado el exitoso movimiento estudiantil con sus luchas por la defensa de la libertad de expresión, enarbolando las banderas de la paz. De allí que la conclusión lógica y racional es que la solución de la presente crisis política se alcanzará mediante la lucha democrática, no mediante el golpe ni el autogolpe.
La consolidación de la democracia en Venezuela requiere desterrar de la mente de los venezolanos la menor intención o idea de golpe o autogolpe militar o cívico militar, para resolver los graves problemas económicos y sociales que confronta nuestra sociedad. La experiencia no sólo de nuestra pequeña historia, si la contamos a partir de la independencia y constitución como república, o de nuestra larga existencia si nos referimos a la época precolombina y posterior presencia u ocupación del territorio por los españoles con todas sus instituciones –políticas, sociales y económicas- del momento y su prolongado mestizaje con indígenas y africanos, nos enseña que 1a violencia únicamente han servido para destruir la economía creada por nuestros antepasados, profundizar la desigualdad social y hacer más incierto el futuro de libertad, progreso, desarrollo y bienestar de la población.
Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 23 de noviembre, y en particular si es favorable a la oposición, los líderes fundamentales del país están obligados, en defensa de la democracia, a llamar al diálogo y al entendimiento, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente Chávez, para restablecer las reglas del juego democrático, que garanticen el respeto a los resultados del voto mayoritario y la continuidad de su mandato hasta el final del período constitucional en 2012.
En la medida en que se acerca el momento del sufragio para elegir gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos, seguiremos oyendo los discursos escatológicos y las amenazas del Comandante en jefe de pulverizar a los opositores, como única opción de darle ánimo a sus candidatos ineptos y repudiados por sus abandonados electores.
Es posible que algunos lectores pudieran pensar que es un exabrupto que en la Venezuela de hoy se pueda llamar a establecer un diálogo civilizado, en medio de una crispación política provocada fundamentalmente por el discurso agresivo y procaz del Presidente de la República. Sin embargo, la experiencia política mundial e incluso nacional indica que la democracia, no obstante de ser el mejor sistema de relaciones creado por el ser humano para convivir en sociedad, pasa por momentos críticos, conflictivos que la colocan borde del abismo, el camino que ha encontrado hacia el progreso y la libertad ha sido rescatar el entendimiento pacífico. El espejo de la primera y segunda guerras mundiales y de nuestras matanzas fraticidas serían suficientes para ilustrar a los más obcecados partidarios de la violencia, pero también tenemos la reciente lección que ha dado el exitoso movimiento estudiantil con sus luchas por la defensa de la libertad de expresión, enarbolando las banderas de la paz. De allí que la conclusión lógica y racional es que la solución de la presente crisis política se alcanzará mediante la lucha democrática, no mediante el golpe ni el autogolpe.
La consolidación de la democracia en Venezuela requiere desterrar de la mente de los venezolanos la menor intención o idea de golpe o autogolpe militar o cívico militar, para resolver los graves problemas económicos y sociales que confronta nuestra sociedad. La experiencia no sólo de nuestra pequeña historia, si la contamos a partir de la independencia y constitución como república, o de nuestra larga existencia si nos referimos a la época precolombina y posterior presencia u ocupación del territorio por los españoles con todas sus instituciones –políticas, sociales y económicas- del momento y su prolongado mestizaje con indígenas y africanos, nos enseña que 1a violencia únicamente han servido para destruir la economía creada por nuestros antepasados, profundizar la desigualdad social y hacer más incierto el futuro de libertad, progreso, desarrollo y bienestar de la población.
Cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 23 de noviembre, y en particular si es favorable a la oposición, los líderes fundamentales del país están obligados, en defensa de la democracia, a llamar al diálogo y al entendimiento, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente Chávez, para restablecer las reglas del juego democrático, que garanticen el respeto a los resultados del voto mayoritario y la continuidad de su mandato hasta el final del período constitucional en 2012.
En la medida en que se acerca el momento del sufragio para elegir gobernadores, alcaldes y diputados a los Consejos Legislativos, seguiremos oyendo los discursos escatológicos y las amenazas del Comandante en jefe de pulverizar a los opositores, como única opción de darle ánimo a sus candidatos ineptos y repudiados por sus abandonados electores.
MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO
DECLARACIÓN CONSTITUTIVA
Ante la imperiosa necesidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones de los más ingentes problemas sociales que afectan a la sociedad venezolana, un grupo de profesionales y dirigentes vecinales compenetrados con nuestra crítica realidad social, política y económica, después de numerosas reuniones en diferentes sectores populares y de clase media, hemos decidido constituir un MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO en el país, que responda a las expectativas de un liderazgo independiente, crítico y representativo de nuestra sociedad civil.
Para alcanzar tan importante y trascendente expectativa nos hemos trazado los siguientes objetivos:
1.- Organizarnos en los sectores populares y medios de la sociedad para luchar por la solución de los problemas que engendra la pobreza en centenares de miles de venezolanos, que desde hace aproximadamente 3 décadas se vienen agravando, con consecuencias cada día afectan más la calidad de vida de nuestra población.
2.- Organizarnos para, además de estudiar la problemática social, elaborar proyectos y planes de vivienda en las comunidades, para demandar políticas públicas que atiendan a su solución a corto y mediano plazo, bajo la contraloría social de los promotores.
3.- Organizarnos para demandar de las autoridades políticas de empleo permanente, para solucionar de una manera definitiva la tragedia de las familias populares que deambulan por nuestras ciudades en búsqueda de cualquier oportunidad para ganarse el sustento de sus hijos.
4.- Organizarnos para solicitar mejoras en la aplicación de las misiones que el gobierno ejecuta en los barrios populares, también vigiladas por la contraloría social, que responda a los intereses de la comunidad y no de parcialidades políticas.
5.- Organizarnos para participar en la política nacional, regional y local para contribuir a consolidar un sistema democrático de gobierno, como garantía plena del ejercicio de nuestros derechos constitucionales sociales y humanos. Para hacer conocer nuestra opinión sobre el desarrollo industrial y agropecuario del país, como objetivo fundamental para superar la pobreza de los venezolanos.
6.- Organizarnos para hacer oír nuestra voz acerca de la conveniencia, de la necesidad, de un acuerdo nacional entre trabajadores, empresarios y gobierno, para mediante el diálogo crear un clima de paz, de convivencia entre los larenses y venezolanos, condiciones imprescindibles para superar la problemática social, razón esencial de nuestra presencia en la vida pública del país.
MOVIMIENTO DE MOVIMIENTOS
Divorciados de todo dogmatismo, militarismo y personalismos estériles que han fracasado a lo largo de toda la historia del ser humano, para después de muchos años de sufrimientos, crímenes y miserias a los cuales han conducido a la sociedad moderna, hacer un alto en el camino para intentar reconstruir esa sociedad en términos de respeto a los derechos humanos, la legalidad democrática y la búsqueda del progreso social y económico, miles de venezolanos que hemos intercambiado opiniones acerca de cómo trazar un nuevo rumbo al país, hemos decidido crear una organización política o Movimiento de Movimientos que se rija por los siguientes principios:
1) Participación de diversos sectores de la sociedad venezolana, tales como: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones de profesionales, estudiantiles, sindicales, comunales y empresariales, convencidos de que Venezuela requiere el concurso de todos los ciudadanos para rescatar la democracia y la convivencia en un Estado de Derecho. Lucharemos por un Estado y un gobierno plural.
2) Elección universal, directa y secreta de sus autoridades, por el voto mayoritario de todos sus participantes o militantes. Esta elección se realizará en los próximos seis meses, contados a partir del momento que lo acuerde la primera consulta nacional constitutiva del Movimiento. En ese período funcionará una dirección provisional en todos los Estados y Municipios, encargada de convocar a la elección definitiva de las autoridades.
3) Todos los miembros que militen en el Movimiento y en las diversas asociaciones que lo conformen, tendrán el derecho a participar como organizadores o aspirantes para dirigir nuestra organización. El protagonismo debe ser general.
4) El período de duración en los cargos de elección interna, nacionales, estadales y municipales, será de dos años, con derecho a reelección una sola vez. Privará la alternabilidad en dichos cargos.
5) Las direcciones estadales o regionales, municipales y de las asociaciones que formen parte del Movimiento, son autónomas en lo organizativo y administrativo, excepto sobre políticas nacionales o internacionales aprobadas por la Convención Nacional u otro organismo de inferior jerarquía, autorizado por esta Convención, para tales fines. Funcionaremos como un Movimiento descentralizado.
6) Independencia y soberanía. Concientes de las condiciones mundiales de interdependencia de las naciones, lucharemos por alcanzar un alto grado de desarrollo económico, social y cultural que nos libere al máximo de cualquier dependencia de todo centro de poder mundial.
7) En lo internacional defenderemos la paz entre las naciones que por diversas razones pueden entrar en conflicto, los cuales deben ser resueltos atendiendo a los principios de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y cualquier otra organización multinacional a la cual se adhiera nuestro país. Defenderemos un país independiente y pacífico.
NUESTRA CONSTITUCIÓN ORGANIZATIVA
CONVENCIÓN NACIONAL.-
La Convención Nacional estará integrada por la Dirección Nacional, las Direcciones Estadales o Regionales, las Direcciones Municipales y los delegados que nombren las convenciones regionales y municipales, uno por cada comité o centro comunal y asociaciones que conformen el Movimiento en la región o estado correspondiente.
La Convención Nacional es la máxima autoridad que elige la Dirección Nacional y traza las políticas nacionales e internacionales que se ajusten a los principios de esta Declaración Constitutiva.
LA DIRECCIÓN NACIONAL
Estará constituida por 15 miembros electos por la Convención Nacional y será la encargada de dirigir la política día a día para hacer cumplir las disposiciones de nuestra Acta Constitutiva. A sus reuniones deberán asistir los secretarios generales de los Estados cuando se trate algún tema relacionado con su entidad respectiva, o cuando la Dirección Nacional los convoque para resolver sobre aspectos de trascendencia nacional o internacional, como en el caso específico de las alianzas electorales con otros movimientos o partidos políticos.
CONVENCIÓN REGIONAL
La Convención Regional estará integrada por la dirección regional, las direcciones municipales y parroquiales, más los delegados que nombren estas últimas, uno por cada comité de base, y uno por cada asociación que se adhiera en el Estado. Esta Convención es la máxima autoridad en el Estado respectivo, para cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en nuestra Acta Constitutiva.
La Convención Regional elegirá, por mayoría de votos, los candidatos a diputados del Movimiento a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos
DIRECCIÓN REGIONAL
La Dirección Regional estará constituida por 9 miembros electos por el voto universal, directo y secreto de los militantes y simpatizantes del Movimiento en el Estado correspondiente. Estará encargada de ejecutar las políticas que le correspondan en la región, para el buen funcionamiento y crecimiento del Movimiento.
CONVENCIÓN MUNICIPAL
La Convención Municipal la Constituyen la Dirección Municipal, los comités parroquiales, un delegado por cada comité de base y por los organismos simpatizantes del Movimiento en el respectivo municipio. Tiene entre sus funciones la escogencia de los candidatos del Movimiento para los Concejos Municipales
DIRECCIÓN MUNICIPAL
Deberá estar integrada por 5 ó 7 miembros electos por el voto universal, directo y secreto de los militantes y simpatizantes del Movimiento en el municipio respectivo y tiene entre sus funciones principales realizar todas la políticas necesarias para apoyar las luchas sociales de los vecinos por sus reivindicaciones comunitarias, y elevar el prestigio del Movimiento en la comunidad.
Ante la imperiosa necesidad de participar activamente en la búsqueda de soluciones de los más ingentes problemas sociales que afectan a la sociedad venezolana, un grupo de profesionales y dirigentes vecinales compenetrados con nuestra crítica realidad social, política y económica, después de numerosas reuniones en diferentes sectores populares y de clase media, hemos decidido constituir un MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO en el país, que responda a las expectativas de un liderazgo independiente, crítico y representativo de nuestra sociedad civil.
Para alcanzar tan importante y trascendente expectativa nos hemos trazado los siguientes objetivos:
1.- Organizarnos en los sectores populares y medios de la sociedad para luchar por la solución de los problemas que engendra la pobreza en centenares de miles de venezolanos, que desde hace aproximadamente 3 décadas se vienen agravando, con consecuencias cada día afectan más la calidad de vida de nuestra población.
2.- Organizarnos para, además de estudiar la problemática social, elaborar proyectos y planes de vivienda en las comunidades, para demandar políticas públicas que atiendan a su solución a corto y mediano plazo, bajo la contraloría social de los promotores.
3.- Organizarnos para demandar de las autoridades políticas de empleo permanente, para solucionar de una manera definitiva la tragedia de las familias populares que deambulan por nuestras ciudades en búsqueda de cualquier oportunidad para ganarse el sustento de sus hijos.
4.- Organizarnos para solicitar mejoras en la aplicación de las misiones que el gobierno ejecuta en los barrios populares, también vigiladas por la contraloría social, que responda a los intereses de la comunidad y no de parcialidades políticas.
5.- Organizarnos para participar en la política nacional, regional y local para contribuir a consolidar un sistema democrático de gobierno, como garantía plena del ejercicio de nuestros derechos constitucionales sociales y humanos. Para hacer conocer nuestra opinión sobre el desarrollo industrial y agropecuario del país, como objetivo fundamental para superar la pobreza de los venezolanos.
6.- Organizarnos para hacer oír nuestra voz acerca de la conveniencia, de la necesidad, de un acuerdo nacional entre trabajadores, empresarios y gobierno, para mediante el diálogo crear un clima de paz, de convivencia entre los larenses y venezolanos, condiciones imprescindibles para superar la problemática social, razón esencial de nuestra presencia en la vida pública del país.
MOVIMIENTO DE MOVIMIENTOS
Divorciados de todo dogmatismo, militarismo y personalismos estériles que han fracasado a lo largo de toda la historia del ser humano, para después de muchos años de sufrimientos, crímenes y miserias a los cuales han conducido a la sociedad moderna, hacer un alto en el camino para intentar reconstruir esa sociedad en términos de respeto a los derechos humanos, la legalidad democrática y la búsqueda del progreso social y económico, miles de venezolanos que hemos intercambiado opiniones acerca de cómo trazar un nuevo rumbo al país, hemos decidido crear una organización política o Movimiento de Movimientos que se rija por los siguientes principios:
1) Participación de diversos sectores de la sociedad venezolana, tales como: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), asociaciones de profesionales, estudiantiles, sindicales, comunales y empresariales, convencidos de que Venezuela requiere el concurso de todos los ciudadanos para rescatar la democracia y la convivencia en un Estado de Derecho. Lucharemos por un Estado y un gobierno plural.
2) Elección universal, directa y secreta de sus autoridades, por el voto mayoritario de todos sus participantes o militantes. Esta elección se realizará en los próximos seis meses, contados a partir del momento que lo acuerde la primera consulta nacional constitutiva del Movimiento. En ese período funcionará una dirección provisional en todos los Estados y Municipios, encargada de convocar a la elección definitiva de las autoridades.
3) Todos los miembros que militen en el Movimiento y en las diversas asociaciones que lo conformen, tendrán el derecho a participar como organizadores o aspirantes para dirigir nuestra organización. El protagonismo debe ser general.
4) El período de duración en los cargos de elección interna, nacionales, estadales y municipales, será de dos años, con derecho a reelección una sola vez. Privará la alternabilidad en dichos cargos.
5) Las direcciones estadales o regionales, municipales y de las asociaciones que formen parte del Movimiento, son autónomas en lo organizativo y administrativo, excepto sobre políticas nacionales o internacionales aprobadas por la Convención Nacional u otro organismo de inferior jerarquía, autorizado por esta Convención, para tales fines. Funcionaremos como un Movimiento descentralizado.
6) Independencia y soberanía. Concientes de las condiciones mundiales de interdependencia de las naciones, lucharemos por alcanzar un alto grado de desarrollo económico, social y cultural que nos libere al máximo de cualquier dependencia de todo centro de poder mundial.
7) En lo internacional defenderemos la paz entre las naciones que por diversas razones pueden entrar en conflicto, los cuales deben ser resueltos atendiendo a los principios de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y cualquier otra organización multinacional a la cual se adhiera nuestro país. Defenderemos un país independiente y pacífico.
NUESTRA CONSTITUCIÓN ORGANIZATIVA
CONVENCIÓN NACIONAL.-
La Convención Nacional estará integrada por la Dirección Nacional, las Direcciones Estadales o Regionales, las Direcciones Municipales y los delegados que nombren las convenciones regionales y municipales, uno por cada comité o centro comunal y asociaciones que conformen el Movimiento en la región o estado correspondiente.
La Convención Nacional es la máxima autoridad que elige la Dirección Nacional y traza las políticas nacionales e internacionales que se ajusten a los principios de esta Declaración Constitutiva.
LA DIRECCIÓN NACIONAL
Estará constituida por 15 miembros electos por la Convención Nacional y será la encargada de dirigir la política día a día para hacer cumplir las disposiciones de nuestra Acta Constitutiva. A sus reuniones deberán asistir los secretarios generales de los Estados cuando se trate algún tema relacionado con su entidad respectiva, o cuando la Dirección Nacional los convoque para resolver sobre aspectos de trascendencia nacional o internacional, como en el caso específico de las alianzas electorales con otros movimientos o partidos políticos.
CONVENCIÓN REGIONAL
La Convención Regional estará integrada por la dirección regional, las direcciones municipales y parroquiales, más los delegados que nombren estas últimas, uno por cada comité de base, y uno por cada asociación que se adhiera en el Estado. Esta Convención es la máxima autoridad en el Estado respectivo, para cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en nuestra Acta Constitutiva.
La Convención Regional elegirá, por mayoría de votos, los candidatos a diputados del Movimiento a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos
DIRECCIÓN REGIONAL
La Dirección Regional estará constituida por 9 miembros electos por el voto universal, directo y secreto de los militantes y simpatizantes del Movimiento en el Estado correspondiente. Estará encargada de ejecutar las políticas que le correspondan en la región, para el buen funcionamiento y crecimiento del Movimiento.
CONVENCIÓN MUNICIPAL
La Convención Municipal la Constituyen la Dirección Municipal, los comités parroquiales, un delegado por cada comité de base y por los organismos simpatizantes del Movimiento en el respectivo municipio. Tiene entre sus funciones la escogencia de los candidatos del Movimiento para los Concejos Municipales
DIRECCIÓN MUNICIPAL
Deberá estar integrada por 5 ó 7 miembros electos por el voto universal, directo y secreto de los militantes y simpatizantes del Movimiento en el municipio respectivo y tiene entre sus funciones principales realizar todas la políticas necesarias para apoyar las luchas sociales de los vecinos por sus reivindicaciones comunitarias, y elevar el prestigio del Movimiento en la comunidad.
MISIÓN CUMPLIDA
Juan Páez Ávila
MIRANDA Y BOLÍVAR (Dos Visiones) el último libro del Sociólogo y Profesor universitario, Giovanni Meza Dorta, no sólo despertará curiosidad en los lectores, tal como es la modestísima aspiración de su autor, sino que también provocará una reacción extraordinaria y positiva de algunos especialistas por sus revelaciones, tal como fue la primera impresión que me expresó el historiador Guillermo Morón, quien lo presentará en un acto especial en el IESA en los próximos días o semanas.
Para un lector aficionado a la historia como es mi caso, la exposición con sobrada documentación que hace Giovanni Meza de las concepciones contrapuestas que tuvieron los jefes patriotas sobre la democracia, nos permite precisar el origen del caudillismo militar que todavía tiene expresión en la Venezuela contemporánea, sin desconocer que sus raíces culturales se remontan a la época de los conquistadores españoles, tal como lo revela el historiador Elías Pino Iturrieta, en reciente entrevista a los medios de comunicación y en su libro, que abarca un mayor período de nuestra historia, NADA SINO UN HOMBRE.
Y aunque la democracia estaba presente en los cabildos en la época de la Colonia, según lo han demostrado algunos historiadores, los primeros planteamientos sobre nuestra democracia republicana se encuentran claramente expuestos en las discusiones de los constituyentistas, en el texto de la Constitución de 1811 e incluso en las constituciones provinciales de ese mismo año, que después de largas y profundas discusiones aprobaron. Con la Capitulación de Miranda y del Gobierno de la Primera República, la prisión del Precursor y de la mayoría de los hombres más ilustres y demócratas de esa época, emboscados en La Guaira al no poder embarcarse hacia Curazao y otros destinos, debido a concepciones diferentes y traiciones entre los primeros patricios, la primera Carta Magna y el pensamiento democrático de su mayor exponente, Francisco de Miranda, también pasaron al olvido, al destierro.
De todos es conocido que posteriormente triunfó Bolívar, el Libertador, con la fuerza de su espada, de su ejército, hasta la creación de la Gran Colombia, desmembrada luego por la acción de otros caudillos. Nuestra democracia republicana que debió comenzar en 1811, tal como demuestra Giovanni Meza, fue sustituida por el caudillismo militar.
MIRANDA Y BOLÍVAR (Dos Visiones) el último libro del Sociólogo y Profesor universitario, Giovanni Meza Dorta, no sólo despertará curiosidad en los lectores, tal como es la modestísima aspiración de su autor, sino que también provocará una reacción extraordinaria y positiva de algunos especialistas por sus revelaciones, tal como fue la primera impresión que me expresó el historiador Guillermo Morón, quien lo presentará en un acto especial en el IESA en los próximos días o semanas.
Para un lector aficionado a la historia como es mi caso, la exposición con sobrada documentación que hace Giovanni Meza de las concepciones contrapuestas que tuvieron los jefes patriotas sobre la democracia, nos permite precisar el origen del caudillismo militar que todavía tiene expresión en la Venezuela contemporánea, sin desconocer que sus raíces culturales se remontan a la época de los conquistadores españoles, tal como lo revela el historiador Elías Pino Iturrieta, en reciente entrevista a los medios de comunicación y en su libro, que abarca un mayor período de nuestra historia, NADA SINO UN HOMBRE.
Y aunque la democracia estaba presente en los cabildos en la época de la Colonia, según lo han demostrado algunos historiadores, los primeros planteamientos sobre nuestra democracia republicana se encuentran claramente expuestos en las discusiones de los constituyentistas, en el texto de la Constitución de 1811 e incluso en las constituciones provinciales de ese mismo año, que después de largas y profundas discusiones aprobaron. Con la Capitulación de Miranda y del Gobierno de la Primera República, la prisión del Precursor y de la mayoría de los hombres más ilustres y demócratas de esa época, emboscados en La Guaira al no poder embarcarse hacia Curazao y otros destinos, debido a concepciones diferentes y traiciones entre los primeros patricios, la primera Carta Magna y el pensamiento democrático de su mayor exponente, Francisco de Miranda, también pasaron al olvido, al destierro.
De todos es conocido que posteriormente triunfó Bolívar, el Libertador, con la fuerza de su espada, de su ejército, hasta la creación de la Gran Colombia, desmembrada luego por la acción de otros caudillos. Nuestra democracia republicana que debió comenzar en 1811, tal como demuestra Giovanni Meza, fue sustituida por el caudillismo militar.
MIRANDA Y BOLÍVAR
Juan Páez Ávila
MIRANDA Y BOLÍVAR (Dos Visiones) el último libro del Sociólogo y Profesor universitario, Giovanni Meza Dorta, no sólo despertará curiosidad en los lectores, tal como es la modestísima aspiración de su autor, sino que también provocará una reacción extraordinaria y positiva de algunos especialistas por sus revelaciones, tal como fue la primera impresión que me expresó el historiador Guillermo Morón, quien lo presentará en un acto especial en el IESA en los próximos días o semanas.
Para un lector aficionado a la historia como es mi caso, la exposición con sobrada documentación que hace Giovanni Meza de las concepciones contrapuestas que tuvieron los jefes patriotas sobre la democracia, nos permite precisar el origen del caudillismo militar que todavía tiene expresión en la Venezuela contemporánea, sin desconocer que sus raíces culturales se remontan a la época de los conquistadores españoles, tal como lo revela el historiador Elías Pino Iturrieta, en reciente entrevista a los medios de comunicación y en su libro, que abarca un mayor período de nuestra historia, NADA SINO UN HOMBRE.
Y aunque la democracia estaba presente en los cabildos en la época de la Colonia, según lo han demostrado algunos historiadores, los primeros planteamientos sobre nuestra democracia republicana se encuentran claramente expuestos en las discusiones de los constituyentistas, en el texto de la Constitución de 1811 e incluso en las constituciones provinciales de ese mismo año, que después de largas y profundas discusiones aprobaron. Con la Capitulación de Miranda y del Gobierno de la Primera República, la prisión del Precursor y de la mayoría de los hombres más ilustres y demócratas de esa época, emboscados en La Guaira al no poder embarcarse hacia Curazao y otros destinos, debido a concepciones diferentes y traiciones entre los primeros patricios, la primera Carta Magna y el pensamiento democrático de su mayor exponente, Francisco de Miranda, también pasaron al olvido, al destierro.
De todos es conocido que posteriormente triunfó Bolívar, el Libertador, con la fuerza de su espada, de su ejército, hasta la creación de la Gran Colombia, desmembrada luego por la acción de otros caudillos. Nuestra democracia republicana que debió comenzar en 1811, tal como demuestra Giovanni Meza, fue sustituida por el caudillismo militar.
MIRANDA Y BOLÍVAR (Dos Visiones) el último libro del Sociólogo y Profesor universitario, Giovanni Meza Dorta, no sólo despertará curiosidad en los lectores, tal como es la modestísima aspiración de su autor, sino que también provocará una reacción extraordinaria y positiva de algunos especialistas por sus revelaciones, tal como fue la primera impresión que me expresó el historiador Guillermo Morón, quien lo presentará en un acto especial en el IESA en los próximos días o semanas.
Para un lector aficionado a la historia como es mi caso, la exposición con sobrada documentación que hace Giovanni Meza de las concepciones contrapuestas que tuvieron los jefes patriotas sobre la democracia, nos permite precisar el origen del caudillismo militar que todavía tiene expresión en la Venezuela contemporánea, sin desconocer que sus raíces culturales se remontan a la época de los conquistadores españoles, tal como lo revela el historiador Elías Pino Iturrieta, en reciente entrevista a los medios de comunicación y en su libro, que abarca un mayor período de nuestra historia, NADA SINO UN HOMBRE.
Y aunque la democracia estaba presente en los cabildos en la época de la Colonia, según lo han demostrado algunos historiadores, los primeros planteamientos sobre nuestra democracia republicana se encuentran claramente expuestos en las discusiones de los constituyentistas, en el texto de la Constitución de 1811 e incluso en las constituciones provinciales de ese mismo año, que después de largas y profundas discusiones aprobaron. Con la Capitulación de Miranda y del Gobierno de la Primera República, la prisión del Precursor y de la mayoría de los hombres más ilustres y demócratas de esa época, emboscados en La Guaira al no poder embarcarse hacia Curazao y otros destinos, debido a concepciones diferentes y traiciones entre los primeros patricios, la primera Carta Magna y el pensamiento democrático de su mayor exponente, Francisco de Miranda, también pasaron al olvido, al destierro.
De todos es conocido que posteriormente triunfó Bolívar, el Libertador, con la fuerza de su espada, de su ejército, hasta la creación de la Gran Colombia, desmembrada luego por la acción de otros caudillos. Nuestra democracia republicana que debió comenzar en 1811, tal como demuestra Giovanni Meza, fue sustituida por el caudillismo militar.
MILITARIZACIÓN Y CRISIS OFICIAL
Juan Páez Ávila
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
Juan Páez Ávila
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
Juan Páez Ávila
La política de obediencia y disciplina impuesta desde Miraflores, primero para construir mediante un decreto el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego ordenarle a los partidos de la alianza gubernamental que se disolvieran y se integraran a la organización única oficialista, fue resistida prudentemente por los aliados del PPT, y el PCV, pero llegado el momento de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes, señalados en una lista desde el Palacio de Gobierno, se ha producido la mayor crisis política que en lo interno tiene que enfrentar el Presidente Chávez.
La militarización del PSUV solamente ha sido acatada por los partidarios de un régimen autocrático en el que el comandante ordena y ellos obedecen disciplinadamente, y por algunos oportunistas que le acompañan mientras pueden hacer de la política un buen negocio y enriquecerse mediante el cobro de comisiones y otras corruptelas del tráfico de influencias, algo que ha sido denunciado hasta por militantes del partido único oficialista.
La crisis presentada en varias gobernaciones y alcaldías en las que los aliados del PPT y el PCV, a los que se ha sumado el MEP, consideran tener mejores candidatos con posibilidades de ganar las elecciones, no la pueden resolver democráticamente a través del debate ideológico como lo han planteado algunos dirigentes de esos partidos políticos, porque la órdenes del Comandante en Jefe no son para discutirlas. Las aceptan o se van, lo ha dicho en varios escenarios el jefe único.
Y aunque la militarización del PSUV no la ha podido extender el Presidente de la República a los partidos aliados, sí los ha debilitado al provocar la salida de altos dirigentes de estas organizaciones políticas, promovidos a ministerios y otros importantes cargos gubernamentales o postulados a gobernaciones y alcaldías. En las próximas semanas o meses el país podrá comprobar hasta dónde llega la resistencia para defender algunos principios ideológicos que han caracterizado en la historia universal al socialismo no autocrático, no estalinista, por parte de la dirigencia del PPT, PCV y MEP que han venido apoyando al Comandante Chávez, pero exigen respeto a la pluralidad que caracteriza al socialismo democrático. También se comprobarán los límites del portaaviones que todavía pretende seguir siendo Chávez en las elecciones regionales.
El apoyo del PPT a Lenny Manuit como candidata a la gobernación del Estado Guárico es un verdadero desafío al autoritarismo, al militarismo como forma de conducir el Presidente de la República la política de alianzas y la escogencia de los candidatos a gobernaciones y alcaldías. A Chávez le queda la alternativa de romper con el PPT y perder la gobernación de ese Estado con un candidato desvinculado de la región, pero obediente y disciplinado a las órdenes de Miraflores, o revisar la política de su dedo omnipotente. Y aunque la dirección nacional del PSUV decidió romper lanzas con el PPT y estaban a la espera de llegada del Comandante en Jefe para pedirle ratifique el rompimiento, a la hora de terminar este artículo no se había producido la orden militar, indiscutible del máximo jerarca. Lo que es evidente es que la voz de mando del jefe único ya no es acatada incondicionalmente por sus aliados ni por muchos de los dirigentes y militantes del Partido que decretó, sin consultar a nadie más que a su voluntad militar, para que cumpliera sus posteriores órdenes.
Cuando ya tiene el sol por la espalda, la crisis del llamado Polo Patriótico, que trató de reconstituir el Presidente, sumada una política económica y social equivocada cuyos resultados desastrosos conoce y siente ya la mayoría de los venezolanos, lo conducirá a una segunda derrota electoral, indicativo de que no podrá gobernar más del 2012 tal como lo establece la Constitución Nacional de 1999, sin posibilidad alguna de modificarla, salvo que intente un frenesí más de locura mesiánica contra la mayoría de la población que aspira vivir en paz, y que difícilmente, a estas alturas, se dejará arrebatar la democracia.
MI NEGRA
Juan Páez Ávila
La disposición del candidato de la unidad nacional, Manuel Rosales, de entregar a unas 2.500.000 familias de los sectores populares y clase media empobrecida, entre 600 mil y un millón de bolívares mensuales, provenientes de una quinta parte aproximadamente de los ingresos petroleros, cambiará definitivamente la relación entre el petróleo y sociedad venezolana. Por primera vez el venezolano podrá constatar que el petróleo es una riqueza que le pertenece a él y no al Estado, que en teoría puede representar a toda la nación, pero también a una parte de ella como sucede en la actualidad, según la división que ha hecho el gobierno de amigos y enemigos del proceso que ha tratado de adelantar el Presidente Chávez.
La experiencia de algunos países petroleros como Noruega y Canadá, más la legislación venezolana, obligan a precisar el planteamiento del candidato de la unidad, porque lo que se debe distribuir entre los venezolanos es la Regalía, que es un derecho de la nación como dueña del petróleo, de la que han venido apropiándose los gobiernos y administrándola como si fuera un impuesto, como les ha dado la gana a cada uno. Este planteamiento lo hizo en Venezuela hace más de 10 años, Alberto Quiroz Corradi, cuando se discutía la Apertura Petrolera al capital privado nacional e internacional, durante el gobierno del Presidente Caldera Pero a la mayoría que formaban el gobierno y la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática les dio temor, o no consideraron viable, asumir la política que ya Noruega y Canadá habían puesto en práctica, creando fondos especiales con la Regalía y entregándole dividendos a cada ciudadano todos los años.
De allí que no se trata de una política populista, como ha sido y es práctica de todos los gobierno electos desde 1958, y en especial del actual que ha llegado al extremo de donar a otros países parte de esa Regalía. Como en nuestro país muy poca gente lee, y menos estudia lo referente a un tema aparentemente árido como el del petróleo, sólo se enterará que el Estado no puede apropiarse del valor de la Regalía, que este año supera los 10 mil millones de dólares, cuando mensualmente le entreguen un cheque o una tarjeta electrónica y le digan: esto es suyo, porque usted como venezolano es dueño del petróleo. Ningún gobierno se lo regala. El gobierno sólo es dueño de los impuestos, que por Ley debe cobrar a toda empresa, incluso a personas jurídicas, que obtienen una renta.
Si el Estado, cualquiera sea el gobierno, quiere poner en práctica una política que tienda a superar la pobreza, un factor importante de la misma debería ser poner en manos de los venezolanos la propiedad de la Regalía, al lado de otra política de grandes inversiones nacionales e internacionales para crear las fuentes de trabajo necesarias, para eliminar el desempleo. Y aunque la Regalía corresponde a todos los venezolanos, la propuesta de Manuel Rosales de favorecer a unas 2.500.000 familias, podría admitirse como el comienzo de una política que atienda a los más necesitados, carentes de recursos para cubrir la cesta alimentaria los más pobres, y la cesta básica la clase media empobrecida.
La disposición del candidato de la unidad nacional, Manuel Rosales, de entregar a unas 2.500.000 familias de los sectores populares y clase media empobrecida, entre 600 mil y un millón de bolívares mensuales, provenientes de una quinta parte aproximadamente de los ingresos petroleros, cambiará definitivamente la relación entre el petróleo y sociedad venezolana. Por primera vez el venezolano podrá constatar que el petróleo es una riqueza que le pertenece a él y no al Estado, que en teoría puede representar a toda la nación, pero también a una parte de ella como sucede en la actualidad, según la división que ha hecho el gobierno de amigos y enemigos del proceso que ha tratado de adelantar el Presidente Chávez.
La experiencia de algunos países petroleros como Noruega y Canadá, más la legislación venezolana, obligan a precisar el planteamiento del candidato de la unidad, porque lo que se debe distribuir entre los venezolanos es la Regalía, que es un derecho de la nación como dueña del petróleo, de la que han venido apropiándose los gobiernos y administrándola como si fuera un impuesto, como les ha dado la gana a cada uno. Este planteamiento lo hizo en Venezuela hace más de 10 años, Alberto Quiroz Corradi, cuando se discutía la Apertura Petrolera al capital privado nacional e internacional, durante el gobierno del Presidente Caldera Pero a la mayoría que formaban el gobierno y la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática les dio temor, o no consideraron viable, asumir la política que ya Noruega y Canadá habían puesto en práctica, creando fondos especiales con la Regalía y entregándole dividendos a cada ciudadano todos los años.
De allí que no se trata de una política populista, como ha sido y es práctica de todos los gobierno electos desde 1958, y en especial del actual que ha llegado al extremo de donar a otros países parte de esa Regalía. Como en nuestro país muy poca gente lee, y menos estudia lo referente a un tema aparentemente árido como el del petróleo, sólo se enterará que el Estado no puede apropiarse del valor de la Regalía, que este año supera los 10 mil millones de dólares, cuando mensualmente le entreguen un cheque o una tarjeta electrónica y le digan: esto es suyo, porque usted como venezolano es dueño del petróleo. Ningún gobierno se lo regala. El gobierno sólo es dueño de los impuestos, que por Ley debe cobrar a toda empresa, incluso a personas jurídicas, que obtienen una renta.
Si el Estado, cualquiera sea el gobierno, quiere poner en práctica una política que tienda a superar la pobreza, un factor importante de la misma debería ser poner en manos de los venezolanos la propiedad de la Regalía, al lado de otra política de grandes inversiones nacionales e internacionales para crear las fuentes de trabajo necesarias, para eliminar el desempleo. Y aunque la Regalía corresponde a todos los venezolanos, la propuesta de Manuel Rosales de favorecer a unas 2.500.000 familias, podría admitirse como el comienzo de una política que atienda a los más necesitados, carentes de recursos para cubrir la cesta alimentaria los más pobres, y la cesta básica la clase media empobrecida.
jueves, 25 de junio de 2009
MANUEL VICENTE LEDESMA
Juan Páez Ávila
La muerte de Manuel Vicente Ledesma es doblemente lamentable, primero por el dolor que aflige a su familia y segundo, porque ha privado a Venezuela y en particular a los Estados Lara y Yaracuy -nacido en este último y residenciado por muchos años en Barquisimeto- de uno de esos hombres que con humildad y sabiduría le prestó un servicio digno y honorable a la República y a la empresa privada cuando le fueron requeridos. Lo conocí cuando yo estudiaba bachillerato en el liceo “Lisandro Alvarado” y dirigía un pequeño periódico clandestino, que pomposamente titulamos “Combate”, con mis compañeros de aula Julio Valero Roa, Ramón Ballesteros y Dimas Mendoza, en plena dictadura perezjimenista. Me fue presentado por Carlos Emilio Muñoz Oráa, estudiante universitario de la UCV y dirigente juvenil nacional de Acción Democrática, como el más prominente de los dirigentes de ese partido, que hacía vida legal ejerciendo su profesión de abogado, pero que nos prestaría toda clase de apoyo para impulsar la lucha contra dictadura.
Esta breve introducción sólo tiene por objeto presentarle a nuestros lectores y a los larenses en general, una faceta de su vida que muy pocos contemporáneos conocen y de la que ni siquiera la mayoría de los luchadores antidictadura llegaron a estar al tanto, por las exigencias de la lucha clandestina que prohibía informar lo que hacían los que dirigían la resistencia, y menos si la persona hacía vida legal. Para quienes participamos en esa lucha antidictadura, Manuel Vicente no sólo era nuestra máxima figura política, sino el Secretario General de AD en la clandestinidad en el Estado. Por razones obvias a nadie se le podía decir algo semejante sin exponerlo a un carcelazo y hasta en peligro de muerte. Tratamos de preservar su rol de dirigente de la lucha clandestina y sólo yo, que también hacía vida legal, visitaba su bufete, para recibir alguna orientación o información sobre la situación del país, que luego transmitía a quienes estaban “enconchados”, o la reflejaba en el periódico “Combate”.
Manuel Vicente ejerció su profesión con dignidad y honorabilidad, sin desligarse de sus las obligaciones que le dictaba su conciencia para con el país y la democracia. Una vez caída la dictadura fue ratificado como Secretario General de AD en Lara, electo diputado al Congreso de la República en la que se destacó como un excelente conductor democrático, tolerante y respetuoso de sus colegas de la Cámara, cuando fue nominado Presidente de la misma. Después fue nombrado Contralor General de la República en la que se destacó por su rectitud, y sin atropellar a nadie realizó el trabajo que por mandato de la Ley le estaba encomendado.
No es un lugar común decir, en su caso, que deja un gran vacío en el foro, en la política aunque estuviera retirado desde hace algunos años, porque su vida fue un ejemplo de probidad ciudadana, que en estos momentos de menguada vida republicana y de amenazas de autoritarismo, la Venezuela democrática lo recordará como uno de sus baluartes espirituales y humanos, que la estimula a continuar defendiendo la libertad.
La muerte de Manuel Vicente Ledesma es doblemente lamentable, primero por el dolor que aflige a su familia y segundo, porque ha privado a Venezuela y en particular a los Estados Lara y Yaracuy -nacido en este último y residenciado por muchos años en Barquisimeto- de uno de esos hombres que con humildad y sabiduría le prestó un servicio digno y honorable a la República y a la empresa privada cuando le fueron requeridos. Lo conocí cuando yo estudiaba bachillerato en el liceo “Lisandro Alvarado” y dirigía un pequeño periódico clandestino, que pomposamente titulamos “Combate”, con mis compañeros de aula Julio Valero Roa, Ramón Ballesteros y Dimas Mendoza, en plena dictadura perezjimenista. Me fue presentado por Carlos Emilio Muñoz Oráa, estudiante universitario de la UCV y dirigente juvenil nacional de Acción Democrática, como el más prominente de los dirigentes de ese partido, que hacía vida legal ejerciendo su profesión de abogado, pero que nos prestaría toda clase de apoyo para impulsar la lucha contra dictadura.
Esta breve introducción sólo tiene por objeto presentarle a nuestros lectores y a los larenses en general, una faceta de su vida que muy pocos contemporáneos conocen y de la que ni siquiera la mayoría de los luchadores antidictadura llegaron a estar al tanto, por las exigencias de la lucha clandestina que prohibía informar lo que hacían los que dirigían la resistencia, y menos si la persona hacía vida legal. Para quienes participamos en esa lucha antidictadura, Manuel Vicente no sólo era nuestra máxima figura política, sino el Secretario General de AD en la clandestinidad en el Estado. Por razones obvias a nadie se le podía decir algo semejante sin exponerlo a un carcelazo y hasta en peligro de muerte. Tratamos de preservar su rol de dirigente de la lucha clandestina y sólo yo, que también hacía vida legal, visitaba su bufete, para recibir alguna orientación o información sobre la situación del país, que luego transmitía a quienes estaban “enconchados”, o la reflejaba en el periódico “Combate”.
Manuel Vicente ejerció su profesión con dignidad y honorabilidad, sin desligarse de sus las obligaciones que le dictaba su conciencia para con el país y la democracia. Una vez caída la dictadura fue ratificado como Secretario General de AD en Lara, electo diputado al Congreso de la República en la que se destacó como un excelente conductor democrático, tolerante y respetuoso de sus colegas de la Cámara, cuando fue nominado Presidente de la misma. Después fue nombrado Contralor General de la República en la que se destacó por su rectitud, y sin atropellar a nadie realizó el trabajo que por mandato de la Ley le estaba encomendado.
No es un lugar común decir, en su caso, que deja un gran vacío en el foro, en la política aunque estuviera retirado desde hace algunos años, porque su vida fue un ejemplo de probidad ciudadana, que en estos momentos de menguada vida republicana y de amenazas de autoritarismo, la Venezuela democrática lo recordará como uno de sus baluartes espirituales y humanos, que la estimula a continuar defendiendo la libertad.
LUIS HERRERA CAMPINS
Juan Páez Ávila
La muerte del ex-Presidente de la República, Luis Herrera Campins, además de llenar de dolor a su familia y amigos, deja a nuestro país sin la presencia de un venezolano excepcional dotado de una cultura política configurada por el estudio y su don de gente, para el diálogo fructífero y el combate civilizado, propios de las grandes democracias que caracterizan al mundo de hoy. Nacido en la Venezuela interiorana de los Llanos Occidentales, marcada por el atraso que le imponía la dictadura feudal de Juan Vicente Gómez, presenció desde muy joven la transición democrática desde el gobierno del General López Contreras hasta el del maestro Rómulo Gallegos, y la política lo inclinó hacia la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyas banderas defendió en las filas del Partido Social Cristiano Copey, hasta a ser uno de sus máximos dirigentes y con su apoyo, Presidente de la República.
La firmeza de sus ideas social cristianas lo llevaron a enfrentar la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez y a sufrir los embates de la persecución y el exilio, desde donde continuó su lucha a través del periodismo de combate. Una vez derrocada la tiranía regresó a nuestro país y formó parte muy destacada de los forjadores de la democracia venezolana desde su posición ideológica.
Abrazó el periodismo como un mecanismo de comunicación para hacer conocer y defender sus ideas. Como articulista de importantes diarios y revistas del país y como parlamentario, unido a sus relaciones políticas con sus compañeros de partido, conformó una corriente social cristiana conocida como de profundo contenido progresista. Con discreción y firmeza la preservó de los avatares de las pugnas internas, presentes en todos los partidos democráticos, hasta convertirse en un líder fundamental de su organización y posteriormente en Presidente de la República.
Tanto su pensamiento como su obra administrativa, sometida al escrutinio democrático de los venezolanos, fue objeto de solidaridad y confrontación. Su estilo de vida, sencillo, respetuoso y digno, lo llevó también al campo político. Quienes le adversamos jamás fuimos víctimas de agresiones ni descalificaciones. Recibió elogios y soportó críticas a su actuación política como auténtico demócrata, seguro de que podía cometer errores, pero su honestidad política lo hacía admirable para sus partidarios e invulnerable para sus adversarios. Siempre descansará en paz.
La muerte del ex-Presidente de la República, Luis Herrera Campins, además de llenar de dolor a su familia y amigos, deja a nuestro país sin la presencia de un venezolano excepcional dotado de una cultura política configurada por el estudio y su don de gente, para el diálogo fructífero y el combate civilizado, propios de las grandes democracias que caracterizan al mundo de hoy. Nacido en la Venezuela interiorana de los Llanos Occidentales, marcada por el atraso que le imponía la dictadura feudal de Juan Vicente Gómez, presenció desde muy joven la transición democrática desde el gobierno del General López Contreras hasta el del maestro Rómulo Gallegos, y la política lo inclinó hacia la doctrina social de la Iglesia Católica, cuyas banderas defendió en las filas del Partido Social Cristiano Copey, hasta a ser uno de sus máximos dirigentes y con su apoyo, Presidente de la República.
La firmeza de sus ideas social cristianas lo llevaron a enfrentar la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez y a sufrir los embates de la persecución y el exilio, desde donde continuó su lucha a través del periodismo de combate. Una vez derrocada la tiranía regresó a nuestro país y formó parte muy destacada de los forjadores de la democracia venezolana desde su posición ideológica.
Abrazó el periodismo como un mecanismo de comunicación para hacer conocer y defender sus ideas. Como articulista de importantes diarios y revistas del país y como parlamentario, unido a sus relaciones políticas con sus compañeros de partido, conformó una corriente social cristiana conocida como de profundo contenido progresista. Con discreción y firmeza la preservó de los avatares de las pugnas internas, presentes en todos los partidos democráticos, hasta convertirse en un líder fundamental de su organización y posteriormente en Presidente de la República.
Tanto su pensamiento como su obra administrativa, sometida al escrutinio democrático de los venezolanos, fue objeto de solidaridad y confrontación. Su estilo de vida, sencillo, respetuoso y digno, lo llevó también al campo político. Quienes le adversamos jamás fuimos víctimas de agresiones ni descalificaciones. Recibió elogios y soportó críticas a su actuación política como auténtico demócrata, seguro de que podía cometer errores, pero su honestidad política lo hacía admirable para sus partidarios e invulnerable para sus adversarios. Siempre descansará en paz.
CONFRONTACIÓN POLÍTICA
Juan Páez Ávila
Si el grupo de economistas y académicos que publicó recientemente un documento sobre la situación económica del país, acierta no sólo en el diagnóstico sino también en el pronóstico que exponen sobre el momento actual, la crisis que hoy confronta la economía venezolana se agravará en el segundo semestre de presente año, a extremos tales que viviremos difíciles y peligrosas confrontaciones políticas.
Según las cifras oficiales que manejan los ilustres economistas y académicos venezolanos, la crisis económica comenzó antes de que se produjera la caída de los precios del petróleo, por lo que no será recuperable aún cuando éstos aumenten, como está sucediendo actualmente, si no cambian las políticas públicas fundamentales aplicadas por el gobierno. Y como todo parece indicar que el Presidente de la República mantendrá su política de gasto público y no de inversiones reproductivas, cuando recorta el 7% del presupuesto por igual para todos los sectores, afectando gravemente la educación, salud y la construcción de la infraestructura del país, la conclusión, de una mayor crisis económica, a la que llegan los expertos firmantes del documento deberá comenzar a observarse en los próximos meses.
Y de ser así, la conflictividad social y política también se agudizará porque el alto costo de la vida golpeará duramente a los sectores populares, porque el gobierno provoca una mayor inflación y la economía entrará en recesión, algo que el propio Chávez negó desde un principio, cuando se conoció la crisis financiera y la recesión de la economía mundial. La negativa del gobierno a discutir la contratación colectiva con los trabajadores petroleros y los obreros y empleados públicos en general, para no aumentar los salarios y sueldos que solicitan los dirigentes sindicales a nombres de sus representados, conspira contra la paz que todos aspiramos.
En síntesis, para cualquier político o analista informado acerca de la situación política actual , es evidente una mayor crispación política en la sociedad venezolana, que se expresa no sólo en los discursos de los máximos dirigentes políticos, sino también en la radicalización de los reclamos salariales de los trabajadores y de las familias sin vivienda, después de 10 años de grandes ingresos al Fisco Nacional, que sirvieron para enriquecer a una élite militar y civil que rodea al Jefe Único, conformando una nueva burguesía nacional: para regalar 55 mil millones de dólares a otros países, sobornando a varios jefes de estado para crear una organización paralela a la OEA en la que le rindan pleitesía a Hugo Chávez: para estatizar numerosas empresas nacionales e internacionales, dejar sin trabajo a miles de obreros y empleados, dirigidas por una burocracia chavista ineficiente y corrupta que la ha llevado a la quiebra, sin que los venezolanos más pobres vean solución a sus problemas económicos y sociales.
Si se contrae más la economía nacional, a la lucha por la libertad de expresión, por la autonomía universitaria, se agregará el combate contra el desempleo, contra el nuevo patrono que es el gobierno.
Si el grupo de economistas y académicos que publicó recientemente un documento sobre la situación económica del país, acierta no sólo en el diagnóstico sino también en el pronóstico que exponen sobre el momento actual, la crisis que hoy confronta la economía venezolana se agravará en el segundo semestre de presente año, a extremos tales que viviremos difíciles y peligrosas confrontaciones políticas.
Según las cifras oficiales que manejan los ilustres economistas y académicos venezolanos, la crisis económica comenzó antes de que se produjera la caída de los precios del petróleo, por lo que no será recuperable aún cuando éstos aumenten, como está sucediendo actualmente, si no cambian las políticas públicas fundamentales aplicadas por el gobierno. Y como todo parece indicar que el Presidente de la República mantendrá su política de gasto público y no de inversiones reproductivas, cuando recorta el 7% del presupuesto por igual para todos los sectores, afectando gravemente la educación, salud y la construcción de la infraestructura del país, la conclusión, de una mayor crisis económica, a la que llegan los expertos firmantes del documento deberá comenzar a observarse en los próximos meses.
Y de ser así, la conflictividad social y política también se agudizará porque el alto costo de la vida golpeará duramente a los sectores populares, porque el gobierno provoca una mayor inflación y la economía entrará en recesión, algo que el propio Chávez negó desde un principio, cuando se conoció la crisis financiera y la recesión de la economía mundial. La negativa del gobierno a discutir la contratación colectiva con los trabajadores petroleros y los obreros y empleados públicos en general, para no aumentar los salarios y sueldos que solicitan los dirigentes sindicales a nombres de sus representados, conspira contra la paz que todos aspiramos.
En síntesis, para cualquier político o analista informado acerca de la situación política actual , es evidente una mayor crispación política en la sociedad venezolana, que se expresa no sólo en los discursos de los máximos dirigentes políticos, sino también en la radicalización de los reclamos salariales de los trabajadores y de las familias sin vivienda, después de 10 años de grandes ingresos al Fisco Nacional, que sirvieron para enriquecer a una élite militar y civil que rodea al Jefe Único, conformando una nueva burguesía nacional: para regalar 55 mil millones de dólares a otros países, sobornando a varios jefes de estado para crear una organización paralela a la OEA en la que le rindan pleitesía a Hugo Chávez: para estatizar numerosas empresas nacionales e internacionales, dejar sin trabajo a miles de obreros y empleados, dirigidas por una burocracia chavista ineficiente y corrupta que la ha llevado a la quiebra, sin que los venezolanos más pobres vean solución a sus problemas económicos y sociales.
Si se contrae más la economía nacional, a la lucha por la libertad de expresión, por la autonomía universitaria, se agregará el combate contra el desempleo, contra el nuevo patrono que es el gobierno.
GUARDIANES DE LEDEZMA
Juan Páez Ávila
La creación de una brigada de guardianes metropolitanos para brindar apoyo a la ciudadanía, en una ciudad prácticamente ocupada por el hampa, tiene que ser saludada por los habitantes de Caracas como una medida propia del mundo civilizado, cuyas urbes están protegidas no solamente por policías y militares para reprimir la delincuencia y mantener el orden público, sino también por funcionarios de alto nivel ético y preparación para orientar al ciudadano o visitante, con educación y respeto a los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
Deducir que se trata de una parapolicía como lo expresó el Ministro de Interior y Justicia, no parece ser por desconocimiento de tan alto funcionario de los requerimientos fundamentales para procurarle a la ciudadanía garantías de convivencia y bienestar, sino parte de una política de obstaculización de las labores del Alcalde Metropolitano e incluso de los gobernadores que no comulgan con el pensamiento único que trata de imponer el Presidente de la República.
La respuesta del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel, aclarándole al Ministro que no se trata de policías y menos de parapolicías, sino de estudiantes universitarios con gran sensibilidad social y humana para servir a la población, demuestra que ambos funcionarios no sólo conocen las políticas sociales que hay que ejecutar en una ciudad como Caracas, cada día más acosada por la violencia delincuencial, sino que están dispuestos a aplicarla con el apoyo de los ciudadanos.
La primera experiencia ejecutada en el Municipio El Hatillo con el beneplácito de los habitantes, por sus óptimos resultados, debería ser tomada como ejemplo por todos los alcaldes del país y recibir el apoyo del gobierno nacional, como alternativa para contribuir a darle al ciudadano una mayor confianza en sus autoridades.
Y por último, la exhortación del Alcalde Metropolitano a que el Ministro de Interior y Justicia lo llame para coordinar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la inseguridad que vive la ciudad de Caracas, podría ser también un camino, una política para contribuir a sacar al país de la crisis que lo ahoga y sobre todo de la que vendrá en los próximos meses, que lo puede hundir más, hasta un mayor y peligroso retraso.
La creación de una brigada de guardianes metropolitanos para brindar apoyo a la ciudadanía, en una ciudad prácticamente ocupada por el hampa, tiene que ser saludada por los habitantes de Caracas como una medida propia del mundo civilizado, cuyas urbes están protegidas no solamente por policías y militares para reprimir la delincuencia y mantener el orden público, sino también por funcionarios de alto nivel ético y preparación para orientar al ciudadano o visitante, con educación y respeto a los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
Deducir que se trata de una parapolicía como lo expresó el Ministro de Interior y Justicia, no parece ser por desconocimiento de tan alto funcionario de los requerimientos fundamentales para procurarle a la ciudadanía garantías de convivencia y bienestar, sino parte de una política de obstaculización de las labores del Alcalde Metropolitano e incluso de los gobernadores que no comulgan con el pensamiento único que trata de imponer el Presidente de la República.
La respuesta del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Ángel Rangel, aclarándole al Ministro que no se trata de policías y menos de parapolicías, sino de estudiantes universitarios con gran sensibilidad social y humana para servir a la población, demuestra que ambos funcionarios no sólo conocen las políticas sociales que hay que ejecutar en una ciudad como Caracas, cada día más acosada por la violencia delincuencial, sino que están dispuestos a aplicarla con el apoyo de los ciudadanos.
La primera experiencia ejecutada en el Municipio El Hatillo con el beneplácito de los habitantes, por sus óptimos resultados, debería ser tomada como ejemplo por todos los alcaldes del país y recibir el apoyo del gobierno nacional, como alternativa para contribuir a darle al ciudadano una mayor confianza en sus autoridades.
Y por último, la exhortación del Alcalde Metropolitano a que el Ministro de Interior y Justicia lo llame para coordinar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la inseguridad que vive la ciudad de Caracas, podría ser también un camino, una política para contribuir a sacar al país de la crisis que lo ahoga y sobre todo de la que vendrá en los próximos meses, que lo puede hundir más, hasta un mayor y peligroso retraso.
EXPROPIACIONES
Juan Páez Ávila
La violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, hecha aprobar por el Presidente de la República para una supuesta revolución inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, no sólo deja a un lado las ideas fundamentales del Libertador, sino que también lo colocan al margen del ordenamiento jurídico del país y le abre las puertas a todo tipo de protestas, pacíficas unas y no muy pacíficas otras, alimentadas por la crisis social, política y económica que se agrava cada día, cada semana o mes del año, porque las políticas públicas ejecutadas por sus subalternos, no solucionan los problemas más agobiantes de los sectores populares y de la clase, y lleva a la ruina al sector empresarial.
La política oficial de expropiar fincas en plena producción y empresas industriales o de servicios que emplean a miles de trabajadores, y tienen resultados altamente productivos, lo que ha logrado es aumentar el desempleo y la conflictividad social en los últimos años, sin poder alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y un mayor desarrollo económico.
El fracaso es tan evidente que tenemos que importar entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos en la dieta diaria, el desempleo lo ha tenido que ocultar el gobierno con las ayudas a los más pobres, y seguimos siendo un país cada día más dependiente de los precios del petróleo, que al ser muy altos también ocultan el drama de la pobreza por algún tiempo, suficiente para volver a la realidad que caracteriza al país, de una insuperable pobreza y de un enriquecimiento rápido e ilícito de un pequeño grupo de privilegiados que dirigen y administran la hacienda pública.
Esa política oficial sólo resulta comprensible porque el grupo de asesores del Presidente de la Republica, ubicados en los más altos cargos de confianza, algunos de ellos conocedores del fracaso del estatismo en la Unión Soviética y otros países que pugnan por salir de ese atolladero, no han sido capaces de informarle al Jefe del Estado que los dogmas de la Academia de Ciencias de la URSS no dieron los resultados que buscaban de crear un hombre nuevo y un mundo feliz. Y aunque es posible que el Presidente no los oiga, la responsabilidad en la crisis política y social que muchos expertos no sólo ven venir peligrosamente, sino que también consideran que se agravará porque abarcará la economía, será de todo el equipo gubernamental.
Una de las últimas manifestaciones de lo equivocado de la política de expropiaciones, es lo acontecido con las empresas de servicios petroleros de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, que le daban trabajo directo a unas 30.000 personas e indirecto a unos 100.000, y que hasta estos momentos la nueva PDVSA sólo puede absorber unos 10.000, y no está garantizada la eficiencia para mantener la producción de petróleo en esa zona.
Y tal vez lo más grave sea que PDVSA al no poder pagar la deuda contraída con estas empresas de servicio, aconseja al Presidente que las expropie, para ganar tiempo, aunque deje en el desempleo a miles de venezolanos y aumente la conflictividad social.
Seguramente el Presidente de la República considera que su poder es de tal magnitud, que ninguna protesta lo puede desestabilizar porque cuenta con la Milicia Bolivariana y el apoyo de la Fuerza Armada, lo que le permite arremeter contra los sectores de la sociedad civil que lo adversan. Y aunque nuestra historia está cargada de Comandantes en Jefe que terminan apoyándose en la represión, algunos con muchos muertos encima o bajo su responsabilidad, también revela que en muchos casos se han equivocado y finalizan derrotados.
La violación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, hecha aprobar por el Presidente de la República para una supuesta revolución inspirada en el pensamiento de Simón Bolívar, no sólo deja a un lado las ideas fundamentales del Libertador, sino que también lo colocan al margen del ordenamiento jurídico del país y le abre las puertas a todo tipo de protestas, pacíficas unas y no muy pacíficas otras, alimentadas por la crisis social, política y económica que se agrava cada día, cada semana o mes del año, porque las políticas públicas ejecutadas por sus subalternos, no solucionan los problemas más agobiantes de los sectores populares y de la clase, y lleva a la ruina al sector empresarial.
La política oficial de expropiar fincas en plena producción y empresas industriales o de servicios que emplean a miles de trabajadores, y tienen resultados altamente productivos, lo que ha logrado es aumentar el desempleo y la conflictividad social en los últimos años, sin poder alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y un mayor desarrollo económico.
El fracaso es tan evidente que tenemos que importar entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos en la dieta diaria, el desempleo lo ha tenido que ocultar el gobierno con las ayudas a los más pobres, y seguimos siendo un país cada día más dependiente de los precios del petróleo, que al ser muy altos también ocultan el drama de la pobreza por algún tiempo, suficiente para volver a la realidad que caracteriza al país, de una insuperable pobreza y de un enriquecimiento rápido e ilícito de un pequeño grupo de privilegiados que dirigen y administran la hacienda pública.
Esa política oficial sólo resulta comprensible porque el grupo de asesores del Presidente de la Republica, ubicados en los más altos cargos de confianza, algunos de ellos conocedores del fracaso del estatismo en la Unión Soviética y otros países que pugnan por salir de ese atolladero, no han sido capaces de informarle al Jefe del Estado que los dogmas de la Academia de Ciencias de la URSS no dieron los resultados que buscaban de crear un hombre nuevo y un mundo feliz. Y aunque es posible que el Presidente no los oiga, la responsabilidad en la crisis política y social que muchos expertos no sólo ven venir peligrosamente, sino que también consideran que se agravará porque abarcará la economía, será de todo el equipo gubernamental.
Una de las últimas manifestaciones de lo equivocado de la política de expropiaciones, es lo acontecido con las empresas de servicios petroleros de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo, que le daban trabajo directo a unas 30.000 personas e indirecto a unos 100.000, y que hasta estos momentos la nueva PDVSA sólo puede absorber unos 10.000, y no está garantizada la eficiencia para mantener la producción de petróleo en esa zona.
Y tal vez lo más grave sea que PDVSA al no poder pagar la deuda contraída con estas empresas de servicio, aconseja al Presidente que las expropie, para ganar tiempo, aunque deje en el desempleo a miles de venezolanos y aumente la conflictividad social.
Seguramente el Presidente de la República considera que su poder es de tal magnitud, que ninguna protesta lo puede desestabilizar porque cuenta con la Milicia Bolivariana y el apoyo de la Fuerza Armada, lo que le permite arremeter contra los sectores de la sociedad civil que lo adversan. Y aunque nuestra historia está cargada de Comandantes en Jefe que terminan apoyándose en la represión, algunos con muchos muertos encima o bajo su responsabilidad, también revela que en muchos casos se han equivocado y finalizan derrotados.
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